Contundente informe sobre las violaciones a los derechos humanos en la Venezuela de Nicolás Maduro
El Departamento de Estado publicó su informe anual 2023. En él documentó casos de torturas, abusos y desapariciones de personas
El Departamento de Estado publicó su informe anual 2023. En él documentó casos de torturas, abusos y desapariciones de personas
Con información de Infobae
La situación de los derechos humanos en Venezuela no ha experimentado cambios significativos, permaneciendo críticos los informes sobre violaciones, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura de Nicolás Maduro. Organizaciones no gubernamentales (ONGs) como Provea y el Centro Gumilla, documentaron centenares de asesinatos en operativos de seguridad, con un alto porcentaje de las víctimas siendo jóvenes varones de áreas pobres, según el informe anual del Departamento de Estado norteamericano. Además, el Monitor de Uso de Fuerza Letal registró 432 muertes involucrando a las fuerzas de seguridad solo hasta agosto, con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) liderando en número de casos.
Las acciones de grupos armados no estatales y bandas criminales también contribuyen al caos, involucrados en violencia, tráfico humano y explotación de comunidades indígenas, como es el caso de los Yanomami. Acusaciones de reclutamiento forzado de niños por estos grupos armados ilícitos fueron señaladas, presentando incluso una determinación por parte del Secretario de Estado que Venezuela respaldó tales prácticas durante el período de abril de 2022 a marzo de 2023, según el informe al que accedió Infobae.
El Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, denunciaron cientos de casos de tortura no reportados por temor a represalias. Las víctimas a menudo eran sometidas a tratos crueles como asfixia, descargas eléctricas y fracturas de huesos, lo que destaca la impunidad con la que actúan las fuerzas de Maduro.
“La Defensoría del Pueblo, afín a Maduro, no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG denunciaron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe dado a conocer por el secretario Antony Blinken. “Grupos de derechos humanos y el FFM denunciaron que representantes de Maduro seguían influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva. Las ONG nacionales de derechos humanos Foro Penal y Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sostuvieron que cientos de casos de tortura no se denunciaron porque las víctimas temían represalias”.
El texto prosigue: “En ocasiones, los jueces ordenaban la detención preventiva en instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN) o de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incluso cuando los detenidos alegaban ante el tribunal que habían sido torturados o mostraban signos compatibles con la tortura”.
“Los medios de comunicación y las ONG informaron de que las fuerzas del orden y los militares afines a Maduro golpeaban y humillaban con regularidad a los sospechosos durante las detenciones. También se denunciaron casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra presos. Personas alineadas con Maduro sometieron a detenidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos y ahorcamiento por las extremidades. También se sometió a los detenidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; se les obligó a pasar horas de rodillas y se les esposó durante largos periodos de tiempo. Algunos detenidos y sus familiares denunciaron haber recibido amenazas de muerte. Los detenidos denunciaron que las fuerzas de seguridad afines a Maduro los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se cometían abusos. Los tratos crueles implicaban con frecuencia negar a los presos atención médica y mantenerlos durante largos periodos en régimen de aislamiento. Las ONG informaron de que algunos detenidos habían sido víctimas de violencia sexual y de género por parte de las unidades de seguridad”, señala el texto.
Desapariciones
En cuanto a las desapariciones, fueron varias las organizaciones que denunciaron esta actividad paraestatal para silenciar o perseguir opositores. “La ONG nacional de derechos humanos FundaRedes documentó 63 desapariciones o secuestros entre enero y marzo en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, y 27 desapariciones o secuestros en estos y otros seis estados entre abril y junio. La mayoría de las víctimas eran hombres. En muchos casos, FundaRedes informó que los autores eran organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión. En 2022, FundaRedes registró 80 desapariciones de mujeres en la frontera con Colombia. FundaRedes señaló que es probable que no se denuncien todas las desapariciones por miedo a represalias o por desconfianza en las instituciones controladas por Maduro. Según las investigaciones de FundaRedes, los agentes de seguridad fueron cómplices de grupos armados irregulares y bandas criminales en la comisión de abusos contra los derechos humanos, incluidas las desapariciones”.
El informe continúa: “En agosto, el Comité Nacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas en las Costas de Venezuela protestó por la falta de avances en las investigaciones sobre la desaparición en el mar de 150 migrantes desde 2015. Los representantes de Maduro siguieron negándose a que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitara el país para llevar a cabo investigaciones. En 2022, el Grupo de Trabajo informó de 29 casos pendientes de desapariciones forzadas o involuntarias”.
Libertad de expresión
El informe del Departamento de Estado también muestra el deterioro que presentó el régimen en materia de libertad de expresión: “La ley castigaba con penas de seis a 30 meses de prisión sin fianza las injurias al presidente, y con penas menores las injurias a funcionarios de menor rango”.
“La Ley Constitucional contra el Odio para la Convivencia Política y la Tolerancia (ley contra el odio) estipulaba penas de prisión de hasta 20 años. Aunque el propósito declarado de la ley era ‘promover la paz y la tolerancia’, las ONG observaron que la ley, vagamente redactada, se utilizaba para silenciar a activistas de la libertad de expresión y a periodistas. La ley también se utilizó para limitar sus derechos tras su puesta en libertad, prohibiendo los viajes internacionales y exigiendo comparecencias periódicas ante los tribunales. El ACNUDH documentó nueve casos de personas, entre ellas defensores de los derechos humanos y periodistas, acusadas o procesadas en virtud de la ley. Según la ONG de derechos humanos Espacio Público, en los últimos cinco años, 83 personas fueron acusadas injustamente en virtud de esta legislación, entre ellas funcionarios públicos, periodistas y miembros de ONG”, señala la investigación respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela en 2023.
En el ámbito laboral, se destacan violaciones significativas a la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, exacerbadas por el apoyo a “sindicatos paralelos” afines al gobierno y el uso de leyes antiterroristas para perseguir a activistas. La Organización Internacional del Trabajo ha expresado preocupación por la interferencia en las elecciones sindicales y por la situación de hasta 40% de la población trabajadora en el sector informal, donde las leyes laborales generalmente no se hacen cumplir.
Respecto a la comunidad LGBTQI+, se reportaron ataques discriminatorios por parte del gobierno y actores alineados, incluyendo violencia contra mujeres transgénero. A pesar de las denuncias de prácticas como las terapias de conversión, Maduro no ha hecho esfuerzos por reconocer ni proteger adecuadamente a esta población vulnerable.
Maduro y su régimen continúan recibiendo condenas internacionales, incluidos informes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y investigaciones de la Corte Penal Internacional, por su papel en perpetuar un ciclo de abusos sin precedentes en el país.
Condenan a seis líderes sindicales a 16 años de prisión por “conspiración”
Miembros de la sociedad civil en Venezuela rechazaron la “brutal” condena contra seis dirigentes sindicales y denuncian un “recrudecimiento” de la persecución política en el país.
Miembros de la sociedad civil en Venezuela rechazaron la “brutal” condena contra seis dirigentes sindicales y denuncian un “recrudecimiento” de la persecución política en el país.
Con información de VOA Noticias
CARACAS — Seis activistas y líderes sindicalistas fueron condenados el martes, en Venezuela, a 16 años de cárcel acusados por los delitos de “conspiración” y “asociación para delinquir”.
Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, fueron detenidos el año pasado tras participar en diversas protestas para exigir reivindicaciones laborales y salariales.
En ese entonces varias organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que las autoridades venezolanas iniciaron “una ola de detenciones selectivas” contra trabajadores, activistas sociales y dirigentes de oposición.
El Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las ONG defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, denunció que se trata de una condena “arbitraria” y que las únicas pruebas de la fiscalía fueron presuntas capturas de pantalla de WhatsApp.
“El único testigo de la denuncia nunca se presentó en un año y dos meses. Los luchadores sociales se mantenían en las calles por la exigencia de salarios dignos en Venezuela. Este es un nuevo golpe a la protesta social y sus derechos fundamentales”, escribió Provea en la red social X, antes conocida como Twitter.
La asociación Alerta Venezuela, ratificó que "el principal testigo en contra de los 6 luchadores sociales, un patriota cooperante, nunca se presentó a declarar en el juicio".
Las detenciones de los sindicalistas ocurrieron en diversos procedimientos plagados de “irregularidades” que implicaron allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias.
Para Acceso a la Justicia, la condena se traduce en el “recrudecimiento” de la persecución política en el país.
En Venezuela, la política antisindical ha ido avanzando progresivamente hacia formas más “represivas “y persisten amenazas para el ejercicio del derecho a la libertad sindical, mediante la criminalización, detenciones y procesos penales contra dirigentes sindicales, reveló una investigación de la Coalición Regional Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA).
En su más reciente actualización oral presentado en marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) destacó que “tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno” y se refirió directamente al caso de los seis dirigentes sindicales.
Durante el primer semestre del 2023, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 4.351 protestas en toda Venezuela, un incremento de 12% en comparación con el primer semestre del 2022 y precisa que los derechos laborales fueron exigidos en 3.112 de las protestas, rechazando un salario mínimo oficial equivalente a menos de cinco dólares mensuales.
La ONU presentó un nuevo informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela: torturas y falta de transparencia electoral
El alto comisionado Volker Türk dio a conocer las conclusiones del escrito que abarca desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 30 de abril de 2023. “De las 101 muertes documentadas en operaciones de seguridad, sólo ocho han llegado a los tribunales”
El alto comisionado Volker Türk dio a conocer las conclusiones del escrito que abarca desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 30 de abril de 2023. “De las 101 muertes documentadas en operaciones de seguridad, sólo ocho han llegado a los tribunales”
Con información de Infobae
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó otro duro informe sobre la situación en Venezuela. El texto, que abarca desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 30 de abril de este año, pone el foco en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales.
También hace referencia al Estado de Derecho y al grado de aplicación de las recomendaciones formuladas en informes anteriores. Y denuncia la tortura y los malos tratos persistentes en el país.
Los 10 puntos clave:
1- Torturas
El Alto Comisionado manifestó que ha tenido conocimiento de que en 2022 hubo 362 imputaciones por tortura y 47 condenas, pero que su oficina tiene conocimiento de otras 91 denuncias de tortura presentadas por las víctimas o sus representantes. Sobre estas últimas, pidió que las autoridades las investiguen, sin excepción y con total transparencia.
Asimismo, lamentó la demora en la investigación de las muertes registradas durante protestas ciudadanas que tuvieron lugar en 2014, 2017 y 2019. “De las 101 muertes que mi oficina ha documentado en el contexto de operaciones de seguridad, sólo ocho han llegado a los tribunales”, indicó.
“Exhorto a las autoridades a garantizar un seguimiento adecuado con total transparencia”, expresó Türk; al tiempo que mostró su preocupación por la salud de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes que sigue detenido.
2- Desigualdades, ingresos limitados y derecho a la educación vulnerado
El escrito indicó que los desafíos persistentes y otros factores continuaron afectando negativamente los servicios públicos esenciales, el transporte, la educación y la salud.
También la inflación y la devaluación del bolívar obstaculizaron los niveles de ingresos, incluyendo salarios y pensiones.
3- Escasez de fondos y personal en los centros de salud
El personal sanitario y la sociedad civil en general denunciaron un entorno intimidatorio en el sector sanitario, incluidos arrestos y detenciones de personas que denunciaban las deficiencias del sistema de salud pública.
Las mujeres y los niños se ven desproporcionadamente afectados por el deterioro del sistema sanitario.
4- Marco legislativo restrictivo que facilita la violación a DDHH en salud
En este ítem, el escrito indica que el marco legal venezolano sólo permite el aborto en los casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro. Como consecuencia de esto, a las mujeres no les queda más remedio que recurrir al aborto inseguro, una de las principales causas de mortalidad materna, consignó.
5- Censura
El escrito denunció la clausura de emisoras de radio y bloqueos a sitios web. Documentó el cierre de 16 estaciones de radio en todo el país y el bloqueo de 44 páginas de Internet.
6- Falta de transparencia
El informe destacó que la falta de transparencia y de acceso a la información pública siguió siendo motivo de preocupación. Durante el período de estudio, se registraron 71 solicitudes por parte de la sociedad civil, de las cuales la mayoría no recibió respuesta.
7- Los derechos laborales no son respetados
Denunció 12 casos de criminalización de dirigentes sindicales y laborales, entre ellos una mujer, nueve de los cuales fueron detenidos, así como hostigamiento a siete dirigentes sindicales, secuestro de un familiar de un dirigente sindical y amenazas contra cuatro (una contra un familiar).
8- Restricciones al espacio cívico
Documentó 21 casos de amenazas y hostigamiento, 46 casos de estigmatización en redes sociales o emisiones públicas por parte de funcionarios del Estado, y 17 instancias de criminalización, incluyendo 10 casos de detención arbitraria contra personas defensoras de derechos humanos.
9- Violencia de género y discriminación de personas LGBTQ+
El informe denunció dos casos de violencia de género, incluida la violencia sexual, en los que se produjeron retrasos en la investigación y juzgamiento de los autores.
También indicó que las organizaciones LGBTIQ+ siguen solicitando que se tomen medidas que permitan el pleno disfrute de los derechos humanos, entre ellas la elaboración de una ley que garantice el derecho de las personas transgénero a su identidad de género autopercibida.
10- Primarias inclusivas y transparentes
En este punto, defendió la necesidad de que las próximas elecciones primarias en Venezuela, convocadas para el 22 de octubre, sean transparentes e inclusivas. Argumentó que para ello se deben levantar las restricciones para que los ciudadanos participen en los asuntos públicos y prevenir los ataques o actos de intimidación contra las voces disidentes.
Consideró que los obstáculos observados, como la descalificación de representantes de la oposición para ocupar cargos públicos, deben ser levantados de forma urgente.
De esas primarias saldrá el candidato de la oposición antichavista para las elecciones presidenciales del 2024.
La ex diputada María Corina Machado puede participar en esas primarias, pero no en las presidenciales, aunque fuera elegida candidata de la oposición, ya que fue recientemente inhabilitada para competir por un cargo de elección popular durante 15 años.
En este mismo ámbito, Türk dijo que su organismo está siguiendo con atención y desde la perspectiva de los derechos humanos la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral.
Violaciones a los derechos humanos en Venezuela: el fiscal de la CPI visita Caracas
Karim Khan, quien viajó al país caribeño por tercera vez, dijo que tiene previsto celebrar “unas reuniones con la sociedad civil”
Karim Khan, quien viajó al país caribeño por tercera vez, dijo que tiene previsto celebrar “unas reuniones con la sociedad civil”
Con información EFE
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se encuentra de visita en Venezuela, donde se reunió con el fiscal general, Tarek William Saab, para evaluar la implementación del memorando de entendimiento suscrito entre el Estado y el organismo internacional en noviembre de 2021, informó este jueves el funcionario venezolano.
"Hemos culminado la reunión en el despacho del Ministerio Público (MP, Fiscalía) con el ciudadano fiscal de la CPI, Karim Khan, donde intercambiamos opiniones en relación a los logros en materia de protección de los derecho humanos en Venezuela", escribió Saab en una publicación en Twitter, donde compartió fotografías del encuentro.
Asimismo, dijo que revisaron la implementación del memorando de entendimiento, sin ofrecer mayores detalles sobre lo conversado.
Khan, quien visita Venezuela por tercera vez, confirmó este miércoles su viaje a Caracas desde Colombia, donde dijo que tiene previsto celebrar “unas reuniones con la sociedad civil”.
En noviembre del año pasado, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela -abierta en 2021-, después de que quedara en suspenso a solicitud de Caracas.
En abril, Venezuela acusó al fiscal de “instrumentalizar” la Justicia “con fines políticos”, tras la publicación de un documento en el que la Fiscalía desestima los argumentos presentados por el Gobierno de Nicolás Maduro en torno a la investigación.
El pasado mayo, la Sala decidió no otorgar a Venezuela la autorización para responder a un informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas, ya que “no considera necesario recibir presentaciones adicionales” del país, por lo que “procederá ahora con su análisis y decisión sobre la solicitud de reanudación de la investigación”.
ONG rechazaron este miércoles la falta de un anuncio oficial sobre la visita de Khan al país caribeño, donde, según organizaciones, “reina la opacidad”.
Estados Unidos reiteró que solo levantará las sanciones si Venezuela regresa a la democracia
El Gobierno de Joe Biden prevé un “enfoque paso a paso” en el que los pasos hacia la restauración de la democracia venezolana vayan acompañados de medidas para aliviar las sanciones
El Gobierno de Joe Biden prevé un “enfoque paso a paso” en el que los pasos hacia la restauración de la democracia venezolana vayan acompañados de medidas para aliviar las sanciones
Con información de Infobae, Bloomberg y EFE
Washington levantará gradualmente las sanciones a Venezuela si el país avanza hacia el restablecimiento de unas elecciones justas, dijo un alto funcionario estadounidense.
Estados Unidos no quiere mantener sus restricciones sobre Venezuela “por siempre” y le gustaría ver prosperar al país, dijo el viceconsejero de Seguridad Nacional de EEUU, Jon Finer, a la prensa en Bogotá este martes.
“Estamos más que dispuestos a reducir y, en última instancia, poner fin a nuestras presiones de sanciones, pero se necesitarán pasos concretos y significativos y, en última instancia, elecciones libres y justas para llegar a eso”, dijo Finer.
Finer hizo estas declaraciones luego de asistir a una cumbre organizada por el Gobierno colombiano con el objetivo de desbloquear las negociaciones estancadas entre el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y la oposición.
Representantes de otros 19 países y de la Unión Europea también asistieron al evento, que fue presidido por el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Las sanciones estadounidenses han agravado la crisis económica de Venezuela al obstaculizar las ventas de petróleo, sin embargo, estas no lograron derrocar a Maduro.
El Gobierno del presidente de EEUU, Joe Biden, prevé un “enfoque paso a paso” en el que los pasos hacia la restauración de la democracia venezolana vayan acompañados de medidas para aliviar las sanciones, dijo Finer.
El año pasado, EEUU alivió parcialmente las sanciones a las exportaciones de petróleo venezolano después de la invasión rusa de Ucrania, aunque la mayoría de ellas aún están vigentes. Esto le da a Washington una “influencia significativa”, dijo Finer.
El ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, declaró a la prensa que los participantes en el encuentro coinciden en la necesidad de establecer un calendario para la celebración de elecciones “libres y transparentes” y el levantamiento progresivo de las sanciones de forma simultánea. Las partes volverán a reunirse próximamente, añadió.
Conferencia insta a elecciones libres en Venezuela
La Conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela concluyó este martes en Bogotá con una declaración en la que los países participantes coinciden en la necesidad de establecer un cronograma para elecciones libres y un levantamiento progresivo de las sanciones que pesan sobre el país caribeño.
El canciller colombiano, Álvaro Leyva, informó que los 18 países asistentes a la reunión internacional -donde no participaron ni chavismo ni oposición- coincidieron en la “necesidad de establecer un cronograma electoral que permita elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos”.
Se trata del primero de los tres puntos de consenso de los participantes, que volverán a ser convocados “prontamente” para una “segunda oportunidad” para “hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado” en esta conferencia, convocada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para revitalizar los diálogos en México, atascados desde el pasado noviembre.
En ese sentido, la declaración conjunta menciona en su segundo punto “que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones”, sin referencia a las económicas que pesan sobre la población o a algunas personales sobre representantes del chavismo.
Y por último, también hay una postura común de los participantes sobre “que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega que ha tenido lugar en México sea acompañada con la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para la inversión social en Venezuela”, informó Leyva.
Se trata de lo acordado en la última reunión de México cuando el Gobierno venezolano y la oposición solicitaron el desbloqueo de 3.000 millones de dólares para dedicarlos a proyectos urgentes, un fondo que está retenido y que ahora piden que se conceda para poder regresar a la negociación.
Además de los 18 países invitados, a esta conferencia asistió también el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.
A Bogotá acudieron los cancilleres de Chile, Alberto van Klaveren; Bolivia, Rogelio Mayta, y Argentina, Santiago Cafiero, mientras que el resto de países están representados por embajadores u otros diplomáticos.
Las posiciones comunes alcanzadas siguen la línea de lo trazado por Petro durante la apertura del acto, cuando afirmó que “América no puede ser un espacio de sanciones, tiene que ser un espacio de libertades, de democracia”.
Además, Petro también citó la petición de elecciones libres y “garantías para que el pueblo venezolano decida libremente y soberanamente qué quiere”.
Petro abogó porque el primer paso sea que Venezuela retorne al Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que salió en 2013, que es un espacio para “encontrar las formas de una mejor democracia”.
Asesinatos, desapariciones y torturas: el informe de los Estados Unidos sobre el régimen de Venezuela
El documento publicado este lunes por la Casa Blanca enumera las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro
El documento publicado este lunes por la Casa Blanca enumera las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro
Con información de Infobae
El Gobierno de Estados Unidos publicó este lunes un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. En el documento se enumeran asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por las fuerzas de seguridad del régimen chavista.
“Cada vez más impopular entre los ciudadanos, el régimen de Maduro depende de los servicios de inteligencia civil y militar y, en menor medida, de las bandas armadas partidarias del régimen conocidas como colectivos, para neutralizar a la oposición política y someter a la población. Hay informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos. Un informe de la ONU de septiembre detalló el uso sistemático del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección de Contrainteligencia Militar para intimidar y controlar las actividades de los opositores políticos”, dice el documento de la Casa Blanca.
El informe denuncia que el régimen de Maduro no tomó acciones efectivas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los oficiales que pudieron haber cometido violaciones a los derechos humanos o que estuvieron implicados en casos de corrupción.
Asesinatos
El documento detalla de numerosos informes en los se dan cuenta homicidios arbitrarios o ilegales cometidos por el régimen de Maduro.
“Aunque el régimen no divulgó estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron que las fuerzas policiales nacionales, estatales y municipales, así como las fuerzas armadas y los colectivos apoyados por el régimen, llevaron a cabo cientos de ejecuciones durante el año”, denuncia el informe.
Entre las decenas de casos denunciados está una masacre cometida por Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El 20 de marzo de 2022 miembros de el ejército asesinaron a cuatro indígenes e hirieron a otros cinco de la comunidad yanomamis en el Amazonas venezolano. El altercado se habría iniciado cuando miembros de FANB se negaron a devolver un router de internet que pertenecía a los indígenas.
Washington señala que la Fiscalía de Venezuela, encabeza de Tarek William Saab, no ha investigado de manera oportuna los crímenes cometido por las fuerzas de seguridad chavista y se niega dar cifras de oficiales que están siendo investigados o que se encuentran en etapa de juicio.
El informe también señala asesinatos contra líderes ambientales, políticos e incluso un policía acusado de corrupción que murió mientras era torturado e interrogado.
“Según un informe de junio publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se sometió a una reestructuración en 2021 que resultó en la disolución de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), entidad involucrada en muertes en el contexto de operaciones de seguridad. A pesar del anuncio de la ACNUDH, las ONG locales señalaron que el régimen nunca emitió una declaración oficial que confirmara la disolución de las FAES. En septiembre, PROVEA informó que la sede de la FAES reemplazó las siglas de la FAES por la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO) y la Dirección de Investigaciones Criminales. PROVEA también señaló que el exdirector de FAES, José Miguel Domínguez, figuraba como director de la DGCO”, señala el informe.
Desapariciones
El informe señala 246 desapariciones o secuestros entre enero y junio en los estados fronterizos Táchira, Falcón, Zulia, Bolívar, Apure y Amazonas. Según las investigaciones que la ONG Fundaredes documentó en la región fronteriza, los grupos armados irregulares y las bandas criminales fueron cómplices con las fuerzas de seguridad del régimen en la violación de derechos humanos, incluidas desapariciones.
“El régimen de Maduro siguió negando las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de visitar el país para realizar investigaciones. En 2020, el Grupo de Trabajo denunció 29 casos pendientes de desapariciones forzadas o involuntarias”, señala el documento.
Torturas
El documento publicado por la Casa Blanca señala de informes creíbles de que las fuerzas de seguridad de Maduro torturaron y abusaron regularmente de los detenidos.
“La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, alineada con el régimen de Maduro, no publicó estadísticas sobre las denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG detallaron casos de tortura generalizada y ‘tratos crueles, inhumanos y degradantes’. Los grupos de derechos humanos y la FFM informaron que el régimen siguió influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de manera selectiva y subjetiva”, denuncia el documento.
Muchos de los torturados son prisioneros políticos o miembros de las fuerzas de seguridad que han denunciado los aterradores métodos aplicados por parte del régimen de Maduro para torturar. Algunas personas han muerto mientras eran torturadas.
“El 6 de enero de 2022, el teniente coronel del ejército Igbert José Marín Chaparro, preso político detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), puso fin a una huelga de hambre que inició el 21 de diciembre de 2021, en protesta por las malas condiciones de detención y las torturas recibidas durante su detención. Marín Chaparro emitió una carta pública solicitando a diversas instituciones internacionales que investiguen el uso de mecanismos de tortura utilizados contra él y otros presos, como la Casa de los Sueños, celdas de castigo en el sótano de la sede de la DGCIM. Marin Chaparro también informó que fue torturado con bolsas en la cabeza, gases lacrimógenos y golpes repetidos que le rompieron las costillas”, señala el informe.
Presos políticos
La dictadura, señala el informe, Maduro utilizó el poder judicial para intimidar y enjuiciar a personas críticas con las políticas o acciones del régimen. Al 28 de noviembre, Foro Penal reportó 277 presos políticos en la cárceles y centros de detención venezolanos.
“Los datos de Foro Penal reportados entre enero de 2014 y noviembre de 2022 mostraron que 15.777 personas fueron detenidas por motivos políticos y 875 civiles fueron procesados inconstitucionalmente ante la jurisdicción penal militar. Foro Penal registró que más de 9.400 personas seguían sujetas a procesos penales arbitrarios por medidas cautelares de motivación política. El régimen mantenía habitualmente a los presos políticos en las instalaciones del SEBIN, la prisión militar de Ramo Verde o en la sede de la DGCIM en Boleita, Caracas”, señala el documento.
Libertad de expresión
De acuerdo con el informe y apoyado en los datos de la ONG Espacio Público, en 2022 se reportaron 228 casos de violaciones a la libertad de expresión en 128 casos entre enero y agosto, incluyendo censura, intimidación, hostigamiento verbal y judicial, amenazas, agresiones, una muerte y 14 arrestos.
“La ONG Un Mundo Sin Mordaza documentó 198 denuncias de abusos a la libertad de expresión de enero a julio. Identificaron siete casos de cierre forzado de medios de comunicación tradicionales; siete casos de censura vía bloqueo de medios; ocho casos de arrestos o detenciones de civiles y periodistas; y 387 casos de hostigamiento, agresión e intimidación hacia periodistas y civiles durante manifestaciones”, señala el informe.
El en el documento señala que el 18 de abril, Olga Mata y Florencio Gil fueron arrestados por “incitar al odio” luego de publicar un video en TikTok que criticaba a Diosdado Cabello y a la esposa de Maduro, Cilia Flores. El fiscal general del régimen, Saab, también mencionado en el video de TikTok, anunció el arresto y acusó a ambos de “instigar el asesinato de figuras públicas”.
“Desde 2017, la llamada ley contra el odio se utilizó para castigar los ‘delitos de odio’, incluidos los mensajes en las redes sociales. La ley se utilizó a menudo para arrestar a disidentes políticos y continuar con la intimidación, limitando sus derechos incluso cuando estaban en libertad al prohibir los viajes internacionales y exigir comparecencias periódicas ante los tribunales”, denuncia el informe.
El alto comisionado de la ONU para los DDHH llegará a Venezuela para constatar los ataques del régimen de Maduro
Volker Türk se reunirá con miembros del régimen chavista, la sociedad civil y dirigentes de la oposición para tratar “diversos asuntos de derechos humanos”
Volker Türk se reunirá con miembros del régimen chavista, la sociedad civil y dirigentes de la oposición para tratar “diversos asuntos de derechos humanos”
Con información de EFE
El alto comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Türk, llegará este jueves a Venezuela desde Colombia y se reunirá con miembros de la dictadura madurista, la sociedad civil y dirigentes de la oposición para tratar “diversos asuntos de derechos humanos” en el país caribeño.
“Es muy importante para mí hablar con el Gobierno, con los grupos de la sociedad civil, con defensores de derechos humanos, con la oposición sobre diversos asuntos de derechos humanos en Venezuela”, dijo Türk durante una rueda de prensa al finalizar su visita a Colombia, desde donde viajará al país vecino.
De esta forma, el alto comisionado decide incluir a Venezuela, un país sobre el que se han emitido duros informes de vulneraciones de derechos humanos, en su primer viaje a Latinoamérica, durante el cual también visitó Ecuador.
Según el alto comisionado, que no dio mayores detalles sobre el viaje, la agenda ni su duración, es su “labor llevar asuntos de derechos humanos al Gobierno y asegurarme que se discute sobre ello”.
Del mismo modo, aseveró que busca “asegurar que la perspectiva de derechos humanos está clara cuando se trata de cualquier medida que el Gobierno esté tomando, particularmente cuando se trata de espacio cívico”.
“Es muy importante para mí hablar con el Gobierno, con los grupos de la sociedad civil, con defensores de derechos humanos, con la oposición sobre diversos asuntos de derechos humanos en Venezuela”, dijo Türk durante una rueda de prensa al finalizar su visita a Colombia.
La visita también se producirá en un momento en que Venezuela se está abriendo internacionalmente, con un acercamiento a EEUU y a Colombia, con quien ha retomado relaciones diplomáticas, y después de la visita el pasado noviembre de la chavista Delcy Rodríguez, a Ginebra donde se reunió con representantes de varias organizaciones internacionales para captar mayor cooperación para el país.
Rodríguez ya se reunió entonces con Türk, quien en octubre sustituyó en el cargo a la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.
Entretanto, la oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria pidió este miércoles al alto comisionado de la ONU para los DDHH “verificar presencialmente” las condiciones de reclusión y estado de salud de todos lospresos políticos.
La ex diputada opositora Adriana Pichardo aseguró que los antichavistas esperan que “esta visita traiga resultados para la familia venezolana que ha sido víctima directa del régimen”.
Además, aspiran que el paso de Türk por Venezuela “traiga la liberación de los más de 240 presos, entre civiles y militares, hombres y mujeres”.
Horas antes de la llegada a Venezuela del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, la dictadura de Nicolás Maduro desató una nueva ola de persecución contra opositores y periodistas.
La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria pidió este miércoles al alto comisionado de la ONU para los DDHH “verificar presencialmente” las condiciones de reclusión y estado de salud de todos los presos políticos.
Por un lado, el presidente del diario El Nacional, Miguel H Otero, denunció que el periodista José Gregorio Meza fue detenido por las fuerzas de seguridad chavistas y que otros cuatro periodistas del medio fueron citados por la Justicia.
En tanto, la opositora venezolana Dinorah Figuera, exiliada en España, denunció que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanó su vivienda en Caracas, dos horas después de alertar que los agentes allanaran la casa de la antichavista Auristela Vásquez -que también se encuentra en la nación europea-, ambas con órdenes de captura en su contra.
Horas antes de la llegada a Venezuela del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, la dictadura de Nicolás Maduro desató una nueva ola de persecución contra opositores y periodistas. (EFE)
“En este momento se está procediendo a allanar mi vivienda en Los Rosales, Caracas. Funcionarios de seguridad del régimen, siguiendo con la estrategia de terrorismo de Estado sumando otro acto más a su larga lista de violaciones a los DD.HH.”, escribió la ex diputada en su cuenta de Twitter poco antes de las 18.00 hora local (22.00 GMT).
Previamente, Figuera había rechazado, en la misma red social, el “allanamiento” contra la vivienda de Vásquez, segunda vicepresidenta del Parlamento electo en 2015, que mantiene un grupo de exdiputados opositores pese a que su período venció en enero de 2021, en rechazo al Legislativo actual, controlado por el chavismo.
DDHH consignan documento en Defensoría del Pueblo exigiendo garantías a los detenidos del PCV
Los detenidos son Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Emilio Negrín, Alcides Bracho y Alonso Meléndez
Redacción
Los comités de DDHH consignaron este martes un documento ante la Defensoría del Pueblo, exigiendo la intervención del organismo para garantizar el respeto a garantías procesales e integridad de Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Emilio Negrín, Alcides Bracho y Alonso Meléndez, quienes fueron detenidos recientemente por fuerzas de seguridad.
Durante la protesta, el defensor de DDHH, Feliciano Reyna, resaltó el carácter arbitrario de las detenciones de los activistas.
https://twitter.com/_Provea/status/1549390120624832513?s=20&t=vEWhikf3H-Y31Cu9G8BFQw
Diannet Blanco, esposa del trabajador humanitario detenido, Gabriel Blanco y José Tarazona, hermano del director d Fundaredes Javier Tarazona, participaron en la manifestación pidiendo justicia para sus familiares.
Funcionarios de la DIE y PNB detuvieron al trabajador humanitario Gabriel Blanco en la madrugada de este jueves
La detención se produjo luego de varias horas de hostigamiento y asedio a la vivienda de Blanco por parte de funcionarios de la DGCIM
La detención se produjo luego de varias horas de hostigamiento y asedio a la vivienda de Blanco por parte de funcionarios de la DGCIM
Redacción
Funcionarios de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron la madrugada de este jueves al trabajador humanitario Gabriel Blanco, esposo de la defensora de derechos humanos Diannet Blanco, en Coche, Caracas.
Provea denunció que Blanco es acusado de “terrorismo” y “asociación para delinquir”, y fue trasladado cerca de la 1:00 am a la comisaría La Quebradita.
La detención se produjo luego de varias horas de hostigamiento y asedio a la vivienda de Blanco por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que intentaban arrestarlo sin una orden de captura.
Misión ONU: Justicia venezolana participa de la represión
Los expertos dicen que el sistema judicial ha permitido violaciones reiteradas de los derechos de los oponentes al gobierno de Maduro
Los expertos dicen que el sistema judicial ha permitido violaciones reiteradas de los derechos de los oponentes al gobierno de Maduro
Información de AP
GINEBRA (AP) — Expertos del principal organismo de la ONU de los derechos humanos dicen que el sistema judicial de Venezuela ha cumplido un “papel significativo” en la represión ejercida por el Estado y que ha habido denuncias generalizadas de violaciones de los derechos.
Un acusado citado en un informe emitido el jueves dijo que las autoridades emplearon en su caso una táctica que usaban los nazis para presionar a los presos: deteniendo a sus familiares.
Los expertos dicen que el sistema judicial ha permitido violaciones reiteradas de los derechos de los oponentes al gobierno de Maduro, las cuales han incluido denuncias de desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y ejecuciones arbitrarias. El sistema legal se ha debilitado al tiempo que ha aumentado la política estatal de aplastar la oposición a partir de 2014, el año siguiente de que asumiera Maduro.
El equipo de tres miembros que ha encabezado la misión de recolección de datos, bajo un mandato del Consejo de Derechos Humanos respaldado por la ONU, dijo que no ha encontrado indicios de que se investigue o acuse a altos funcionarios denunciados por las violaciones más flagrantes y violentas de los derechos.
“Sobre la base de las investigaciones y análisis realizados, la misión tiene fundamentos razonables para creer que, en lugar de brindar protección a las víctimas de las violaciones y crímenes de derechos humanos, el sistema judicial venezolano ha cumplido un papel significativo en la represión estatal de los opositores al gobierno”, dijo Marta Valinas, una experta en derechos humanos que presidió el equipo.
El informe del equipo se basó en 177 entrevistas con abogados y exjueces, así como miles de fojas de archivos y en un análisis de 183 detenciones de opositores.
Según sus conclusiones, los jueces ordenan detenciones antes del juicio como medida de rutina y emiten órdenes de arresto retrospectivas para justificar arrestos ilegales. Los expertos tienen “fundamentos razonables” para creer que actores políticos de alto nivel ejercen influencia sobre los jueces. Citaron fuentes judiciales diciendo que los jueces reciben habitualmente órdenes sobre cómo deben resolver los casos.
En un caso, dice el informe, un acusado detenido en abril y mayo del año pasado presuntamente fue torturado, incluso asfixiado con una bolsa, cuando lo investigaban agentes del Directorio General de Inteligencia Militar. En una ocasión lo llevaron a un hospital para que le aplicaran técnicas de reanimación.
El acusado declaró luego ante una corte que juzga casos de terrorismo que los agentes de la inteligencia militar le dijeron que usarían el “Stiffenhaft”, una táctica empleada por los nazis que consistía en encarcelar a sus familiares. Según su declaración, agentes del DGCIM fueron a su casa y detuvieron a sus dos hermanas y su cuñado, los que estuvieron presos durante más de un mes.
Según el informe, no hubo señales de que la corte tomara medida alguna en respuesta a la denuncia.
FDDHHANZ: Ada Macuare está siendo imputada sin cometer ningún delito
Representante de ONG manifestó que detención arbitraria parece formar parte de un ensañamiento personal
Representante de ONG manifestó que detención arbitraria parece formar parte de un ensañamiento personal
Nota de prensa
Barcelona 04/08/2021.- Alcides Magallanes, director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui (FDDHHANZ) con extensión en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, exigió la libertad inmediata de la enfermera Ada Macuare, quien fue detenida de forma arbitraria el pasado 21 de julio en el ambulatorio Dr. Alí Romero Briceño, en la ciudad de Barcelona.
El representante de la Organización No Gubernamental (ONG) informó que el estado de salud de la trabajadora de la administración pública se ve afectada tras la privación ilegítima de su libertad, al ser acusada del delito de “instigación al odio".
"Ada Macuare está siendo imputada sin cometer ningún delito. Si hubiese hecho un reclamo laboral era su derecho. Pareciera un ensañamiento personal contra la enfermera", destacó el activista de derechos humanos.
Magallanes instó a los funcionarios del Estado a evitar situación de ilegalidad, inconstitucional y violatoria de los derechos humanos.
"Urge implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada Michelle Bachelet referente a desarrollar investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes sobre las denuncias que vulneren los derechos, además de poner fin a los ataques", destacó.
A su juicio, los fiscales del Ministerio Público tienen el deber de investigar las actas policiales y tomar en cuenta las declaraciones de los detenidos antes de precalificar e imputar delitos.
"Desde la Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui elevaremos el caso ante la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para la Naciones Unidas", afirmó el director institucional.
Recordó que Macuare fue detenida por uniformados de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y se encuentra recluida en la sede ubicada cerca del Polígonos de Tiros del municipio Bolívar.
Bachelet pide rendición de cuentas a la justicia a la cadena de mando de Venezuela
Expresó su preocupación por la detención e imputación por los activistas de los Derechos Humanos de la ONG FundaRedes
Expresó su preocupación por la detención e imputación por los activistas de los Derechos Humanos de la ONG FundaRedes
Redacción
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó este martes a que la cadena de mando responsable por crímenes en Venezuela rinda cuentas ante la justicia.
En la culminación del diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, tras la presentación de su nuevo informe, Bachelet, respondió a preguntas de algunos países, entre ellas referidas a la impunidad y la necesidad de rendición de cuentas.
“Insto a que todos los responsables de violaciones de DDHH directos, así como la cadena de mando, rindan cuentas y comparezcan ante la justicia. El poder judicial es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática”, indicó.
Resaltó además que en su informe documentó las deficiencias actuales del sistema judicial.
Detención de activistas de FundaRedes
Bachellet expresó su preocupación por la detención e imputación por los activistas de los Derechos Humanos de la ONG FundaRedes.
Así mismo se refirió a las regulaciones impuestas por la administración de Nicolás Maduro a las ONG en Venezuela.
Opositores denunciaron desde las afueras del SEBIN en Caracas las violaciones de los DDHH
Los integrantes de la Comisión Delegada, presidida por Juan Guaidó calificaron como un “sitio de terror” la sede del SEBIN
Los integrantes de la Comisión Delegada, presidida por Juan Guaidó calificaron como un “sitio de terror” la sede del SEBIN
Redacción
Exdiputados a la Asamblea Nacional se presentaron este miércoles las inmediaciones de la redoma La India, en el oeste de Caracas, y en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Plaza Venezuela, desde donde denunciaron las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.
Los integrantes de la Comisión Delegada, presidida por Juan Guaidó calificaron como un “sitio de terror” la sede del SEBIN y denunciaron las torturas que se ejecutan allí en contra de perseguidos políticos.
Desde la redoma La India, en la parroquia La Vega, recordaron que la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, exigió la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por considerarlo un cuerpo de exterminio, pero la administración de Nicolás Maduro ha optado por cambiar el nombre, manteniendo las violaciones de derechos humanos.
Periodistas agremiados en el CNP protestan persecución y agresiones contra la prensa (Comunicado)
El CNP exige que las fuerzas de seguridad y autoridades civiles cesen el hostigamiento y amedrentamiento de los representantes gremiales y colegas en general
El CNP exige que las fuerzas de seguridad y autoridades civiles cesen el hostigamiento y amedrentamiento de los representantes gremiales y colegas en general
Redacción
En un comunicado emanado del XL Secretariado Nacional del Colegio Nacional de Periodistas, las autoridades de las distintas seccionales del país condenaron la sistemática violación de los derechos humanos y la discriminación a la que está sometida la población venezolana.
COMUNICADO DEL XL SECRETARIADO NACIONAL DEL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS. MATURÍN 16 DE MAYO DE 2021
Nosotros, miembros todos del Colegio Nacional de Periodistas, de Venezuela, integrantes de la Junta Directiva Nacional, Tribunal Disciplinario Nacional y secretarios generales de las seccionales que conforman válidamente la instancia jerárquica del XL Secretariado Nacional, habiendo el cuórum de ley para las decisiones que nos competen, por medio de este comunicado elevamos nuestra protesta por nuestros colegas que son y han sido retenidos, detenidos o encarcelados por el mero hecho de ejercer dentro de la legalidad nacional esta profesión, que tiene como objetivo presentar la verdad de los hechos que inciden en la vida nacional y, a su vez, abogamos por el cese del constante uso de los procedimientos judiciales como medida de intimidación y amedrentamiento al ejercicio profesional de los once periodistas con juicios abiertos en tribunales que se cuentan a la fecha de hoy, los cuales son y han sido conocidos por la colectividad venezolana.
Condenamos la sistemática violación de los derechos humanos a la que está sometida la población venezolana por medio de acciones discriminatorias como la solicitud del Carnet de la Patria para beneficiarse de un plan de vacunación, sueldos y salarios que atentan contra la dignidad humana, mecanismos que coartan el libre tránsito mediante alcabalas convertidas en extorsión y la persecución de trabajadores y sindicatos que exigen mejoras reivindicativas, aunado a la criminalización de las organizaciones de Derechos Humanos.
Asimismo, el XL Secretariado Nacional insta a las autoridades a investigar los constantes daños, robos e invasiones en nuestras sedes, tal como ha sucedido en Sucre, Apure-Amazonas, Lara, Miranda, Carabobo, Paraguaná, Anzoátegui, Nueva Esparta, Zulia, Costa Oriental del Lago, Bolívar, Aragua y Ciudad Guayana.
El CNP exige que las fuerzas de seguridad y autoridades civiles cesen el hostigamiento y amedrentamiento de los representantes gremiales y colegas en general. Todos estos sucesos parecen estar enmarcados en una línea política del gobierno dirigida, por omisión o por acción, a silenciarnos como periodistas y como colegio, para afianzar la hegemonía comunicacional que se viene gestando desde 2007.
Esta cuadragésima edición del Secretariado Nacional, segundo órgano de gobierno del CNP según lo establece la Ley de Ejercicio del Periodismo, protesta ante la opinión pública lo que consideramos una escalada mayor en la vulneración de la libertad de expresión y, más concretamente, de la libertad de prensa en el país cuando el día viernes 14 de mayo se procedió a la confiscación de los bienes del diario El Nacional, a partir de una decisión del decreto de embargo ejecutivo, emitido por el Juzgado Cuarto de Municipio y Ejecutor de Medidas, del citado medio de comunicación, y su sede principal que se encuentra ubicada en Los Cortijos, Municipio Sucre, del estado Miranda, para resarcir unos supuestos daños morales causados por el diario cuando publicó una información emanada por otro medio de comunicación contra el ciudadano Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
El XL Secretariado Nacional considera que ninguna medida administrativa no debe poner en peligro un derecho humano básico como es el de la Libertad de Expresión, pues en esta ocasión la reparación del «daño infligido» no puede ponerse por encima del derecho que tiene la ciudadanía de seguir informándose y accediendo a las opiniones que en ese diario se venían publicando durante más de siete décadas, siendo una de las referencias obligadas del periodismo venezolano.
La medida en contra del diario El Nacional viene a sumar más oscuridad al panorama informativo de Venezuela, que desde 2013 ha visto cerradas las puertas de más de 104 medios. Asimismo, es un paso más en la guerra contra la información veraz, la libre circulación de ideas y sobre todo del trabajo del periodista profesional, formado en las universidades nacionales, que ve mermadas las opciones de trabajar en el país en empresas de tradición, que han servido de escuela a muchos de nosotros.
Alertamos de igual manera que una situación se puede presentar en el portal digital La Patilla, a juzgar por las declaraciones del antes mencionado señor Cabello, por cuanto forma parte de la misma demanda.
Este comunicado se sometió a discusión por los presentes en el XL Secretariado Nacional del CNP y se aprobó con los votos de: Tinedo Guía, presidente; Ivonne Andara, secretaria de Organización; Néstor Garrido, secretario de Mejoramiento Profesional y Cultura; Germán Alirio Luna, secretario de Deportes; Héctor Duque, presidente del Tribunal Disciplinario Nacional; Helen Stojilkowic, miembro del Tribunal Disciplinario; y los secretarios generales de las seccionales Amira Muci (Aragua), Leonardo Pérez Álvarez (Zulia), Pilar Guerra (Cojedes), Mariángel Martínez (Portuguesa), Samuel Paredes (Ciudad Guayana), Sonia Palacios (Nueva Esparta), Alfredo Aguilar (Mérida), Domingo Luis Díaz (Anzoátegui), Aunary Finol (Costa Oriental del Lago), Zayrca Flores (Paraguaná), Mirian Pacheco (Miranda), Sandra Rondón (Táchira), Jorge Hernández (Monagas-Delta Amacuro), Ruth Lara Castillo (Carabobo), Eduardo Galindo (delegado de Apure-Amazonas), Édgar Cárdenas (Distrito Capital), Tarquino González (Barinas) y Nadezka Noriega (Vargas).
Guaidó: Entre los sancionados hay funcionarios señalados por crímenes de lesa humanidad
“Maduro y su títere usurpador del Parlamento les dijeron que no habría más sanciones, que las quitarían y que ellos tenían la interlocución con Europa y EEUU. Los volvieron a engañar“
“Maduro y su títere usurpador del Parlamento les dijeron que no habría más sanciones, que las quitarían y que ellos tenían la interlocución con Europa y EEUU. Los volvieron a engañar“
Redacción
El líder opositor Juan Guaidó, agradeció a los 27 países miembros de la Unión Europea por la adopción de nuevas sanciones contra 19 miembros de la administración de Nicolás Maduro.
En este contexto dijo que los nuevos sancionados son “cómplices de la farsa del 6D, rectores del falso CNE, militares, FAES y magistrados del falso TSJ“. Además, resaltó que “hay civiles y militares mencionados en el informe de la Misión de la ONU que señaló que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad“.
Guaidó aprovechó para enviar un mensaje a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional: “Maduro y su títere usurpador del Parlamento les dijeron que no habría más sanciones, que las quitarían y que ellos tenían la interlocución con Europa y EEUU. Los volvieron a engañar“, aseguró.
Finalmente, consideró que “debe continuar la presión para lograr el fin de la crisis con elecciones libres”.
CIDH condenó ataques contra periodistas y defensores de DDHH en Venezuela
Llaman al Estado a “propiciar un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales”
Llaman al Estado a “propiciar un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales”
Redacción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron los recientes ataques contra periodistas, medios de comunicación y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.
Mediante un comunicado, la CIDH denunció que “estos acontecimientos contribuyen con el ya vertiginoso cierre de los espacios democráticos en el país, por lo que llaman al Estado a propiciar un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales”.
En las últimas semanas, la CIDH y su RELE han recibido reportes sobre allanamientos a las sedes de varios medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y de acción humanitaria. La Comisión fue informada sobre el allanamiento a la sede de la organización Azul Positivo el 12 de enero de 2021. Según información pública, tras el allanamiento a sus oficinas en Maracaibo, 5 integrantes de esta organización habrían sido detenidas y continuarían privadas de su libertad hasta la fecha.
Asimismo, de acuerdo también con información pública, el 8 de enero de 2021, funcionarios de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (SENIAT) allanaron, sin orden judicial, la sede en Caracas del medio VPItv. Bajo el pretexto de revisar la documentación tributaria de equipos adquiridos a comienzo de los años 2000, los agentes de CONATEL y el SENIAT habrían incautado cámaras, televisores y computadores portátiles, lo que conllevó que VPItv suspendiera sus operaciones. Ese mismo día, el SENIAT interpuso una sanción al diario El Panorama por el presunto incumplimiento de deberes formales de leyes tributarias, clausurando por 5 días su sede en la ciudad de Maracaibo.
Por otra parte, la CIDH y su RELE han observado el incremento de señalamientos y discursos estigmatizantes, por parte de altas autoridades del Estado, en contra de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Al respecto, el pasado 13 de enero, durante la trasmisión de un programa de televisión, un diputado calificó a organizaciones defensoras de derechos humanos como “instrumentos para desestabilizar a los pueblos”.
La Comisión y su RELE también registraron una escalada de estigmatizaciones desde algunas páginas y cuentas oficiales en redes sociales tendientes a deslegitimar la labor que desempeñan medios de comunicación, por recibir recursos de cooperación internacional. Al respecto, conocieron un vídeo en el que figuraban símbolos de la Aviación Nacional Bolivariana y que fue difundido por cuentas oficiales de Twitter, en donde se perfilan periodistas del medio Efecto Cocuyo, acusándoles de ser “info-mercenarios” por haber recibido financiamiento extranjero para su funcionamiento. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), la organización Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Venezuela también han sido objeto de señalamientos parecidos.
La CIDH destacó “que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
La Comisión y su Relatoría Especial encuentran especialmente preocupantes los pronunciamientos que insinúan que las y los periodistas son ‘enemigos del Estado’ o ‘enemigos internos’ por cuenta de su financiamiento extranjero y advierten que, al ser emitidos desde instancias asociables a las fuerzas de seguridad del Estado, los señalamientos se tornan más agresivos y amenazantes; y no sólo se deslegitima su trabajo, también se crea un clima adverso para ejercer su labor, comprometiendo su vida e integridad personal.
La CIDH y su RELE recordaron que la repetición de declaraciones estigmatizantes puede contribuir con exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que pudiera acarrear una afectación a la vida e integridad personal de las personas defensoras, aumentando su vulnerabilidad. En este sentido, reiteran que las personas que se desempeñan como funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar labores de promoción y defensa de los derechos humanos.
Asimismo, la Comisión urgió al Estado de Venezuela a propiciar un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En este sentido, recuerda que las obligaciones del Estado en relación con las personas defensoras y el derecho a defender los derechos humanos guarda relación directa con el goce de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y de asociación, las garantías judiciales y la protección judicial, contenidos en varios instrumentos internacionales de derechos humanos.
La comunidad Pemón exige la liberación de Salvador Franco
Instan a todas las organizaciones de derechos humanos, en Venezuela y fuera del país, que se pronuncien ante las violaciones contra los privados de libertad
Instan a todas las organizaciones de derechos humanos, en Venezuela y fuera del país, que se pronuncien ante las violaciones contra los privados de libertad
Redacción
La comunidad indígena pemón le exigió a Nicolás Maduro la liberación de Salvador Franco ante su estado crítico de salud.
Mediante un comunicado divulgado en las redes sociales la comunidad Pemón instó además a todas las organizaciones de derechos humanos, en Venezuela y fuera del país, que se pronuncien ante las violaciones contra los privados de libertad.
A continuación, el comunicado íntegro:
OEA presenta nuevo informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El informe, toma como base el informe del Panel de Expertos Independientes de la OEA de 2018
El informe, toma como base el informe del Panel de Expertos Independientes de la OEA de 2018
Redacción
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presenta este miércoles un nuevo informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El informe, elaborado por el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, se basa en el informe del Panel de Expertos Independientes de la OEA de 2018, que recaudó una gran cantidad de evidencia con la cual se determinó que había razones para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Tenemos una responsabilidad de proteger a nuestros vecinos cuando ya no pueden protegerse a sí mismos (…) La comunidad internacional tiene la responsabilidad de usar los instrumentos disponibles para apoyar al pueblo venezolano para que puedan restaurar la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho”, enfatizó el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El diplomático consideró que “es una tragedia en Venezuela que muchos actores internacionales se escondan detrás del principio de no interferencia“.
Por su parte, el Asesor Especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger, Jared Genser, aseguró que “Venezuela sufre de violencia patrocinada por el Estado“.
Genser cuestionó que luego de tres años de haber iniciado el examen preliminar, aún la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no haya abierto una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“El ritmo ha sido muy lento en la revisión“, dijo.
Provea registra cinco homicidios y 442 detenidos en las protestas durante la cuarentena en Venezuela
“Durante la pandemia en el país se ha incrementado la censura, la invisibilización y la disuasión de la protesta pacífica”
“Durante la pandemia en el país se ha incrementado la censura, la invisibilización y la disuasión de la protesta pacífica”
Redacción
Al menos 5 personas fueron asesinadas y 442 detenidas en el contexto de manifestaciones durante la cuarentena en Venezuela, señala el informe «La disciplina del miedo», publicado por Provea.
En el informe la ONG denunció que durante la pandemia en el país se ha incrementado la censura, la invisibilización y la disuasión de la protesta pacífica.
Destacan que entre las detenciones arbitrarias resaltan “como perfiles de víctimas los periodistas, políticos e integrantes del gremio médico que intentaban cuestionar y visibilizar situaciones irregulares bajo cuarentena”. El único estado donde no se registraron detenciones fue en Amazonas.
“Los tres principales organismos responsables de detenciones arbitrarias son la Guardia Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Se registraron 2 casos de detenciones realizadas en operaciones conjuntas entre la GNB y Colectivos”.
“Los primeros 6 meses de vigencia del estado de alarma se caracterizaron por un contexto que agravó las consecuencias de la ausencia de institucionalidad democrática y emergencia humanitaria compleja sobre el país”, reza el informe.
La denuncia de Provea no deja atrás la demanda de servicios básicos, que hace más complejo el quedarse en casa como forma de prevención ante el Covid-19.
El informe es un reflejo de las violaciones a los derechos humanos que continúan prevaleciendo en el país, situación que fue constatada por la Misión de Verificación de la ONU, quienes acusaron a la cúpula chavista de estar inmensos en delitos de lesa humanidad contra la población venezolana.
Karin Salanova: En Venezuela se vulneran los derechos de los niños
Mientras los reportes de violaciones de derechos de los niños crecen, las políticas del régimen de Maduro siguen sin cambios
Mientras los reportes de violaciones de derechos de los niños crecen, las políticas del régimen de Maduro siguen sin cambios
Redacción
La diputada a la Asamblea Nacional, Karin Salanova, afirmó este lunes que la crisis económica y social por la cual atraviesa el país afecta de manera especial a los niños y sus derechos, los cuales asegura que son vulnerados por el régimen de Nicolás Maduro, al ser el responsable directo por la desnutrición y descolarización en la infancia venezolana.
La presidenta de la Comisión de Familia del parlamento nacional señaló que “el gobierno de Nicolás Maduro ha dado múltiples muestras de lo poco que valora a sus niños y su educación, así como velar por su alimentación”.
La diputada expresó que desde el seno de la comisión que preside han levantado informes sobre cómo el régimen de Maduro vulnera día a día los derechos de la infancia venezolana y que así lo refleja los estudios de organizaciones como Cecodap, Prepara Familia y Fundaredes, que han registrado algunas de las denuncias más significativas del entorno en el que crece el futuro de Venezuela.
“Mientras los reportes de violaciones de derechos de los niños crecen, las políticas del régimen de Nicolás Maduro siguen sin cambios significativos para la integridad de los niños venezolano”, dijo Salanova.
Prosiguió diciendo que el “Estado no solo es negligente al no tomar medidas para proteger, sino que además puede ser un agente que vulnera los derechos de la niñez”.
Invitó a los padres y representantes, así como a la sociedad venezolana, a formar un frente común para defender los derechos de los niños, que forman parte de la población más vulnerable y desasistida por parte del actual gobierno, pero también representan el futuro del país.