Embajada de Venezuela en Colombia celebra la liberación de Antonio Vathiotis, perseguido político de la dictadura

Con esta decisión de los tribunales colombianos, Antonio Vathiotis pasa a ser considerado un perseguido político de la dictadura venezolana en libertad

Redacción

La justicia colombiana activó el cese del procedimiento de extradición solicitado por interpol a petición del antiguo gobierno de Grecia en contra de Antonio Vathiotis, involucrado por la dictadura de Nicolás Maduro en el caso del capitán de la Milicia Bolivariana, Ramzor Ernesto Bracho Brazo, quien fuera asesinado el pasado 12 de marzo del 2014, durante una protesta en el Estado Carabobo, Venezuela.

La Corte Suprema de Justicia colombiana dictaminó que el ciudadano nacido en Grecia y con nacionalidad venezolana es un perseguido político por el régimen de Maduro y por tanto no será deportado ni a Venezuela ni a Grecia.

Esta sentencia fue posible gracias a una exhaustiva investigación sustentada en un informe realizado por los funcionarios de la Embajada de Venezuela en Colombia y una serie de solicitudes que introdujo esta institución diplomática ante los máximos tribunales colombianos.

Vathiotis permaneció 15 meses detenido en la cárcel de la Picota, ubicada en Bogotá, pese a que Colombia, el pasado 29 de junio lo reconoció a él y a su familia como Refugiados políticos.

Los únicos responsables de este injusto cautiverio, fueron los miembros de la dictadura de Venezuela en complicidad con el Embajador de Grecia en Caracas, quienes solicitaron a Interpol activar la alerta roja en su contra, por el crimen que se cometió en Venezuela y en el cual fue involucrado sin tener responsabilidad alguna.

Esto fue posible porque la justicia griega tiene la potestad de actuar sobre cualquier delito que haya cometido uno de sus nacionales, aun cuando el hecho se resgistrara en otro territorio.

Al igual que Vathiotis, la dictadura incriminó en el caso de Ramzor Bracho a Antonio José Garbi, quien se encuentra secuestrado por los esbirros de la tiranía en Venezuela desde hace 4 años, sin siquiera tener información de la fecha de su audiencia preliminar y a Juan David Polleti Pérez, quien por motivos de salud recibió casa por cárcel y se escapó del injusto cautiverio al cual lo tenían sometido los miembros del SEBIN.

Con esta decisión de los tribunales colombianos, Antonio Vathiotis pasa a ser considerado un perseguido político de la dictadura venezolana en libertad, y por tanto, mantiene su condición de refugiado en Colombia.

El esclarecimiento de este caso es gracias a gestiones del personal de la Embajada que dirige Humberto Calderón Berti en Colombia y a la labor oportuna y diligente de los Tribunales Colombianos, quienes reconocen la legitimidad de esta sede diplomática.

Sobre este caso el Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, solicitó a los miembros de la embajada que trabajaran firmemente por la liberación de Antonio Vathiotis, hecho que hoy es una realidad.

La Embajada de Venezuela en Colombia agradece a la Corte Suprema de Justicia su cooperación y manifiesta su satisfacción por el esclarecimiento de este caso, que deja al descubierto el carácter tiránico de la dictadura que dirige Nicolás Maduro y la crueldad con la cual actúan para lograr sus objetivos.

Juan Pablo García: Sigo siendo diputado en Venezuela, en Colombia y en cualquier parte del mundo

El diputado exiliado en Colombia hace un llamado a la comunidad internacional para que actúe en Venezuela

El líder político acusa al régimen de Nicolás Maduro de mantenerse en el poder con el dinero del narcotráfico

Nota de prensa

(Caracas. 08/10/19). Este viernes, Juan Pablo García, diputado de la Asamblea Nacional, aseguró en entrevista con NTN24: ‘‘Sigo siendo diputado en Venezuela, en Colombia y en cualquier parte del mundo’’. Así lo dijo desde Colombia, donde reside desde que inició la persecución del régimen.

El parlamentario explicó que el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no tiene las facultades para allanarle la inmunidad a él, ni a nadie, debido a que este órgano del sistema judicial de Venezuela está actualmente usurpando funciones, al igual que lo está haciendo Nicolás Maduro. 

Asimismo, García alertó a la comunidad internacional que no solo son 30 millones de habitantes venezolanos afectados por el régimen, sino que este sistema afecta al hemisferio completo. 

Y sumó: ‘‘Por eso yo le pido al mundo que actúe en Venezuela, porque si no frenamos esto a tiempo, será el continente completo el que padecerá lo mismo que está padeciendo Venezuela’’. 

 Añadió que la intervención de fuerzas extranjeras no es para una guerra, sino es para defender a millones de venezolanos y al hemisferio, y que además, el país ya está intervenido por grupos del Estado Islámico de Irak y Siria, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), 60 millones de funcionarios cubanos, entre otros grupos irregulares.

Por otra parte, hizo mención a los falsos diálogos sostenidos por el régimen y sectores de la oposición, y a su juicio, explicó que "no hay diálogo alguno que valga", al tiempo que recalcó que la solución es seguir luchando por el quiebre de la tiranía, para así poder instalar un gobierno de transición y llegar a elecciones libres.

‘‘Las sanciones no bastan’’

García constató que, según su criterio, las sanciones de Estados Unidos no son suficientes para sacar a Nicolás Maduro del poder. El diputado lo acusó de mantenerse en el mando con el dinero del narcotráfico y de lo que calificó como mercado negro internacional.

Para finalizar, el diputado hizo un llamado a la dirigencia opositora para que se comprometan y asuman su responsabilidad con el país y dejar de lado esos "complejos patrióticos y ortodoxos" e irse por la ruta de la intervención internacional.

Inmigrantes venezolanos temen ser expulsados de Bolivia por protestar contra Maduro

A mediados de marzo, un grupo de venezolanos denunció la violación de derechos humanos en su país y protestó frente a la embajada de Cuba en La Paz, lo que puso a los manifestantes bajo la lupa del presidente socialista Evo Morales, un leal aliado político de Maduro y de los Castro

Con información de Reuters

Decenas de venezolanos que llegaron en los últimos meses a Bolivia en busca de una vida mejor tienen miedo de ser expulsados de uno de los pocos países de la región que apoyan a Caracas por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

A mediados de marzo, un grupo de venezolanos denunció la violación de derechos humanos en su país y protestó frente a la embajada de Cuba en La Paz, lo que puso a los manifestantes bajo la lupa del presidente socialista Evo Morales, un leal aliado político de Maduro y de los Castro.

El 17 de marzo, la policía boliviana detuvo a 14 venezolanos que fueron identificados como líderes de unas protestas de dos días antes: seis de ellos fueron deportados y ocho quedaron en libertad, pero cinco decidieron, posteriormente, huir a Perú por temor a nuevas medidas.

Los manifestantes vestían camisetas con el mensaje “Libertad para Venezuela” y demandaban a gritos el fin de una supuesta injerencia de Cuba, a la que responsabilizaron de la crisis que atraviesa el país caribeño.

“Tengo un poco de miedo a que me expulsen, porque ya expulsaron a venezolanos (...) Migración junto con Interpol buscaron en la casa de un inmigrante y lo sacaron del país”, declaró Nelson, un ingeniero civil de 43 años que prefirió que no se difundiera su apellido para evitar represalias.

El Ministerio de Gobierno de Bolivia emitió un comunicado para explicar las circunstancias de la detención de los migrantes venezolanos.

“Se identificó que dichos ciudadanos no tienen oficio ni actividad económica lícita para su permanencia en el país” y que “confesaron estar involucrados en acciones conspirativas y participar en actividades políticas que afectan el orden público, a cambio de dinero”, señaló el comunicado oficial.

Pero la directora para Las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, pidió recientemente al Gobierno boliviano a través de la red Twitter que “deje de detener, perseguir y expulsar arbitrariamente a los refugiados venezolanos que necesitan protección internacional”.

Según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 2018 al menos 3,4 millones de venezolanos dejaron su país y la mayor parte se encuentra en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil.

“En Venezuela soy ingeniero civil, trabajé muchos años como chofer de autobuses, góndolas. En mi país también hice obras, pero ya no hay trabajo, comida, seguridad, medicina. Cada día la situación se agudiza más, es más difícil, era venirme o morirme de hambre, literalmente, en Venezuela y decidí con mi esposa e hija salir del país”, relató Nelson a Reuters.

Veppex denuncia que juez que encarceló a estudiantes pide refugio en Colombia

Los venezolanos en el exilio indicaron que ninguna persona que haya perseguido y violado derechos humanos es merecedora de asilo o refugio de acuerdo a los convenios internacionales

Con información de EFE

El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) denunció hoy en Miami que una jueza militar que encarceló de forma ilegal a estudiantes en Venezuela está pidiendo refugio en Colombia e instó a ese país a negar dicho estatus a aquellos que “violan los derechos humanos”.

Veppex detalló que se trata de la jueza Luz Mariela Santafé Acevedo, quien tiene grado de mayor en el estado Carabobo y quien “procesó y encarceló ilegalmente a estudiantes durante las protestas” opositoras de 2017 en Venezuela.

“Ninguna persona que haya perseguido y violado derechos humanos es merecedora de asilo o refugio de acuerdo a los convenios internacionales”, manifestó en un comunicado José Antonio Colina, presidente de Veppex.

Veppex, con sede en Miami, indicó que en Colombia se encuentran “cerca de un millón de venezolanos donde incluso podrían estar víctimas de esta ex funcionaria de la dictadura en Venezuela”.

“Instamos respetuosamente al honorable Gobierno de Colombia a no concederle refugio a esta ciudadana, quien formó parte del régimen de Nicolás Maduro“, expresó la organización en un comunicado.

Vepex además ha denunciado la presencia de personas “afectas” al Gobierno venezolano en el éxodo de sus ciudadanos, una acción que tendría como objetivo “cometer delitos” para crear complicaciones a los países de acogida.