Los familiares de los presos políticos en Venezuela denunciaron torturas y aislamientos
Señalan que el régimen de Maduro no les permite visitar a sus allegados ni les brinda información sobre el estado en el que se encuentran
Señalan que el régimen de Maduro no les permite visitar a sus allegados ni les brinda información sobre el estado en el que se encuentran
Con información de EFE
Familiares de los presos políticos en Venezuela denunciaron este martes que los reos, casi todos detenidos tras la crisis postelectoral, han sido sometidos a torturas, así como aislamientos prolongados, por lo que, en diversos casos, no han podido visitarlos en los centros de reclusión.
“Esta situación de aislamiento prolongado y de tortura es un crimen de lesa humanidad, nos han querido someter a esta situación y, en pleno siglo XXI, la única comunicación que nosotros tenemos con nuestros familiares es un papel con cosas que ellos escriban, donde colocan lo que necesitan”, explicó Sairam Rivas, pareja del ex concejal Jesús Armas, quien hoy cumple 50 días detenido.
En rueda de prensa, Rivas señaló que hasta la fecha no ha podido visitar a Armas en la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocido como El Helicoide, al tiempo que recordó que otros presos políticos, recluidos en el mismo lugar, están en igual situación.
Asimismo, recordó que a todos los detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio se les ha impedido el acceso a abogados privados.
“Han sido presentados bajo audiencias clandestinas, incluso, en muchos de los centros donde han sido torturados y, hasta el día de hoy, ni sus familiares ni abogados saben cuáles son, en muchos casos, los cargos que se les imputan, no tienen acceso a sus expedientes, no saben ni siquiera cuál es el tribunal ni cuál es el fiscal que está a cargo del caso”, señaló.
Igualmente, Aurora Silva, esposa del ex diputado Freddy Superlano, detenido el pasado 30 de julio, indicó que ya cumple 182 días sin poder visitar al dirigente político.
“He asistido a todas las instancias nacionales e internacionales, defensoría, tribunales, sin embargo, en ningún sitio me han podido dar información oficial sobre el caso de mi esposo, alegan una y otra vez que el caso de Freddy Superlano es un caso pesado y un caso que amerita la autorización directa de Presidencia”, sostuvo.
Entretanto, Andreína Baduel, integrante de la ONG Comité por los Familiares de los Presos Políticos, denunció que en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda (norte), los detenidos, entre ellos su hermano Josnars Adolfo Baduel, son sometidos a “aislamientos prologados en una celda dos por dos”.
“Todavía sigue habiendo restricción de alimentación, de hidratación, de medicación”, denunció Baduel, al tiempo que dijo que su hermano necesita cuatro cirugías por “secuelas de tortura”.
“Asimismo, hay otros familiares que tienen más de 60 días que no ven a sus familiares y que hoy están completamente incomunicados temiendo por sus vidas”, agregó.
Exigen liberación de Perkins Rocha
El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), que lidera María Corina Machado, exigió el lunes la liberación de Perkins Rocha, asesor legal de la principal coalición opositora, al cumplirse cinco meses de su detención.
“Hace cinco meses, Perkins Rocha, defensor incansable de la justicia, fue secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. Su único ‘delito’: alzar la voz contra la tiranía y luchar por la libertad y la dignidad de todos los venezolanos”, escribió la formación en una publicación en X.
Indicó que el abogado está detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocido como El Helicoide, “sometido a condiciones inhumanas que buscan quebrar su espíritu”.
“Alzamos nuestra voz para exigir su liberación inmediata y recordamos que cada día que pase es un recordatorio de que la lucha por la libertad y la verdad no será detenida”, añadió.
En diciembre pasado, la esposa de Rocha, María Constanza Cipriani, indicó que el asesor no ha podido recibir visitas, así como tampoco designar a su equipo de defensa privada.
Torturas, arrestos y ejecuciones: la "represión" se acentúa en Venezuela
Los reportes, presentados este martes por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas
Los reportes, presentados este martes por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas
Con información de AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 asesinatos, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados este martes por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el "alarmante aumento de desapariciones forzosas" en Venezuela.
"Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano", dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe "Maduro, una década oscura para los derechos humanos".
La mayoría de las muertes responden a presuntas ejecuciones extrajudiciales, aunque también se cuentan los fallecimientos ocurridos durante masivas protestas en los años 2014, 2017 y 2019.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo período.
"El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social", sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
"No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes" de "fuerzas políticas distintas de las del gobierno", dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una "persecución" de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
-Desapariciones forzadas-
Desde enero, fueron detenidos unos nueve colaboradores de la líder opositora, María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada para ejercer cargos públicos.
En varios casos se denunció desaparición forzada. Lo mismo con otros activistas como Rocío San Miguel, una experta en temas militares, acusada de conspirar para derrocar a Maduro.
Las oenegés y la oposición política rechazan estos señalamientos.
El grupo de expertos de la ONU alertó también este martes en Ginebra que "desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas en Venezuela que afectarían a ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público".
"Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente", advirtieron los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Provea, que también ha denunciado en el pasado desapariciones, advirtió sobre un aumento en la represión en los próximos meses del ciclo electoral. La impunidad, además de la pobreza, es "la mayor violación de derechos humanos", destacó la ONG.
pgf-ba/jt/mel
Javier Tarazona denunció ante un tribunal que fue torturado por agentes del régimen chavista
“Estamos indagando quién es esa persona que quiere mantenerlo detenido injustamente como un rehén, como un secuestrado”, expresó el hermano del director de la ONG Fundaredes, encarcelado desde julio de 2021
“Estamos indagando quién es esa persona que quiere mantenerlo detenido injustamente como un rehén, como un secuestrado”, expresó el hermano del director de la ONG Fundaredes, encarcelado desde julio de 2021
Con información de EFE
El activista venezolano Javier Tarazona, considerado por diversas organizaciones no gubernamentales como preso político, ha denunciado ante un tribunal haber sufrido torturas, aseguró este viernes el presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.
“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.
Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.
“Estamos esperando que se investigue, no porque nosotros lo decimos, porque el tribunal lo requirió y porque la propia víctima señaló que había sido torturada”, explicó.
El presidente del Foro Penal denunció que a Tarazona, director general de la ONG Fundaredes, preso desde julio de 2021, “no le han dado las medicinas que le corresponden” a pesar de tener una “situación de salud delicada” por “problemas” relacionados con diabetes y fibrosis pulmonar.
“Es una persona que, así como muchos otros, requiere no solo su libertad por la situación de salud humanitaria, sino también porque está privado injustamente de su libertad”, aseguró Romero.
Según el Foro Penal, que forma parte de la defensa del activista, “más de 100″ de los 257 detenidos por “motivos políticos” en el país “no han sido condenados”, entre ellos Tarazona, y “más de 50 requieren atención médica importante”.
Por su parte, José Rafael Tarazona, hermano del activista, dijo no encontrar “razón alguna para que el Estado venezolano lo siga manteniendo en prisión”, y aseguró que ha recibido “mensajes por parte de funcionarios” del “alto Gobierno, donde dicen que ellos no tienen problemas en liberar a Javier”.
“Pero pareciera que hay alguien en específico que no lo permite, y (...) estamos indagando quién es esa persona que mantiene o que quiere mantener a Javier detenido injustamente como un rehén, como un secuestrado”, expresó.
El activista, ante la falta de datos oficiales, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia en 2021.
Tarazona fue detenido el 2 de julio de ese año, cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.
Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.
Nuevas unidades, viejos abusos: herederos de la brutalidad policial en Venezuela
La ONU exigió eliminar las FAES, creadas en 2015, acusándolas de ejecuciones extrajudiciales en operaciones contra la delincuencia en zonas pobres
La ONU exigió eliminar las FAES, creadas en 2015, acusándolas de ejecuciones extrajudiciales en operaciones contra la delincuencia en zonas pobres.
Con informacion de AFP / por Esteban Rojas
Cuando lo presentaron en un tribunal en Venezuela, acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, John Álvarez contó al juez que policías le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, las costillas, las rodillas y lo golpearon con un bate para arrancarle "una confesión".
Los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) denunciados por Álvarez pertenecen a unidades que sustituyeron a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), temida división élite disuelta en 2021 tras masivas denuncias de violaciones de derechos humanos. Activistas denuncian que estas nuevas brigadas mantienen prácticas abusivas como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.
Cuando lo presentaron en un tribunal en Venezuela, acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, John Álvarez contó al juez que policías le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, las costillas, las rodillas y lo golpearon con un bate para arrancarle "una confesión".
Los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) denunciados por Álvarez pertenecen a unidades que sustituyeron a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), temida división élite disuelta en 2021 tras masivas denuncias de violaciones de derechos humanos. Activistas denuncian que estas nuevas brigadas mantienen prácticas abusivas como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.
El 4 de septiembre ante la corte, cinco días después de ser arrestado, "John, valientemente, hizo la descripción de sus torturadores y la manera en que lo torturaron", relata a la AFP su madre, Wenderlin Peña, sentada en la pequeña sala de su casa en una barriada popular de Caracas.
Exámenes determinaron que este estudiante universitario de 24 años sufrió "pérdida parcial de la visión" en el ojo izquierdo y lesiones en un riñón y una pierna, según sus familiares y la defensa, que responsabilizan a agentes de las nuevas divisiones de la PNB.
La ONU exigió eliminar las FAES, creadas en 2015, acusándolas de ejecuciones extrajudiciales en operaciones contra la delincuencia en zonas pobres.
Tras su disolución, funcionarios denunciados por abusos fueron reasignados en unidades como la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), la Dirección de Investigación Penal (DIP) y la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), todas blanco de acusaciones de brutalidad.
"Se crearon nuevas estructuras, pero se siguen manteniendo las viejas prácticas de graves violaciones de derechos humanos", critica Marino Alvarado, miembro de la ONG PROVEA.
- "Represión selectiva" -
Alvarado considera "muy grave" que jefes de las extintas FAES fuesen ascendidos, como ocurrió con José Miguel Domínguez, exdirector de esa división y sancionado por Estados Unidos, y hoy segundo al mando en la PNB.
"Actuaron alrededor de diez" agentes en el caso de Álvarez y "tenemos identificados plenamente a cinco", sin que hasta ahora enfrenten consecuencias, lamentó Joel García, abogado del joven. "No hay voluntad política para investigar, ni sancionar", agregó.
Una misión de observación de la ONU acusó al gobierno de Maduro de "represión selectiva" contra sus adversarios, con los cuerpos policiales como uno de sus brazos ejecutores.
Presentó el 25 de septiembre ante ente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que concluyó que "tenía motivos razonables" para creer que entre enero de 2020 y agosto de 2023 ocurrieron al menos "cinco privaciones arbitrarias de vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias", así como "28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes" contra detenidos, "incluidos 19 casos de uso de violencia sexual".
Caracas calificó a los miembros de la misión de "mercenarios". El canciller Yván Gil aseguró este martes en Ginebra que los organismos de seguridad actúan "apegados a los protocolos" internacionales y que el país "sanciona cualquier inobservancia de los derechos humanos".
El fiscal general, Tarek William Saab, sostiene que más de 500 funcionarios han sido condenados por violaciones de derechos humanos desde 2017.
Venezuela enfrenta además una investigación ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.
- "¿Terrorismo?" -
John Álvarez fue vinculado con seis dirigentes sindicales condenados el 1 de agosto a 16 años de prisión por "conspiración", sentencia que activistas consideran una represalia por protestas por mejores condiciones en el sector público.
El universitario, según su defensa, fue forzado a grabar un video en el que incrimina a un sindicalista y un activista.
Álvarez había salido de la casa de su madre a hacer unas compras antes del cumpleaños de su hermano menor. Desapareció.
Cuando la familia lo encontró un día después en un cuartel policial tras una angustiante búsqueda por comisarías y hospitales, los agentes alegaron que había sido detenido por pegar un panfleto en un busto del prócer independentista Simón Bolívar y que sería liberado en días, según Peña.
Ya en tribunales, un funcionario "me da la primera información de que John esta preso por 'terrorismo'. ¿Terrorismo? ¿Terrorismo es pegar un panfleto?", agrega. "Yo voy a estar de pie, como madre, para defender a mi hijo"., relata a la AFP su madre, Wenderlin Peña, sentada en la pequeña sala de su casa en una barriada popular de Caracas.
Omar González: Maduro debe responder por torturas y ejecuciones de miles de venezolanos
Caso de Leoner Azuaje es copia al carbón del presunto suicidio del concejal Fernando Albán
Aseguran que el CNE humilla a la Comisión Nacional de Primarias
Caso de Leoner Azuaje es copia al carbón del presunto suicidio del concejal Fernando Albán
Nota de Prensa
Barcelona, 24 abril 2023-. De acuerdo con un informe de la Corte Penal Internacional unos 8.900 venezolanos han sido torturados por la policía política o cuerpos militares en Venezuela. En función a estas cifras, Omar González Moreno aseveró que “Maduro debe responder por las torturas y ejecuciones extrajudiciales que han sufrido miles de venezolanos”.
Indicó que bajo el régimen de Maduro a esos miles de ciudadanos le han sido violados todos sus derechos fundamentales y sumidos en una dolorosa política de tortura y terror sin igual en la historia del país.
“Más temprano que tarde Nicolás Maduro y todos sus cómplices tendrán que verse frente a la justicia y ser castigados por las atrocidades que han cometido a lo largo de estos últimos 23 años”.
Aseveró que el caso de Leoner Azuaje, el implicado en la red de corrupción develada en el país, es parte de una política de “silencio forzoso” que está aplicando el Estado.
“Al encargado de Cartones de Venezuela le tocó su parte; ese presunto suicidio que cometió es muy sospechoso y debería se investigado por entes internacionales”.
Dijo que lo sucedido con Azuaje es copia al carbón del caso del Fernando Albán quien falleció bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia y en su momento argumentaron que se había lanzado de un décimo piso.
El dirigente liberal aseveró que más temprano que tarde todos los implicados en las crueldades cometidas en las mazmorras del SEBIN serán encarcelados por vulnerar derechos esenciales de los ciudadanos.
Humillación
En otro orden de ideas, Omar González Moreno le pidió a los representantes de la Comisión Nacional de Primarias reaccionar ante las amenazas y humillaciones que provienen del Consejo Nacional Electoral.
“Debemos ser serios, no podemos permitir que el CNE intervenga en un proceso que es exclusivo de los ciudadanos; si esto pasa la jornada se vería manchada y viciada por completo”.
Desde Vente Venezuela le exigimos a la Comisión Nacional de Primarias “tomar seriamente las riendas del proceso y evitar el uso de las captahuellas, las máquinas de votacion y el Plan República en las elecciones primarias".
Negociación chucuta
En cuanto a la reciente reunión del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, con un sector de la oposicion venezolana, el directivo de Vente Venezuela dijo que no esperaba nada bueno de ese encuentro.
"Esa iniciativa está condenada al fracaso, como las 15 anteriores. En este caso, porque su promotor viene de una guerilla sustentada en el tráfico de drogas, pólvora y sangre; del secuestro y actos terroristas que produjeron indecibles martirios a los colombianos", explicó
El líder liberal se refería a Gustavo Petro quien pretende ser mediador de un diálogo para conseguir unas elecciones libres, transparentes y en paz en Venezuela.
"Es como pedir peras al olmo", refirió
Igualmente criticó que por el lado venezolano asistiera solo una delegacion que no representa la totalidad de la oposición venezolana.
"Unos supuestos negociantes que vienen acumulando todo un récord de fracasos tras fracasos en iniciativas similares" dijo.
"Ya basta que se sigan burlando de los venezolanos", exclamó
Asesinatos, desapariciones y torturas: el informe de los Estados Unidos sobre el régimen de Venezuela
El documento publicado este lunes por la Casa Blanca enumera las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro
El documento publicado este lunes por la Casa Blanca enumera las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro
Con información de Infobae
El Gobierno de Estados Unidos publicó este lunes un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. En el documento se enumeran asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por las fuerzas de seguridad del régimen chavista.
“Cada vez más impopular entre los ciudadanos, el régimen de Maduro depende de los servicios de inteligencia civil y militar y, en menor medida, de las bandas armadas partidarias del régimen conocidas como colectivos, para neutralizar a la oposición política y someter a la población. Hay informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos. Un informe de la ONU de septiembre detalló el uso sistemático del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección de Contrainteligencia Militar para intimidar y controlar las actividades de los opositores políticos”, dice el documento de la Casa Blanca.
El informe denuncia que el régimen de Maduro no tomó acciones efectivas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los oficiales que pudieron haber cometido violaciones a los derechos humanos o que estuvieron implicados en casos de corrupción.
Asesinatos
El documento detalla de numerosos informes en los se dan cuenta homicidios arbitrarios o ilegales cometidos por el régimen de Maduro.
“Aunque el régimen no divulgó estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron que las fuerzas policiales nacionales, estatales y municipales, así como las fuerzas armadas y los colectivos apoyados por el régimen, llevaron a cabo cientos de ejecuciones durante el año”, denuncia el informe.
Entre las decenas de casos denunciados está una masacre cometida por Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El 20 de marzo de 2022 miembros de el ejército asesinaron a cuatro indígenes e hirieron a otros cinco de la comunidad yanomamis en el Amazonas venezolano. El altercado se habría iniciado cuando miembros de FANB se negaron a devolver un router de internet que pertenecía a los indígenas.
Washington señala que la Fiscalía de Venezuela, encabeza de Tarek William Saab, no ha investigado de manera oportuna los crímenes cometido por las fuerzas de seguridad chavista y se niega dar cifras de oficiales que están siendo investigados o que se encuentran en etapa de juicio.
El informe también señala asesinatos contra líderes ambientales, políticos e incluso un policía acusado de corrupción que murió mientras era torturado e interrogado.
“Según un informe de junio publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se sometió a una reestructuración en 2021 que resultó en la disolución de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), entidad involucrada en muertes en el contexto de operaciones de seguridad. A pesar del anuncio de la ACNUDH, las ONG locales señalaron que el régimen nunca emitió una declaración oficial que confirmara la disolución de las FAES. En septiembre, PROVEA informó que la sede de la FAES reemplazó las siglas de la FAES por la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO) y la Dirección de Investigaciones Criminales. PROVEA también señaló que el exdirector de FAES, José Miguel Domínguez, figuraba como director de la DGCO”, señala el informe.
Desapariciones
El informe señala 246 desapariciones o secuestros entre enero y junio en los estados fronterizos Táchira, Falcón, Zulia, Bolívar, Apure y Amazonas. Según las investigaciones que la ONG Fundaredes documentó en la región fronteriza, los grupos armados irregulares y las bandas criminales fueron cómplices con las fuerzas de seguridad del régimen en la violación de derechos humanos, incluidas desapariciones.
“El régimen de Maduro siguió negando las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de visitar el país para realizar investigaciones. En 2020, el Grupo de Trabajo denunció 29 casos pendientes de desapariciones forzadas o involuntarias”, señala el documento.
Torturas
El documento publicado por la Casa Blanca señala de informes creíbles de que las fuerzas de seguridad de Maduro torturaron y abusaron regularmente de los detenidos.
“La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, alineada con el régimen de Maduro, no publicó estadísticas sobre las denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG detallaron casos de tortura generalizada y ‘tratos crueles, inhumanos y degradantes’. Los grupos de derechos humanos y la FFM informaron que el régimen siguió influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de manera selectiva y subjetiva”, denuncia el documento.
Muchos de los torturados son prisioneros políticos o miembros de las fuerzas de seguridad que han denunciado los aterradores métodos aplicados por parte del régimen de Maduro para torturar. Algunas personas han muerto mientras eran torturadas.
“El 6 de enero de 2022, el teniente coronel del ejército Igbert José Marín Chaparro, preso político detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), puso fin a una huelga de hambre que inició el 21 de diciembre de 2021, en protesta por las malas condiciones de detención y las torturas recibidas durante su detención. Marín Chaparro emitió una carta pública solicitando a diversas instituciones internacionales que investiguen el uso de mecanismos de tortura utilizados contra él y otros presos, como la Casa de los Sueños, celdas de castigo en el sótano de la sede de la DGCIM. Marin Chaparro también informó que fue torturado con bolsas en la cabeza, gases lacrimógenos y golpes repetidos que le rompieron las costillas”, señala el informe.
Presos políticos
La dictadura, señala el informe, Maduro utilizó el poder judicial para intimidar y enjuiciar a personas críticas con las políticas o acciones del régimen. Al 28 de noviembre, Foro Penal reportó 277 presos políticos en la cárceles y centros de detención venezolanos.
“Los datos de Foro Penal reportados entre enero de 2014 y noviembre de 2022 mostraron que 15.777 personas fueron detenidas por motivos políticos y 875 civiles fueron procesados inconstitucionalmente ante la jurisdicción penal militar. Foro Penal registró que más de 9.400 personas seguían sujetas a procesos penales arbitrarios por medidas cautelares de motivación política. El régimen mantenía habitualmente a los presos políticos en las instalaciones del SEBIN, la prisión militar de Ramo Verde o en la sede de la DGCIM en Boleita, Caracas”, señala el documento.
Libertad de expresión
De acuerdo con el informe y apoyado en los datos de la ONG Espacio Público, en 2022 se reportaron 228 casos de violaciones a la libertad de expresión en 128 casos entre enero y agosto, incluyendo censura, intimidación, hostigamiento verbal y judicial, amenazas, agresiones, una muerte y 14 arrestos.
“La ONG Un Mundo Sin Mordaza documentó 198 denuncias de abusos a la libertad de expresión de enero a julio. Identificaron siete casos de cierre forzado de medios de comunicación tradicionales; siete casos de censura vía bloqueo de medios; ocho casos de arrestos o detenciones de civiles y periodistas; y 387 casos de hostigamiento, agresión e intimidación hacia periodistas y civiles durante manifestaciones”, señala el informe.
El en el documento señala que el 18 de abril, Olga Mata y Florencio Gil fueron arrestados por “incitar al odio” luego de publicar un video en TikTok que criticaba a Diosdado Cabello y a la esposa de Maduro, Cilia Flores. El fiscal general del régimen, Saab, también mencionado en el video de TikTok, anunció el arresto y acusó a ambos de “instigar el asesinato de figuras públicas”.
“Desde 2017, la llamada ley contra el odio se utilizó para castigar los ‘delitos de odio’, incluidos los mensajes en las redes sociales. La ley se utilizó a menudo para arrestar a disidentes políticos y continuar con la intimidación, limitando sus derechos incluso cuando estaban en libertad al prohibir los viajes internacionales y exigir comparecencias periódicas ante los tribunales”, denuncia el informe.
Un militar venezolano relató cómo funcionarios de inteligencia lo torturaron y crearon un falso intento de magnicidio
Alfredo Saba Peña Díaz fue juzgado por Terrorismo, Tráfico de Explosivos y Asociación, después que la Dirección General de Contrainteligencia Militar montó la historia de un plan criminal
Alfredo Saba Peña Díaz fue juzgado por Terrorismo, Tráfico de Explosivos y Asociación, después que la Dirección General de Contrainteligencia Militar montó la historia de un plan criminal
Con información de Infobae / Sebastiana Barraez
El capitán Alfredo Saba Peña Díaz, causa N°02′JT-021-21, fue juzgado por Terrorismo, Tráfico de Explosivos y Asociación, después que la DGCIM montó la historia de un plan magnicida, a partir de un residuo de explosivo que unos mineros querían para la explotación del oro, asignado a la 21 Brigada de Infantería en San Cristóbal, Táchira, en la frontera con Colombia. El oficial desmontó cada uno de los hechos que evidencian violación al debido proceso, empezando porque el Juicio nunca fue público, “los funcionarios no pueden ser testigos de su propia actuación, según resolución del TSJ” y “el funcionario Romer Leandro Hernández Castillo fue uno de mis torturadores y no es quien me detiene”.
Ante el Tribunal en Delitos Asociados al Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada, el joven oficial del Ejército Peña Díaz dijo que “el día que me detienen y cómo se hizo puede ser verificado en las novedades del día de mi detención en el Táchira, por funcionarios de DGCIM Táchira. Fui detenido en mi trabajo y trasladado a la DGCIM San Cristóbal, metido en un calabozo hasta que al día siguiente me trasladaron hasta la DGCIM Caracas donde el funcionario Romer Castillo fue uno de mis torturadores durante varios días; en ningún momento dije que yo había trasladado un explosivo. La primera llamada se me permitió 9 días después de mi captura”. La detención de Peña fue ordenada por el juez José Mascimino Márquez García.
“Para obligarme a hacer un video, me amenazaron diciendo que mi madre se encontraba en una unidad policial afuera de la sede del DGCIM y si no hacia el video la meterían presa, una vez que terminé el video me dijeron que era mentira”, agregando que “hice la observación de las violaciones de derechos humanos a las que fui sometido y el Juez no tomó ninguna acción en contra de los funcionarios, todo lo contario, su respuesta fue que eso es normal”.
Agregó, ante juez, fiscalía y defensores públicos, que en la acusación en su contra se habla de un operativo realizado al final de la Av. Urdaneta, donde detienen al cheff del Palacio de Miraflores, Dani José Castillo, a quien le habrían conseguido un presunto residuo de material explosivo. “¿Cómo se explica que detienen a Castillo a las 6:30 de la tarde del 20 de diciembre de 2020, pero mi aprehensión fue el 19 de diciembre, es decir día un día antes y a mil kilómetros de distancia? El defensor fue colocado por el tribunal porque, palabras textuales del Juez de Control, yo no estaba autorizado para tener defensa privada”.
No había explosivo
Llama presunto explosivo “porque en ningunas de las fases del operativo y de la investigación, presentaron un testigo, aunado a que al supuesto explosivo no se le respeto las normativas estipuladas en el manual de evidencia, que indica: ‘las evidencias solo podrán ser destruidas una vez finalizado el proceso’. Pero dicho material recolectado fue destruido, sin permitir que los acusados pudieran pedir una nueva experticia”.
Se preguntó: ¿En base a qué, los funcionarios que aprehendieron a Castillo, llegan a la conclusión de que el material era de origen explosivo, si dicha experticia se realizó el 12 de enero 2021, 24 días después?”. Destaca que el residuo de explosivo nunca fue presentado como evidencia, tampoco fue presentado nada relacionado algún artefacto. Mencionaron un mensaje donde son involucrados dos compañeros de trabajo, quienes fueron detenidos y privados de libertad en la DGCIM, liberados al finalizar la investigación arrojando que dicho mensaje no era una evidencia”.
Entre las contradicciones de la DGCIM y la Fiscalía, se aseguró que Jennifer Carolina Osuna Márquez fue detenida en las adyacencias del Palacio de Miraflores, pero los funcionarios revelan en su declaración que fue dentro de Miraflores. Sobre el chef dicen que mantenía comunicación con personas a quienes supuestamente quería venderles mercurio, así como se comunicaria con “Jonathan del CICPC” y “A Alfredo”. Lo que no hubo es ninguna prueba de llamada o contacto de Castillo con el capitán Peña Díaz. ¿Por qué no declararon Jonathan ni Alfredo? ¿Era explosivo o mercurio? ¿Quién era el comprador?”.
El capitán Alfredo Peña le dice al Tribunal que “según el acta de aprehensión realizada por la DGCIM, el 19 de diciembre 2020, a las 6:30 PM, se observó una persona de sexo masculino saliendo del Palacio de Miraflores, quien resultó ser Dani Castillo. Posteriormente a las 7:00 PM, los mismos funcionarios, detienen a la azafata Jennifer Osuna. La investigación afirma que mi detención se realizó el 20 de diciembre 2020, pero la copia de las novedades del día de mi aprehensión, que es un documento legal, deja constancia que mi aprehensión fue el 19 de diciembre 2020 a las 4:00 PM”.
Según lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 23 de junio 2004, N° 225, ‘El solo dicho de los funcionarios, no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello solo constituye un indicio de culpabilidad’.
Torturador y testigo
El subinspector de la DGCIM, Romer Leandro Hernández Castillo, quien fue denunciado por el capitán Peña de haberlo torturado, dijo en el Tribunal que su participación fue la detención del capitán Peña Díaz, declarando que se hizo en horas de la mañana, después que Jennifer Osuna lo mencionó. Si el oficial fue detenido en el comando del Táchira, el dia 19, debe presentarse el libro de registro de novedades, que se lleva en todas las instalaciones militares. Lo peor es que Hernández pretende introducir en su declaración la posibilidad de que al capitán le incautaran, entre sus pertenencias, un teléfono satelital, que no aparece mencionado en ninguna de las experticias.
Además, Romer Hernández, como todos los funcionarios de la DGCIM, usados como testigos, hay muchas cosas que no recuerda, ni siquiera con quiénes viajó al Táchira e hizo el procedimiento en la División del Ejército donde detuvo al capitán, limitándose a mencionar a “Alberto Triana”. No menciona el nombre del comandante de la Unidad que los recibió en la Segunda División y que habría presenciado la entrevista que le hizo al oficial antes de detenerlo. Como elementos criminalísticos solo señaló teléfonos celulares.
El Fiscal Jorge Rojas se negó a que el Dgcim Hernández respondiera a las preguntas que, sobre la denuncia de tortura, le hizo el abogado defensor Milkar Becerra. El titular del Ministerio Público manifestó que la pregunta no estaba relacionada con la exposición rendida por parte del funcionario de DGCIM.
Otro aspecto que el capitán puntualizó ante el tribunal es que los funcionarios dice que vieron al cheff Dani Castillo salir del Palacio de Miraflores para luego ser detenido en la esquina de Boleros. “¿Cómo lograron verlo, en actitud sospechos, si de la esquina de Boleros hasta el Palacio de Miraflores hay 9.1km de distancia?”.
Insistió en que en la recolección del presunto material recolectado “no hubo testigos y luego lo destruyeron sin que los acusados pudieran pedir una nueva experticia, ademas que la única que le hicieron se trata de una sustancia con rasgo de oxidación y muestra de deterioro, el cual tuvo que ser estimulada para provocar una reacción. La experticia refleja que fue una sustancia tipo 02, no un artefacto explosivo o un explosivo primario se quiere hacer ver. ¿Si dicha “sustancia” no sirve estaba dañada, como es, que es un explosivo y supuestamente te lo querían vender? Según el Artículo 38 de LOCDOFT una sustancia tipo 02 no es un explosivo”.
“Con referencia al delito de agavillamiento que se me condena, la cual señala que soy parte de la Delincuencia Organizada, quiero señalar que no se puede configurar el delito con solo la intención de hacerlo. Es decir, el delito no existe y no existió. La tentativa de cometer un delito no existe. De igual forma para pertenecer a una Organización de la Delincuencia Organizada, se requiere la permanencia en el tiempo y la existencia permanente de delitos cometidos, y en este caso no existe lo antes señalado. Señor Juez, es usted quien tiene el deber por disposición legal de analizar si ciertamente el daño alegado, se puede calificar como ‘gravemente irreparable”.
Y así con esa cantidad de irregularidades, omisiones, evasivas, errores, contradicciones y ausencia de testigos, más allá de los funcionarios, la jueza Grendy Alejandra Duque Carvajal del Tribunal Segundo Especial de Primera Instancia con competencia para conocer delitos asociados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada, sentenció a Dani Castillo, Jennifer Osuna y capitán Peña Díaz a 16 años y 9 meses de cárcel.
Alto Comisionado de DD. HH. pide el fin a las detenciones arbitrarias y las torturas en Venezuela
Destacó que el Gobierno se mostró dispuesto a seguir trabajando para "mejorar el sistema de Justicia"
Destacó que el Gobierno se mostró dispuesto a seguir trabajando para "mejorar el sistema de Justicia"
Con información de AFP
Caracas – El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, animó este sábado a las autoridades de Venezuela a liberar a todos los detenidos arbitrariamente y a tomar medidas para poner fin a las torturas, tras una visita de dos días al país.
"Pedí que se pusieran en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente", declaró en inglés Türk desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, minutos antes de abandonar el país.
El Alto Comisionado llegó el jueves a Venezuela para sostener reuniones con las autoridades de la Administración del presidente Nicolás Maduro y grupos de la sociedad civil, tras una invitación hecha por el Gobierno.
"Se me prometió que se atenderían las denuncias de tortura (...) que serán investigadas y los responsables enjuiciados. Animé a las autoridades a tomar medidas decisivas para poner fin a la tortura de una vez por todas", aseguró tras mencionar que escuchó relatos de algunas víctimas.
Oenegés y grupos de la sociedad civil han denunciado en reiteradas oportunidades "violaciones sistemáticas" a los derechos humanos en Venezuela, especialmente por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Türk mencionó que las ejecuciones "extrajudiciales" continúan perpetrándose y que "hay trauma en las personas".
No obstante, destacó que el Gobierno se mostró dispuesto a seguir trabajando para "mejorar el sistema de Justicia" y aplaudió la disposición pública de Maduro para ello.
"Yo confío en que pronto tendremos acceso sin restricciones a todos los centros de detención del país", sostuvo.
El Alto Comisionado seguirá su trabajo en Venezuela
El Alto Comisionado de la ONU trabaja en Venezuela desde 2019, bajo la representación de una comisión que fue instalada por Michelle Bachelet, antecesora de Türk, a fin de vigilar y prestar asistencia en la situación de derechos humanos tras una ola de denuncias de víctimas.
Antes de dejar el cargo, Bachelet dijo que veía progresos en materia de derechos humanos, pero que aún quedaba "más por hacer".
Türk señaló que su oficina seguirá trabajando y prestando asistencia técnica por dos años más en el país.
El Alto Comisionado también animó a las autoridades tomar en cuenta la "importancia de garantizar el espacio cívico" tras la reciente propuesta de una ley que busca regular el funcionamiento de las oenegés.
"Pude compartir nuestras observaciones y preocupaciones (...) y pedí que se estableciera un amplio proceso consultivo sobre la ley", apuntó.
Colectivos chavistas arrancaron las uñas a estudiantes que protestaban contra la visita de Diosdado Cabello a Mérida
Las alumnas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes habían desplegado una pancarta que rezaba: “Régimen asesino de Universidad”
Las alumnas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes habían desplegado una pancarta que rezaba: “Régimen asesino de Universidad”
Infobae
Estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) fueron agredidas por colectivos chavistas cuando protestaban en contra de la visita del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, durante su visita al estado Mérida el jueves 3 de noviembre. Los agresores les arrancaron las uñas de las manos.
Las alumnas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas habían desplegado una pancarta que rezaba: “Régimen asesino de Universidad”.
La manifestación estudiantil ocurrió mientras se desarrollaba un acto político del PSUV en la plaza de toros de Mérida.
“Pegamos el cartel a las afuera de la Facultad y lo que hicieron fue una manada de colectivos agarrarnos a cuatro mujeres indefensas y arrancarnos las uñas de las manos, porque ellos no saben más que hacer que destruir”, denunció en un video difundido en redes una de las estudiantes, mientras mostraba la sangre que había quedado en sus manos producto de las lesiones provocadas por los colectivos chavistas que la atacaron.
Otra de las víctimas reveló que sufrió lesiones en la muñeca. Dos de las cuatro estudiantes requirieron atención médica por la agresión recibida.
Las mujeres agredidas fueron Lesly Sanchez, Angélica Angel, Katherine Barrera y Elizabet Castillo, según informó el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes.
ULA Mujer reportó por su parte que “cuatro estudiantes de la ULA fueron agredidas física y verbalmente por cinco civiles progobierno en instalaciones de la universidad”.
Cabello visitó este jueves la universidad y aprovechó la oportunidad para insistir en la posibilidad de que se adelanten las elecciones presidenciales previstas para 2024.
Ayer, el segundo de Maduro afirmó que, una vez que tome posesión el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en enero de 2023, “lejos estará la opción de invasión contra Venezuela”, como -aseguró- lo “planteó” el actual gobernante brasileño, Jair Bolsonaro, en 2019.
“Le deseamos al presidente Lula lo mejor. Con toda seguridad se genera un equilibrio en esta parte del mundo, un equilibro significativo, lejos estará la opción de invasión contra Venezuela”, dijo el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, en el canal estatal VTV.
El dirigente chavista acusó a Bolsonaro de haber planteado “a sus oficiales” una invasión contra el país caribeño el 23 de febrero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentaba ingresar una caravana de ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia.
Sin embargo, “el Ejército (brasileño) se negó a hacerlo, pero estaba planteado el 23 de febrero que iban a invadir Venezuela desde Brasil”, agregó.
Cabello celebró este lunes la nueva cercanía ideológica entre el país caribeño y sus vecinos Colombia y Brasil, tras el triunfo de Lula el domingo en el gigante sudamericano, poco más de cuatro meses después de que Gustavo Petro se alzara con la victoria en las presidenciales del país andino.
Denuncian que 23 presas por razones políticas son víctimas de torturas y tratos crueles
La mayoría se encuentran detenidas por tener vínculos afectivos y/o familiares con hombres que también son víctimas de la persecución
La mayoría se encuentran detenidas por tener vínculos afectivos y/o familiares con hombres que también son víctimas de la persecución
Redacción
La ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP) denunció que, de los 316 presos políticos contabilizados por la organización, 23 son mujeres que estarían siendo sometidas a torturas, tratos crueles e inhumanos en los centros de reclusión.
“De los 316 presos por motivos políticos contabilizados por Justicia Encuentro y Perdón hasta la fecha, 23 son mujeres víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos y sus derechos más fundamentales son violados constantemente “, escribió la organización en su cuenta oficial en Twitter.
En los casos de las presas políticas, la mayoría se encuentran detenidas por tener vínculos afectivos y/o familiares con hombres que también son víctimas de la persecución, siendo ellas víctimas de violencia de género, física y múltiples vejaciones.
Detallan que “las presas políticas venezolanas se encuentran recluidas las sedes de diversos servicios de inteligencia, cárceles comunes y militares. Se han realizado denuncias por las condiciones de reclusión, falta de acceso a agua, alimentos, luz solar e incomunicación”.
Fue torturado: Revelaron detalles de la autopsia del detective que murió bajo la custodia del DGCIM
El agente había sido detenido el pasado 4 de julio por un supuesto caso de extorsión
El agente había sido detenido el pasado 4 de julio por un supuesto caso de extorsión
Con información de Infobae
Luego de la muerte de un detective del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que se encontraba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de San Fernando de Apure, se revelaron los detalles de la autopsia que arrojan que el hombre habría muerto por “asfixia mecánica por sumersión”.
Se trata del detective del CICPC de 27 años, Juan Ángel Pantoja Carreño, que fue culpado de haber ayudado a salir del país a Reyes Hernández, por lo que fue detenido y terminó muerto. La primera excusa que la DGCIM dio a los funcionarios del CICPC es que murió en un cubo de agua; luego cambiaron su versión y dijeron que se había ahorcado.
Y ahora, el abogado Zair Mundaray, ex asistente de la Fiscalía General de Venezuela que abandonó el país después de haberse distanciado de Maduro, informó a través de Twitter los detalles de su autopsia.
“Estos fueron los hallazgos médico legales durante la autopsia practicada sobre el cuerpo del funcionario del CICPC Juan Pantoja, detenido ayer por el DGCIM”, escribe el letrado: “Edema cerebral severo, hemorragia cerebral epidural subdural y subaracnoidea; hematoma de músculo esternocleodo-mastoideo bilateral; hematoma de pared externa de aorta torácica y abdominal; edema y congestión pulmonar bilateral; abundante líquido en bronquios proximales y distales; abundante hongo de espuma en bronquios proximales y distales; hemotórax masivo; hematoma retroperitone”.
La causa de muerte es por “asfixia mecánica por sumersión”. “Cómo se produjo esa sumersión es lo que hay que investigar. Me informan que hay detenidos por este caso”, finaliza el abogado.
Un nuevo informe de la ONU denunció más casos de torturas y detenciones arbitrarias en Venezuela
El documento abarca el período entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y se centra en acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico
El documento abarca el período entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y se centra en acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico
Con información de Infobae
El Consejo de DDHH de la ONU, en un un nuevo informe al que tuvo acceso Infobae, denunció más casos de torturas, detenciones arbitrarias y persecución a la oposición en Venezuela. Además, señaló graves errores cometidos por el régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
El informe abarca el período entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y se centra en acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El informe documentó torturas a 14 personas privadas de libertad durante el período que abarca la investigación. Además, señala estigmatización, criminalización y amenazas contra voces disidentes, la sociedad civil, medios de comunicación y sindicalistas.
“Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó 154 casos, incluidos 46 casos de penalización, 26 relatos de amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil”, dice el informe.
La ACNUDH señala también 35 casos de violación del derecho a la libertad. Y denuncia que al menos 22 personas seguían sometidas a medidas coercitivas más allá de los límites establecidos en la legislación venezolana.
“El ACNUDH siguió documentando casos de violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión que afectan a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y medios de comunicación, personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil. Se documentaron 34 casos, entre ellos hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación. El ACNUDH siguió registrando relatos de autocensura por temor a represalias”, señala el informe.
El informe ahonda en las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro.
La ACNUDH mostró su preocupación por el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada que atenta contra el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de los medios de comunicación.
El informe también denuncia los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con el chavismo, ya que esas relaciones plantean preocupaciones sobre la independencia del poder judicial y la separación de poderes.
“El ACNUDH documentó la detención arbitraria de al menos 13 personas, incluidas dos mujeres, entre el 9 y el 13 de julio de 2021 en Caracas, y entre agosto y septiembre de 2021 en los estados de Apure y Táchira durante operaciones de seguridad”, dice el informe.
Además, denuncia que no se tiene acceso a información pública y desglosada sobre la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
“La pandemia de COVID-19 agravó un sistema de salud ya frágil. Se siguió reportando la falta de medicamentos, suministros y suficiente personal calificado en el sistema de salud, afectando en particular el acceso de mujeres y niños a una atención médica adecuada, incluido el tratamiento especializado para niños y niñas con enfermedades crónicas y la vacunación contra enfermedades prevenibles, y la salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes. Según se reporta, los centros de salud se han visto afectados por apagones regulares, lo que ha impactado la prestación de servicios a los pacientes”, denuncia el informe.
El Foro Penal documentó 95 casos de tortura en Venezuela entre 2020 y 2021
“La mayoría de las personas que alegaron tortura fueron desaparecidas al momento de su detención. Adicionalmente, el 44% de las personas que alegaron tortura recibieron defensa pública”
“La mayoría de las personas que alegaron tortura fueron desaparecidas al momento de su detención. Adicionalmente, el 44% de las personas que alegaron tortura recibieron defensa pública”
Redacción
El Foro Penal registró, entre enero de 2020 y octubre de 2021, 481 personas detenidas de manera “arbitraria”, de las cuales, además, 95 fueron torturadas, informó este martes la entidad.
La organización, que presentó un informe junto al Centro de Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy titulado “La Justicia penal como herramienta de represión política en Venezuela”, señaló que 93 casos de tortura se registraron en 2020 y dos en 2021.
“Entre esos casos, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lideró el número de reportes en contra, representado 29 de 95 (30,53 %) del total de denuncias de tortura”, explicó.
Asimismo, indicó que los casos de tortura se dan, mayormente, cuando la detención ocurre en el marco de protestas (38 casos), seguida por la “conspiración” (23 casos) y la rebelión militar (17 casos).
“La mayoría de las personas que alegaron tortura fueron desaparecidas al momento de su detención (46,32%). Adicionalmente, el 44% de las personas que alegaron tortura recibieron defensa pública”, agregó.
La ONU investiga caso de violación de los DDHH del Capitán Juan Carlos Caguaripano
En la comunicación, el Comité expresó que una vez recibida y tramitada la denuncia, solicitó información al Estado parte y está a la espera de una respuesta por parte de las autoridades venezolanas
En la comunicación, el Comité expresó que una vez recibida y tramitada la denuncia, solicitó información al Estado parte y está a la espera de una respuesta por parte de las autoridades venezolanas
Redacción
La Organización No Gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, recibió comunicación del Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la cual se evidencia que dicha instancia multilateral recibió y procesó la denuncia (1126/2022) que hiciera la ONG en 2021 sobre las torturas y tratos crueles e inhumanos que recibió el Capitán Juan Carlos Caguaripano desde su aprehensión hasta la fecha.
En la comunicación, el Comité expresó que una vez recibida y tramitada la denuncia, solicitó información al Estado parte y está a la espera de una respuesta por parte de las autoridades venezolanas (gobierno de Nicolás Maduro). Debemos decir, que el Comité Contra la Tortura de la ONU una vez recibió la denuncia solicitó a nuestra organización información adicional sobre el caso del Capitán Caguaripano, la cual fue suministrada a la brevedad.
Esta instancia de la ONU informó, que en cuanto obtenga información del gobierno venezolano la compartirá con la Coalición, de manera que la información fluya entre las partes y el proceso sea totalmente transparente. La decisión final que tome el Comité será pública para que todos pueda conocerla.
Recordemos que, desde su detención en agosto de 2017, la defensa del capitán Juan Carlos Caguaripano, ha denunciado la forma sistemática en cómo ha sido torturado el militar, además, de las violaciones al debido proceso penal. Golpes, descargas eléctricas, asfixia mecánica, son algunas de las formas como ha sido torturado, lo cual ha causado deterior de su condición física.
Borges: Maduro pretende engañar a la CPI con la supuesta reforma judicial
“La CPI es necesaria para lograr la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y sus familiares”
“La CPI es necesaria para lograr la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y sus familiares”
Redacción
El dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, se refirió en su programa semanal Entre Hermanos a la presentación del informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y las actualizaciones de los casos de Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo. Borges añadió que ambos casos reflejan la poca voluntad de la administración de Nicolás Maduro de hacer justicia y que las investigaciones se han limitado a funcionarios de bajo rango.
“Hoy quiero referirme a dos casos que nos tocan muy de cerca. El caso de mi hermano y mano derecha Fernando Albán. Fernando Albán llegó a Venezuela luego de una gira política en la ONU, fue apresado en el mismo aeropuerto. Desapareció un fin de semana, y luego el lunes amaneció muerto. Las autoridades venezolanas dijeron que se había suicidado, cuando la verdad es que había sido torturado hasta la muerte. Este caso fue estudiado por esta misión de la ONU, y lo que es grave ahora es que los autores materiales fueron puestos en libertad”, sostuvo.
Borges señaló que el mismo patrón se repitió en el caso del Capitán Acosta Arévalo, pues quienes perpetrados su asesinato no fueron llevados a la justicia y el proceso de investigación que adelanta el chavismo está viciado y no ha tomado en cuenta los familiares.
El coordinador nacional de Primero Justicia señaló que la estrategia de Maduro es hacer ver que hay una reforma judicial para ganar tiempo con respecto al proceso de la CPI. “Maduro solo está maquillando la justicia para ralentizar el proceso de investigación que adelanta la CPI. En este momento, no existe una reforma judicial, lo que existe es un disfraz de la dictadura para esconder sus crímenes. Nosotros seguimos insistiendo en que la CPI es necesaria para lograr la justica, la verdad y la reparación para las víctimas y sus familiares”, detalló.
Destacó que una misión de verificación de hechos solo se ha instalado para muy pocos países, que tienen un historial de masivas violaciones a los DDHH. Finalizó diciendo que la justicia se impondrá en Venezuela.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU denunció que Javier Tarazona es víctima de torturas
Tarazona está acusado de terrorismo e incitación al odio, junto a su hermano Rafael Tarazona y el activista Omar de Dios García
Tarazona está acusado de terrorismo e incitación al odio, junto a su hermano Rafael Tarazona y el activista Omar de Dios García
Redacción
La jefa de la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), Marta Valiñas, denunció en la actualización del informe que el director de FundaRedes, Javier Tarazona, es víctima de tortura blanca en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, su centro de reclusión desde su detención en julio de 2021.
“Entre las personas que siguen detenidas en El Helicoide de SEBIN se encuentra Javier Tarazona, director de FundaRedes, quien fue detenido en julio de 2021 y fue acusado de terrorismo e incitación al odio en diciembre pasado. La Misión ha recibido información de que el Sr. Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca”, destacó Variñas en su actualización oral del informe sobre la situación en Venezuela.
Cabe destacar que Tarazona está acusado de terrorismo e incitación al odio, junto a su hermano Rafael Tarazona y el activista Omar de Dios García.
También se refirió a otros presos políticos venezolanos, como los casos del periodista Roland Carreño, quien se encuentra en el Sebin de El Helicoide; Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado, detenidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta; Juan Carlos Guillén, abogado defensor de varias personas detenidas por razones políticas y Reyes Gabriel Hernández González, ambos en el DGCIM de Apure; y Orlando Moreno, detenido desde 2017.
“Desde septiembre de 2021 se han realizado algunos avances en el traslado de personas fuera de los centros de detención del SEBIN y de la DGCIM, de acuerdo con un Decreto Presidencial de mayo de 2021. Sin embargo, es preocupante que algunos opositores al Gobierno o personas percibidas como tal, no hayan sido trasladadas. Igualmente, preocupantes son los informes de que la DGCIM sigue trasladando nuevos detenidos a Boleíta”, recalcó Valiñas.
ONG: “En Venezuela se ha institucionalizado la tortura”
Organizaciones independientes afirman que en Venezuela existe una complicidad entre los órganos policiales y judiciales para ocultar o desconocer las torturas y otros abusos que sufren las personas arrestadas y juzgadas
Organizaciones independientes afirman que en Venezuela existe una complicidad entre los órganos policiales y judiciales para ocultar o desconocer las torturas y otros abusos que sufren las personas arrestadas y juzgadas
Con información de VOA
CARACAS —
Un informe de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, elaborado a partir de testimonios de 20 personas detenidas por diversos órganos de seguridad, revela que en Venezuela existe un patrón de desaparición forzosa y que las víctimas son sometidas a “torturas”.
Ana Leonor Acosta, abogada y directora de la Coalición, asegura que en el país se ha “institucionalizado la tortura” y que existe una evidente complicidad de jueces y fiscales.
“Nos llama la atención que la mayoría de estas víctimas llegan a los tribunales sangrando, delante de los jueces, delante del Ministerio Público y, en la mayoría de los casos, no hay ningún tipo de acción, y por eso nosotros estamos hablando de la complicidad de las instituciones, por eso nosotros estamos hablando de la indiferencia de los funcionarios públicos”, dijo al presentar el informe.
Acosta sostuvo que, según la mayoría de las víctimas entrevistadas, los patrones de tortura incluyen golpizas, posturas en tensión (estar atado a una silla durante varios días), suspensión, uso de descargas eléctricas, ahogamiento, arrastre y abuso sexual.
“La víctima, delante del juez, hace la denuncia con respecto a los actos de tortura y la mayoría de las veces no quedan reflejadas en las actas. De ninguna manera se protege a las víctimas y de ninguna manera se persigue o investiga”, aseguró.
Según la abogada, el 80% los presos políticos torturados desde 2017 son hombres y el 20% mujeres.
No hay garantías
María Alejandra Poleo, abogada de varios presos políticos y miembro de la ONG, advirtió que no hay respuesta de las instituciones ante los casos de tortura que son denunciadas.
“Hay personas con patologías de salud preexistentes a las aprehensiones y no han podido ser atendidas. Hay casos en los cuales hay más de 17 solicitudes de traslados médicos y no han sido tomadas en cuenta, e incluso en caso en el que los jueces han solicitado los traslados no han sido acatados”, subrayó.
Poleo exhortó a las instituciones a garantizar los derechos de los privados de libertad, entre ellos el acceso a la alimentación.
“Hay centros penitenciarios en los que solamente reciben una arepa y frijoles chinos en la mañana, al mediodía y en la tarde, y en muchos casos esta comida que les es suministrada está en estado de descomposición. Esta es una forma de tortura psicológica hacia los privados de libertad, la denegación de atención medica es una forma de tortura”, alertó.
Denuncias de represión
En 2021, un informe del Instituto Casla expuso que en Venezuela se evidenciaron nuevos patrones de represión y centros clandestinos de torturas, así como la “responsabilidad” del Gobierno de Cuba en la “inducción y comisión de crímenes de lesa humanidad” en territorio venezolano”.
En noviembre pasado, la fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Recientemente, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una serie de “reformas” en el sistema de justicia que, según diversos sectores, no alteran “el hecho de que en Venezuela no hay tribunales imparciales ni independientes”.
En diciembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que decenas de funcionarios de seguridad han sido imputados por presuntas vulneraciones a los derechos humanos.
Narváez: Con ofertas engañosas el chavismo buscará que Karim Khan cierre el expediente de Venezuela
Pidió a los colegios de abogados de todo el país y las escuelas de derechos de las universidades «romper el silencio» y no dejar solo «a familiares y víctimas
Pidió a los colegios de abogados de todo el país y las escuelas de derechos de las universidades «romper el silencio» y no dejar solo «a familiares y víctimas
Redacción
El abogado defensor de DDHH, Rafael Narváez, habló sobre la visita de Karim Khan este viernes y dijo que el Estado intenta que se cierre el expediente como pasó en Colombia al ofrecer «arrepentimientos y ofertas engañosas de hacer justicia».
«Ofrecen arrepentimientos y ofertas engañosa de hacer justicia, olvidando el festín con aplausos que a diario montaban para celebrar con los cuerpos de seguridad y componentes militares la represión, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; y asesinatos ejecutados por el Plan Zamora creado por Vladimir Padrino López», fustigó Narváez.
El exparlamentario señaló que ofrecer justicia en estos momentos a las víctimas de violaciones graves de los DDHH y «crímenes horrendos» cuando siempre se les negó «es una ofensa, burla, maltrato al dolor, lágrimas y luto que sigue vivo en sus hogares».
Un teatro de democracia
Por ello, pidió a los colegios de abogados de todo el país y las escuelas de derechos de las universidades «romper el silencio» y no dejar solo «a familiares y víctimas, exigiendo a Khan realizar encuentros con estas para reafirmar el informe de la alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, y el de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, donde establece responsabilidades para los que cometieron crímenes de lesa humanidad en nuestro país».
«El camino para lograr justicia internacional es lento, pero no tenemos otra esperanza sino esa por que el Estado venezolano nunca la concederá para intentar reparar este daño irreparable causado a familiares y víctimas», puntualizó.
Hija de Baduel denuncia tortura y tratos crueles contra su hermano
Denunció que Josnars Adolfo ha sido sometido varias veces a asfixia mecánica y ha recibido en varias oportunidades descargas eléctricas
Denunció que Josnars Adolfo ha sido sometido varias veces a asfixia mecánica y ha recibido en varias oportunidades descargas eléctricas
Redacción
Andreina Baduel, hija del General Raúl Isaías Baduel, denunció este lunes 8 de febrero que su hermano Josnars Adolfo se encuentra sufriendo malos tratos donde se encuentra recluido.
Denunciaron que el núcleo familiar se ha visto afectado por toda esta situación, que ya lleva más de nueve meses de un secuestro ordenado desde las autoridades más altas del chavismo.
“Con mucho pesar queremos reiterar las denuncias de violaciones de derechos humanos y tortura en contra de mi hermano”, dijo.
Andreina Baduel denunció que Josnars Adolfo ha sido sometido varias veces a asfixia mecánica y ha recibido en varias oportunidades descargas eléctricas, también mencionó que tiene lesiones en sus testículos donde ha sido golpeado en reiteradas oportunidades.
“No ha tenido una atención médica adecuada, exigimos justicia, basta de que este tipo de cosas sigan pasando en nuestro país”, agregó.
Tribunal de Caracas absuelve a los implicados en la muerte de Fernando Albán
Acusados por el quebrantamiento de obligaciones de custodia, previsto y sancionado en el artículo 267 del Código Penal
Acusados por el quebrantamiento de obligaciones de custodia, previsto y sancionado en el artículo 267 del Código Penal
Redacción
En horas de la tarde de este jueves 08 de octubre, se dio a conocer que el Tribunal Vigésimo Noveno en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anuló la acusación en contra de los dos ciudadanos implicados en el asesinato del concejal opositor Fernando Albán.
Los acusados responden a los nombres de Miguel David Do Santos Rodríguez y Keiberth José Cibelli Moreno, acusados por el quebrantamiento de obligaciones de custodia, previsto y sancionado en el artículo 267 del Código Penal.
Decisión del tribunal:
El Tribunal Vigésimo Noveno en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó la nulidad absoluta del acto conclusivo de acusación interpuesto por el Ministerio Público, por violación del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y falta de cumplimiento de los artículos 262 y 263 del Código Adjetivo Penal, retrotrayendo la causa a la fase de investigación.
La decisión del Juzgado en la causa seguida a los ciudadanos Miguel David Do Santos Rodríguez y Keiberth José Cibelli Moreno, por la presunta comisión del delito de quebrantamiento de obligaciones de custodia, previsto y sancionado en el artículo 267 del Código Penal, donde funge como víctima el ciudadano quien en vida respondiera al nombre de Fernando Alberto Albán, se fundamentó en los artículos 174, 175 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal.