Denunciaron la desaparición de un funcionario del Consejo Electoral en Venezuela después de ser llamado a declarar
La organización Provea, defensora de los DDHH, ofreció los detalles del caso. Los familiares han recorrido múltiples centros de detención sin obtener información sobre su paradero
La organización Provea, defensora de los DDHH, ofreció los detalles del caso. Los familiares han recorrido múltiples centros de detención sin obtener información sobre su paradero
Con información de Infobae
La organización no gubernamental venezolana PROVEA denunció este lunes la desaparición forzada y detención arbitraria de Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), a manos de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en hechos que habrían comenzado el 27 de noviembre de 2024 en Caracas.
Según el comunicado de PROVEA, Maíz Nadales se desempeñaba como director de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación del CNE. Ese día fue citado a una reunión en la sede central del organismo, ubicada en Caracas, y desde entonces su familia no volvió a tener contacto con él.
Su hija, Bianggi Maíz, relató en un video publicado por la ONG que al día siguiente acudió a la sede del CNE para preguntar por su paradero. Tras varios intentos, logró confirmar que su padre había sido trasladado a la sede de la DGCIM en Boleíta, al este de la capital venezolana. Allí, según su testimonio, les permitieron entregarle medicamentos debido a su condición médica: el funcionario es paciente bariátrico, hipertenso y padece de tensión ocular.“El lunes siguiente nos dejaron pasarle sus pertenencias y sus pastillas. Pero al otro lunes, ya no nos las aceptaron. Nos dijeron que él no estaba allí, que había sido desaparecido”, explicó Maíz en el video difundido en la red social X. Según su testimonio, el último contacto indirecto ocurrió el 16 de diciembre de 2024, cuando funcionarios de la DGCIM informaron a la familia que Albert Maíz ya no se encontraba en esa sede.
Desde entonces, los familiares han recorrido múltiples centros de detención sin obtener información sobre su ubicación. Afirmaron que en el Centro Penitenciario Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, incluso se les impidió preguntar por su parader o. El 20 de marzo de 2025, cuatro meses después de su desaparición, la familia se enteró de forma extraoficial que el funcionario había sido presentado ante el Tribunal Segundo contra el Terrorismo. Allí fue acusado de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. No se permitió a sus familiares designar un abogado privado, y el defensor público asignado “no ha ofrecido ninguna información sobre el caso”, indicó PROVEA.
Bianggi Maíz denunció además que no se les ha permitido tener contacto directo con su padre, ni siquiera para hacerle llegar los medicamentos que requiere para mantener sus condiciones de salud.La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe expresamente la desaparición forzada. El artículo 45 establece que “ninguna autoridad pública, sea civil o militar, incluso en estados de emergencia, puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”. Asimismo, el artículo 44 garantiza el derecho de toda persona detenida a comunicarse con sus familiares, designar un abogado de su confianza y conocer las razones de su detención.
En respuesta a la situación, los familiares han presentado múltiples acciones legales: han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Hasta el momento, aseguran no haber recibido respuesta de ninguna institución.La organización PROVEA exigió la liberación inmediata de Albert Maíz Nadales, el respeto al debido proceso, el acceso a la defensa privada y la atención médica adecuada, en cumplimiento de los compromisos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano.
El caso se produce en un contexto de reiteradas denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que han alertado sobre patrones sistemáticos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, especialmente contra trabajadores del Estado y ciudadanos vinculados a procesos electorales o actividades políticas.Hasta la fecha, el CNE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la desaparición de su funcionario. Tampoco lo han hecho la DGCIM ni el Ministerio Público.
05/01/2025 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRESIDENCIA DE VENEZUELA
PROVEA, una de las organizaciones de derechos humanos con mayor trayectoria en el país, advirtió que la detención en condiciones de incomunicación y sin garantías procesales constituye una grave violación a los derechos humanos. Señaló además que las acusaciones de terrorismo y traición a la patria contra ciudadanos sin acceso a una defensa adecuada representan un uso indebido del sistema judicial.En el video compartido por la ONG, Bianggi Maíz subrayó: “Queremos respuesta del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y de la Sala Constitucional del TSJ. Todos los derechos de mi padre están siendo vulnerados. Necesitamos verlo, saber dónde está, y que se le respeten sus derechos como ciudadano y como paciente.”
La familia reiteró su llamado a la comunidad nacional e internacional para visibilizar el caso y presionar por el cumplimiento de las leyes venezolanas y los tratados internacionales de derechos humanos.
Provea advirtió que en Venezuela hay 121 mujeres presas por motivos políticos
Entre ellas, destaca el caso de la activista Rocío San Miguel, quien lleva más de un año privada de su libertad y requiere intervención médica urgente
Entre ellas, destaca el caso de la activista Rocío San Miguel, quien lleva más de un año privada de su libertad y requiere intervención médica urgente
Con información de EFE
La ONG Provea advirtió este sábado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que el régimen de Nicolás Maduro tiene 121 presas políticas, del total de 1.060 de estos detenidos injustificados que informó Foro Penal.
“En Venezuela, la crisis y la emergencia humanitaria golpean a las mujeres: salarios de hambre, precarización y medio. Mientras tanto, 121 mujeres siguen injustamente presas por motivos políticos”, denunció la organización, que destacó el caso de Rocío San Miguel, que lleva más de un año privada de su libertad.
“Rocío es inocente y víctima de un caso sin el debido proceso. Fue acusada por el Ministerio Público sin derecho a designar a sus abogados de confianza” e impedida, también, de ser atendida por sus “médicos de confianza” por una fractura en su hombro derecho por la que desde “hace más de seis meses” necesita ser operada, sumó Provea.
“Rocío no puede ser sometida a una cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física. No puede recibir una intervención por quienes tardaron cuatro meses en diagnosticarla. En reclusión no hay condiciones pata el postoperatorio ni para una rehabilitación digna”, cerró la ONG, que apoyó así el reclamo del entorno de la activista.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2023 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar con su hija, acusada de estar vinculada a una supuesta ”trama conspirativa” que buscaba “atentar” contra Maduro y otros funcionarios chavistas.
Precisamente, el fiscal general, Tarek William Saab, sostuvo que la activista había entregado información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a diplomáticos de otros tres países, cuyos nombres, sin embargo, no brindó.
A la espera del inicio de su juicio, cuya fecha fue aplazada hasta el 31 de marzo por falta de traslado al tribunal, San Miguel sufrió una fractura en uno de sus hombros, producto de una caída por un mareo derivado de una laberintitis que no fue tratada adecuadamente.
La herida, sin embargo, no le fue diagnosticada hasta cuatro meses más tarde ante sus insistentes quejas por dolor, aunque “solo fue tratada con analgésicos”, denunció su abogado, Juan González Taguaruco.
La falta de atención médica y la naturaleza de la lesión llevaron a que San Miguel requiera, al presente, de una intervención quirúrgica, que su defensa insiste en que ocurra fuera del penal en el que está recluida, dado que allí no se dan las condiciones básicas para un procedimiento de esta magnitud.
“Si la fractura fue diagnosticada cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación?“, sumó González Taguaruco.
La defensa de la activista venezolana Rocío San Miguel aseguró que “debe ser operada en libertad y por médicos de su confianza” de la lesión en su hombro derecho (AP)
Sin embargo, el régimen se negó a dar curso al pedido por considerar que se trata de una estrategia del entorno de la activista para rescatarla.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo días atrás que las fuerzas de seguridad habían desmantelado una “red de coyotes internos” que se preparaban para actuar durante su traslado: “Levarían a operar a Rocío San Miguel y ahí intentarían ejecutar el rescate”.
Provea señala que presidenciales fueron empañadas por "escalada de graves abusos"
Las autoridades tuvieron como objetivo "torcer la voluntad popular y aplastar el descontento de las grandes mayorías"
Las autoridades tuvieron como objetivo "torcer la voluntad popular y aplastar el descontento de las grandes mayorías"
Con información de EFE
Caracas, 29 sep (EFE).- La ONG venezolana Provea aseguró este domingo que las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro, fueron empañadas por una "escalada de graves abusos" por parte -dijo- de las autoridades de la nación.
"El proceso electoral del 28 de julio debía servir para abrir el camino hacia el rescate de la democracia y la reinstitucionalización del país, fue empañado por una escalada de graves abusos por parte de las autoridades venezolanas", indicó la organización en un mensaje publicado en X.
Asimismo, dijo que las autoridades de la nación tuvieron como objetivo "torcer la voluntad popular y aplastar el descontento de las grandes mayorías".
Tras la proclamación de Maduro como el ganador de las presidenciales en Venezuela, la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció fraude electoral, lo que desencadenó protestas masivas contra el resultado oficial, que dejaron 25 muertos y más de 2.400 detenidos, según las autoridades.
La PUD justifica la victoria de su abanderado, Edmundo González Urrutia, con base al "83,5 % de las actas electorales" que afirma haber reunido a través de testigos y miembros de mesa, y que, posteriormente, fueron divulgadas en una página web, documentos que el Gobierno tacha de "falsos".
El pasado 17 de septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela reveló que pudo confirmar que en los primeros días de las protestas por el resultado oficial de las presidenciales, al menos, 158 niños fueron detenidos y que algunos de estos sufrían discapacidad y fueron acusados de delitos graves, como terrorismo o incitación al odio.
"Este fenómeno es algo nuevo y extremadamente preocupante", sostuvo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en comentarios a la prensa durante la presentación del último informe que su equipo elaboró sobre la situación en Venezuela en el último año.
"No solo no ha habido mejoras (en derechos humanos), sino que las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes en el contexto postelectoral", recalcó.
Entretanto, la Fiscalía General de Venezuela acusó a la Misión de presentar información "sesgada" y sin "detalles ni evidencias" que "permitan su revisión" en su último informe.
(c) Agencia EFE
Provea registró la detención de 120 sindicalistas entre 2013 y 2023
Provea, de acuerdo a su informe, documentó, al menos, 27.000 protestas por reivindicaciones laborales entre 2013 y 2023
Provea, de acuerdo a su informe, documentó, al menos, 27.000 protestas por reivindicaciones laborales entre 2013 y 2023.
Con información de EFE
Caracas, 30 abr (EFE).- La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) documentó un total de 120 dirigentes sindicales detenidos "arbitrariamente" entre 2013 y 2023, de acuerdo con su informe anual presentado este martes.
"En este periodo, 120 dirigentes sindicales han sido detenidos (...) 3.479 trabajadores han sido amenazados, estos son los que han tenido el coraje de levantar la voz, son muchos los que a diario son hostigados y amenazados, incluso por colocar una actualización en sus estados de Whatsapp", dijo el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, en la presentación del informe.
Asimismo, dijo que esa es la realidad actual de muchos de los empleados públicos y de empresas estratégicas de Venezuela, "donde hay una sistemática persecución".
Provea, de acuerdo a su informe, documentó, al menos, 27.000 protestas por reivindicaciones laborales entre 2013 y 2023.
Sostuvo que la situación de los derechos laborales en la nación caribeña sigue signada por la "pérdida de la capacidad adquisitiva, la precariedad y el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores venezolanos".
Durante 2023, prosiguió, el Gobierno venezolano no decretó un aumento de salario y "continuó con su política de bonificaciones sin incidencia en las prestaciones sociales, pensiones u otros beneficios".
"La desigualdad en todas sus formas se afianzó como una constante de la realidad venezolana, afectando principalmente a los sectores vulnerables: mujeres, jubilados, niños, niñas y adolescentes", añadió.
Ante esto, Provea pidió al Gobierno tomar medidas "eficaces y urgentes" contra la pérdida del poder adquisitivo del salario, "corrigiendo las políticas lesivas al derecho a un salario suficiente que afecten la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales de los trabajadores".
Igualmente, exigió que se respeten los derechos colectivos del trabajo, en especial, el derecho a la negociación colectiva, de huelga, manifestación pacífica, así como el de libertad de asociación y reunión.
Desde marzo de 2022, el salario mínimo y la pensión se mantienen en 130 bolívares al mes, que en ese entonces, al cambio oficial, eran unos 30 dólares y hoy 3,5 dólares por la devaluación de la moneda local, lo que significa que se han reducido un 88 % en su equivalente en la divisa estadounidense, usada como referencia para fijar precios en Venezuela.
Torturas, arrestos y ejecuciones: la "represión" se acentúa en Venezuela
Los reportes, presentados este martes por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas
Los reportes, presentados este martes por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas
Con información de AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 asesinatos, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados este martes por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el "alarmante aumento de desapariciones forzosas" en Venezuela.
"Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano", dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe "Maduro, una década oscura para los derechos humanos".
La mayoría de las muertes responden a presuntas ejecuciones extrajudiciales, aunque también se cuentan los fallecimientos ocurridos durante masivas protestas en los años 2014, 2017 y 2019.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo período.
"El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social", sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
"No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes" de "fuerzas políticas distintas de las del gobierno", dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una "persecución" de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
-Desapariciones forzadas-
Desde enero, fueron detenidos unos nueve colaboradores de la líder opositora, María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada para ejercer cargos públicos.
En varios casos se denunció desaparición forzada. Lo mismo con otros activistas como Rocío San Miguel, una experta en temas militares, acusada de conspirar para derrocar a Maduro.
Las oenegés y la oposición política rechazan estos señalamientos.
El grupo de expertos de la ONU alertó también este martes en Ginebra que "desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas en Venezuela que afectarían a ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público".
"Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente", advirtieron los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Provea, que también ha denunciado en el pasado desapariciones, advirtió sobre un aumento en la represión en los próximos meses del ciclo electoral. La impunidad, además de la pobreza, es "la mayor violación de derechos humanos", destacó la ONG.
pgf-ba/jt/mel
Denuncian que funcionarios del SEBIN intentaron ingresar a taller sindical de Provea en Yaracuy
«Denunciamos que hoy jueves 23 de noviembre cerca de las 12PM funcionarios del Sebin intentaron ingresar a taller sindical de Provea en Yaracuy», señaló la ONG
«Denunciamos que hoy jueves 23 de noviembre cerca de las 12PM funcionarios del Sebin intentaron ingresar a taller sindical de Provea en Yaracuy», señaló la ONG
Redacción
Este jueves la ONG Provea denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) intentaron ingresar a un taller sindical que realizaba la organización en el estado Yaracuy.
«Denunciamos que hoy jueves 23 de noviembre cerca de las 12PM funcionarios del Sebin intentaron ingresar a taller sindical de Provea en Yaracuy», señaló la ONG a través de su cuenta en la red social X (Twitter).
Afirmaron que los funcionarios «insistieron en buscar sin razón a nuestro Coordinador Legal, Marino Alvarado. Basta del hostigamiento contra la defensa laboral en Venezuela».
Este jueves la ONG Provea denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) intentaron ingresar a un taller sindical que realizaba la organización en el estado Yaracuy.
Provea alerta: La dictadura busca criminalizar a los miembros de la Comisión de Primaria
«Reducir el espacio cívico atenta contra el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos. Nadie debería ser perseguido por actuar en el marco de la Constitución y la ley»
«Reducir el espacio cívico atenta contra el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos. Nadie debería ser perseguido por actuar en el marco de la Constitución y la ley»
Con información de Monitoreamos
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que el régimen de Nicolás Maduro busca criminalizar y perseguir a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria (CNP) tras el éxito de la elección del pasado domingo.
«La dictadura de Nicolás Maduro busca criminalizar y perseguir a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria. No permitamos que más personas sean detenidas en Venezuela por defender derechos civiles, políticos y sociales de las y los venezolanos», alertó la ONG luego de que diversos voceros del régimen arremetieran contra ellos y la Fiscalía chavista anunciara la apertura de una investigación penal.
Provea destacó que los integrantes de la CNP on «valientes ciudadanos que junto a miles de testigos y voluntarios hicieron posible que más de 2 millones de venezolanos votaran en las primarias», por lo cual expresó su solidaridad con ellos.
«Reducir el espacio cívico atenta contra el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos. Nadie debería ser perseguido por actuar en el marco de la Constitución y la ley», enfatizó la organización.
Este miércoles el fiscal general impuesto por la constituyente chavista, Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación en contra de la Comisión Nacional de Primaria (CNP) y de la asociación civil Súmate.
Saab explicó que los delitos que están tipificando para esta investigación son: usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
«Serán citados como investigados el presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Primaria, Jesús María Casal y Mildred Camero, para que comparezcan y respondan por estas irregularidades. También serán citados los presidentes de las Juntas Regionales de las primarias«, anunció.
Provea documentó 91 casos de torturas en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro en 2022
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño. “Se mantuvo la práctica estatal de discriminación y exclusión por razones políticas”
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño. “Se mantuvo la práctica estatal de discriminación y exclusión por razones políticas”
Con información de Infobae
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó la 34ª edición de su informe anual sobre la situación de los DDHH en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2022.
“Se registraron 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal. 91 personas fueron víctimas de tortura y se registraron dos muertes a causa de torturas durante 2022”, expresó la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación oficial del estudio.
En el informe, la ONG enfatizó en que el año pasado “se mantuvo la práctica estatal —que se ha configurado como sistemática—, de discriminación y exclusión por razones políticas. La Asamblea Nacional —electa en 2020 y con mayoría oficialista— continuó aprobando normas y avalando la actuación del Ejecutivo, actuando de espaldas a la Constitución Nacional”.
Luego indicó que en 2022 se produjo un nuevo incremento en los casos de violaciones al Derecho a la Integridad Personal. “Esta situación revela que, pese al escrutinio de la comunidad internacional y de las instancias internacionales de protección de los Derechos Humanos, las autoridades venezolanas siguen de espaldas a sus obligaciones, mostrando una completa ausencia de voluntad para detener los abusos, sancionar a los responsables y ofrecer reparación a las víctimas”, señaló el informe.
Y continuó: “Entre enero y diciembre, Provea registró 51 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal —con igual número de casos— que incluyeron a 2.203 víctimas. Esta información es el resultado del monitoreo de las denuncias divulgadas en la prensa nacional y regional, y de los casos atendidos por Provea y otras organizaciones defensoras de DDHH. Los datos indicados, comparados con el periodo anterior —cuando se reportó un total de 1.306 víctimas—, representan un aumento de 68,6%”.
La Venezuela post-pandemia: más pobre y desigual
La desigualdad y la exclusión son dos condiciones que agravaron la situación de pobreza en Venezuela. En su reporte de país, publicado en enero de 2023, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas indicó que, pese a que algunas mejoras económicas habían ayudado a frenar la hiperinflación, la situación de seguridad alimentaria en Venezuela seguía siendo “inquietante”, recordó Provea.
Más de cinco millones de personas necesitaban asistencia humanitaria, mientras el país importaba más del 70% de los alimentos procesados que consumía, lo que lo hacía vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. Como consecuencia, el reporte indica que para agosto de 2022 los precios de los alimentos aumentaron en un 30%. Para la fecha en que se emitió el detalle, Venezuela ocupaba el tercer lugar en el mundo en el rubro de inflación en el precio de los alimentos, consignó la ONG.
También señaló que, en los últimos ocho años, Venezuela sufrió una caída acumulada de 80% de su Producto Interno Bruto (PIB), una de las mayores contracciones registradas en las últimas décadas a nivel mundial y que ha ocasionado un severo daño a la capacidad productiva.
Además, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2022), “Venezuela es el país más desigual de América, con un indicador de 56.7″, de coeficiente GINI, un indicador que mide la desigualdad, basado en la distribución de la riqueza de los países. El colapso generalizado de los servicios públicos y los altos precios crearon las condiciones propicias para un aumento exponencial y generalizado de la pobreza en Venezuela.
“En diez años al frente de la conducción del país, Nicolás Maduro extinguió el estado de derecho, pulverizando las conquistas sociales y eclipsando los derechos civiles y políticos, bajo la sombra del autoritarismo”, denunció la ONG.
Derechos económicos, sociales y culturales
En este ítem, el informe destaca que la gestión de Nicolás Maduro continuó, durante 2022, su “política deliberada de precarización del ingreso de los trabajadores, pensionados y jubilados, al permanecer de espaldas a su obligación de garantizar salarios y pensiones ajustadas al costo de la canasta alimentaria, tal como ordena el artículo 91 de la Constitución Nacional”.
“Además de ello, con la imposición del Instructivo de la ONAPRE; acabó con las interescalas del tabulador salarial garantizadas en las convenciones colectivas del sector público, lo que atizó la conflictividad en el país, protagonizada fundamentalmente a lo largo del año por trabajadores, jubilados y pensionados”, narró.
Provea también hizo énfasis en la persecución del chavismo contra dirigentes sociales en el marco de los reclamos por estos derechos. “En respuesta a la ola de protestas, la administración Maduro recurrió a la persecución y a actos de hostigamiento contra dirigentes sindicales. Seis trabajadores permanecen detenidos por reclamar derechos y al menos 344 fueron víctimas de actos de amenazas y hostigamiento por parte de agentes de seguridad y altos funcionarios de empresas e instituciones del Estado. Durante los diez años de gestión de Nicolás Maduro, 87 dirigentes sindicales han sido arrestados y procesados por ejercer derechos y 3.512 trabajadores han sido víctimas de amenazas y hostigamiento”, denunció.
Y acotó: “Un aspecto que demuestra el severo retroceso en materia de derechos sociales, es la definitiva implosión de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Entre enero y diciembre de 2022, Provea registró, con base en su monitoreo independiente, que el gobierno entregó un total de 3.122 viviendas nuevas, una cifra que contrasta ampliamente con las 500.000 casas que, según el gobierno, habrían sido entregadas en el marco de la GMVV. De acuerdo a nuestros registros, en diez años de gestión Maduro construyó y entregó apenas 130.856 viviendas a través de la otrora política social bandera del proyecto bolivariano, mientras que sus funcionarios insisten en decir que han levantado y otorgado 3.096.257 casas”.
Por último, respecto a la salud, la ONG destacó que en 2022 “se cumplió una década del acelerado declive institucional, financiero y operativo del sistema público sanitario y su severo impacto en la calidad de vida de las personas en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja. Producto del continuo desplome, en 2022 se registró un incremento de 34,7% en el número de denuncias por vulneraciones del derecho a la salud. Entre 2013 y 2022, las cifras de denuncias por estas situaciones ascienden a 305.397″.
El informe completo
PROVEA advierte sobre iniciativa de Petro para presos políticos en Venezuela
“No puede abarcar impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad”, pues la Constitución no lo permite
“No puede abarcar impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad”, pues la Constitución no lo permite
Con información de VOA Noticias / Carolina Alcalde
Los activistas señalaron que no deben confundirse la condición de preso político con la de violador de los derechos humanos.
Defensores de derechos fundamentales reaccionaron positivamente a la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de una “amnistía” para presos por razones políticas en Venezuela, como parte de las propuestas para lograr acuerdos entre el gobierno y la oposición.
Sin embargo, advirtieron que “no puede abarcar impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad”, pues la Constitución no lo permite.
El activista de derechos humanos Marino Alvarado expuso que tampoco lo permite la jurisprudencia del sistema internacional de protección de derechos humanos.
“Sería una afrenta a las víctimas y en nada favorecería la estabilidad y el retorno a la democracia”, escribió en Twitter.
“Saludo su interés por la situación de Venezuela y agradezco todos sus esfuerzos, pero debe asesorarse bien en materia de derechos humanos y transiciones sin impunidad. Argentina 1985 es un buen ejemplo, juzgar a los criminales contribuye a la estabilidad en el país”, agregó.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, manifestó que “frente a la tentación de amnistiar violadores de derechos humanos, seguiremos apostando a la justicia internacional de los organismos de protección, donde no hay posibilidades de darle espacio a la impunidad”.
El artículo 29 de la Constitución de Venezuela establece que el Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades y precisa que, dichos delitos, “quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.
“De parte nuestra se pidió que hubiera un descalamiento de la conflictividad política en términos de la entrada de Venezuela al Sistema Interamericano de derechos humanos, de una amnistía general, de un desbloqueo general de la economía venezolana, de unas elecciones que para el año 24 debe darle garantías a todas las fuerzas que ahí intervengan”, dijo Petro que, consultado por los periodistas, precisó que su propuesta concernía solo a los presos por razones políticas.
Las declaraciones de Petro surgieron al término de un encuentro a puerta cerrada celebrado el viernes en Francia con los negociadores del gobierno y la oposición venezolanos junto a sus homólogos de Argentina, Alberto Fernández; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Noruega, Anniken Huitfeldt.
En noviembre de 2021 la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
Provea denunció arrestos de civiles tras incursión militar en zona minera de Tumeremo
La ONG consignó que cerca de 700 soldados enviados por el régimen de Nicolás Maduro se despegaron en los últimos días en Tumeremo
La ONG consignó que cerca de 700 soldados enviados por el régimen de Nicolás Maduro se despegaron en los últimos días en Tumeremo
Con información de EFE
Cerca de 700 militares de Venezuela se desplegaron en los últimos días en la población minera de Tumeremo (sur, fronterizo con Brasil) en un operativo que incluye detenciones de civiles y destrucción de campos ilegales de extracción de riquezas, según un reporte publicado este miércoles por la ONG Provea.
Se trata de una “incursión militar” en el estado Bolívar que empezó la última semana de octubre y, mediante la cual, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “desmantela campos mineros y detiene a personas cuyos paraderos se desconocen”, dice el texto de la organización no gubernamental publicado en su página web.
El reporte, que cita a pobladores, asegura que la FANB “está desplegada en la selva (de esa región) desde mediados de agosto” con el propósito de “erradicar la minería ilegal, limpiar el territorio de grupos irregulares y recuperar áreas naturales protegidas que no pertenecen al Arco Minero del Orinoco (AMO)”.
Medios de comunicación de Bolívar han reseñado en la última semana varias protestas de los lugareños contra esta militarización, en las que los manifestantes denuncian el desalojo irregular de mineros, así como detenciones arbitrarias, hechos a los que no se ha referido la Fiscalía ni el resto de autoridades.
Provea recuerda que a mediados de octubre se registró un primer operativo militar en una reserva forestal de ese estado, en el que destruyeron campamentos mineros y “arrestaron a, al menos, 11 personas supuestamente armadas, de las cuales se desconoce paradero y condición física actual”.
En los últimos días, prosiguió la ONG, la incursión militar ha incluido el sobrevuelo de aviones de combate, así como el tránsito de tanques y armas de guerra por las calles de la localidad que, en 2016, registró una masacre de 17 mineros, supuestamente por parte de grupos irregulares.
“Con la militarización también llegó el miedo y la incertidumbre, comerciantes bajaron sus santamarías (cierres) y pobladores salieron a protestar para exigir a la FANB el cese de las detenciones, los allanamientos y la destrucción de equipos de trabajo de los mineros”, añadió.
El AMO, cuyos límites fueron fijados en 2016 por el régimen, es una zona rica en oro y otros minerales en la que grupos criminales controlan una parte y el Ejecutivo, con ayuda de cientos de militares, explota la mayoría del terreno.
Sebin boicotea rueda de prensa de los familiares de los trabajadores presos
En las últimas semanas las fuerzas de “seguridad” encarcelaron varios trabajadores
En las últimas semanas las fuerzas de “seguridad” encarcelaron varios trabajadores
Redacción
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) se presentaron este martes en la sede de la ONG PROVEA, hostigando y amedrentando a los familiares de los trabajadores detenidos, quienes este 20 de septiembre realizaban una rueda de prensa sobre sus casos y la exigencia de libertad.
En las últimas semanas las fuerzas de “seguridad” encarcelaron a los trabajadores Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Emilio Negrin y Reynaldo Cortés.
Trabajadores públicos no cesan de protestar contra el instructivo de la Onapre
Los organizadores de la protesta debieron cambiar la ruta inicial debido a los actos de hostigamiento
Los organizadores de la protesta debieron cambiar la ruta inicial debido a los actos de hostigamiento
Redacción
Este jueves nuevamente los trabajadores públicos se movilizaron en el centro de Caracas en contra del instructivo de la Onapre.
La movilización es escoltada por agentes de la PNB y agrupaciones pro-oficialistas que intentan intimidar a los manifestantes.
La ONG Provea denunció que los organizadores de la protesta debieron cambiar la ruta inicial debido a los actos de hostigamiento de grupos pro-oficialistas y agentes de la PNB.
Seguidamente un piquete de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se ubicó en la avenida Urdaneta, para impedir que los trabajadores públicos lleguen a la sede Defensoría del Pueblo en torre Latino.
Los manifestantes exigen mejoras salariales y que se respeten sus años de servicio al país.
DDHH consignan documento en Defensoría del Pueblo exigiendo garantías a los detenidos del PCV
Los detenidos son Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Emilio Negrín, Alcides Bracho y Alonso Meléndez
Redacción
Los comités de DDHH consignaron este martes un documento ante la Defensoría del Pueblo, exigiendo la intervención del organismo para garantizar el respeto a garantías procesales e integridad de Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Emilio Negrín, Alcides Bracho y Alonso Meléndez, quienes fueron detenidos recientemente por fuerzas de seguridad.
Durante la protesta, el defensor de DDHH, Feliciano Reyna, resaltó el carácter arbitrario de las detenciones de los activistas.
https://twitter.com/_Provea/status/1549390120624832513?s=20&t=vEWhikf3H-Y31Cu9G8BFQw
Diannet Blanco, esposa del trabajador humanitario detenido, Gabriel Blanco y José Tarazona, hermano del director d Fundaredes Javier Tarazona, participaron en la manifestación pidiendo justicia para sus familiares.
Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante llegaron a un acuerdo conciliatorio con Lacava
El abogado Joel García, sobre el acuerdo conciliatorio, explicó que “el gobernador Lacava aseguró que su dignidad y su honor se le vulneró
El abogado Joel García, sobre el acuerdo conciliatorio, explicó que “el gobernador Lacava aseguró que su dignidad y su honor se le vulneró
Redacción
Tras llegar a un “acuerdo conciliatorio” con el gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava ante la demanda -por supuesta difamación- contra los defensores de derechos humanos Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante, este jueves ofrecieron detalles de lo acordado.
“No hemos cometido delito en ningún momento. Nos retractamos públicamente de lo que dijimos en ese momento en el informe y que no ha habido interés de acusar al gobernador de Carabobo“, destacó Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de PROVEA.
“Siempre hay riesgos en nuestros trabajos. Afortunadamente, hubo la oportunidad de conversar y quedaron abiertos varios canales con la gobernación de Carabobo. Nuestra voluntad es que en el país se fortalezcan los derechos humanos “, insistió.
“Sostuvimos varias reuniones cordiales con los representantes del gobernador Rafael Lacava, hasta llegar a este acuerdo conciliatorio. Queda abierta la posibilidad de que nuestras organizaciones podamos contribuir a un proceso de fortalecimiento y promoción de los Derechos Humanos tanto en la Policía de Carabobo y la gobernación “, indicó Alvarado.
El abogado Joel García, sobre el acuerdo conciliatorio, explicó que “el gobernador Lacava aseguró que su dignidad y su honor se le vulneró. Fuimos a la audiencia de conciliación para que explicar que no fue el propósito de ánimus difamandi. El gobernador manifestó que se sintió dolido por ello. Y es lo que estamos haciendo hoy: retractarnos de esa situación para que finalice el proceso en felices términos“.
Gobernador Lacava demandó a activistas de DDHH tras denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Carabobo
Marino Alvarado, de Provea, y el padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla, habían exigido una investigación contra el mandatario regional por la letalidad de la policía regional
Marino Alvarado, de Provea, y el padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla, habían exigido una investigación contra el mandatario regional por la letalidad de la policía regional
Juan Afonso/@jcabnews
Los defensores de DDHH, Marino Alvarado, coordinador de Provea, y el padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla, fueron demandados por "difamación agravada y continuada" por el gobernador Rafael Lacava.
Esta demanda vino dos meses después que ambos activistas de DDHH mostraran el informe Lupa Por La Vida, que dejó constancia de 221 muertes extrajudiciales cometidas por PoliCarabobo en 2021, lo que convierte al cuerpo de seguridad estadal en el más letal del país.
Estos casos fueron documentados por los activistas y presentados en marzo pasado, por lo que exigieron una investigación a toda la cadena de mando por estos hechos
Pensionados y jubilados protestan este 12 de abril con un vía crucis
Esta vez, personificaron un viacrucis a propósito de la Semana Santa
Esta vez, personificaron un viacrucis a propósito de la Semana Santa
Redacción
Pensionados y jubilados retomaron este martes las calles del país en protesta por el ajuste insuficiente y exigen el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución de Venezuela.
Esta vez, personificaron un viacrucis a propósito de la Semana Santa, con la finalidad de denunciar sus carencias.
En Caracas los pensionados y jubilados mostraron su viacrucis desde la plaza La Candelaria a partir este 12 de abril.
Los pensionados y El mismo, contempla la figura de un salario digno y suficiente que le permita vivir cubrir todas sus necesidades básicas.
Provea celebra la apertura de una oficina de la fiscalía de la CPI en Venezuela
El defensor de derechos humanos destacó que esto “es un logro especialmente de las víctimas y de los familiares que han brindado su testimonio a pesar de las amenazas, el temor y las represalias”
El defensor de derechos humanos destacó que esto “es un logro especialmente de las víctimas y de los familiares que han brindado su testimonio a pesar de las amenazas, el temor y las represalias”
Redacción
El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA) celebró este viernes el anuncio de la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.
“Esperamos que esta oficina tenga un mandato suficientemente robusto con el personal para poder atender todas las diferentes situaciones y que se generen mecanismos de protección para todas las personas que colaboren con esa oficina de la CPI dentro de nuestro país, para evitar las represalias, los ataques, la criminalización de las víctimas y las organizaciones que cooperemos con ella”, dijo el coordinador de PROVEA, Rafael Uzcátegui.
El defensor de derechos humanos destacó que esto “es un logro especialmente de las víctimas y de los familiares que han brindado su testimonio a pesar de las amenazas, el temor y las represalias. Pero también del liderazgo social y político que hemos acudido a las instancias internacionales de protección ante la ausencia de justicia en nuestro país”.
En este sentido, consideró que esta decisión ratifica “una vez más que dentro de Venezuela el Estado no tiene ni la voluntad ni la capacidad para generar por sí mismo mecanismos de investigación, justicia y no repetición de los hechos”.
Uzcátegui dijo que espera que la oficina de la CPI se convierta en un “mecanismo de disuasión frente a los abusos de poder”, como ha ocurrido con los delegados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que están presentes en Caracas.
“Desde las ONG vamos a seguir exigiendo que se permita también la visita a Venezuela de otras importantes instituciones, como la Misión de Determinación de Hechos, la CIDH o los relatores de la ONU“, concluyó.
Provea: En Venezuela no se garantiza el servicio de agua potable
Según la Organización Mundial de la Salud, “en Venezuela la tasa de mortalidad infantil por diarrea es seis veces mayor que hace 15 años
Según la Organización Mundial de la Salud, “en Venezuela la tasa de mortalidad infantil por diarrea es seis veces mayor que hace 15 años
Redacción
La ONG Provea a propósito del Día Mundial del Agua, denunció que el Estado no garantiza el servicio de agua potable a sus ciudadanos.
“Venezuela es el noveno país con las mayores reservas de agua dulce del mundo, solo superado por Brasil, Rusia, Canadá, China, Indonesia, Estados Unidos, Bangladesh y la India. Por los 916.445 km² de territorio nacional corren cerca de un millar de ríos y yacen importantes reservas de aguas subterráneas que generan una cantidad de recursos hídricos aprovechables, estimada en 93 millones de metros cúbicos al año. Pese a ello, la mayoría de los venezolanos tiene sed. El agua no llega periódicamente a las casas y la calidad de la misma es más que cuestionable”, señala el informe publicado en su página web.
Agrega que entre las promesas incumplidas por la administración de Nicolás Maduro -con respecto a la problemática del agua- “corresponde al año 2013, cuando en noviembre de ese año anunció que a través del primer ‘Plan Nacional del Agua’, se impulsaría la rehabilitación de 181 acueductos rurales en Venezuela, “para fortalecer el servicio de suministro del vital líquido a las comunidades. En esa ocasión se destinaron 16.000 millones de bolívares para ejecutar el Plan Nacional del Agua en los años 2013, 2014 y 2015, con el objetivo de fortalecer el servicio en aquellos sectores que recibían agua potable por ciclos”.
Además, en su Plan de la Patria 2019-2025, su objetivo número 3 contemplaba: “protección de cuencas hidrográficas y ambientes naturales; el fortalecimiento y mejoras de los sistemas de agua potable y la consolidación del Plan Nacional de Aguas con la participación protagónica de los comités de agua y otras organizaciones del Poder Popular”.
Por otra parte, la organización indica que “sondeos de opinión realizados por Provea y los Comités Populares de Derechos Humanos en los municipios Libertador y Sucre de la Gran Caracas, revelaron que el 87,26% de los habitantes de los barrios pobres de la capital, recibían agua de color amarillento o marrón turbio, lo que refleja los escasos esfuerzos del Estado por garantizar el saneamiento y potabilización de las aguas que llegan, también escasamente a los hogares”.
Recalca que según la Organización Mundial de la Salud, “en Venezuela la tasa de mortalidad infantil por diarrea es seis veces mayor que hace 15 años, y de acuerdo a investigadores de la Universidad Central de Venezuela, cerca de un millón de residentes en la ciudad de Caracas están expuestos a suministros contaminados“.
“La escasa disponibilidad de agua y la deficiente gobernanza de la gestión de los recursos hídricos, acentúan las desigualdades y tienen un impacto significativo en las poblaciones más vulnerables y en condición de pobreza”, insiste.
Provea propone extender septiembre el mandato la de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU
«Rechazamos la respuesta dada por el gobierno venezolano de descalificar el informe de la misión, de descalificar su trabajo, lo cual expresa la poca voluntad de rectificar»
«Rechazamos la respuesta dada por el gobierno venezolano de descalificar el informe de la misión, de descalificar su trabajo, lo cual expresa la poca voluntad de rectificar»
Redacción
Marino Alvarado, coordinador de investigación de la ONG Provea, ratificó este 18 de marzo, el apoyo a la decisión de prorrogar el mandato de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela, al tiempo que rechazó que el gobierno de Nicolás Maduro descalificara el informe presentado por este organismo.
Alvarado ofreció las declaraciones tras conocerse el informe de que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y la actualización del informe de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela.
«Ratificamos desde Provea la necesidad de prorrogar en septiembre el mandato la de la Misión de Determinación de los Hechos por la importancia de su trabajo y los aportes muy significativos que están haciendo por mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela», dijo Alvarado.
Asimismo, manifestó que el gobierno de Nicolás Maduro continua con la poca voluntad de investigar las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela. «Rechazamos la respuesta dada por el gobierno venezolano de descalificar el informe de la misión, de descalificar su trabajo, lo cual expresa la poca voluntad de rectificar», agregó Alvarado.
La corrupción en Venezuela afecta la alimentación de los venezolanos, destaca informe el Informe de FIDH-Provea
En el informe se denuncia la falta de acceso a la canasta alimentaria básica para la gran mayoría de la población venezolana
En el informe se denuncia la falta de acceso a la canasta alimentaria básica para la gran mayoría de la población venezolana
Redacción
El nuevo informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Provea titulado “Con la Comida no se Juega: Graves Violaciones al Derecho Humano a la Alimentación en Venezuela”, muestra cómo el deterioro institucional y democrático del Estado venezolano, así como las políticas públicas del Estado, han causado graves violaciones al derecho a la alimentación desde 2016.
El informe de 72 páginas, fruto de una misión de investigación conducida por un equipo multidisciplinario durante el año 2021, denuncia la falta de acceso a la canasta alimentaria básica para la gran mayoría de la población venezolana.
El informe señala que el gobierno venezolano tiene la obligación de adoptar medidas para aliviar el hambre, al haber ratificado en 1978 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que se reconoce el derecho a la alimentación. Después de muchos años de silencio, el gobierno de Maduro ha empezado a reconocer la gravedad de la crisis. La implementación en 2019 de la dolarización informal y la liberalización focalizada han disminuido la escasez de productos vivida los años anteriores, pero muchos de estos son inasequibles para la mayoría de la población cuyos ingresos son en bolívares, no en dólares.
La pobreza se ha incrementado exponencialmente, llegando al 94,5% de la población en 2021. En los últimos seis años, el producto interno bruto (PIB) de Venezuela se ha contraído en más del 80%, representando una de las contracciones económicas más violentas que haya conocido el hemisferio fuera de contextos de enfrentamiento armado. A esto se suma un cuadro hiperinflacionario de más de tres años, agravando la inseguridad alimentaria.
El resultado de estas condiciones económicas ha sido el desarrollo de una emergencia humanitaria compleja caracterizada además de las abrumadoras cifras de pobreza por la inseguridad alimentaria, la desnutrición infantil y una extensa ola migratoria que ha expulsado a casi seis millones de personas. Se ha estimado que, para 2020, al menos 30% de los niños y niñas padece de alguna forma de desnutrición, entre quienes más de la mitad sufriría de desnutrición aguda o severa. El informe desvela la afectación diferenciada en el acceso al derecho a la alimentación por parte de otros grupos vulnerables, como las personas privadas de libertad, las personas mayores y las mujeres.
La falta de acceso a otros recursos como la tierra, el agua y ciertos servicios básicos también influye en la inseguridad alimentaria. La capacidad de tratamiento y distribución del agua potable es hoy solo 40% de la capacidad que tenía el país en 1998. Además, la generación de electricidad ha caído 74%, por lo que, durante el año 2021, se registraron 174.000 apagones que afectaron al 74,2% de la población. Finalmente, la escasez de cilindros de gas para cocinar obligó a 5,4 millones de personas a cocinar con leña en 2021.
El informe muestra cómo la alimentación es una de las áreas más afectadas por los altísimos niveles de la corrupción en Venezuela, con la captura de las redes de producción y distribución de alimentos; por lo que ha sido un factor determinante en la afectación del derecho de la población venezolana a un nivel de alimentación adecuada. De acuerdo con el derecho internacional, el Estado de Venezuela tiene una obligación de proteger contra el desvío de los fondos públicos.