El proyecto de Ley contra las ONG y afines obliga a inscribirse en un registro para defender a la nación
De aprobarse el proyecto de ley que estudia el Parlamento contra las organizaciones no gubernamentales y afines, la obligación de inscribirse en el Registro de Defensa Integral convertirá a todos los integrantes de las distintas organizaciones civiles que operan en Venezuela en potenciales reservistas de la FANB
De aprobarse el proyecto de ley que estudia el Parlamento contra las organizaciones no gubernamentales y afines, la obligación de inscribirse en el Registro de Defensa Integral convertirá a todos los integrantes de las distintas organizaciones civiles que operan en Venezuela en potenciales reservistas de la FANB
Nota de prensa
Ha sido el que ha acaparado más titulares, pero el Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales es apenas uno de los obstáculos que deberán superar las organizaciones sin fines de lucro (OSF) nacionales para operar o continuar operando en Venezuela.
El polémico proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el pasado 24 de enero, también obliga a estas entidades civiles a inscribirse en otros registros como el de Defensa Integral. Así figura en el numeral 4 del artículo 14 del texto que presentó el diputado oficialista Diosdado Cabello.
¿Cuál es el objeto de ese registro, qué ley lo crea y a qué obligará a las organizaciones civiles a las que se les aplica el proyecto de ley?
Primero, el Registro de Defensa Integral está previsto en la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, dictada por el Parlamento en 2014 y publicada en Gaceta Oficial n.º 40.440 del 25 de junio de ese año. Segundo, «es un servicio público, permanente, gratuito, automatizado y obligatorio, orientado a la inscripción de la persona natural en situación etaria y la persona jurídica, así como la actualización de sus datos», como lo establece el artículo 35 de esa ley.
En tercer lugar, el artículo 2 del instrumento citado señala que sus disposiciones son aplicables «a los venezolanos por nacimiento o por naturalización en situación etaria (18 a 60 años se agrega en el artículo 4)» y a las «personas jurídicas, entes públicos y privados». En este punto hay que advertir que la norma no hace ninguna distinción ni excepción entre asociaciones, sociedades, fundaciones, institutos autónomos, universidades, sindicatos o gremios, entre otros.
Por su parte, en el artículo 3 se precisa que el registro busca garantizar «las cuotas de reemplazo (de tropas)» para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y «la capacitación y adiestramiento de los venezolanos por nacimiento o por naturalización durante la prestación del servicio militar».
Además, la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral obliga a los órganos y entes públicos o privados a exigir como requisito indispensable para la inclusión en nómina o contratación el certificado de inscripción de la persona natural en el Registro de Defensa Integral o constancia de haber cumplido con el servicio militar (artículo 44).
Adicionalmente, en el caso de las personas jurídicas, la constancia de inscripción en este registro es condicionante para la obtención de solvencias laborales (artículo 46), mientras que los particulares no podrán obtener una licencia de conducir (artículo 45) ni un título universitario si no la presentan (artículo 47).
Así, de aprobarse el proyecto de ley que estudia el Parlamento contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) y afines, la obligación de inscribirse en el Registro de Defensa Integral convertirá a todos los integrantes, trabajadores, miembros y voluntarios de las distintas organizaciones civiles que operan en Venezuela en potenciales reservistas de la FANB y, por lo tanto, podrán ser convocados por el presidente de la República, en su condición de comandante en jefe de la institución castrense, a realizar entrenamientos y capacitaciones en materia militar o a incorporarse a los cuarteles en caso de guerra, conmoción o desastre nacional.
El artículo 39 de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral da a las personas naturales un plazo de 60 días, una vez cumplidos los 18 años, para registrarse. Por su parte, el artículo 40 les da a las personas jurídicas un plazo de 60 días a partir de la fecha de su formalización ante el registro respectivo. Es decir, una vez que las organizaciones a las que se les aplica el proyecto de ley se constituyan ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y sean autorizadas para funcionar, deberán inscribirse en un plazo de 60 días en el Registro de Defensa Integral.
El artículo 103 de esta ley también obliga a las organizaciones notificar el cambio del domicilio fiscal, modificación del objeto de la razón social o cualquier otra circunstancia que pueda modificar su condición inicial en el Registro para la Defensa Integral.
Más multas y sanciones
La Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación prevé sanciones en caso de que alguna individualidad o institución incumpla el deber de inscribirse en el registro. Así, los artículos 100 y 101, respectivamente, prevén multas de hasta 15 unidades tributarias en el caso de las personas naturales, y entre 50 y 150 en el caso de las personas jurídicas que no se inscriban en el tiempo establecido en la ley.
Además, el artículo 99 del instrumento señala que
«los órganos o entes de la administración pública y privada, el patrono o patrona de empresas de derecho público o privado, los representantes de las cooperativas o consejos comunales, antes de celebrar el contrato de trabajo, que no exijan la documentación que acredite la inscripción o actualización de datos en el registro permanente o prestación del servicio militar, serán sancionados con multa entre 30 Unidades Tributarias (30 U.T.) y 40 Unidades Tributarias (40 U.T.), sin menoscabo de las demás sanciones administrativas correspondientes».
Adicionalmente, si la persona jurídica no notifica algún cambio al registro, será sancionada con multa entre 50 y 100 unidades tributarias, sin menoscabo de las demás sanciones administrativas correspondientes (artículo 103). Y si la persona jurídica es reincidente en el incumplimiento de las normas para la actualización de datos en el Registro para la Defensa Integral, será sancionada con multas entre 150 y 250 unidades tributarias, que debe cancelar dentro de los primeros 30 días continuos, a la fecha de imposición de la sanción (artículo 104). En caso de incumplir con este lapso, la sanción será entre 250 y 350 unidades tributarias, sin menoscabo de las demás sanciones administrativas correspondientes.
Estas medidas que se suman a las que también establece el borrador presentado por el chavismo contra las OSF y no solo las ONG, pueden llevar a la imposibilidad de funcionar de cualquier agrupación de este tipo, pues parece imposible cumplir con toda la avalancha de trámites burocráticos que el proyecto contempla.
La obligatoriedad de la inscripción en el registro militar a las personas naturales y jurídicas, así como las sanciones antes mencionadas, vulneran los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la progresividad de los derechos, a la asociación, al trabajo y hacen nula la prohibición del reclutamiento forzoso.
En 2016 un grupo de organización demandaron la nulidad del primer texto ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, en su sentencia n.º 1.084 del 13 de diciembre de ese mismo año el máximo juzgado desechó la petición escudándose en la falta de representación de los accionantes.
¿Discriminación?
La Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral nunca ha sido aplicada a las personas jurídicas y tampoco se ha dado el registro de las personas naturales como condición para un empleo. Tampoco se creó un sistema de registro para las personas jurídicas. Así, si se creara el registro solo para las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro a las que el proyecto de ley califica como ONG, ¿no sería discriminatorio? Sin duda, ya que la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral no lo prevé de esa manera, es para todas las personas jurídicas del sector público y del sector privado.
Sin embargo, el proyecto de Ley contra las ONG y afines sí lo establece, lo que no solo dificulta aún más su funcionamiento, sino que las ubica en una situación de minusvalía respecto de las demás formas asociativas reguladas por ley especial.
La justificación del Estado venezolano para crear todos estos requisitos es contar con un registro especial para las ONG, pero ya existe el registro civil, lo que habría es que ponerlo en funcionamiento, ya que, paradójicamente, desde hace un tiempo se han paralizado los registros de las ONG o de sus actas, lo que ha llevado a una ilegalización de hecho de las mismas.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La eventual combinación de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines parece formar parte de una estrategia del Gobierno Nacional que busca exacerbar la ya amplia militarización de la sociedad. La convergencia de ambos textos forzará a defensores de derechos humanos, educadores, trabajadores humanitarios, entrenadores deportivos, ambientalistas, entre otros, a formar parte del mundo castrense. También, obligará a las OSF, sin importar su forma jurídica ni su objeto a registrarse bajo la forma de ONG, salvo aquellas regidas por una ley especial.
El texto que estudia la AN parece ser el último ladrillo del muro que las autoridades vienen levantando para impedir el ejercicio de los derechos fundamentales a la asociación y a la participación en los asuntos públicos.
CFD certifica a nuevos Líderes Democráticos Multiplicadores
El acto estuvo presidido por los directores del CFD y también profesores del programa Nicolasa Caraballo, Héctor Méndez y Esther Núñez
El acto estuvo presidido por los directores del CFD y también profesores del programa Nicolasa Caraballo, Héctor Méndez y Esther Núñez
Nota de Prensa
Barcelona 04/04/2020.- El Centro de Formación para la Democracia (CFD) continúa su programa de Líderes Democráticos Multiplicadores con la culminación de la II Cohorte, certificando a 25 nuevos egresados, quienes se suman a los 37 cursantes que recibieron sus diplomas en 2021.
Temas como ciudadanía, liderazgo, democracia y comunicación fueron estudiados, analizados y discutidos, desde sus bases históricas hasta la realidad actual de Venezuela, por los cursantes y 14 profesores y foristas, en unas 74 horas académicas presenciales y virtuales.
En el acto de certificación el cursante Jesús Chacín fue el encargado de hablar por los egresados sobre la importancia y valor del proceso que culminan, “Este es el comienzo de una generación de cambio, de acción, basada en hechos y no en palabras, de compromiso, dedicación y entrega a una causa, que no es menos que la recuperación de un sistema democrático y de un país, ese país que amamos y se llama Venezuela”.
Lo aprendido por los cursantes tuvo impacto el activismo social y político realizado, de los cuales se concretaron 12p royectos en los municipios Bolívar, Urbaneja, Sotillo y Bruzual del estado Anzoátegui.
El acto estuvo presidido por los directores del CFD y también profesores del programa Nicolasa Caraballo, Héctor Méndez y Esther Núñez. Caraballo invitó a los egresados a ser “líderes transformadores que hacen la diferencia en sus espacios de acción. Que mantengamos siempre los valores del CFD en nuestra vida”.
Más allá de la importancia de los conocimientos académicos y de activismo, el profesor Méndez refirió que “La oración y la parte espiritual es sumamente importante a la hora de ejercer nuestro liderazgo. Tengamos eso siempre presente”.
Tomando en cuenta que la misión del CFD es ser un agente de cambio, la directora de la ONG Esther Núñez, recordó a los presentes “Que lo aprendido hoy sea algo que podamos multiplicar para que el cambio que todos queremos pueda ser tangible y sea concreto en nuestro país”.
En las dos cohortes egresadas del CFD, se han invertido 18 meses de estudio y activismo efectivo, con más de 200 horas académicas, 22 docentes y foristas, 28 proyectos, 62certificaciones y más de 3.200 personas impactadas. Todos los cursantes reciben una beca para el programa y capital semilla para la ejecución de sus proyectos de activismo.
El Centro de Formación para la Democracia es una Organización No Gubernamental, que se ha convertido en un espacio dedicado a la participación, formación e innovación social,
que permite el aprendizaje y trabajo colaborativo enfocado al desarrollo sustentable y la democracia competitiva.
La ONU denuncia represalias de la administración de Maduro contra ONGs que cooperan con la Organización
Destacaron que las ONG fueron etiquetadas como “criminales”, “mercenarios”, “ladrones”, “terroristas” y “enemigos del Estado”, en foros de la ONU y en portales en línea afiliados al gobierno
Destacaron que las ONG fueron etiquetadas como “criminales”, “mercenarios”, “ladrones”, “terroristas” y “enemigos del Estado”, en foros de la ONU y en portales en línea afiliados al gobierno
Redacción
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la alta representante para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunciaron en un informe conjunto las represalias de la administración de Nicolás Maduro en contra de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos que han cooperado con los mecanismos de la ONU.
En el documento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Guterres y Bachelet reseñaron la “intimidación y represalias contra los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil que cooperaron o fueron percibidos como cooperantes con la ONU, en particular aquellos que implementan programas humanitarios de la ONU“.
Destacaron que las ONG fueron etiquetadas como “criminales”, “mercenarios”, “ladrones”, “terroristas” y “enemigos del Estado”, incluso en foros de la ONU y en portales en línea afiliados al gobierno.
Indicaron, además, que “las condiciones de detención de algunas personas empeoraron luego de su cooperación con la ONU, incluso después de la inclusión de sus casos en el informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela (FFM)“, resaltando el caso del capitán Luis de la Sotta.
También documentaron “la estigmatización de cinco ONG y dos personas por parte de altos funcionarios del Estado tras su cooperación con la ONU, incluida la FFM: Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC); Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS); Centro de Justicia y Paz (CEPAZ); Control Ciudadano y su directora Sra. Rocío San Miguel; y Espacio Público y su director el Sr. Carlos Correa”.
El caso de la ONG Azul Positivo y la detención de cinco de sus voluntarios también fue denunciado por Guterres y Bachelet.
Unos 140 ataque e incidentes contra ONGs y defensores de los DDHH se registraron en julio
El CDJ denunció que el Estado venezolano recrudece la política de criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos
El CDJ denunció que el Estado venezolano recrudece la política de criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos
Redacción
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 140 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos en el mes de julio en Venezuela; siendo el mes con mayor cantidad de casos en lo que va de año.
“El derecho a defender, promover y exigir los derechos humanos se encuentra bajo un constante ataque por parte del Estado. El entorno para su ejercicio es más hostil y adverso a medida que se profundiza la política de criminalización”, advirtió la organización.
El CDJ denunció que el Estado venezolano recrudece la política de criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, profundizando la “lógica del enemigo interno”, aumentando los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos.
Los 140 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:
Estigmatización: 112
Intimidación y hostigamiento: 14
Detención arbitraria: 5
Judicialización: 4
Otros: 3
Allanamiento: 2
ONG advierte el riesgo que enfrentan pacientes del JM de los Ríos por falta de insumosz
La organización recordó que “el Estado está obligado a suministrar insumos, medicamentos”
La organización recordó que “el Estado está obligado a suministrar insumos, medicamentos”
Redacción
La ONG Prepara Familia denunció este martes el riesgo que enfrentan los pacientes de hospital de niños JM de los Ríos por falta de insumos.
“Siguen pasando semanas y meses y niños hospitalizados o con tratamientos en el Hospital J.M de Los Ríos no cuentan con inyectadoras, yelcos, macrogoteros, agujas, adhesivos, guantes. No pueden seguir esperando no pueden suspender sus tratamientos”, denunció la ONG.
Prepara Familia alertó que “los niños que reciben quimioterapias están en riesgo de no poder continuar recibiendo su tratamiento, los que reciben transfusiones, los que necesitan que se les coloque una vía”.
La organización recordó que “el Estado está obligado a suministrar insumos, medicamentos” y darle prioridad a la atención de estos niños, niñas y adolescentes, que tienen medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Denuncian ante la Alta Comisionada de los DDHH de la ONU la discriminación con vacunas anticovid en Venezuela
Las organizaciones también denunciaron que el Ministerio de Salud del régimen de Nicolás Maduro aún no ha aprobado un Plan Oficial de Vacunación contra la COVID-19 en Venezuela
Las organizaciones también denunciaron que el Ministerio de Salud del régimen de Nicolás Maduro aún no ha aprobado un Plan Oficial de Vacunación contra la COVID-19 en Venezuela
Redacción
Unas 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas colegios y asociaciones médicas y académicas, enviaron una carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunciando las violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela en el contexto de la pandemia del coronavirus.
En el documento, las ONGs denuncian “las recientes violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en el país, muy especialmente, a los derechos a la vida, la salud, la no discriminación y a la equidad en el acceso a los servicios, en el marco de la COVID 19“.
Entre estos hechos, hacen referencia a la jornada de vacunación realizada en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en el estado Carabobo, donde médicos y personas de la tercera edad no fueron vacunados por no estar registrados en el Sistema Patria.
Las organizaciones también denunciaron que el Ministerio de Salud del régimen de Nicolás Maduro aún no ha aprobado un Plan Oficial de Vacunación contra la COVID-19 en Venezuela, “en el que se prioricen, de manera
clara y sin ambigüedad alguna, los grupos a ser vacunados; ni tampoco ha definido los mecanismos de supervisión y control que contribuyan a preservar la transparencia en los procesos de toma de decisiones sobre su implementación, con la participación de ciudadanos pertenecientes a los grupos priorizados”.
Ante ello, solicitaron la intervención y buenos oficios de Bachelet para que “además de expresar su preocupación, realice propuestas concretas e inmediatas ante el Estado venezolano” para que este adopte medidas dirigidas a:
• Respetar los derechos humanos de la población venezolana en general y, muy especialmente, el derecho a la vida, la salud, la no discriminación, la igualdad y la equidad.
• Aprobar y divulgar con carácter de urgencia, mediante el acto administrativo que considere adecuado, el Plan de Vacunación Oficial contra la COVID-19 de la República Bolivariana de Venezuela, cuya elaboración ha de atender los principios básicos del marco de valores para la asignación y priorización de la vacunación contra la COVID-19 del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico de la Organización Mundial de la Salud.
• Proteger adecuadamente a los grupos de población que sufren una carga desproporcionada por la COVID-19, y que por tal razón son clasificados como priorizados, entre los cuales el personal de salud conforma la primera prioridad.
• Cumplir efectivamente la meta nacional de vacunados contra la COVID-19, consistente en 22.820.000 personas.
Cientos de ONGs venezolanas exigen derogar nueva norma de “registro por terrorismo”
Asociaciones venezolanas denuncian que el gobierno de Nicolás Maduro les obliga a cumplir un registro “inconstitucional” para fiscalizar sus actividades, bajo amenaza de ilegalización y penas de cárcel a sus miembros
Asociaciones venezolanas denuncian que el gobierno de Nicolás Maduro les obliga a cumplir un registro “inconstitucional” para fiscalizar sus actividades, bajo amenaza de ilegalización y penas de cárcel a sus miembros
Con información de Voz de America
MARACAIBO, VENEZUELA. - Unas 600 organizaciones no gubernamentales de Venezuela expresaron su rechazo “categórico y definitivo” a una providencia oficial que les exige registrarse ante una oficina gubernamental “contra la delincuencia y financiamiento al terrorismo”, porque la consideran ilegal.
El gobierno venezolano publicó en la Gaceta Oficial, el pasado 30 de marzo, una normativa que crea el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, donde estarán expuestos a la fiscalización de sus listas de donantes, movimientos financieros, actas constitutivas, beneficiarios y socios.
Al menos 663 de estas organizaciones no gubernamentales, firmaron un pronunciamiento en el que repudian la medida por “constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado”.
Según las organizaciones firmantes, el ministerio de Interior del presidente Nicolás Maduro podrá, asimismo, vigilar las asambleas, miembros y personal de estas organizaciones civiles “bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos, por no estar sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por una ley especial”.
La disposición gubernamental obliga al registro antes del 1 de mayo próximo, es decir, dentro de apenas 10 días, de todas las personas naturales o jurídicas “de naturaleza no financiera”, especialmente a las organizaciones sin fines de lucro.
La norma amenaza con decisiones de ilegalización e inclusive cárcel para quienes la incumplan. De acuerdo con los firmantes, la medida pone en riesgo los roles de miles de organizaciones venezolanas que brindan apoyo a sectores vulnerables en un contexto donde “millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.
Norma "sublegal" y "arbitraria"
Organizaciones como Amnistía Internacional, Provea, el Centro de Justicia y Paz, Cofavic y diversos gremios profesionales, como el Colegio de Abogados, califican la nueva regla administrativa No. 001-2021 de la Gaceta Oficial 42.098 como “una normativa sublegal, que regula asuntos reservados a las leyes”.
Resaltan que tiene “un rango inferior a reglamentos y resoluciones”, pretendiendo establecer procedimientos, requisitos, plazos y certificaciones no contemplados en ningún otro instrumento del ordenamiento jurídico nacional.
“Son arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir. Omite la existencia de normas constitucionales, leyes y resoluciones en Venezuela que protegen y regulan la actividad de las organizaciones conforme a su naturaleza sin fines de lucro y su carácter de asociaciones libres”, advierten.
El comunicado en conjunto estima que esa providencia supone una “grave amenaza” para los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil.
“Se obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano, violando sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad”, complementan.
Quienes suscriben el documento se declaran comprometidos en sus propósitos, en especial en evitar riesgos de delación, estigmatización, abusos de discriminación o privación de acceso a bienes y servicios esenciales.
Recuerdan que el actual marco regulatorio de las organizaciones no gubernamentales no admite ningún control previo a sus asociaciones, si bien admiten que el ejercicio de sus derechos puede estar sujeto a regulaciones derivadas de “leyes legítimamente adoptadas, con limitaciones temporales y proporcionales, y no discriminatorias”.
El comunicado también valora que la providencia viola los principios de presunción de inocencia y de legalidad de las organizaciones en cuestión.
“Todas las organizaciones de la sociedad civil estarían sometidas a un estado general de sospecha bajo el control discrecional de un órgano con funciones de supervisión e inteligencia en materia de delitos de legitimación de capitales y terrorismo que deberían estar restringidas al sistema financiero y las cuales se desnaturalizan al emplearse para controlar a las organizaciones”, apuntan.
El registro que pretende el gobierno de Maduro, indican, está alejado de las prácticas y estándares internacionales” de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, denuncian. La verdadera intención, dicen, es “ejercer un control ilegítimo sobre las labores de nuestras organizaciones”.
Declaran inaceptable la aplicación de la norma oficial y opinan que traería “mayores consecuencias lamentables de sufrimiento humano para la población venezolana”, por lo que exigen su derogación inmediata.
Centenares de observatorios de derechos humanos, sindicatos, fundaciones, asociaciones vecinales, alianzas políticas y sanitarias, universidades, centros de formación, y promotores de alimentación firman el pronunciamiento.
Más 80 organizaciones en América Latina exigen a Maduro cesar represión contra sociedad civil
“Esta normativa es la más reciente de una serie de acciones implementadas para restringir e intimidar a organizaciones de la sociedad civil, especialmente dirigida a aquellas que reciben apoyo de donantes internacionales”
“Esta normativa es la más reciente de una serie de acciones implementadas para restringir e intimidar a organizaciones de la sociedad civil, especialmente dirigida a aquellas que reciben apoyo de donantes internacionales”
Redacción
Más de 80 organizaciones internacionales en Latinoamérica emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación ante la arremetida de la administración de Nicolás Maduro contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) al exigirles revelar identidades de sus beneficiarios y víctimas vulnerables en Venezuela.
“Esta normativa es la más reciente de una serie de acciones implementadas para restringir e intimidar a organizaciones de la sociedad civil, especialmente dirigida a aquellas que reciben apoyo de donantes internacionales. En octubre de 2020, el gobierno de Maduro emitió una resolución que requiere a todas las ONG internacionales que buscan operar dentro de Venezuela que registren con el estado ‘las actividades a realizar en territorio de la República Bolivariana en Venezuela’ y sus intenciones”.
Comunicado completo:
Mientras se consolida el autoritarismo en Venezuela, los ataques por el gobierno de facto de Nicolás Maduro contra la sociedad civil se vuelven cada vez más comunes. El 30 de marzo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz venezolano publicó en la Gaceta Oficial una nueva normativa para el registro unificado de personas naturales y jurídicas obligadas bajo la Ley Orgánica contra la Delincuencia y el Terrorismo, en el que obligan a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones sin fines de lucro del país a entregar datos confidenciales sobre sus aportes y beneficiarios. Por ejemplo, debido a su definición amplia de “beneficiarios,” la medida establece un requisito alarmante que exige que se revele las identidades de las víctimas y comunidades vulnerables servidas por las ONG de derechos humanos y asistencia humanitaria. Esta acción es un claro esfuerzo para monitorear y limitar el trabajo de las organizaciones independientes de la sociedad civil que, bajo la legislación venezolana actual, ya están obligadas a registrarse con el estado.
Esta normativa es la más reciente de una serie de acciones implementadas para restringir e intimidar a organizaciones de la sociedad civil, especialmente dirigida a aquellas que reciben apoyo de donantes internacionales. En octubre de 2020, el gobierno de Maduro emitió una resolución que requiere a todas las ONG internacionales que buscan operar dentro de Venezuela que registren con el estado “las actividades a realizar en territorio de la República Bolivariana en Venezuela” y sus intenciones. Poco después, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Venezolanas (Sudeban) anunció el 20 de noviembre del 2020 que exigiría a todas las instituciones financieras venezolanas la vigilancia de todas las operaciones comerciales y financieras realizadas por organizaciones sin fines de lucro en el país. La normativa emitida el 30 de marzo es una continuación de estos esfuerzos para restringir, intimidar y potencialmente criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil independiente en Venezuela.
También nos preocupan los reportes según los cuales la Asamblea Nacional que inició funciones en enero ha propuesto un proyecto de ley que podría restringir aún más las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y los derechos de los defensores y las defensoras. El 15 de abril, la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración propuso la adopción de una “Ley de Cooperación Internacional”, la cual ya fue aprobada en la primera ronda de discusión por la Comisión. Aunque todavía no se ha hecho público el texto de esta legislación, las organizaciones firmantes estamos preocupadas por la posibilidad que esta ley imponga aún más restricciones a la capacidad de las ONG en el país de acceder al financiamiento internacional para sus actividades, como hizo un proyecto de ley similar de “Ley de Cooperación Internacional,” propuesto en 2015.
La amenaza de estas restricciones y requisitos de registro es grave dado el acoso, la intimidación y las detenciones arbitrarias que miembros de la sociedad civil y las ONGs en Venezuela han enfrentado en los últimos meses. El 12 de enero, cinco defensores de la ONG venezolana Azul Positivo, que trabaja para suministrar asistencia a personas que viven con VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos por casi un mes bajo cargos sin fundamento de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Los cargos en su contra aún no han sido retirados después de la liberación condicional de los defensores el 10 de febrero, lo cual impulsó a expertos independientes de las Naciones Unidas a pedir a las autoridades venezolanas que “cesen los continuos y crecientes ataques e intimidaciones contra organizaciones de la sociedad civil y periodistas en el país.” Docenas de organizaciones de la sociedad civil de Venezuela también han enfrentado la intimidación y amenazas en forma de acusaciones públicas y difamación, congelamientos de cuentas bancarias, órdenes de detención y allanamientos de las oficinas de ONGs por agentes de las fuerzas de seguridad. Entre enero y marzo del 2021, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) registró 215 casos de persecución y criminalización por parte del gobierno de Maduro. Este patrón fue denunciado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet. El 22 de febrero, la Alta Comisionada anunció que su oficina había “documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición” desde septiembre de 2020. Asimismo, varias organizaciones recientemente alertaron en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las políticas de criminalización contra defensores y defensoras y organizaciones de la sociedad civil y su agravamiento acelerado en el actual contexto.
Como organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en las Américas, estamos profundamente preocupadas por esta noticia, e instamos a las autoridades venezolanas a que cumplan con sus obligaciones jurídicas internacionales y cesen inmediatamente la represión y el acoso contra la sociedad civil independiente de Venezuela. También instamos a la comunidad internacional y a las instancias relevantes de las Naciones Unidas a que apoyen activamente a las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, y otros activistas en Venezuela, para asegurar que su persecución constante no se enfrente a la indiferencia. Venezuela necesita urgentemente una solución pacífica y democrática a la crisis política, humanitaria, y de derechos humanos que enfrenta. Tal solución no será posible sin una sociedad civil independiente y activa para promoverla.
ONGs valoran de “significativo" trabajo con Programa Mundial de Alimentos
Representantes de distintas organizaciones calificaron de significativo el acuerdo que alcanzó la organización internacional con el Gobierno de Nicolás Maduro
Representantes de distintas organizaciones calificaron de significativo el acuerdo que alcanzó la organización internacional con el Gobierno de Nicolás Maduro
Con información de Voz de América
CARACAS - Desde hace meses, diversas Organizaciones No Gubernamentales habían solicitado que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) ingresara al país con “todas sus capacidades” para hacer frente a la inseguridad alimentaria que atraviesa Venezuela.
En ese sentido, la visita de David Beasley, Director Ejecutivo de esa organización humanitaria, quien alcanzó un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para iniciar operaciones y llevar comida a escuelas, fue bien recibido por la sociedad civil y supone, en primer lugar, “el reconocimiento de la gravedad de la emergencia humanitaria compleja”.
Representantes de distintas organizaciones coincidieron en que se trata de un paso “significativo para fortalecer la respuesta a la emergencia humanitaria”.
“Priorizar a preescolares hará que los impactos de este programa duren toda una vida…buen trabajo”, reaccionó en su cuenta en Twitter la experta en seguridad alimentaria, Susana Raffalli.
“Que miles de niños y niñas de familias pobres empiecen pronto a recibir un plato de comida y no puedan ser usados para propaganda política o chantajear a sus padres, es una buena noticia. Bienvenido el Programa Mundial de Alimentos”, manifestó, Marino Alvarado, coordinador de investigación de la organización defensora de derechos humanos, Provea.
Papel de las ONGs
Luis Francisco Cabezas, director de Convite, asociación civil dedicada a atender a las personas mayores, con más de 15 años de trayectoria, considera que el WFP debió haber estado en Venezuela desde hace mucho tiempo, pero obstáculos gubernamentales lo impidieron.
“Tenemos más de dos años haciendo llamamientos para que el WFP entre con todas sus capacidades. Ellos ya estaban en el país, pero fundamentalmente levantando información, haciendo una especie de triaje de la situación humanitaria”, explica.
“Ellos tienen una gran capacidad sobretodo para mitigar el impacto en el tema nutricional, para evitar bolsones de pobreza importantes por todo el país, con importantes dígitos de malnutrición y desnutrición, pero tiene la capacidad de reactivar las capacidades productivas propias, tiene la capacidad del suministro de semillas, de fertilizantes”, agrega.
Consultado por la Voz de América, Cabezas no descarta que el WFP pueda servir de mediador para que cese la persecución contra organizaciones sin fines de lucro debido a la importancia que tienen como actores humanitarios.
“El WFP no puede solo, por más capacidad logística que tienen y es por una razón muy sencilla, quienes conocemos el campo somos los que estamos acá, ellos fundamentalmente vienen con su know how en las capacidades instaladas que tienen para hacer llegar la ayuda y su know how en el tema de identificación rápida de las necesidades”, subraya.
“No es posible el despliegue de la ayuda humanitaria sin el apoyo de las organizaciones locales, esta amenaza no es sólo contra las organizaciones locales, también contra organizaciones internacionales”, añade.
La semana pasada se conoció de una providencia que establece que organizaciones sin fines de lucro deben inscribirse en un registro que las obliga a entregar al gobierno de Nicolás Maduro la información sobre sus actividades, incluyendo el listado de personas que reciben asistencia benéfica y humanitaria.
Una normativa considerada “inconstitucional” por especialistas, que estiman, tendrá un impacto negativo sobre el trabajo de miles de organizaciones, en especial de aquellas que atienden a víctimas de derechos humanos y a los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Venezuela integra una lista de 45 países “en crisis que necesitan ayuda alimentaria externa”.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida, tres de cada siete hogares venezolanos presentan inseguridad alimentaria severa, un panorama que podría agravarse, entre otras cosas, como consecuencia de la escasez de combustible.
Más de 20 ONG’s exigen investigar la “masacre” de La Victoria (Comunicado)
Exigieron investigar de forma imparcial y exhaustiva la masacre en la cual fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos efectivos de las Faes en el Ripial
Exigieron investigar de forma imparcial y exhaustiva la masacre en la cual fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos efectivos de las Faes en el Ripial
Redacción
La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (FUNDEHULLAN) en conjunto con otras organizaciones no gubernamentales (ONGs) de la región elevaron su voz, a través un comunicado, condenando los sucesos de violencia acaecidos en la parroquia Urdaneta del municipio José Antonio Páez del estado Apure, donde se han dado enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y la guerrilla denominada como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), algo que ha traído como consecuencia el desplazamiento de 4.000 venezolanos al país vecino.
Asimismo, exigieron investigar de forma imparcial y exhaustiva la masacre en la cual fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos efectivos de las Faes en el Ripial. Estas personas fueron sacadas de sus hogares en el barrio 5 de julio, los funcionarios alegaron que eran “guerrilleros”. Hecho que conmociona la sociedad venezolana y a la comunidad internacional.
A continuación, el comunicado íntegro:
La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, FUNDEHULLAN desea fijar posición ante los hechos acaecidos en la población de La Victoria, en el estado Apure, en la que desde el pasado Domingo 21 de Marzo del 2021, hasta el día de hoy, se registraron varios bombardeos por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), hacia campamentos guerrilleros concentrados en Parroquia Urdaneta del Municipio José Antonio Páez del referido estado, como es del conocimiento público dicho sector es zona fronteriza con la República de Colombia. Tales acciones han afectado a productores y habitantes del lugar contándose entre ellos población vulnerable: niños, ancianos, mujeres, y familias en general. Son numerosas las familias desplazadas forzadamente por estos violentos hechos, las cuales han tenido que huir de sus propiedades a través del río Arauca un aproximado de 4.000 ciudadanos han pasado hacia el vecino país, los cuales han sido atendidos en albergues de campaña y han recibido atención médica, alimentación y resguardo, según informes extraoficiales, se continúan presentado enfrentamientos por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes atacaron las siguientes instalaciones: sede de la Aduana, y las oficinas del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), donde se evidencia un uso desproporcionado de la fuerza, convirtiéndose en tragedia, violando todos los preceptos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en el año 1948 a través de la organización de las Naciones Unidas, (ONU).
En esta zona se registró un lamentable hecho, el jueves veinticinco (25) de marzo del presente año, fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos funcionarios de las FAES en el Ripial, Municipio Páez. Estas personas fueron sacadas junto a otras personas de sus hogares en el barrio 5 de julio, los funcionarios alegaron que eran “guerrilleros”. Hecho que conmociona a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional.
Venezuela como Estado firmante se compromete velar por la garantía y protección de estos Derechos que se refieren tanto a la protección individual, vida, integridad, libertad, seguridad; como también aquellos aspectos que garantizan el disfrute del bienestar colectivo tales como: seguridad social, salud, educación, trabajo, vivienda, recreación. Aquí se está violentando el derecho de todos los lugareños, campesinos que abandonan su siembra, sus cosechas, al tener una huida forzada, así mismo su vivienda, basándose en los principios de libertad e igualdad, la declaración Universal de los derechos humanos hace especial énfasis, en la necesidad de desarrollar una orden de justicia a nivel internacional que garantiza la plena vigencia de los derechos contemplados en ella.
Venezuela suscribió los postulados y principios contenidos en la declaración Universal, así se comprometió ante la comunidad internacional de hacer efectiva su vigencia es por tanto; que solicitamos el cumplimiento de los Derechos establecidos en ella, sumado a este marco jurídico también están expresados y reconocidos por nuestra constitución nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Desde la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, FUNDEHULLAN, la Red de Justicia Libertad, condenamos enérgicamente estos hechos crueles y denunciamos las violaciones ocurridas ante la comunidad internacional el sistema Interamericano, Cruz Roja Internacional, la alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelett y en el orden interno a la Defensoría del Pueblo, La Fiscalía de Protección a la Mujer a una vida libre de violencia, la Fiscalía de protección del niño niña y Adolescente a tomar las medidas de restitución de estos derechos civiles vulnerados en esa Parroquia y sus comunidades afectadas en la región Llanera.
Por último exigimos una investigación exhaustiva al Fiscal General de la República ante los hechos que se registraron el jueves 25 de marzo, asimismo solicitamos que las autoridades competentes se pronuncien ante los últimos acontecimientos que se suscitaron en el estado Apure.
Es justicia en la ciudad de San Fernando Estado Apure, a los 26 días del mes de Marzo de 2021.
Sólo en enero: Se registraron 99 ataques contra ONG y defensores de DDHH en Venezuela
“El Estado debe abstenerse de agredir y obstaculizar las acciones de quienes documentan, denuncian, visibilizan y atienden las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja"
“El Estado debe abstenerse de agredir y obstaculizar las acciones de quienes documentan, denuncian, visibilizan y atienden las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja"
Redacción
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 99 ataques e incidentes de seguridad en contra de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos durante el mes de enero de 2021 en Venezuela.
“La defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela es una labor de riesgo. Enero evidencia la agudización de la política de criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos “, denunció la organización.
El centenar de hechos registrados durante enero se caracterizaron por:
Estigmatización (54)
Intimidación y hostigamiento (16)
Amenazas (9)
Detenciones arbitrarias (6)
Judicialización (5)
Otros (5)
Allanamientos (3)
Ataques digitales (1)
“El Estado debe abstenerse de agredir y obstaculizar las acciones de quienes documentan, denuncian, visibilizan y atienden las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja. Defender derechos humanos y la acción humanitaria no es delito”, reclamó el Centro.
La organización destacó que, además, la recurrencia de las campañas de estigmatización, principalmente asociadas a la criminalización de la cooperación internacional y la pretensión de señalar que la recepción de fondos para la ejecución de actividades relacionadas a la promoción y defensa de derechos, así como para brindar respuestas humanitarias, son actividades ilícitas o promotoras de la desestabilización del orden interno y la paz del país.
Igualmente, se sigue aplicando “la Doctrina de la Seguridad Nacional con la intención de acallar a quienes se mantienen en primera línea en la defensa de derechos, documentando, denunciando y visibilizando los abusos, crímenes y graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país”.
ONG Alimenta la Solidaridad denuncia bloqueo de sus cuentas bancarias
La ONG que opera con donaciones más de 230 comedores en varios estados, dijo que desde el 20 de noviembre “hemos sido objeto de hostigamiento por parte de las autoridades”
La ONG que opera con donaciones más de 230 comedores en varios estados, dijo que desde el 20 de noviembre “hemos sido objeto de hostigamiento por parte de las autoridades”
Con información de Reuters
CARACAS, 25 nov (Reuters) - Un grupo no gubernamental de Venezuela denunció el miércoles que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas, poniendo en riesgo las operaciones de los comedores en los que alimenta gratuitamente a miles de niños cada día.
Alimenta la Solidaridad, que opera con donaciones más de 230 comedores en varios estados, dijo que desde el 20 de noviembre “hemos sido objeto de hostigamiento por parte de las autoridades” como una serie de allanamientos policiales.
“Fueron congeladas todas nuestras cuentas bancarias. Estas acciones comprometen seriamente las operaciones de nuestros comedores y ponen en riesgo la atención a más de 25.000 niños venezolanos y sus familias”, agregó el grupo en un comunicado.
La acción se produce cuando las autoridades venezolanas anunciaron que revisan las fuentes de financiamiento de grupos no gubernamentales nacionales e internacionales, a algunos de los cuales señalan de servir para atacar al gobierno.
Ni el Ministerio de Información ni el de Finanzas, del que depende la superintendencia bancaria, respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
Naciones Unidas calificó a Venezuela como la cuarta mayor crisis alimentaria del mundo en 2019, con 9,3 millones de personas pasando hambre o con una ingesta insuficiente de comida. Unos 5 millones de personas han emigrado del país OPEP debido a la crisis económica.
ONGs solicitan la ejecución de medidas urgentes para frenar la degradación ambiental en Venezuela
Los solicitantes esperan que, con esta petición, los Líderes Mundiales acuerden el Reconocimiento Universal de los Derechos Humanos a un Medio Ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible
Los solicitantes esperan que, con esta petición, los Líderes Mundiales acuerden el Reconocimiento Universal de los Derechos Humanos a un Medio Ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible
Nota de prensa
Barcelona, 20 de septiembre 2020.- Las Organizaciones Sociedad Hominis Iura (SOHI), Red Internacional de Promotores ODS, Fundación Tapas Anzoátegui, Fundación La Tortuga, Fundación AVISTA, Fundación Agua para Todos, Fundación Pequeños Guardianes del Ambiente (FUNPEGUAM), Fundación Punto Ecológico y el Colegio de Geógrafos de Venezuela (CGV), en unión de las organizaciones y personalidades que conjuntamente avalan con su firma, remiten el día 20 de Septiembre del año en curso, una Carta abierta al Excelentísimo Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres, su Excelencia. Sra. Elisabeth TICHY-FISSLBERGER, Representante Permanente de Austria ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, presidenta del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; Excelencias, Representantes Permanentes de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; Excelencias, Representantes Permanentes ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra y Excelencias, representantes de los Estados presentes en la Asamblea General de la ONU; en dicha correspondencia se solicita que, en estos momentos de emergencia climática y asolamiento mundial, por la crisis generada por el COVID-19, se ejecuten medidas urgentes, para mitigar la degradación ambiental y restaurar la naturaleza, así como también, se reconozca mediante una Resolución de la Asamblea General de la ONU, la inclusión del articulo 31 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre: el DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE SANO.
La solicitud se envía con la finalidad de que sea considerada su inclusión y discusión en la Asamblea General de la ONU, a realizarse el día 30 de Septiembre del año en curso, con motivo del evento paralelo de alto nivel, avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y denominado: “Acelerando el fin de la pandemia COVID-19: Ampliación de nuevas soluciones para salvar vidas, proteger los sistemas de salud y reactivar la economía mundial”, y que además cuenta con el respaldo e impulso del Reino Unido, Sudáfrica y el Secretario General de la ONU, con el objetivo de construir un consenso político más sólido para una respuesta global coordinada a la pandemia del COVID-19 y defender la importancia y urgencia del acceso equitativo a nuevas herramientas, especialmente vacunas eficaces. También busca catalizar un cambio radical en el apoyo al Acelerador de herramientas de acceso a COVID-19.
Se espera que dicha carta sea incluida ese mismo día, en la Cumbre de la ONU sobre Biodiversidad, convocada por el Presidente de la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de proporcionar dirección política e impulso para el desarrollo de un marco mundial de biodiversidad posterior a 2020.
Los solicitantes esperan que, con esta petición, los Líderes Mundiales acuerden el Reconocimiento Universal de los Derechos Humanos a un Medio Ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, como un fin necesario para el pleno disfrute de la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, etc. Ese reconocimiento Universal en el artículo 31 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contribuye a garantizar que las normas de derechos humanos relacionadas con el Medio Ambiente sigan desarrollándose de manera coherente e integrada.
El reconocimiento de ese derecho en una resolución de la Asamblea General reforzaría aún más todas las ventajas en beneficio de la Humanidad.
ONG Regala una sonrisa realizará jornada de atención nocturna a personas en situación de calle
“Nuestra labor es sensibilizar a los voluntarios para conocer las necesidades de quienes están en la calle, debido a la crisis social que se vive en el país”
“Nuestra labor es sensibilizar a los voluntarios para conocer las necesidades de quienes están en la calle, debido a la crisis social que se vive en el país”
Nota de prensa
(Caracas, 16.10.2019).- La ONG Regala una sonrisa, a través del Programa Estamos en la calle realizará una jornada de atención a personas en situación de calle, este jueves 17 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, desde la sede de la organización ubicada en San Martín. Además, durante la actividad se realizará captación de voluntarios que quieran brindar su apoyo y solidaridad a los ciudadanos que viven en esta condición.
El presidente de la ONG Regala una sonrisa, Francisco Soares señaló “Nuestra labor es sensibilizar a los voluntarios para conocer las necesidades de quienes están en la calle, debido a la crisis social que se vive en el país, con la visión de conocer, segmentar y clasificar a las personas en situación de calle".
Durante la jornada de atención integral, la ONG Regala una sonrisa con los voluntarios realizará un chequeo médico para conocer el peso, talla, condición psicológica y física, además de brindar alimentación, atención y apoyo emocional a las personas en situación de calle.
Soares explicó que "La visión de la ONG Regala una sonrisa es segmentar, clasificar y brindar atención integral a las personas en situación de calle para ofrecerles un espacio donde puedan pernoctar. Nuestra meta es crear un espacio en nuestra sede ubicada en San Martín (Caracas) para brindar a las personas en situación de calle una atención integral”.
La ONG Regala una sonrisa, a través del Programa Estamos en la calle, se ha posicionado como una de las organizaciones que demuestra su solidaridad a las personas en situación de calle. “Con el objetivo de dignificar, rescatar e incorporar a la sociedad a estas personas sea cual sea su condición psicológica, religiosa o política, en el marco del respeto de sus condiciones de vida y sus limitantes”, aseguró el presidente de la ONG, Francisco Soares.
Quienes quieran contribuir con la labor que ejerce la ONG Regala una sonrisa pueden seguir sus redes sociales @Regalaunjajaja en Twitter, Facebook e Instagram, obtener más información en la página web www. Regalaunjajaja.com o dirigirse a su sede ubicada en esquina de Jesús de la Av. San Martín en Caracas.
ONGs defensoras de los DDHH piden a la ONU la creación de una Comisión de Investigación sobre Venezuela
“La comunidad internacional parece haber olvidado a las víctimas que sufren las consecuencias de crímenes de derecho internacional”
“La comunidad internacional parece haber olvidado a las víctimas que sufren las consecuencias de crímenes de derecho internacional”
Redacción
En una declaración pública emitida este jueves, una coalición de 11 organizaciones venezolanas e internacionales de derechos humanos que han estado monitoreando y documentando la espiral de violaciones de derechos humanos de Venezuela durante años instan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a establecer una Comisión de Investigación sobre Venezuela durante su 42° periodo de sesiones en septiembre de 2019.
“La comunidad internacional parece haber olvidado a las víctimas que sufren las consecuencias de crímenes de derecho internacional. Ya es hora de que el organismo de derechos humanos de la ONU tome pasos decisivos, anteponiendo a las víctimas, para abordar la crisis de derechos humanos sin precedentes que continúa profundizándose en el país. Mientras tanto, millones huyen del país. El Consejo de Derechos Humanos no tiene tiempo que perder,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En su declaración, la coalición de organizaciones de derechos humanos explica la situación en Venezuela hoy y por qué una Comisión de Investigación es la mejor respuesta que la comunidad internacional puede ofrecer a las víctimas.
“Una Comisión de Investigación de la ONU podría jugar un papel fundamental para lograr que se conozca la verdad y las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela obtengan justicia y reciban una reparación adecuada. También contribuiría a promover la rendición de cuentas y alentar políticas que respeten los derechos fundamentales. Una iniciativa de esta naturaleza podría tener un importante efecto disuasivo para evitar otras graves violaciones de derechos humanos y posibles atrocidades masivas durante la crisis que persiste en el país,” dijeron las organizaciones.
La coalición incluye a Acción Solidaria, Amnistía Internacional, Centro Derechos Humanos – Universidad Católica Andrés Bello, CEPAZ, Civilis Derechos Humanos, COFAVIC, Comisión Internacional de Juristas, Espacio Público, Global Centre for the Responsibility to Protect, Human Rights Watch, y PROVEA.
Es oportuno recordar que el pasado mes de julio la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, presentó un lapidario informe sobre la situación venezolana que alertaba por las 6.800 ejecuciones extrajudiciales ocurridas sólo entre 2018 y 2019, las torturas durante detenciones arbitrarias y el uso repetido de “fuerza excesiva y letal contra manifestantes”, en otros crímenes perpetuados por el chavismo.
120 ONG exigen a la ONU una actuación coherente en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela
La grave crisis humanitaria compleja en Venezuela cobra nuevas vidas diariamente y produce daños irreparables por las restricciones que ha impuesto el gobierno de Maduro
La grave crisis humanitaria compleja en Venezuela cobra nuevas vidas diariamente y produce daños irreparables por las restricciones que ha impuesto el gobierno de Maduro
Nota de Prensa
Este miércoles 16 de enero de 2019, 120 ONG instaron a la ONU a cumplir y hacer valer los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas y de los tratados internacionales, actuando de manera coherente y apegada a los derechos humanos en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela. Asimismo, exigen separar el trabajo de la cooperación y la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas de las funciones y gestiones diplomáticas o políticas que realice el Coordinador Residente, y a actuar conforme al marco normativo del derecho internacional, a propósito de su presencia en la juramentación del Sr. Nicolás Maduro y en una reunión de trabajo transmitida por televisión de manera propagandística.
Los días 10 y 12 de enero el Coordinador Residente y representantes de las agencias del Sistema de las Naciones con sede en el país, asistieron a los actos de juramentación y a una reunión de trabajo para tratar planes y mecanismos de cooperación y asistencia humanitaria con el Sr. Nicolás Maduro. Ambos actos fueron televisados y promovidos para sumar apoyo político al nuevo período presidencial del Sr. Maduro, cuya legitimidad se encuentra seriamente cuestionada a nivel nacional e internacional por no ser el resultado de elecciones libres, democráticas y justas.
De acuerdo con lo expuesto por las 120 ONG, la participación de representantes del Sistema de Naciones Unidas en los mencionados actos políticos no es indispensable para el trabajo de coordinación y operación de la asistencia y cooperación internacional. De esta manera se lesiona gravemente la confianza en la institución que representa y la credibilidad de la población venezolana y de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
La emergencia humanitaria compleja de gran escala en Venezuela cobra nuevas vidas diariamente y produce daños irreparables por las restricciones que ha impuesto el gobierno al negar el derecho de la población a la cooperación y la asistencia internacional en las dimensiones y alcances requeridos.
Por su peso y liderazgo en las respuestas a las emergencias humanitarias complejas y las obligaciones que tienen todos sus funcionarios en los derechos humanos, el Sistema de Naciones Unidas tiene una responsabilidad esencial, ineludible, imperativa y urgente, para evitar que la asistencia y la cooperación requerida por la población sea supeditada a otros intereses ajenos a los derechos humanos y a los fines humanitarios. La manera en la que sea conducida esta respuesta será determinante para la dignidad, la vida, la libertad y la integridad de los venezolanos.
Las 120 ONG instan al Coordinador Residente de las Naciones Unidas y a todas las agencias del Sistema de las Naciones a cumplir y hacer valer los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas y de los tratados internacionales. La ONU y sus agencias no deben causar daño y actuar con la prudencia y diligencia debida para resguardar la protección de los derechos humanos; apegarse a los principios de imparcialidad, neutralidad y fines humanitarios; y abstenerse de consentir o colaborar con el uso de mecanismos, procedimientos o prácticas discrecionales, coercitivas o discriminatorias, conforme al marco normativo del derecho internacional.
Asimismo, las ONG exhortan al Coordinador y a las agencias del Sistema de Naciones Unidas a “separar el trabajo de la cooperación y la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas de las funciones y gestiones diplomáticas o políticas que realice el Coordinador Residente, tomando en consideración las lecciones de experiencias negativas por el inadecuado comportamiento de funcionarios de las agencias en emergencias complejas, incluyendo las ocurridas en Venezuela”, entre las cuales destacan la manipulación de cifras e informes y de visitas oficiales de representantes de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas.
Por último, instan a garantizar que “las agencias calificadas y con mandato específico sean las que asuman el papel rector de la asistencia y la cooperación, y se instale el Mecanismo Humanitario de País para la coordinación de la ayuda, con amplia participación de todos los sectores de la sociedad venezolana y de todas las regiones del país”. Igualmente deben “recibir directa y libremente denuncias y evidencias sobre la emergencia humanitaria y las violaciones de derechos humanos”, única forma para que la ayuda llegue de manera apropiada y efectiva, y garantizar su eficacia, “con independencia de si la información es políticamente sensible o afecta intereses de gobierno”.
Trabajadores de la salud y universitarios marcharon por la avenida Victoria de Caracas
A esta movilización se sumaron asociaciones de vecinos, Ongs, enfermos crónicos, diputados a la Asamblea Nacional, entre muchos otros
A esta movilización se sumaron asociaciones de vecinos, Ongs, enfermos crónicos, diputados a la Asamblea Nacional, entre muchos otros
Redacción
Este miércoles los gremios que agrupan a los profesionales de la salud marcharon este jueves por la avenida Victoria de Caracas, la manifestación contó con la participación de los profesores, empleados y obreros de la Universidad Central de Venezuela, también afectados por la grave crisis económica que atraviesa el país.
A esta movilización se sumaron asociaciones de vecinos, Ongs, enfermos crónicos, diputados a la Asamblea Nacional, entre muchos otros.
Pablo Zambrano, presidente de Fetrasalud, cerró la actividad con un breve discurso: "Le damos las gracias a los profesores o trabajadores del sector universitario por haber organizado esta actividad, por ser solidarios. La invitación es a que el pueblo también se una", señaló representante de la Federación de trabajadores de la Salud.
Destacó que "el salario y el hambre no tienen ideología. Le estamos reclamando al gobierno que gobierne", y de soluciones a los venezolanos.
Reiteró "la invitación es a todo el pueblo venezolano para que se una a la lucha. El salario y el hambre no tienen ideología. Nosotros le estamos reclamando al gobierno que esté y que tiene que solucionar", aseveró Zambrano.
Durante marcha por la salud los trabajadores exigen la liberación de los presos políticos "injustamente detenidos" por el régimen venezolano.