La Justicia de Estados Unidos aplazó el comienzo del juicio contra Hugo “El Pollo” Carvajal

El ex general, extraditado la semana pasada desde España, se presentó este martes ante la corte de Distrito Sur de Nueva York. La sesión duró apenas poco más de diez minutos

Con información de EFE

El juicio contra el ex general venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal fue pospuesto este martes hasta el próximo 1 de noviembre, según comunicó el juez Alvin Hallerstein, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York.

Hallerstein accedió así a la petición de la Fiscalía, que había solicitado tres meses para poder presentar todo el material probatorio en su poder, y también la defensa de Carvajal se mostró de acuerdo con esa nueva fecha.

“El Pollo” Carvajal, extraditado la semana pasada desde España y acusado de introducir cocaína en Estados Unidos, apareció en la corte vestido con pantalón y camisa de color azul oscuro, y escuchó con actitud tranquila el desarrollo de la sesión -de poco más de diez minutos- con unos audífonos donde se le iban traduciendo las intervenciones de unos y otros.

El jueves pasado, en su primera comparecencia ante el juez en una corte de Nueva York, el ex jefe de la inteligencia de Hugo Chavez se declaró “no culpable” de los cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y de armas de los que le acusa la justicia estadounidense.

Carvajal, cuya extradición fue ordenada el lunes por la Audiencia Nacional española a la Interpol, enfrenta cargos por conspirar para introducir cocaína en Estado Unidos. También de otros dos delitos por el uso y el porte armas de fuego en conexión con las dos acusaciones anteriores.

Cualquiera de las cuatro acusaciones le podrían acarrear una sentencia máxima de cadena perpetua en caso de ser encontrado culpable.

En concreto, la Fiscalía estadounidense asegura tener pruebas de la participación de Carvajal en el envío de un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína que fueron transportadas de Venezuela a México en 2006.

En marzo de 2020, el Gobierno de Estados Unidos imputó a Carvajal, junto al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y al primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo y otros líderes venezolanos.

El Gobierno estadounidense los acusa de participar en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta en la que supuestamente participaron el Cartel de Los Soles y las guerrillas colombianas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Según la Fiscalía, Maduro ayudó y en última instancia lideró dicho grupo narcotraficante a través del que se enriqueció e “inundó” Estados Unidos con droga, “usando la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.

Asimismo, Carvajal y el resto de los acusados están imputados por haber actuado como “líderes y administradores” del Cartel de los Soles y de la conspiración narcoterrorista con las FARC.

Hugo Armando Carvajal, que huyó de Venezuela con pasaporte falso en 2019, llevaba más de dos años en prisión preventiva en España ante el patente riesgo de fuga, dado que estuvo en paradero desconocido casi dos años, entre 2019 y 2021.

Desde que fue arrestado, Carvajal intentó impedir su entrega por todos los medios, solicitó sin éxito asilo en España e impugnó todas las resoluciones que los jueces iban dictando en su contra, hasta que finalmente perdió esa batalla y fue extraditado a Estados Unidos.

La Justicia de EEUU acusó a Maikel Moreno de incurrir en sobornos y lavado de dinero

El ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia utilizó fondos derivados de actividades ilícitas para comprar propiedades en todo el mundo, incluida una villa en la Toscana, en Italia, por 2,4 millones de euros y una mansión en La Romana, República Dominicana, por 1,5 millones de dólares

Con información de AFP

La fiscalía federal del Sur de la Florida (EEUU) acusó este jueves al ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, por recibir sobornos a cambio de utilizar su cargo para resolver casos civiles y penales.

Moreno fue imputado por conspiración para cometer blanqueo de capitales, encubrimiento y por participar en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.

El magistrado del régimen chavista, recibió más de 10 millones de dólares en sobornos de contratistas venezolanos que tenían convenios con entidades propias de la dictadura de Nicolás Maduro.

En 2014, antes de su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo, recibió un millón de dólares a través de transferencias bancarias por parte de un contratista venezolano por resolver futuros casos penales a favor de esta persona.

Según la fiscalía de Florida, Maikel Moreno también lavó dinero de un empresario acusado en Estados Unidos de un esquema de fraude multimillonario para que se desestimara la causa.

Aceptó, además, autorizar el embargo judicial de una fábrica de automóviles de General Motors (valorada en unos 100 millones de dólares) a cambio de un porcentaje de interés en los beneficios de la venta de la compañía.

El magistrado del régimen chavista, recibió más de 10 millones de dólares en sobornos de contratistas venezolanos que tenían convenios con entidades propias de la dictadura de Nicolás Maduro.

El magistrado del régimen chavista, recibió más de 10 millones de dólares en sobornos de contratistas venezolanos que tenían convenios con entidades propias del régimen de Maduro.

Moreno utilizó el dinero de los sobornos para comprar o renovar propiedades en todo el mundo, incluida una villa en Toscana, Italia, por 2,4 millones de euros, una mansión en La Romana, República Dominicana, por 1,5 millones de dólares, un edificio en Las Mercedes en Caracas, Venezuela, por 1,3 millones de dólares, y un apartamento en Miami por 1,3 millones de dólares.

También utilizó los ingresos de los sobornos para comprar carros de lujo, costearse viajes para él y su familia, además de gastar más de 300.000 dólares para una actuación musical en su boda.

Durante su gestión como máximo magistrado del Tribunal Supremo, Moreno influyó en las decisiones judiciales en Venezuela, ya que tenía la autoridad para determinar el jurado que conocía los casos dentro del organismo y el poder de nombrar o destituir a los jueces de tribunales inferiores, según la acusación penal presentada por la fiscalía de Florida. Esta actividad se prolongó desde 2014 hasta marzo de 2019.

Cada uno de los delitos de blanqueo de capitales se castiga con una pena máxima de 20 años, y cada uno de los cargos de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas conlleva una pena máxima de 10 años.