Avesa: La impunidad es una de las causas del alto índice de muertes por violencia de género en Venezuela

“Cuando hay impunidad obviamente que no hay restricción del delito, sino que este se sigue continuando”

Redacción

La coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Magdymar León, informó que el alto índice de impunidad es una de las principales causas del incremento de las muertes por violencia de género en el país.

“Cuando hay impunidad obviamente que no hay restricción del delito, sino que este se sigue continuando”.

León explicó que algunas víctimas de violencia de género no denuncian a sus agresores ante las autoridades; o en caso de hacerlo no cuentan con la protección necesaria. “Entonces hay dificultades en el proceso de investigación y buena parte de los casos no llegan a juicio”, puntualizó.

La coordinadora de Avesa indicó que las brechas de género se incrementaron en medio de la pandemia; producto del confinamiento y la paralización de los comercios algunas mujeres se hicieron más dependientes económicamente de sus agresores.

“Esto las hace más vulnerables a diversas formas de violencia. Hay que señalar que, en Venezuela, como en varias partes del mundo, sigue prevaleciendo una visión patriarcal, machista hacia las mujeres”.

Avesa cuenta con un servicio de atención automatizado, vía Whatsapp, donde brinda información sobre la violencia de género, salud sexual y reproductiva y sobre algunas instituciones donde pueden acudir las víctimas.

Guillermo Palacios: Organismos internacionales deben investigar el negocio de la droga en el país

“Es grave la situación de impunidad que reina en materia de tráfico de droga en Venezuela”

Redacción

Los organismos internacionales deben evaluar sobre la supuesta producción, tránsito, consumo de drogas y sustancias estupefacientes en Venezuela, investigación que arrojaría resultados sorprendentes y ratificaría el carácter de narco dictadura del régimen usurpador de Nicolás Maduro, que ampara el General Vladimir Padrino López. 

Así lo señaló el diputado por el Estado Lara, Guillermo Palacios, miembro de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, quien indicó que son demasiados los casos que han sido documentados sobre como el régimen ha sido complaciente y comprometido con el tráfico de drogas.

“Esto se ha convertido en un negocio ¿De dónde están obteniendo recursos ilícitos para el enriquecimiento personal de los integrantes de los carteles que tienen relación con funcionarios?”, se preguntó el diputado larense.

Aseguró Palacios que el régimen ha proscrito las estadísticas tanto provenientes del informe anual de la Fiscalía como de la Resultados de búsqueda de la Oficina Nacional Antidrogas ONA para que no se refleje y se conozca la verdadera situación del combate a la droga.

“Es grave la situación de impunidad que reina en materia de tráfico de droga en Venezuela. Es una opacidad total que existe en esta materia y ahora viene el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López a hablar de combate de la droga en Venezuela, cuando aquí lo que hay es una mampara para proteger al narcotráfico.

Citó como ejemplo el caso reciente del cartel de la droga del Caribe, en donde fueron detenidos algunos testaferros que ya no le son útiles a los intereses de los verdaderos jefes.

“Porque entraron en competencia con ellos. Y allí están los altos jeques, altos funcionarios del CICPC y gobernadores en ejercicio, sin que hayan sido investigados por sus conexiones con estos narcotraficantes”.

Dijo que recientemente se incendió una avioneta en México cargada de droga que salió del Zulia y de eso no se ha dado mayor información. “Ni de la avioneta que cayó en la finca El Tuqueque, en el municipio Torres en abril de este año con droga en su interior y tampoco se han hecho investigaciones para determinar que ocurrió con esas personas muertas, que supuestamente, no se pudieron identificar”.

Recordó que en el año 2006 cayó una avioneta cargada de droga en la hacienda “Puente Blanco” del Municipio Torres del Estado Lara y solo detuvieron al obrero de la finca; quien se declaró culpable por la droga y pago tres años, mientras que de los verdaderos responsables del cartel no se supo nada, ni se investigó nada”, apuntó el diputado Palacios.

Así mismo citó casos como el del Gobernador de Trujillo, Henri Rangel Silva, exministro de la defensa que protegió al Tcnel. Pedro José Maggino para que fuese sobreseído en un caso de tráfico de droga de 3.000 kilos de cocaína, confesado por el exmagistrado Eladio Aponte Aponte.

“De premio lo tiene como funcionario de la gobernación y solo pagaron condena los choferes del camión; o el del coronel Jesús Armando Rodríguez Figuera, quien siendo comandante de la policía del estado Lara, protegió al narco Faris Feris Domínguez y posteriormente fue ascendido a General”, reveló con indignación el parlamentario.

Destacó finalmente que no es un secreto como las FARC y el ELN trafica con drogas en territorio venezolano, con el visto bueno del régimen de Maduro “Aquí se han beneficiado altos funcionarios de los bienes incautados a personajes del narcotráfico”.

La Asamblea Nacional responsabiliza a la dictadura por la impunidad reinante en Venezuela

“En el país a han ocurrido cantidad de desmanes en contra de quienes exigen al Gobierno el cumplimiento de sus obligaciones”

Redacción

Los diputados de la Asamblea Nacional debatieron durante la Sesión Ordinaria de este martes sobre sobre la impunidad reinante en el país y responsabilizaron a la dictadura de Maduro de profundizar la crisis en Venezuela.

Durante el debate, el diputado Guillermo Palacios destacó que “en el país a han ocurrido cantidad de desmanes en contra de quienes exigen al Gobierno el cumplimiento de sus obligaciones”.

En este sentido, recordó que en el informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, donde se constatan las constantes violaciones de DDHH por parte del régimen de Maduro.

“El informe de Bachelet, recoge las acciones que ha cometido el Gobierno en contra de los venezolanos, se han violentado DDHH”, dijo.

“Las ONGs se han ocupado de la defensa de los DDHH. El régimen es responsable directo de la impunidad. Tenemos a un Fiscal usurpador que no se ha ocupado de la defensa de los DDHH de los ciudadanos venezolanos”, añadió el parlamentario.

Entre tanto, la parlamentaria Karim Salanova, se pronunció sobre el caso de un niño de 11 años presuntamente torturado por un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Anzoátegui.

“¿Ustedes creen que un niño tiene que ser golpeado porque agarró unas ovejas de un pesebre?. Estamos dañando a nuestros propios niños (…) si eso hizo ese uniformado con un niño no quiero saber qué haría con un joven, es un enfermo mental”, sentenció.

Por su parte, el diputado Tobías Bolívar, sostuvo que en Venezuela en lugar de velar por la defensa de los ciudadanos venezolanos, “se utiliza el sistema de justicia para la persecución política, para silenciar las voces de la protesta contra la dictadura, inventaron el desacato, persiguen a los diputados”.

Asimismo, aseveró que “la característica del régimen venezolano es violentar el Estado de derecho, sus actuaciones se entrelazan para que la impunidad esté presente, el 90 % de los delitos que se cometen en el país no son procesados”.

“Transparencia Internacional nos ubica como uno de los países con mayor impunidad, con impunidad no podemos aspirar a ser un país desarrollado, la impunidad se manifiesta en que no se aplica la inversión pública para resolver necesidades”, agregó Bolívar.

OVV: En 20 años aumentó la impunidad y en esa misma medida las muertes violentas

“Se desarmó a los cuerpos policiales, pero no a los delincuentes. Se incrementaron los homicidios, pero no las detenciones”

Rdacción

Roberto Briceño León, director de la oenegé Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), indicó este jueves que entre los años 1999 y 2018 en Venezuela se registraron más de 300 mil muertes violentas.

La alarmante cifra la reveló el especialista durante su intervención en la presentación del Plan País en materia de seguridad para Venezuela en la Universidad Católica Andrés Bello, en donde también dijo que en el país se incentivaron la violencia, las armas y el uso de la fuerza.

“Se desarmó a los cuerpos policiales, pero no a los delincuentes. Se incrementaron los homicidios, pero no las detenciones. En el 91% de los homicidios no hay ni siquiera un arresto”, manifestó Briceño León. “Los venezolanos tienen hambre, pero también tienen miedo”, lamentó.

El director del OVV apuntó que desde 1999 han muerto unos 7 mil 270 presos en los centros de reclusión y que diariamente 40 jóvenes mueren en Venezuela. “La respuesta de las autoridades ha sido más violencia”, expresó.

José Santoyo: Víctimas del régimen en Anzoátegui siguen esperando justicia

El defensor de los derechos humanos en la entidad dijo que en los casos de Rodríguez y Acosta no se ha avanzado en las investigaciones, a pesar de que existen testigos y pruebas que sostienen lo declarado por las víctimas

Con información de nota de prensa

Hoy se pudo conocer que está pautado para el próximo 25 de abril el juicio en el caso del asesinato de César Pereira, ocurrido el 28 de mayo de 2017 en Lechería, estado Anzoátegui, durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro y del que está acusado el exfuncionario policial Onán Pereira.

En el Palacio de Justicia de Barcelona, el abogado del caso, José Santoyo, estuvo acompañado por Carlin Rodríguez, otra víctima de violación de derechos humanos por parte del régimen chavista, y el concejal del municipio Urbaneja, Freddy Palomo, quien está prestando apoyo a las víctimas para que no haya impunidad en sus casos.

Como se recordará, Carlin Rodríguez recibió un impacto de bala en el rostro el 5 de mayo de 2014 cuando una comisión policial disparó contra una protesta antigubernamental en el Distribuidor Fabricio Ojeda, en Barcelona.

“En este caso, asistido por la colega Alejandra Olivares, ya han pasado casi 5 años, han sido innumerables las audiencias y los funcionarios implicados están en libertad y ejerciendo funciones en Polianzoátegui”, denunció el dirigente de Vente Venezuela.

El defensor de los DDHH precisó que otro caso es el de Félix Acosta, herido por un disparo que le provocó fractura de la clavícula y perforación de un pulmón, por lo que casi muere. El hecho ocurrió el pasado 23 de enero en el sector Boyacá de Barcelona. La herida fue infringida por un funcionario de la Policía Municipal de Barcelona, según denunció la víctima.

“Aun cuando hay evidencias para reconocer al funcionario y han transcurrido 60 días de investigaciones en el Cicpc, que además posee videos del hecho, no hay acusación formal de la Fiscalía. Todo indica que las autoridades están entorpeciendo para que no haya justicia en ninguno de los casos señalados”.

En los casos de Rodríguez y Acosta no se ha avanzado en las investigaciones, a pesar de que existen testigos y pruebas que sostienen lo declarado por las víctimas, aseguró Santoyo, quien reitera que hay retardo procesal en todos los casos de violaciones de derechos humanos en los que son señalados funcionarios policiales.

Linchamientos: crónica de la descomposición social en Venezuela

Los ataques por parte de turbas revelan lo bajo que ha caído Venezuela, donde el racionamiento eléctrico y la escasez de alimentos mantiene a los venezolanos haciendo colas en los supermercados

Con información de AP

La agencia de noticias Associated Press realizó crónica titulada "Lo queman vivo por robo de cinco dólares en Venezuela", en la cual se reseña el clima de violencia y descomposición social que ha llevado a Venezuela a tener una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo.

Trabajo completo:

No sabían qué había hecho, pero vieron que el hombre salía corriendo y eso fue suficiente.

Decenas de individuos reunidos frente a un supermercado patearon y golpearon a Roberto Bernal hasta dejarlo ensangrentado y aturdido. Después de todo, a ellos les habían robado teléfonos celulares, billeteras y motocicletas en los últimos años y pensaron que Bernal tenía cara de delincuente.

Un hombre encorvado, de pelo canoso, que venía detrás de ellos, dijo que Bernal lo había asaltado.

La turba vació los bolsillos de Bernal y le entregó al anciano un fajo de billetes: el equivalente a cinco dólares. Alguien roció la cabeza y el pecho de Bernal con gasolina y le prendió fuego. Después todos vieron cómo se quemaba vivo.

"Era para darle una lección", dijo Eduardo Mijares, de 29 años. "Estamos cansado ya de que la gente esté robando, no se puede salir a la calle por la inseguridad. La policía nunca está. Esto es un pueblo sin ley".

Los incidentes en que la gente hace justicia por mano propia cuando hay un robo son hoy moneda corriente en este país de 30 millones de habitantes, con altos índices de delincuencia, que alguna vez fue uno de los más ricos y seguros de América Latina.

Todas las semanas la prensa informa de alguna golpiza por parte de una turba. Un fiscal inició 74 investigaciones de matanzas perpetradas por turbas en los cuatro primeros meses del año, comparado con solo dos el año pasado. Y la mayor parte del país apoya estas actitudes, según una encuesta del Observatorio Venezolano de la Violencia, una organización independiente.

Los ataques por parte de turbas revelan lo bajo que ha caído Venezuela, donde hay cortes de luz diarios y la escasez de alimentos hace que haya colas de varias cuadras en los supermercados. La abrupta caída de los precios del petróleo sacó a la luz un deficiente manejo de la economía e hizo que se desmoronase el tejido social de la nación.

El país tiene hoy una de las tasas de homicidios más altas del mundo y es difícil encontrar una persona que no haya sido asaltada. En medio de tanta violencia, la muerte de Bernal no acaparó titulares ni generó reacciones de los políticos.

"La vida aquí es dramática. Siempre estás estresado, asustado, y los linchamientos ofrecen una catarsis colectiva", dijo Roberto Briceño León, Director del Observatorio de la Violencia. "No puedes hacer nada sobre las colas o la inflación, pero por un momento, la turba siente que marca una diferencia".

Bernal pasó toda su vida en coloridas viviendas de bloques de hormigón construidas en las colinas de los alrededores de Caracas. Aproximadamente, la mitad de los venezolanos habitan este tipo de casuchas donde no hay agua por meses y los residentes han empezado a saquear camiones que transportan alimentos.

A sus 42 años, Bernal se había quedado sin trabajo y hace poco le había dicho a sus hermanas que a él y su esposa les costaba alimentar a sus tres hijos. Quería irse a buscar fortuna a Panamá.

Hombre tranquilo, musculoso, que estuvo en el ejército, pasó los últimos días de su vida en la cocina de su hermana, preparando guisados para las Pascuas y parchitas acarameladas. Disfrutaba cuando ganaba al dominó.

Sus seis hermanos lo consideraban un modelo, alguien que había triunfado en la vida, porque había tomado clases de culinaria y era un chef profesional. Encendía el televisor apenas regresaba a su casa y se iba de la sala apenas estallaba una discusión fuerte. Mucha gente que se cría en los barrios marginales adopta la cultura dominante, que incluye hacerse tatuajes o gorras de béisbol. Pero no Roberto.

"Era demasiado tranquilo, sencillo. No tenía ni apodo", dijo Teresa Bernal, una tía.

Iba a la iglesia y enviaba mensajes de texto religiosos. La noche previa a su muerte les había enviado a sus familiares una serie de oraciones pidiendo la bendición de Dios.

Esa mañana dejó la casucha sin ventanas de su familia, antes de que saliese el sol, en medio de una humareda generada por un incendio en las montañas. Tomó un autobús, dejó a su hija en la escuela y tomó el metro.

Cuando salió de nuevo a la calle en una concurrida arteria céntrica, se cruzó con varias guacamayas que estaban volando. Pasó junto a guardias apostados frente a negocios con poca mercancía y departamentos protegidos por alambrados eléctricos, comunes en las zonas de clase media de la capital.

Bernal le dijo a su esposa que iba a un restaurante donde había conseguido trabajo. Pero se detuvo cerca de un banco, debajo de un cartel que anunciaba un servicio de envío de bienes escasos desde Miami.

Un hombre setentón pasó a su lado. Llevaba un fajo de billetes por valor de cinco dólares en una gorra de béisbol, que luego guardó en su saco.

Era bastante dinero para alguien en la situación de Bernal. Hubiera podido comprar alimentos para su familia para una semana. O un mantel de plástico para la mesa de la casa. O un uniforme escolar para su hija, a quien las otras niñas la molestaban en la escuela.

Bernal tomó el dinero y salió corriendo hacia una parada de taxis donde había decenas de motocicletas estacionadas, según le dijo luego el anciano a los investigadores. El hombre salió tras suyo gritándole "¡ladrón!".

Varios motociclistas sentados en un muro bajo, frente a un supermercado y que jugaban con sus teléfonos y tomaban café en vasos de plástico, vieron que los hombres se les acercaban.

Cuando comenzó la golpiza, un vendedor de golosinas y otro de choripán dejaron sus puestos, temerosos de lo que se venía. Otros se quedaron a ver y alentar a la turba.

A alguien se le ocurrió sacar gasolina del tanque de una moto y colocarla en una botella. A medida que el aire comenzaba a oler a carne humana, el griterío cesó. Algunos curiosos filmaron con teléfonos a Bernal, que trataba de levantarse mientras surgían llamas de su cabeza.

Probablemente hubiera muerto allí mismo, entre dos docenas de personas, rogando que le tirasen agua, de no haber sido por Alejandro Delgado. El joven pastor que conduce moto taxis llegó al lugar y, horrorizado, se sacó su chaqueta negra y comenzó a combatir las llamas.

"Son mis compañeros de trabajo. No pensaba que eran capaz de hacer algo así; algo que yo considero diabólico", comentaría luego Delgado. "Se cegaron por la ira. Podía escuchar la piel ardiendo como fritura. Yo automáticamente le apagué y hasta me lanzaron botellas".

Bernal fue montado en una ambulancia que buscó un hospital con suficiente material médico para hacer frente a las quemaduras. Los videos del incidente circularon por las redes sociales, generando tenues condenas. Hasta el enfermero que atendió a Bernal pensó que se había hecho justicia.

"Si lo agarraron y lo lincharon, es porque era un malandro", sostuvo el enfermero Juan Pérez, quien dijo haber sido asaltado tantas veces que ya perdió la cuenta.

Cuando sonó el teléfono, la esposa de Bernal pensó que su marido se había quemado en el trabajo. Al llegar al hospital, se acercó a su cuerpo chamuscado y le preguntó "¿eres Roberto?".

Bernal no podía abrir los ojos y apenas si podía susurrar palabras. Le dijo que el anciano lo había confundido con el verdadero ladrón y que la turba no le había sado tiempo de decir nada.

Falleció a los dos días.

Su asesinato no fue el primero que sufre su familia. Un sobrino fue muerto el año pasado en un episodio de violencia doméstica.

El suyo no fue tampoco el único ataque en el barrio.

Elisa Gonzales, de 59 años, vio cómo la turba linchaba a Bernal desde su ventana. Esa misma noche, observó a otro grupo de hombres que pateaban a un supuesto ladrón en la cabeza.

"Me hace mal ver todo esto. Ya no bajo a la calle", declaró.

Cuando suceden estos incidentes, la policía se maneja como un empleado de un bar en el que se produce una pelea. A veces intervienen para separarlos, pero no pierden demasiado tiempo averiguando quién empezó. La policía dice que intervino en nueve casos de este tipo en la misma zona en los primeros tres meses del año, comparado con los 18 casos que hubo en todo 2015.

Los policías sufren cada vez más ataques y han levantado un grueso muro de ladrillos alrededor de la estación policial del barrio. En las semanas posteriores a la matanza, los conductores de taxi que golpearon a Bernal bromeaban que estaban esperando que los agentes apareciesen por el lugar para pedirles dinero y dejarlos regresar a su fortaleza.

A nivel nacional, la policía hacía 118 arrestos por cada 100 asesinatos, según el Observatorio de la Violencia. Ahora hacen ocho. Rara vez se investigan los robos, al punto de que las víctimas ya ni se molestan en hacer las denuncias, según informes del gobierno.

La familia de Bernal quería que su caso fuese distinto. Comenzó a ir a la oficina de la fiscalía, llevando artículos alusivos a San Antonio, el patrón de los pobres en Venezuela. Esperaban que su presencia avergonzase a las autoridades y las impulsasen a buscar a los culpables de la matanza del 4 de abril.

Para su sorpresa, lo hicieron.

"Tenemos que fijar prioridades", dijo el fiscal Regino Cova. "Cuando una familia viene todos los días a pedir justicia, eso tiene importancia".

Un mes después de la muerte de Bernal, Cova acusó a Maickol Jaimez, de 23 años, que dejó sus estudios de derecho, de rociar a Bernal con gasolina. Le aseguró a la familia que los otros individuos que aparecen en los videos no quedarán impunes. Sostuvo que, abrumados por una tasa de asesinatos digna de una zona de guerra, los fiscales no pueden ir detrás de individuos que pegan algunas patadas.

Jaimez vivía en la misma barriada que Bernal y trabajaba vigilando las motocicletas de los clientes del supermercado, una de las numerosas ocupaciones que han proliferado en medio de tanta violencia. Igual que Bernal, nunca había tenido problemas con la policía. Pero compañeros de trabajo dijeron que últimamente se lo veía molesto porque desconocidos se habían robado cascos y baterías de las motos, y él había tenido que pagar por ellas.

Les dijo a los fiscales que nunca podrán condenarlo porque no hay imágenes claras de su rostro en los videos. Y podría tener razón. El año pasado el estado imputó a 268.000 personas de delitos que van de robo a asesinato, el triple del año previo, y solo 27.000 fueron sentenciados.

El cartel del servicio de taxi, que hay en la acera donde murió Bernal, todavía tiene manchas de sangre. La gente de la zona dice que no las van a limpiar. Es su trofeo de la vez en que se le plantaron firme la delincuencia que ha sembrado el miedo y el estrés en la ciudad.

"La gente intenta echarnos la culpa a nosotros los motorizados", dijo Francisco Agro, chofer de taxi de 29 años que participó en la golpiza. "La justicia, la policía en Venezuela no sirven. No es justo pero nos tocó proteger un señor de la tercera edad de un ladrón".

La esposa y los hijos de Bernal han estado durmiendo amontonados desde el asesinato, temerosos de que vengan por ellos también. Su hijo de 11 años dejó de ir a la escuela y pasa cada vez más tiempo con los jóvenes que ocupan los callejones del barrio, con los brazos llenos de tatuajes temporales.

La familia no cree que Bernal haya robado a nadie, pero coinciden con quienes los mataron en que en Venezuela no hay justicia.

"Todo el mundo tiene que estar asustado", afirmó su sobrino Alfredo Cisneros. "La gente tiene que saber que ya no hay ley. Nadie está a salvo".

Defensor del pueblo repudia linchamientos a delincuentes en Venezuela

​William Saab: "Hacer justicia por mano propia convierte a las personas que actúan en homicidas, en asesinos"

Con información de EFE

El defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, repudió hoy los linchamientos cometidos en las últimas semanas por ciudadanos en contra de presuntos delincuentes a los que capturaron cuando supuestamente cometían algún delito.

"La excusa de que porque existe inseguridad, un conjunto de personas se conviertan en asesinos seriales me parece totalmente antiético, reprochable y debemos advertir que no debe hacérsele propaganda", dijo Saab en una rueda de prensa.

El funcionario, que aseveró que está "en contra del uso de la justicia por mano propia", indicó que es "el sistema de justicia el que tiene que ser fortalecido y es al cual lo ciudadanos deben acudir".

"Hacer justicia por mano propia convierte a las personas que actúan en homicidas, en asesinos", añadió.

La declaración del defensor se produce después de que se incrementara en las últimas semanas el número de denuncias de presuntos delincuentes linchados, o que fueron rescatados por las autoridades en medio de intentos de linchamientos colectivos.

A través de las redes sociales los usuarios han difundido vídeos que muestran a los presuntos delincuentes en medio de las turbas de personas recibiendo golpes en lo que incluso algunos han resultado muertos.

El defensor reiteró que "son asesinatos colectivos donde usted ve a un grupo de personas, incluso jóvenes y menores de edad, matando a un presunto delincuente".

Saab señaló que "lo que corresponde es que quien haya infringido la ley esté en manos del sistema de justicia venezolano y sea procesado por tal motivo".

Asimismo consideró que la difusión de estos vídeos por las redes sociales "hacen apología del delito y quienes lo hacen (...) terminan haciéndole propaganda".

El presidente de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño, aseguró recientemente que entre "el 60 por ciento o 65 por ciento de la ciudadanía está a favor de los linchamientos, y 30 por ciento o 35 por ciento no los ve como una solución para disminuir la delincuencia", publicó El Nacional.

Briceño viene insistiendo en este comportamiento desde hace meses. Ya en octubre de 2015 advirtió en una entrevista con Efe que "el linchamiento en Venezuela ha aumentado de una manera impresionante por el desespero de las personas y porque ha aumentado mucho más también la acción delictiva, porque hay más delincuentes".