Justicia de Argentina incautó avión de Emtrasur y el FBI lo allanó

El juez federal Federico Villena admitió el pedido de la fiscal Cecilia Incardona

Redacción El Mercurio Web

La justicia de Argentina ordenó incautar el avión de Emtrasur y ahora la aeronave queda a disposición del FBI para una revisión de agentes federales.

El juez federal Federico Villena admitió este jueves el pedido de la fiscal Cecilia Incardona y ahora el Boeing 747, propiedad del estado venezolano, fue incautado a petición de la justicia estadounidense por sospechas de actividad terrorista.

La nave sigue retenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza desde el pasado 6 de junio. 19 tripulantes, 14 venezolanos y cinco iraníes estaban en el avión y permanecieron detenidos.

El FBI se presentó inmediatamente en Ezeiza para inspeccionar el avión. Estados Unidos tiene sospechas de que Venezuela compró el avión a Irán violando las leyes norteamericanas y con una triangulación con Emiratos Árabes, según documentos presentados por agentes federales estadounidenses.

FBI allanó la casa del expresidente Donald Trump en Florida

Agentes federales buscan documentos clasificados que Trump supuestamente se llevó de la Casa Blanca

Redacción El Mercurio Web

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en un comunicado de prensa que su casa en Mar-a-Lago, Palm Beach, estado de la Florida, fue allanada por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de ese país (FBI por sus siglas en inglés).

En el comunicado, Trump aseveró que son "tiempos oscuros" para esa nación y que nunca antes un ex mandatario estadounidense había sido sometido a tal allanamiento.

Aparentemente, el FBI, con orden de cateo, está en busca de unos documentos clasificados que presuntamente Trump se llevó de la Casa Blanca al concluir su mandato.

FBI compró y probó en secreto el software Pegasus

La aplicación sirve para espiar objetivos domésticos, aunque se creó para otros fines, según un trabajo periodístico

Redacción El Mercurio Web

De acuerdo a un trabajo de investigación periodística en Estados Unidos, se reveló que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), compró y probó en secreto el software Pegasus, aplicación desarrollada en Israel para espiar a objetivos domésticos.

Los periodistas Ronen Bergman y Mark Mazzetti, que investigaron el caso, relataron que Israel diseñó y creó el programa para fines diplomáticos.

El software jugó un papel importante en el apoyo árabe en la campaña que emprendió ese país contra Irán, y de igual manera con las negociaciones de la Convención de Abraham, que se concluyó en la Casa Blanca en 2020 cuando Donald Trump era el presidente de Estados Unidos.

Y con esa iniciativa, el ex mandatario norteamericano logró que las relaciones entre el Estado judío y los países árabes que le son hostiles se normalizaran.

Según Bergman y Mazzetti, el FBI compró el programa en 2019, aun cuando hubo denuncias de que el software se empleó en varios países contra activistas locales y políticos para espiarlos.

El acuerdo para adquirir la aplicación nunca se hizo público. Por años se dijo que el ente policial usaría el programa Phantom, que tiene las mismas particularidades. Hubo negociaciones entre el Departamento de Justicia y el FBI que continuaron hasta el verano pasado, pero al final, los federales decidieron no emplearlo.

Pese a esto, y a las denuncias sobre uso de espionaje a activistas, políticos, personal público, periodistas y otros en varios países, Pegasus está siendo usado por el FBI, y el peligro de que la seguridad de Estados Unidos sea socavada está latente.

FBI investiga a firmas mexicanas y europeas sobre comercio de petróleo venezolano

Una de las fuentes familiarizadas con el tema dijo que cualquier acción contra las empresas mexicanas y europeas podría posponerse o cancelarse si las compañías detienen el comercio con Venezuela

Con información de Reuters

CIUDAD DE MÉXICO/WASHINGTON (Reuters) - De acuerdo a información publicada por Reuters, en reportaje conjunto de los periodistas Marianna Parraga, Ana Isabel Martínez, Adriana Barrera y Matt Spetalnick. El FBI está investigando a varias compañías mexicanas y europeas presuntamente involucradas en el comercio de petróleo venezolano mientras reúne información para una pesquisa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre posibles sanciones, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, dijeron a periodistas a fines de abril que el Departamento de Estado y el del Tesoro estaban investigando si varias empresas estaban violando las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana PDVSA a partir de enero de 2019.

Las sanciones son parte de una campaña de Washington para extinguir las fuentes de ingresos del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Funcionarios estadounidenses dicen en privado que el poco impacto que las medidas han tenido sobre el mandatario venezolano constituye una fuente de frustración para el presidente Donald Trump, cuya administración ha endurecido la implementación de sanciones en los últimos meses.

Tres de las personas que proporcionaron información al FBI, que pidieron el anonimato para discutir el asunto, dijeron que la agencia estaba investigando a tres empresas mexicanas: Libre Abordo, Schlager Business Group y Grupo Jomadi Logistics & Cargo.

Reuters no encontró registro alguno de compras de petróleo venezolano por parte de esas compañías antes de las sanciones.

Las personas también dijeron que el FBI estaba recopilando información sobre dos compañías especializadas en comercio de petróleo con sede en Europa que tienen un historial de operaciones con petróleo venezolano o ventas de combustible a PDVSA: Elemento Ltd y Swissoil Trading SA.

Una de las fuentes familiarizadas con el tema en Washington dijo que cualquier acción contra las empresas mexicanas y europeas podría posponerse o cancelarse si las compañías detienen el comercio con Venezuela. Las otras tres fuentes dijeron que la investigación por parte de los departamentos de Estado y Tesoro podría conducir a la acción en las próximas semanas.

Un portavoz del estadounidense Departamento de Justicia que maneja las consultas de los medios para el FBI, declinó hacer comentarios, al igual que un portavoz del Departamento de Estado. El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios.

Correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de comentarios de Elemento y Swissoil quedaron sin respuesta, y una abogada de Elemento no respondió de inmediato a una solicitud similar. Mensajes enviados a una dirección de correo electrónico que aparece en el sitio web de Jomadi fueron devueltos.

Libre Abordo y su afiliada Schlager dijeron en un comunicado a Reuters, citando a expertos legales que contrataron, que los dos convenios que firmaron en 2019 con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para intercambiar alimentos y camiones cisterna para agua por crudo venezolano, conocidos como acuerdos de petróleo por alimentos, estaban permitidos bajo las sanciones siempre que no hubiera pagos en efectivo al gobierno de Maduro.

Las firmas declinaron identificar a los expertos, pero entregaron a Reuters un sumario de su interpretación de las sanciones.

El documento sin fecha, que dijeron envían con frecuencia a propietarios de tanqueros y otras firmas con las que trabajan, dice que los acuerdos no contravienen las sanciones porque Corpovex no ha sido específicamente incluida en la lista de personas o entidades sancionadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como sí ocurrió con PDVSA, y la provisión de bienes humanitarios esenciales está exenta de sanciones.

“Ni Libre Abordo ni las compañías navieras contratadas para realizar los movimientos del hidrocarburo de PDVSA son sujeto de sanción, primaria o secundaria, por parte del Gobierno de Estados Unidos”, dijeron un comunicado reciente.

Las dos compañías mexicanas se han convertido en los intermediarios más grandes para el petróleo venezolano en los últimos meses, según documentos internos de exportación de PDVSA, revisados por Reuters.

PDVSA, Corpovex y el Ministerio de Comercio Nacional no respondieron a solicitudes de comentarios.

VENEZUELA DEPENDIENTE DE INTERCAMBIOS

Venezuela, miembro de la OPEP, depende cada vez más de complicados acuerdos que involucran el intercambio de su petróleo y oro por importaciones esenciales, principalmente debido a que las sanciones de Washington prohíben que el gobierno de Maduro use el sistema financiero estadounidense.

Los documentos de exportación de PDVSA muestran que Libre Abordo y Schlager han incrementado rápidamente el comercio de petróleo venezolano desde que recibieron un primer cargamento en diciembre, después de una segunda ola de sanciones de Estados Unidos en agosto de 2019, que prohibió a las petroleras no estadounidenses hacer negocios con PDVSA.

Estas sanciones decretaron el bloqueo de las propiedades en Estados Unidos de cualquier persona en el mundo que “asista materialmente” al gobierno de Venezuela, incluida PDVSA.

Si bien las medidas exceptuaron de sanciones el envío de alimentos, ropa y medicamentos al país sudamericano, ninguna de las órdenes ejecutivas relacionadas con Venezuela emitidas por Trump específicamente ha permitido los acuerdos de petróleo por alimentos.

El hecho de que esa ambigüedad haya podido crear un vacío en el régimen de sanciones es sujeto de desacuerdo entre expertos.

Richard Nephew, investigador del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia y exfuncionario del Departamento de Estado, dijo que si bien la provisión de alimentos está autorizada bajo sanciones, no hay una dispensa especial que permita pagos con petróleo, y la participación de PDVSA en las operaciones aún podría impulsar al Tesoro a tomar medidas.

Sin embargo, Peter Harrell, experto en sanciones del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (CNAS), dijo que en los intercambios de petróleo por alimentos, las compañías que finalmente suministran los alimentos podrían quedar protegidas contra sanciones, siempre que no tuvieran ningún papel en recibir físicamente, transportar o vender el petróleo.

Harrell agregó que algunos responsables de políticas públicas en los Estados Unidos podrían estar reacios a imponer sanciones a firmas involucradas en un acuerdo para suministrar bienes básicos a una nación que sufre una crisis humanitaria.

“Los encargados de la formulación de políticas estarán preocupados de que sancionar un intercambio de petróleo por alimentos jugaría a favor de (...) la narrativa de que las sanciones de Estados Unidos están causando desafíos humanitarios en Venezuela”, dijo Harrell.

DECISIONES SOBRE SANCIONES

Si bien el enfoque principal del FBI está en la inteligencia y seguridad doméstica, sus agentes además hacen investigaciones para contribuir con la toma de decisiones sobre sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que a menudo también solicita aportes de los departamentos de Estado y Comercio, las embajadas de Estados Unidos y la comunidad de inteligencia.

Los acuerdos de petróleo por alimentos de Libre Abordo y Schlager con Venezuela las comprometen a entregar 1,000 camiones cisternas para agua y 210,000 toneladas de maíz al país, dijeron las compañías.

Si bien los camiones fueron entregados parcialmente, las empresas dijeron que hasta ahora no habían suministrado ningún tipo de alimentos, ya que los bajos precios del petróleo habían afectado el cronograma original de entregas.

A cambio, hasta ahora han recibido más de 26 millones de barriles de petróleo venezolano para reventa, según los documentos de exportación de PDVSA.

En solo cuatro meses, Libre Abordo y Schlager aumentaron su recepción de petróleo de PDVSA de menos del 3% al 39% de las exportaciones totales de la compañía venezolana, que promediaron unos 850,000 barriles por día en abril.

Los acuerdos han arrojado un salvavidas a Maduro, cuya administración está luchando para pagar por importaciones de todo tipo de bienes, desde alimentos hasta medicinas y equipos industriales.

FBI descarta vínculo terrorista en caso de avión robado del aeropuerto de Seattle

Mientras el suceso se desarrollaba, no se permitió la salida de ningún avión del aeropuerto internacional Seattle-Tacoma

Con información de EFE

El trabajador de una aerolínea que robó este viernes 10 de agosto un avión sin permiso en Seattle (EE.UU.) y se estrelló poco después no tenía ningún vínculo con organizaciones terroristas, confirmó este sábado el FBI.

En un mensaje de Twitter, el FBI aseguró que “la información recopilada hasta el momento no sugiere una amenaza terrorista“.

El Departamento del alguacil del condado de Pierce ya había informado de esta hipótesis y explicó que las investigadores iniciales sugerían que el hombre, de 29 años, buscaba suicidarse y se había estrellado porque estaba “haciendo acrobacias en el aire o le faltaban habilidades para volar“.

El hombre trabajaba para una aerolínea en el aeropuerto internacional Seattle-Tacoma(Washington) y, el viernes por la noche, robó un avión de la compañía aérea Horizon Air, subsidiaria de Alaska Airlines, despegó sin permiso y se estrelló poco después.

El avión robado y poco después siniestrado, con capacidad para 76 pasajeros, iba vacío.

Poco después de despegar, sobre las 20.00 hora local (03.00 del sábado GMT), dos aviones militares caza F-15 persiguieron al avión robado que iba haciendo piruetas en el aire y que se estrelló en la isla Ketron, entre Tacoma y Olympa, indicaron medios locales, que citan testigos.

Según la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sido informado del incidente y está supervisando la situación desde su club de golf de Bedminster, en Nueva Jersey.

“Las autoridades federales están ayudando con la investigación en curso que está siendo liderada por las autoridades locales. Alabamos el esfuerzo de la respuesta de diferentes agencias en su esfuerzo por una respuesta rápida para proteger la seguridad pública“, afirmó Sanders en un comunicado.

El FBI es una de las agencias que está colaborando con las autoridades locales y estatales.

Mientras el suceso se desarrollaba, no se permitió la salida de ningún avión del aeropuerto internacional Seattle-Tacoma, el noveno con mayor actividad en Estados Unidos por el que transitaron 46,9 millones de pasajeros en 2017.