Espacio Público denunció diez casos de violación a la libertad de expresión durante el mes de julio en Venezuela

Entre las víctimas se cuentan tres medios de comunicación, dos periodistas y una ciudadana indígena que fue obligada a pedirle disculpas a un funcionario del régimen por una denuncia sobre la quema de equipos usados para la “minería ilegal

Con información de EFE

Venezuela acumuló una inflación de 115% entre enero y julio de 2023, según datos difundidos este lunes por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un ente integrado por economistas y expertos al margen del Banco Central (BCV).

“Las cifras de precios del Observatorio de Finanzas correspondientes a julio de 2023 indican (...) que la tasa de inflación acumulada registró un comportamiento similar (de incremento) al pasar de 110,8% en junio a 115% en julio”, indicó el Observatorio.

Según estos datos, julio cerró con una tasa de inflación mensual de 7,2%, 1,3 puntos menos que la de junio, una subida que “está estrechamente relacionada con el alza del dólar, el cual aumentó 7,1%”, agrega el reporte.

Los sectores con mayores incrementos fueron el de servicios de comunicaciones, con 32,2%; los gastos de educación, que subieron 10,4%; los de restaurantes y hoteles, con 8,8%; y los de salud, con 7,9%.

“La estrecha vinculación entre los aumentos de precios y del tipo de cambio (la constante devaluación de la moneda local frente al dólar) podría anticipar que la inflación seguirá acelerándose, toda vez que en los primeros cuatro días hábiles de agosto de 2023, el tipo de cambio del bolívar respecto al dólar se incrementó en 7,6%”, advirtió el OVF.

El Observatorio Venezolano de Finanzas es una de las tantas organizaciones particulares encargadas de recopilar datos de la sociedad en medio del vacío informativo que genera la dictadura, al no difundir datos oficiales.

Venezuela salió en diciembre de 2021 de una hiperinflación en la que entró en 2017 y que, por cuatro años, redujo el valor del bolívar, la moneda oficial, así como la confianza de los ciudadanos en ella, por lo que adoptaron de manera no oficial el dólar en un intento de proteger sus ingresos.

Días atrás, el dictador Nicolás Maduro aseguró que el crecimiento económico del país para 2023 se proyecta en un “mínimo” de 5,5%, citando datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y negó que la nación haya caído, nuevamente, en recesión.

“Dicen que Venezuela entró otra vez en recesión, y lo basan en datos falsos, cuando los venezolanos estamos unidos y empeñados en el trabajo, en diversificar la economía, en hacer crecer la economía que produce bienes, servicios, riqueza, y este año se proyecta mínimo, mínimo, de acuerdo a la Cepal, 5,5% de crecimiento”, señaló la semana pasada durante una actividad transmitida por el canal estatal VTV.

El dictador chavista dijo estar seguro de que el crecimiento económico “superará esas proyecciones”, esto pese a que el Observatorio Venezolano de Finanzas estimó a finales de julio que el PIB cayó un 7% en el primer semestre de 2023, en comparación con el mismo período del año pasado.

Maduro afirmó que Venezuela empezó a “sustituir completamente” las importaciones por producción local, gracias al “trabajo en equipo” entre el Gobierno, productores y la ciudadanía.

“Ya Venezuela va invirtiendo la tendencia y comienza a ser un país productor, diversificado, que exporta, y un país que empieza a sustituir completamente las importaciones y a producir (...) lo que antes importábamos”, manifestó.

En este sentido, señaló que las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un sistema creado por Maduro en 2016 para abastecer de alimentos a familias, pasaron de contener un 90% de productos importados, a surtirse con 95% de alimentos producidos en la nación.

Además, el dictador venezolano indicó que estimaciones de la Cepal, al cierre de 2022, posicionan a Venezuela en el segundo lugar de crecimiento en exportaciones de bienes de toda la región, con 63% de incremento.

Pese a las declaraciones del dictador, según estimaciones independientes, la economía venezolana se contrajo un 80% entre 2013 y 2021, cuando empezó a mostrar signos de recuperación como resultado de un cambio en las políticas del Ejecutivo, que se ha abierto al dólar y a inversores privados, a la vez que redujo los controles y las intervenciones a empresas, coinciden expertos.

Censura en Venezuela: Espacio Público denunció 217 violaciones a la libertad de expresión en lo que va del año

En junio, la organización no gubernamental documentó 42 agresiones. En su mayoría, son actos de intimidación, y amenazas contra periodistas y ciudadanos

Con información de EFE

Al menos 217 violaciones a la libertad de expresión se registraron en Venezuela entre enero y junio de 2023, lo que arroja un promedio de 1,2 ataques al día contra el ejercicio del periodismo o del derecho a la protesta, según la ONG Espacio Público, que difundió este jueves su más reciente informe.

En junio, la organización no gubernamental documentó 42 agresiones -mayoritariamente actos de intimidación y amenazas contra periodistas y ciudadanos-, que se suman a otras 51 contabilizadas en mayo y a las 124 acumuladas durante el primer cuatrimestre, si bien, explicó a la agencia de noticias EFE la ONG, 16 casos ocurridos en este período fueron reportados y agregados al total de manera tardía, por lo que no se reflejaron en el informe correspondiente.

“Las principales víctimas en junio fueron personas particulares y periodistas”, dice el informe que da cuenta de “11 detenciones por ejercer la libre expresión”, entre ellos tres trabajadores públicos, un sector que ha protagonizado decenas de protestas en los últimos meses para exigir aumentos salariales.

En cuanto a los victimarios, “20 se relacionan directamente con el Estado”, lo que incluye a 10 cuerpos de seguridad -cuyos nombres no fueron expuestos en el escrito- siete instituciones y tres funcionarios, “junto con un grupo victimario afín” al gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).

Entre los casos señalados por Espacio Público, destaca la detención de dos productores agropecuarios que, en señal de protesta, arrojaron sus cosechas al río por la falta de combustible para trasladarlas hacia los mercados, un hecho que fue calificado como “sabotaje” por parte de la Fiscalía.

Ambos fueron puestos en libertad en menos de 72 horas.

Asimismo, la ONG subrayó como una violación a la libertad de expresión el cese de transmisiones de Radio Caracas Radio (RCR), la emisora más antigua del país, luego de 93 años, debido a la “imposibilidad económica de mantener las operaciones digitales”, ya que funcionaban solo a través de la web desde abril de 2019, cuando el Estado no le renovó la concesión para el espectro tradicional.

Según los datos de la organización, en 2022, se registraron 227 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 7 % respecto a 2021.

El régimen de Maduro dejó en libertad al fotógrafo Carlos Debiais, que estaba detenido desde noviembre de 2021

La ONG Espacio Público recordó que estuvo arrestado durante año y medio por hacer unas tomas con un dron cerca de la refinería de Amuay, en el estado Falcón. “Nunca debió estar preso”, señaló

Con información de EFE

El fotógrafo venezolano Carlos Germán Debiais, detenido desde noviembre de 2021, pese a que en abril del año pasado se emitió una orden de excarcelación a su nombre, fue liberado este martes, tras lo que tendrá que cumplir con un “régimen de presentación”, informó la ONG Espacio Público (EP).

“El fotógrafo estuvo detenido durante año y medio por hacer unas tomas con un dron cerca de la refinería de Amuay, en el estado Falcón (noroeste)”, dijo la organización en Twitter, donde expresó que Debiais “nunca debió estar preso”.

Durante el período que estuvo detenido, varias ONG y agrupaciones de periodistas pidieron la liberación del fotógrafo, quien fue detenido el 12 de noviembre de 2021 por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando filmaba en una bahía cercana a la mayor refinería del país.

Amnistía Internacional (AI) lanzó, en mayo del año pasado, una acción urgente por la liberación del reportero gráfico que, según la organización, fue acusado de “violación al régimen de la nación y consumo de drogas” y sentenciado “a 4,5 años, pudiendo cumplir la sentencia en libertad condicional y registrarse ante el tribunal cada dos meses”.

La organización internacional aseguró entonces que “esta detención arbitraria” ocurrió “en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela”, donde “el Gobierno de Nicolás Maduro ha implementado una política de represión en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de derechos humanos”.

285 presos políticos

La ONG Foro Penal, en su último informe, consignó que en Venezuela hay 285 personas privadas de su libertad por razones políticas.

Del total de reos, 131 son civiles y 154 militares, cuando el reporte anterior señalaba que había 153 castrenses presos. Además, detalló que, de los 285 presos políticos, 265 son hombres y 20 mujeres.

Por otra parte, la organización aseguró que 122 detenidos ya han recibido condenas y 163 todavía esperan por la decisión de un tribunal.

Según la ONG, además de los presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas, “arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”.

En Venezuela tuvieron lugar, durante todo 2022, 523 casos de “persecución y criminalización” contra trabajadores de medios de comunicación, activistas sindicales, trabajadores públicos y personas vinculadas a la política, de acuerdo a un balance anual del Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

(Con información de EFE)

Espacio Público registró 12 violaciones a la libertad de expresión en abril

Sostuvo que el Estado, en sus distintos componentes y ramas, fue parte del 70 % de los victimarios el mes pasado

Con información de EFE

En Venezuela se contabilizaron 12 violaciones a la libertad de expresión durante abril, 22 menos que en marzo, según el registro de casos difundido este martes por la ONG Espacio Público (EP).

“En abril de 2023, registramos, al menos, 11 casos y 12 violaciones del derecho a la libertad de expresión, perpetrados principalmente en internet y con cinco instituciones del Estado como victimarias”, señaló la ONG en su balance mensual.

Asimismo, dijo que siete de ocho casos relacionados con el internet afectaron a la ciudadanía en general, “pues impidieron su derecho a comunicarse y mantenerse informados, sin censura”.

La ONG sostuvo que el Estado venezolano, en sus distintos componentes y ramas, fue parte del 70 % de los victimarios en abril.

“Además, de las cinco instituciones estatales, otros tres cuerpos de seguridad, tres funcionarios y un integrante del Poder Ejecutivo impidieron el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión”, añadió.

Espacio Público reportó fallas en el servicio de internet que afectó, de manera generalizada, al este del país, así como los estados Barinas, Trujillo, Táchira y Mérida, ubicados al oeste.

Igualmente, documentó el jaqueo del portal web del medio multiestatal Telesur, el pasado 11 de abril.

“Piratas informáticos publicaron mensajes en contra de la administración de Nicolás Maduro. Durante la vulneración, la página web mostraba mensajes que exigían la liberación de los presos políticos en Venezuela y Cuba”, indicó.

La ONG informó el pasado 3 de mayo, en la presentación de su informe anual, que en 2022 registró 227 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa una disminución de 7 % con relación a los casos computados en 2021.

La disminución, prosigue el estudio, podría estar “vinculada al estancamiento de la agenda política” durante el año pasado, pues la ONG ha documentado que “en anteriores años existió una correspondencia entre la represión política y los altos índices de violaciones a la libertad de expresión”.

No hay medios de comunicación independientes en al menos 13 estados de Venezuela

La ONG Espacio Público alertó que hay “zonas silenciadas” en el país. “La situación es grave en el contexto de las elecciones”, explicó el director de la organización, Carlos Correa

Con información de Infobae

La organización no gubernamental venezolana Espacio Público (EP) presentó este miércoles su reporte anual “Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela” y denunció que al menos 13 estados del país no poseen medios de comunicación independientes.

“Valiéndose de recursos directos e indirectos, el Gobierno achicó el ya deprimido ecosistema de medios venezolano. Hoy son 13 los estados que no tienen acceso a medios de línea editorial independiente, lo que agudizó la brecha que impide a las personas consumir información plural”, reveló EP en su estudio divulgado este 3 de mayo -proclamado por la ONU como el Día Mundial de la Libertad de Prensa-.

La ONG define como medios de línea editorial independiente a “aquellos cuyos contenidos no están influenciados estructuralmente por intereses gubernamentales o corporativos, ni privilegian regularmente contenidos a favor de intereses gubernamentales, político-partidistas, o de grupos económicos específicos” y denunció que esta clase de medios no existen en los estados venezolanos Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre y Trujillo.

Carlos Correa, director de Espacio Público y coordinador del informe, conversó con Infobae y advirtió que “la situación es grave en el contexto de las próximas elecciones” debido a que “hay muy poca posibilidad de que los candidatos puedan tener acceso a medios de comunicación para hacer llegar sus propuestas o debatir, y expresa de alguna manera cómo se ha venido restringiendo las posibilidades de la deliberación pública producto de una política de Estado que básicamente va reduciendo las posibilidades de transmitir o difundir información crítica y las posibilidades, por lo tanto, que tienen las personas a acceder a esa información”.

“Toda la política restrictiva que afectó a los periódicos ha hecho que muchos de estos estados se conviertan en lo que llamamos ‘zonas silenciadas’”, explicó Correa. Y recordó que “en Venezuela había más de 100 periódicos regionales, que eran muy vigorosos, tenían mucha circulación y eran muy importantes para el debate público en esos estados, en esas capitales de estados o en las principales ciudades de esos estados”. “Muchos de esos medios desaparecieron”, dijo, y estimó que actualmente circulan unos veinte diarios regionales en el país.

Añadió que “todo lo que tiene que ver con radio y televisión está muy sometido en Venezuela al control estatal, especialmente por legislaciones que se han ido aprobando y por mecanismos de censura directa o indirecta que se han aplicado”. Y el resultado es que en el país hay muchas radios de entretenimiento y hay un aumento de las emisoras religiosas. “Lo que estamos observando es una reducción de la posibilidad del debate”, sentenció Correa.

Cerraron 403 medios en 20 años

Por otra parte, la investigación de EP reportó que al menos 403 medios de comunicación “cesaron sus operaciones” en Venezuela en los últimos veinte años. Los registros de la ONG advirtieron el cierre de 285 emisoras de radio a escala nacional, 87 periódicos, 19 canales de televisión de señal abierta y 12 medios digitales entre 2003 y 2022.

“Las restricciones administrativas, la agudización de la crisis económica, las constantes fallas de la electricidad y los bloqueos de internet son algunas de las razones más frecuentes que esgrimen los medios al momento de cesar sus operaciones”, remarcó el informe, y lamentó que esta situación permita “que la estructura comunicacional controlada por el Estado y su red de medios aliados domine casi la totalidad de los espacios informativos y de opinión existentes en el país”.

“Toda la política restrictiva que afectó a los periódicos ha hecho que muchos de estos estados se conviertan en lo que llamamos ‘zonas silenciadas’”, explicó Correa. Y recordó que “en Venezuela había más de 100 periódicos regionales, que eran muy vigorosos, tenían mucha circulación y eran muy importantes para el debate público en esos estados, en esas capitales de estados o en las principales ciudades de esos estados”. “Muchos de esos medios desaparecieron”, dijo, y estimó que actualmente circulan unos veinte diarios regionales en el país.

Añadió que “todo lo que tiene que ver con radio y televisión está muy sometido en Venezuela al control estatal, especialmente por legislaciones que se han ido aprobando y por mecanismos de censura directa o indirecta que se han aplicado”. Y el resultado es que en el país hay muchas radios de entretenimiento y hay un aumento de las emisoras religiosas. “Lo que estamos observando es una reducción de la posibilidad del debate”, sentenció Correa.

Cerraron 403 medios en 20 años

Por otra parte, la investigación de EP reportó que al menos 403 medios de comunicación “cesaron sus operaciones” en Venezuela en los últimos veinte años. Los registros de la ONG advirtieron el cierre de 285 emisoras de radio a escala nacional, 87 periódicos, 19 canales de televisión de señal abierta y 12 medios digitales entre 2003 y 2022.

“Las restricciones administrativas, la agudización de la crisis económica, las constantes fallas de la electricidad y los bloqueos de internet son algunas de las razones más frecuentes que esgrimen los medios al momento de cesar sus operaciones”, remarcó el informe, y lamentó que esta situación permita “que la estructura comunicacional controlada por el Estado y su red de medios aliados domine casi la totalidad de los espacios informativos y de opinión existentes en el país”.

EP destacó que la radio es el medio con mayor penetración en Venezuela y que 2022 fue el año con más cierres de emisoras: 81 en todo el territorio nacional y en el 60% de los casos las clausuras fueron ejecutadas por funcionarios del Gobierno a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Además, la ONG indicó que Conatel utiliza las sanciones administrativas, prohibiciones oficiales e informales, permisos negados o desactualizados y el uso de las concesiones como medio de presión para regular el contenido que se transmite en las radios. “Este método es usado para intimidar y aleccionar al resto de las estaciones”, precisó.

“Para garantizar su existencia, la gerencia de los medios ha tomado decisiones, algunas de ellas incluyen ‘suavizar’ la línea editorial, eliminar corresponsalías, censurar temas, cerrar espacios informativos, reestructurar las rutas de distribución, reducir el personal, cambiar de formato y migrar a internet. Sin embargo, los esfuerzos resultan insuficientes y siguen siendo el objetivo más frecuente de las violaciones a la libertad de expresión de los últimos años”, concluyó el estudio.

Censura en Venezuela: Espacio Público computó 28 violaciones a la libertad de expresión en febrero

La ONG indicó que se mantuvo el patrón de hostigamiento y amedrentamiento al discurso crítico de periodistas, medios de comunicación, dirigentes, trabajadores y ciudadanía en general

Con información de EFE

En Venezuela se contabilizaron 28 violaciones a la libertad de expresión durante febrero, 6 menos que en enero, según el registro de casos difundidos este martes por la ONG Espacio Público.

“Durante el segundo mes del año, documentamos 16 casos que se tradujeron en 28 violaciones a la libertad de expresión”, dijo el boletín de la organización, que denunció el predominio de “la amenaza, la censura, el hostigamiento verbal y la intimidación”.

“Se mantuvo el patrón de hostigamiento y amedrentamiento al discurso crítico de periodistas, medios de comunicación, dirigentes, trabajadores y ciudadanía en general, principalmente perpetrado por funcionarios del Estado o afines al Gobierno”, señaló el escrito.

Asimismo, Espacio Público explicó que el 56 % de los atropellos ocurrieron en internet, “de los pocos espacios con los que aún cuenta la población para expresarse y opinar libremente”.

Además, 14 periodistas y 2 medios de comunicación “fueron víctimas de violaciones a su derecho a informar”, mientras que la ciudadanía en general se vio afectada directamente en otros 5 casos.

El Estado, añade la ONG, fue el victimario en 19 de las 28 violaciones registradas.

Entre los casos incluidos en el boletín figura uno del 28 de febrero, cuando una alcaldesa del estado amazónico Bolívar “amenazó” a seis periodistas “por cubrir y difundir denuncias de familiares de pacientes que fallecieron” en un hospital público y que “exigen que se abra una investigación”.

En otro orden, esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al régimen venezolano que no ratifique una ley que regulará el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y que, por el contrario, adopte medidas para “reconstruir la democracia”.

“En Venezuela existe un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el que predominan las campañas de desprestigio, estigmatización y actos de hostigamiento como consecuencia de sus actividades de defensa”, aseguran la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).

Por eso “instan a que Venezuela se abstenga de aprobar cualquier tipo de legislación o reglamentación que limite arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés públicos” y le piden que tome “medidas dirigidas a reconstruir la democracia y el estado de derecho”.

El 24 de enero, el Parlamento venezolano dominado por el chavismo aprobó, en primer debate, una ley que regulará el funcionamiento de las ONG. La segunda votación está pendiente y sin fecha.

Espacio Público denunció que aumentaron un 166 % las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela

La ONG indicó que la más común en enero fue el hostigamiento con 15 registros, 11 de orden judicial y cuatro verbales

Con información de EFE

La ONG venezolana Espacio Público documentó 34 violaciones a la libertad de expresión durante enero en 16 hechos distintos, un 166 % más de casos que los registrados en diciembre, cuando fueron seis, según datos difundidos este lunes.

“En enero se incrementaron los ataques a la libertad de expresión. Documentamos 16 casos y 34 violaciones al derecho a la libertad de expresión de trabajadores, activistas, periodistas y la ciudadanía en general, 166 % más casos que en el mes anterior”, sostuvo la ONG en su informe mensual.

Indicó que la violación registrada más común en enero fue el hostigamiento con 15 registros, 11 de orden judicial y cuatro verbales.

“La intimidación también fue frecuente, con nueve registros durante enero, seguida de cuatro actos de censura”, añadió.

Asimismo, dijo que 15 periodistas fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión con ataques verbales, acoso e impedimento de cobertura, junto a cinco trabajadores públicos que fueron atacados por protestar o criticar la gestión de Gobierno, y otros cuatro fueron detenidos por “expresarse libremente”.

“El Estado venezolano sigue siendo el principal victimario. Al menos 14 de los 19 victimarios que registramos se relacionan directamente con el Estado, siete instituciones, cinco funcionarios y dos cuerpos de seguridad”, señaló.

La ONG sostuvo que los casos registrados durante enero demuestran “cómo instituciones y funcionarios del Estado buscan silenciar el periodismo independiente y la protesta pacífica, acciones necesarias para exponer violaciones a los derechos humanos y exigir cambios en la políticas públicas”.

“Rechazamos las prácticas de hostigamiento, intimidación y diversos tipos de violencia contra trabajadores de los medios. Recordamos que su función es clave para que la ciudadanía esté informada de forma plural y diversa”, añadió.

Espacio Público registró 390 casos y 965 violaciones a la libertad de expresión en 2020

El 60% de los casos registrados ocurrieron durante el primer semestre del año

Nota de prensa

En 2020 fueron contabilizados, al menos, 390 casos y 965 violaciones del derecho a la libertad de expresión, siendo el tercer año con mayor cantidad de casos registrados en 19 años de monitoreo, según registró Espacio Público en su Informe 2020: Situación del Derecho a la libertad de Expresión e Información.

La mayoría de los casos registrados (60%) ocurrieron en el primer semestre del año, destacando que, en enero de 2020, la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) derivó en impedimentos a la cobertura periodística de ese día, cuando miembros de al menos 38 medios nacionales e internacionales no pudieron acceder al Palacio Federal Legislativo, y los siguientes.

Enero cerró con 30 casos relacionados con restricciones a la libertad de expresión, aunque, a partir de la detección de casos positivos de COVID-19, hubo un incremento en el número de casos documentados. Marzo, el mes con mayor cantidad de casos durante 2020, cerró con 62 casos, seguido por abril y mayo, con 42 y 46 casos, respectivamente.

Intimidación y detenciones arbitrarias

Con 965 denuncias de violaciones, 2020 solo es superado por 2017 y 2019 en cuanto a total de violaciones registradas. De igual forma, los actos de intimidación fueron los más comunes entre las 965 violaciones registradas en 2020 por Espacio Público, con al menos 356 de ese tipo (36,89 % del total).

Ejemplos de ellos fueron negativas a acceder a edificios públicos o espacios como bombas de gasolina, restricciones a la libertad de desplazamiento, amenazas de funcionarios de aplicar sanciones a través de organismos gubernamentales, espionaje o seguimiento de periodistas, entre otros.

El informe de Espacio Público también da cuenta de que, al igual que en años anteriores, en 2020 persistieron las detenciones arbitrarias vinculadas al ejercicio del derecho a informar y estar informados: al menos 110 personas fueron detenidas por buscar o difundir información.

32% de las víctimas de detenciones arbitrarias son particulares, 30% son periodistas o reporteros, 14% son trabajadores públicos, 9% son reporteros gráficos, 5% son conductores, 5% son trabajadores de la salud, 3% son camarógrafos y 2% miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Censura, cierre y victimarios

La censura y las restricciones administrativas también estuvieron presentes a lo largo de 2020, representando 19% y 13,5% del total de violaciones registradas y destacando, entre otros casos, el cierre de espacios informativos o medios de comunicación y la confiscación o eliminación de material periodístico´por parte de las autoridades.

Así, durante el año fueron cerradas 18 emisoras radiales, cuatro medios impresos y dos medios digitales en procedimientos encabezados, principalmente, por la la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) junto con cuerpos de seguridad del Estado.

De hecho, el grueso de victimarios de violaciones a la libertad de expresión en 2020 fueron los cuerpos de seguridad (43% del total) e instituciones del Estado (20%). 16% de las violaciones fueron perpetradas por funcionarios públicos, 5% por grupos violentos, 3% por operadoras privadas (como bloqueos de páginas web), 2% a través de atacantes informáticos, 2% por simpatizantes del Gobierno, 1% por medios de comunicación y 1% particulares. Se desconoce los victimarios de 7% de las violaciones.

Contexto COVID-19

Mientras que, con la llegada de la pandemia de COVID-19 al país, la información sobre la enfermedad se centralizó y hubo señalamientos hacia quienes cuestionaron o contradijeron la versión oficial, con amenazas por parte de funcionarios del Estado hacia periodistas, personal de salud y académicos.

Desde el 16 de marzo en adelante, Espacio Público contabilizó al menos 105 casos y 250 de las 965 violaciones vinculadas directamente a la pandemia, desde detenciones arbitrarias por publicaciones en redes sociales referentes a posibles casos de coronavirus, hasta bloqueos de páginas web que informaban sobre el curso de la enfermedad.

41% de las violaciones vinculadas a la COVID-19 fueron intimidaciones, 22% casos de censura, 12% fueron amenazas, 11% hostigamientos judiciales, 7% restricciones administrativas, 4% de hostigamientos verbales y 3% de agresiones. Periodistas (39%) y particulares (16%) fueron las principales víctimas de violaciones.

Víctimas y mayor presencia en internet

En total, Espacio Público registró al menos 539 víctimas directas de violaciones del derecho a la libertad de expresión: 51% de ellas son periodistas o reporteros, 11% son medios de comunicación, 8% particulares, 7% páginas o plataformas web, 5% corresponde a la ciudadanía en general y otro 5% a reporteros gráficos, 3% son camarógrafos o técnicos, 2% trabajadores de la salud, 2% miembros de ONG y 1% conductores.

También se documentó que 120 casos fueron registrados en internet, que equivale a 30% del total de registros y más que en cualquier región del país, lo que sugiere que las autoridades reforzaron los sistemas de vigilancia en redes sociales en busca de informaciones u opiniones que cuestionan la gestión gubernamental.

Al menos en 31 ocasiones, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) estuvo involucrada en restricciones a contenidos web e impidió, en 10 ocasiones, que la ciudadanía tuviera acceso a información mediante internet por las fallas de conectividad.

Espacio Público registra al menos 10 detenidos en Nueva Esparta durante las protestas de este 28 de septiembre

Algunos de los detenidos fueron golpeados y los abogados y defensores de los derechos humanos en la entidad no se les ha permitido el acceso

Redacción

La ONG Espacio Público registró que al menos 20 personas fueron detenidas durante las protestas de este lunes 28 de septiembre en el estado Nueva Esparta por gasolina y otros servicios públicos.

Informó además, que algunos de los detenidos fueron golpeados y los abogados y defensores de los derechos humanos en la entidad no se les ha permitido el acceso para constatar su estado de salud.

https://twitter.com/espaciopublico/status/1310637837109297155?s=20

Espacio Público: El mes de febrero ha sido el más violento contra la prensa venezolana

En febrero se registraron 87 violaciones al derecho, siendo más frecuentes: la intimidación, el hostigamiento y las agresiones como mecanismos de restricción a las coberturas

Redacción

En el segundo mes del año se mantuvo la agudización de la violencia en contra de periodistas, reporteros gráficos y trabajadores públicos que buscan informar sobre la situación del país. En febrero se registraron 87 violaciones al derecho, siendo más frecuentes: la intimidación, el hostigamiento y las agresiones como mecanismos de restricción a las coberturas.

En la actualidad, el ejercicio del derecho a la libre expresión es violentado por el Estado de forma recurrente y como parte de una política de Estado cuyo foco principal sigue siendo ocultar lo que ocurre en medio de la coyuntura política. Este mes incluso la cifra de retenciones y detenciones sumó seis nuevas víctimas entre los que destacan trabajadores públicos y trabajadores de la prensa.

Un patrón de esta política estatal es la utilización de la fuerza en los diversos dispositivos restrictivos llevados adelante por grupos violentos afectos al partido de Gobierno, cuerpos de seguridad y funcionarios de organismos públicos que actúan con impunidad frente a las autoridades y la justicia venezolana.

La impunidad de los grupos violentos

El 11 de febrero, al menos doce trabajadores de la prensa fueron agredidos por grupos afectos al gobierno, cuando cubrían la llegada del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía estado Vargas.

Reporteros de los medios digitales: Efecto Cocuyo, TVV Noticias, CNVE24, VPI TV, Televen, EVTV Miami, El Estímulo, Telemundo 51, El Pitazo y Punto de Corte fueron golpeados, heridos, amenazados y amedrentados mientras realizaban su labor periodística a propósito de la llegada al país del presidente de la AN luego de una larga gira internacional que lo llevó a reunirse con distintos jefes de Estado en las últimas tres semanas.

Los periodistas: Nurelyin Contreras, Maiker Iriarte, Reynaldo Mozo, Iván Ernesto Reyes, Estefani Brito, Nadeska Noriega, César Díaz, Leonaibeth Díaz, César Saavedra, Ana Rodríguez, Wilmer Torcales y Manuel Da Silva estaban en el interior del aeropuerto haciendo imágenes de la manifestación que tenía el grupo chavista, pero la actitud de éste cambió cuando se supo que Guaidó estaba en el área de migración.

La primera violación se registró cuando al inicio de la cobertura funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), intentó desalojar a los medios presentes, Ana Rodríguez de Telemundo 51 reportó el impedimento a través de sus redes sociales. Nadezca Noriega, corresponsal de El Pitazo en el estado Vargas, detalló que los agresores estaban liderados por miembros de la ilegítima asamblea nacional constituyente y que el Almirante de apellido Matamoros los mandó a desalojar.

Periodistas informaron que los violentos son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Vargas, pertenecen a un grupo de choque de la Jefatura Civil de Catia la Mar y fueron movilizados en camiones de la Gobernación de Vargas liderados por un constituyente, Juan Iriarte y el presidente del Consejo Legislativo del Estado Vargas, Roiber Sojo.

La periodista de Punto de Corte, Nurelyin Contreras, detalló que las personas vinculadas al chavismo llegaron protestando a las instalaciones del Aeropuerto, los periodistas presentes incluso le tomaron declaraciones, pero que a partir de las 4 de la tarde comenzó lo que ella califica como una «brutalidad».

«A mí me agarraron cuatro mujeres, también varios hombres, que ya están identificados en varios videos en las redes sociales, me jalaron tanto el cabello que se me cayó una maraña. Estoy bastante golpeada. Tengo un golpe en la cabeza, me duele el cuello debido al forcejeo, me lanzaron al piso, me dieron un golpe en la mandíbula y mañana jueves me van a realizar una placa porque no puedo abrir la boca por completo porque me produce mucho dolor, adolorido todo mi cuerpo producto de los golpes».

La confrontación se llevó a cabo frente a la mirada inmóvil de los funcionarios de seguridad del aeropuerto la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y GNB, quienes no hicieron nada para impedir las agresiones en contra de la presa que transmitía en vivo la llegada del Presidente de la AN al país.

La actitud de los funcionarios cuya función es cuidar el orden y proteger a los ciudadanos fue de total inacción frente a la violencia de estas personas contra los periodistas: «fue realmente indignante la verdad y más que no puedes hacer nada más allá de tratar de medio defenderte no puedes hacer nada y los cuerpos de seguridad que están ahí, tampoco hacen nada. Y eso es lo peor. Ninguno de los funcionarios reaccionó, se metió, apartó, ninguno. Después fue que trataron de calmarlos pero se les salió de control esa gente y nos siguieron hasta el estacionamiento donde agredieron a Maiker ver cómo están agrediendo a un colega y no poder hacer nada. Gracias a dios estoy bien, los empujones me dieron un manotazo, me tumbaron los lentes y el golpe me rompió la encía» comentó Estefanía Brito a Espacio Público.

Con el Mazo Dando

La agresión a estos periodistas no quedó aquí, dos días después del hecho, el presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente (anc), Diosdado Cabello, hostigó durante su programa semanal Con el Mazo Dando, a los periodistas que fueron agredidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.Diosdado Cabello se burló de las agresiones recibidas por la periodista del portal digital, Punto de Corte, Nurelyin Contreras y Maiker Iriarte, de TVV Noticias y felicitó a los agresores, los calificó de «pueblo patriota» e insistió que defenderían la revolución «a cualquier hora, en todo momento y en cualquier lugar».

En tres días dos periódicos anunciaron su salida por falta de papel

El Falconiano y El Siglo (Aragua) informaron la semana pasada que deberán "reinventarse". En mayo, seis medios impresos adoptaron medidas similares

Con información de El Nacional

En 2017 Conatel “calló” 40 emisoras de radio, algunas de manera definitiva y otras temporalmente. La cifra está registrada en un estudio del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) y se suma a los reportes sobre el cerco a la libertad de expresión en el país, que incluye las dificultades para adquirir papel periódico que han obligado a diarios regionales a disminuir su periodicidad o salir de circulación.

Respecto al cerco a la prensa regional, la ONG Espacio Público denunció que con la salida de circulación el sábado, El Falconiano se convirtió en el segundo medio en tres días que anunció “variación o salida por falta de insumos”. El 28 de junio, El Siglo (Aragua) informó que solo saldrá a la calle cuatro días a la semana por déficit de papel periódico.

El estado Falcón se quedó desde el 30 de junio con un solo periódico: Nuevo Día. La lista de medios de comunicación limitados por recursos tiende a crecer. El 21 de mayo Las Noticias de Cojedes dejó de salir impreso por agotarse la disponibilidad de papel que le vendía la Corporación Editorial Alfredo Maneiro. La medida fue adoptada luego de la reducir de 32 a 16 páginas.

Espacio Público reportó que en mayo seis periódicos regionales debieron ajustar su soporte y periodicidad. Entre las causas están la crisis económica que generó escasez de efectivo, el alto costo de la materia prima y la imposibilidad de acceder a ese recurso. En el grupo de los impresos que debieron reinventarse están El Tiempo de Puerto La Cruz, La Prensa de Barinas, El Diario de Los Andes, Versión Final, Visión Apureña y Última Hora del estado Portuguesa.

“Ya no solo se trata de disminuir sus páginas o el tiraje, algunos migraron por completo a la web, otros se convirtieron en semanarios, y los que aún resisten salen de lunes a viernes. Estos reajustes limitan el derecho de los venezolanos de recibir información, pues afectan la pluralidad y estimulan la autocensura,negándoles la posibilidad de conocer y denunciar lo que sucede en el ámbito local”, indicó la ONG.

Cierre en protestas

La mayoría de los cierres de emisoras ocurrió durante el tiempo de protestas callejeras, en el primer semestre del año, contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Entre denuncias de censura y arbitrariedad estatal, el argumento oficial para silenciar estaciones de radio fue la carencia de permisos para operar en el espectro radioeléctrico. Las clausuras responden a procedimientos administrativos y legales que son contrarios a las garantías de transparencia establecidas en la Constitución y en estándares internacionales de derechos humanos”, señaló IPYS Venezuela.

Refiere que las medidas contra la radio superaron las de 2009, cuando ocurrió el “Radicidio” contra 32 emisoras. Indica que el cierre del año pasado se ejecutó mientras “Conatel mantiene una política de opacidad en sus procesos para asignar o negar permisos de uso de frecuencias radioeléctricas.

Bajo el amparo de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones: la norma admite el silencio como una forma válida de rechazar solicitudes sin ofrecer explicaciones”. De allí que IPYS Venezuela dispuso en línea el microsite “Emisoras en vilo”, con la etiqueta “ConatelCallaYnoOtorga”.

Espacio Público: Ley contra el odio busca la inhibición, la autocensura y el silencio

El defensor los DDHH indicó que nuevo instrumento legal tiene una “serie de errores en cuanto a técnicas legislativas que hacen que no tenga legitimidad"

Redacción

El representante de la Organización No Gubernamental (ONG) Espacio Público, Carlos Correa, alertó este que la Ley del Odio es un instrumento que violando la Constitución busca acabar con la libertad de expresión, con una fachada de respeto a los derechos humanos.

“Este es un instrumento que busca promover que las personas crean que están cometiendo un delito y que las sanciones pueden ser muy duras, buscan la inhibición, la autocensura, que la sociedad calle”, advirtió.

Durante una entrevista transmitida por RCR, el también defensor de los DDHH, aclaró que dicho instrumento legal tiene una “serie de errores en cuanto a técnicas legislativas que hacen que no tenga legitimidad tanto por el origen, por la forma y por el mecanismo que pretenden implementar”.

Recordó Correa que “la Asamblea Nacional Constituyente no tiene facultades para hacer leyes y usurpa la soberanía popular cuando hace eso. Además está haciendo leyes en las que se establecen penas de privativas de libertad, que después de la Constitución el código penal es el instrumento más importante en las democracias, porque es el documento que puede privar de libertad a una persona”, explicó.

Finalmente dijo que  “el segundo elemento es la ampliación del tema de la penalización, es decir se está ampliando a una figura de lo que se llama ‘delitos de opinión’ a penas además muy altas, de 10 a 20 años, pero además se hace con una definición con lo que son los delitos que van a ser sometidas las personas, vagas, imprecisas y poco claras”.