TSJ golpea la descentralización tributaria de los municipios y estados

La Sala de manera arbitraria decidió usurpar la función legislativa de la Asamblea Nacional

Nota de prensa

El pasado 7 de julio el máximo intérprete de la Carta Magna propinó otro golpe contra el Estado constitucional de derecho, luego de que en la sentencia n.º 78ordenara la suspensión por noventa días de las normas tributarias de los municipios y estados.

La Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó además al vicepresidente sectorial del Área Económica, Tareck El Aissami, que conformara una mesa técnica con los gobernadores, los alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital «a fin de coordinar los parámetros dentro de los cuales ejercerán la potestad tributaria, en particular, para armonizar los tipos impositivos y alícuotas de los tributos».

La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que desaplica la potestad tributaria constitucional de los municipios y estados se produce a partir de un recurso de nulidad, junto con un amparo cautelar presentado en 2019 para impugnar las ordenanzas Reforma de la Ordenanza de Creación de las Unidades de Valores Fiscales en el Municipio Chacao del Estado Miranda y Reforma de la Ordenanza sobre Convivencia Ciudadana del Municipio Chacao, dictadas por el Concejo Municipal del municipio Chacao a través de las cuales efectuaban cobros de tributos y sanciones fijadas al tipo de cambio de referencia que establece diariamente el Banco Central de Venezuela (BCV).

Acceso a la Justicia considera insólito que después de casi un año desde que la SC admitiera el mencionado recurso de nulidad y ordenara suspender temporalmente  ambas leyes municipales en la sentencia n.º 250 del 8 de agosto de 2019, extendiera por iniciativa propia los efectos de esa suspensión contra todas las normas tributarias de los municipios y estados del país.

Para sustentar la adopción de esta medida suspensiva, la Sala de manera arbitraria decidió usurpar la función legislativa de la Asamblea Nacional (AN), por cuanto hasta la fecha el Parlamento no ha dictado la legislación para coordinar y armonizar las potestades tributarias de las distintas personas político territoriales del país, a que se refiere el ordinal 13 del artículo 156 constitucional.

Violaciones contra los poderes municipal y estadal 

Las repetidas y cada vez más frecuentes violaciones al Texto Fundamental venezolano por parte del TSJ ponen aún más en riesgo el ya debilitado Estado federal venezolano tras negar la autonomía tributaria de los municipios y estados, que es la facultad de crear, organizar, recaudar, administrar y controlar tributos.

El Estado federal aparece proclamado en el artículo 4 de la Constitución, y apunta hacia la distribución vertical del poder público, estableciendo niveles políticos territoriales, que en el caso venezolano está estructurado en República-estado-municipio. A su vez, a cada nivel político territorial le corresponde una autonomía política, administrativa, legislativa, financiera y tributaria. Cada autonomía, así mismo, comporta funciones propias que se ejercen con plenitud.

Al respecto, Acceso a la Justicia observa cómo la SC con la sentencia n.º 78 desmanteló aún más al Estado federal contemplado en la Carta Magna, al suspender cautelarmente y de manera injustificada la autonomía que gozan los municipios y los estados federados en el ejercicio de sus funciones, y más concretamente la tributaria, con el ánimo de acrecentar, incluso reforzar, competencias del Poder Ejecutivo, representado en este caso por el vicepresidente sectorial del Área Económica del régimen de Nicolás Maduro Moros, Tareck El Aissami.

Lo anterior queda refrendado aún más luego de que la SC resolviera invadir una vez más la competencia de la AN, destinada a regular el ejercicio de la potestad tributaria de los municipios y estados, a fin de favorecer al gobierno central nacional, y que contraría groseramente a la Constitución al ignorar no solo la descentralización (artículo 4),  principio fundamental que rige al gobierno de la República y de las entidades que la componen, sino también la distribución y división del poder público venezolano, establecida en el artículo 136 de la Constitución.

La decisión judicial n.º 78, sin cumplir con los razonamientos, requisitos y criterios que debe tener una sentencia, desconoció de manera absoluta las normas de la Carta Magna que distribuyen las potestades tributarias entre los distintos entes político territoriales.

Lo más grave es que la sentencia manipuló y alteró la organización federal del Estado, así como la separación y el equilibrio entre los poderes, al invadir, aparte de «transferir» irregularmente una competencia legislativa exclusiva de la AN, destinada a armonizar el ejercicio de las potestades tributarias, a una instancia del Ejecutivo Nacional que es absolutamente ajena a la materia.

Sin duda,la adopción de esta sentencia cautelar pone en riesgo de colapso el debilitado Estado constitucional de derecho, que incluso contradice su propia razón de ser dado que propicia un conflicto entre los poderes municipal, estadal y nacional.

El desconocimiento del Estado federal es una estrategia de vieja data

La práctica centralista con el ánimo de asfixiar a los municipios y estados en el ejercicio de sus competencias y, por ende, desmembrar el Estado federal que proclama la Carta Magna, no es nueva. De hecho, existe una batería de decisiones, gubernamentales, legislativas y jurisprudenciales, que desde hace tiempo propugnan su eliminación; se trata, por cierto, de una política que fue impulsada por el expresidente Hugo Chávez Frías.

La propuesta de reforma constitucional que Chávez Frías presentó en 2007 era un texto que concebía la institucionalización de un Estado centralizado. Sin embargo, tras su rechazo popular mediante referendo celebrado el día 2 de diciembre de ese año, la AN de mayoría oficialista para ese momento emprendió un feroz ataque a los postulados del modelo de Estado desarrollado en la Constitución de 1999, en concreto contra la descentralización político territorial con la aprobación de leyes diseñadas para estructurar el llamado «Estado Popular» o «Estado Comunal».

En 2017,  la creación del  Estado Comunal sería avalada por la SC en la sentencia n.º 355 del 16 de mayo, luego de que resolviera cinco demandas de nulidad que habían  sido presentadas en contra de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010, que, pese a declararlas sin lugar aprovechó la ocasión para sostener la constitucionalidad de esa «forma de Estado», no obstante el grosero divorcio con la división político territorial establecida en la Carta Fundamental.

Por otro lado, también destacan diferentes y polémicas decisiones judiciales emanadas del TSJ. En el 2008, la SC en la sentencia n.º 565 del 14 de abril de 2008 declaraba que el Ejecutivo Nacional podía revertir la transferencia de la administración de carreteras, autopistas, puertos y aeropuertos que estaban en manos de las entidades federales, tras interpretar el artículo 164, numeral 10 de la Constitución, cuyo texto establece que es una competencia exclusiva de los estados «la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional».

A partir de esa decisión, la AN, dominada por el chavismo, reformaría al poco tiempo la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (Gaceta Oficial n.º 39140 del 17 de marzo de 2009), en la que faculta expresamente al Ejecutivo Nacional a «revertir por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia, la transferencia de las competencias concedidas a los estados»(artículo 8).

En 2009, la Sala Político Administrativa (SPA) en su sentencia N.º 76 del 22 de enero de 2009 declaró respaldar el decreto presidencial número 1.969 de fecha 18 de septiembre de 2002, en el que establecía como zona de seguridad el área circundante a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda de La Carlota. Dicho fallo resultaba de la demanda de nulidad que el 17 de octubre de 2002 había presentado el entonces alcalde de Chacao, Leopoldo López, contra la mencionada decisión presidencial.

En el fallo citado, el juez administrativo estableció que:

«La autonomía municipal lejos de ser absoluta se encuentra sujeta a las limitaciones establecidas tanto en la Constitución como en la Ley (…)  aun cuando los Municipios, en principio, detentan la potestad de ejercer aquellas materias de su competencia dentro de los límites de su circunscripción territorial, la declaratoria de una determinada área como zona de seguridad, lleva implícita una modificación legal de ese régimen de competencia, el cual se justifica por la tutela de los intereses nacionales involucrados en el resguardo de aquellos espacios geográficos identificados como zonas de seguridad nacional».

A las anteriores irregularidades se suma la amenaza que en 2017 hizo el Ejecutivo nacional con privar de recursos a los estados y municipios que no firmaran un acuerdo de aceptación de la sentencia n.º 814 del 11 de octubre de 2016 a partir de la cual la  SC había establecido que ella aprobaría el presupuesto nacional de 2017 en lugar de la AN, por encontrarse el órgano legislativo en «desacato».

Frente a estos tristes episodios, tampoco puede perderse de vista que en la actualidad existe la amenaza de que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) apruebe un nuevo texto constitucional en el que plantea sustituir el Estado federal por un Estado centralizado, luego de que en septiembre de 2018 circulara en algunos medios de comunicación lo que sería el anteproyecto de Constitución, que justifica la creación de un Estado comunal con una concentración absoluta de poder en el Ejecutivo, un cambio radical y sustancial del modelo político venezolano.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Evidentemente las arbitrariedades del TSJ son llevadas a cabo por razones políticas, sobre todo para asegurar más control del poder en momentos de grave crisis que vive el país, y en medio de un año de contienda electoral que avanza sin ningún tipo de contratiempos desde que fue convocada su celebración por el írrito CNE.

No cabe la menor duda de que la ilegítima actuación del TSJ, brazo ejecutor del régimen de Maduro, ha sido adoptada no solo para evadir el control de la AN, sino también para desplazar a los poderes municipal y estadal en materia tributaria.

Es una medida que impactará negativamente en los ingresos públicos de esas entidades locales y regionales, pero sobre todo generará más zozobra y desconcierto entre los venezolanos, especialmente en los contribuyentes a la hora de cumplir sus obligaciones tributarias.

El centralismo es un enemigo a vencer: José “Cheo” León

El ex alcalde de Puerto La Cruz asegura que el haber despojado a las regiones de facultades administrativas, dio pie a la gran corrupción actual, así como a la ineficiencia de la función pública

Niurka Franco

Para el ex alcalde de Puerto La Cruz, José “Cheo” León, el exacerbado centralismo en el que ha incurrido el actual gobierno, dio pie a la gran corrupción que caracteriza la gestión pública, así como a la ineficiencia, dejando al ciudadano indefenso a merced de la desidia.

León, quien hasta ahora había estado al margen de la palestra pública, aunque no ausente del trabajo político y social, aseveró en el marco de un compartir con representantes de los medios de comunicación, que nunca como ahora, las comunidades habían estado tan ávidas de atención y de orientación, sobre todo en la ciudad de Puerto La Cruz, cuyo alcalde reside en los Estados Unidos.

A su juicio, este funcionarioelecto por el pueblo, es o debería ser el más cercano al ciudadano de a pie, de manera que a la hora de hacer algún reclamo o exigencia, haya un oído receptor y una persona que conoce la realidadde la población para procurar una respuesta satisfactoria. “Sin embargo, sabemos que en la práctica eso no ocurre y lejos de ser beneficioso, el que exista un gobierno nacional, regional y local de la misma tendencia en lo que ellos llaman un solo gobierno, para lo único que ha servido es para taparse las sinverguensuras y corruptelas”.

El ex alcalde de Puerto La Cruz no titubeó al señalar que la ciudad donde ha vivido desde siempre, se encuentra en un total estado de abandono, teniendo a la anarquía como principal aliado, de la mano de la inseguridad, mientras quienes están llamados a ser garantes del cumplimiento de la ley desde el ayuntamiento se hacen de oídos sordos. León estima que es momento de asumir responsabilidades y de dar la cara por el país, independientemente del costo a pagar.

La Ley de Hacienda Estadal revertirá el proceso de centralización

El diputado, Rafael Guzmán explicó que el instrumento legal propone que los impuestos que se generen en las regiones se queden en las regiones

Evely Orta

Tras ser aprobada este martes La Ley de Hacienda Estadal, en su primera discusión, pasará a consulta pública.

El instrumento legal busca un nuevo sistema de administración de ingresos y gastos para los estados del país, y brindarles a las comunidades la potestad de invertir en la solución de sus problemas.

El diputado, Rafael Guzmán, quien presentó la leydestacó que la autonomía le brinda a los gobernantes locales a tomar decisiones por sí mismos en pro de las localidades.

Así mismo explicó que el instrumento legal propone que los impuestos que se generen en las regiones se queden en las regiones y puedan ser administradospor las autoridades encargadas.

“A la redacción de este ley se le ha dedicado mucho esfuerzo. Tenemos que lograrlo para que más nunca una carretera quede a medio construir, y prendamos el televisor y veamos que están inaugurando una carretera en Bolivia con dinero venezolano”, sostuvo.

Añadió que “la mejor herramienta que tiene el país son sus gobernadores y alcaldes, y es través de ellos que la gente votó y dio confianza. A ellos también la Constitución le dio la confianza, ¿Por qué desde la AN se la hemos negado en 17 años?, cuestionó.

Lozano: Asociación Civil solicita que se le devuelvan competencias y recursos a las regiones

Diputada Olivia Lozano afirmó que el principio que debe orientar o regir las relaciones entre la República, los estados y los municipios es el de coordinación y no el de jerarquía

Redacción

La diputada Olivia Lozano por la MUD, presidenta de la Subcomisión del Poder Popular  informó que la  Asociación Civil “Un Estado de Derecho” presentó ante esta instancia parlamentaria un informe sobre la devolución de las competencias y recursos a los municipios existentes en todo el país.

En el documento se destaca,  la importancia que reviste la referida medida a efectos de contribuir en el restablecimiento de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en Venezuela

Lozano explicó que los representantes de la mencionada asociación ejercieron un derecho de la palabra durante la reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación. Agregó que el abogado y profesor de Derecho Administrativo en la UCV, Luis Alfonzo Herrera, explicó que durante los últimos 17 años el país ha sido sometido, entre otras cosas, a  un proceso de centralización de competencias y recursos. El docente señaló que dicho proceso ha sido posible gracias a la aprobación de un importante número de Decretos y leyes que contravienen el desarrollo e independencia de las regiones de la Nación.

Herrera, durante su intervención, dijo que esa desmedida la centralización se ha traducido en un creciente mal funcionamiento de los servicios públicos, tales como energía eléctrica, agua potable, aseo urbano, urbanismo, construcción de viviendas y seguridad ciudadana.

Así mismo preciso el profesor que la Constitución estable en forma muy clara la descentralización, pero se ha venido aprobando un conjunto de leyes y decretos  que, de manera absurda  les restan competencias a las autoridades regionales.

Se conoció que en el informe presentado ante la citada subcomisión se propone revisar la vigencia de algunas leyes vigentes en materia de descentralización. El proponente considera que no es necesario redactar nuevos instrumentos sino realizar reformas puntuales de las que ya existe.

Señaló que en la actualidad los municipios tienen mucha dificultad para actuar porque el marco legal no se los permite y si lo hacen, lamentablemente, pueden ser acusados de incurrir en actos de corrupción o desviación de recursos.

“Estas medidas legislativas se pueden tomar desde la Asamblea Nacional a fin de que los municipios puedan responder de una forma más oportuna a lo que son las necesidades de los ciudadanos”, dijo el profesor de la UCV.

Afirmó que el principio que debe orientar o regir las relaciones entre la República, los estados y los municipios es el de coordinación y no el de jerarquía, es por ello, que la propuesta central del informe elaborado por la Asociación Un Estado de Derecho, es que se comiencen a dictar leyes de acuerdo al Artículo 165 de la Constitución, que se denominan leyes de base.

Finalmente Herrera indicó que el informe presentado examina, de manera transversal en cada una de estas áreas, la problemática que existe con las denominadas instancias del poder popular y frente a ello se propone que las mismas se  conviertan en verdaderos mecanismos de participación.

La diputada Olivia Lozano, Vicepresidenta de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación y presidenta de la Subcomisión del Poder Popular, informó que los aportes presentados por la Asociación Civil “Un Estado de Derecho” serán tomados en consideración para todo lo que está adelantando la instancia legislativa en cuanto a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana así como a la Ley de Poder  Municipal.

“Se trata de un aporte importante para la Ley de Participación Ciudadana a objeto de que se adecue a  las necesidades del país y a lo que está establecido en la Constitución Nacional”, acotó la parlamentaria.