Escándalo de corrupción de Pdvsa en la mira de agencias federales en EE UU
Las agencias están “ampliando acusaciones que ya existen o abriendo nuevas investigaciones federales”
Las agencias están “ampliando acusaciones que ya existen o abriendo nuevas investigaciones federales”
Con información de El Nacional
Los delitos abarcan desde violación a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Pdvsa, hasta operaciones de lavado de dinero basado en el dólar o en conexión al sistema financiero norteamericano con parte del dinero expoliado
Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro están recopilando y ampliando información y nombres que han surgido en los últimos días de las denuncias del escándalo de corrupción que está sacudiendo la petrolera estatal venezolana Pdvsa y los altos niveles del régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a fuentes que hablaron con Primer Informe.
Las agencias están “ampliando acusaciones que ya existen o abriendo nuevas investigaciones federales” contra las casi cuatro docenas de operadores y funcionarios que han sido conectados con la corrupción en Pdvsa –y en su mayoría arrestados–, que podrían haber incurrido en una serie de violaciones a las leyes de Estados Unidos, indicaron las fuentes.
Los delitos abarcan desde violación a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Pdvsa, hasta operaciones de lavado de dinero basado en el dólar o en conexión al sistema financiero norteamericano con parte del dinero expoliado.
Los herederos de Alex Saab
Los federales están particularmente interesados en el papel de los operadores Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, a quien el Departamento del Tesoro consideran como los “herederos” del operador colombiano Álex Saab, actualmente detenido en Estados Unidos, y calificado por Washington como el testaferro del dictador Nicolás Maduro.
Ambos operadores son considerados personal de confianza de El Aissami, un fugitivo de la justicia de Estados Unidos –con una recompensa sobre su cabeza de US$15 millones–, que acaba de ser defenestrado por el régimen de Maduro y actualmente bajo detención domiciliaria.
Tanto Bazzoni como Leal fueron sancionados en 2021 por la OFAC. Los investigadores federales determinaron que después de la detención de Saab en junio de 2020, Bazzoni asumió el rol de Saab de coordinar las operaciones de reventa de crudo de Pdvsa, y de suministrar los barcos para recoger el crudo en puertos venezolanos.
Joaquín Leal, por su lado, coordinó “la compraventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa y su filial, Pdvsa Petróleo, S.A., aportando conocimientos del sector petrolero mundial y facilitando el transporte y la reventa a los compradores”, en abierta violación a las sanciones norteamericanas.
Según la OFAC, Bazzoni y Leal usaron la empresa Libre Abordo S.A para el intercambio de petróleo por cisternas, a un precio inflado, generando ganancias corruptas para los implicados en la negociación.
Ambos están en el centro de una investigación criminal por su continua participación en el esquema de corrupción de transporte ilegal de crudo venezolano a mercados internacionales, utilizando medios y mecanismos que violan las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, indicaron las fuentes.
Según los detalles que han trascendido en el esquema de corrupción investigado por la Fiscalía de Venezuela, Bazzoni y Leal se asociaron con distintos armadores, principalmente con los ciudadanos griegos George Moundreas y Panagis Zissimatos, para comprar y operar los buques necesarios para mover todo el crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados, y manejar los recursos generados sin rendir cuentas.
A su vez, Bazzoni y Leal contrataron a Erik Roveta, italiano residenciado en Atenas para ser el administrador y operador de todos los buques necesarios para esta estafa. Roveta es un broker que se desempeña como gerente técnico (technical manager) y es dueño de varias empresas especializadas como Sernavimar SRL y Axione Chartering OU entre otras, también bajo investigación.
Bazzoni y Leal también se asociaron con el suizo Phillipp Apikian de la petrolera Swiss Oil Trading SA, basada en Ginebra y también bajo sanción de Estados Unidos, para comercializar en Asia los crudos y refinados venezolanos.
Los dos operadores usaron a un financista de origen mexicano, José Luis Chávez Cava, que reside entre Londres y Dubai y trabaja para la organización de Joaquín Leal, para cobrar y facilitar todos los pagos del esquema de corrupción que se estima movilizó recursos estimados por encima de los US$8,000 millones, según las indagaciones.
Otras cuatro empresas –Schlager Business Group SdRL, Cosmo Resources PTE Ltd, Delta Group Ltd y United Petróleo Corp.– fueron empleadas según el Departamento del Tesoro por Bazzoni y Leal para la operación de intercambio de petróleo por alimentos agenciada por Álex Saab y Álvaro Pulido. Se estima que en este esquema, que tuvo lugar entre 2019 y 2022, Bazzoni y Leal junto a Saab y Pulido comercializaron más de 50 millones de barriles de crudo y productos refinados de Pdvsa por un valor estimado en unos US$5,000 millones. Sin embargo, hasta ahora, se desconoce el destino tanto del monto generado como los alimentos negociados a cambio del petróleo venezolano.
Otros operadores protegidos
Después de la captura de Alex Saab y la designación de la OFAC, Bazzoni y Leal se convirtieron en distinguidos protegidos de Tarek El Aissami, hasta hace pocos días el todopoderoso señor de Pdvsa, junto a una importante ala controlada por los militares del régimen, con el coronel Antonio Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro, a la cabeza.
El coronel Pérez Suárez, según las acusaciones en Venezuela, estaba en el centro del esquema de corrupción ya que exigía el pago en efectivo de cantidades millonarias por cada barco cargado de crudo y productos petroleros de Pdvsa, cuyas ventas nunca ingresaron a las arcas de la corporación venezolana.
Otros protegidos por El Aissami eran Alejandro Arroyo (actualmente detenido en Venezuela) y José Camacho, que controlaban la firma Walker International DWC LLC, con sede en Dubai, que usaban como parte del grupo de empresas con las que Bazzoni hacía las operaciones.
Solo esa firma –Walker International– movilizó una cifra cercana a los 4 millones de barriles de crudo entre 2021 y 2022, procedentes de terminales de Petrocedeño, Amuay, Cardon y Petro San Felix, de acuerdo a una presentación de la empresa revisada por Primer Informe.
Pero El Aissami no era el único que mantenía operadores protegidos en el negocio internacional del petróleo venezolano. Figuras como Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge) tenían una importante cuota en el esquema de corrupción, con operadores que característicamente tenían poca o ninguna experiencia en el negocio petrolero, y cuyo fin era sencillamente esquilmar miles de millones de dólares de la petrolera estatal venezolana.
Tal es el caso de Miguel Silva, un operador protegido por Diosdado Cabello, vinculado a las firmas Misil Group Ltd y el Grupo Iveex Insaat. Los negocios de Silva y Bazzoni lo beneficiaron a él y a su protector, pero una de las últimas operaciones fracasó inesperadamente.
Según el testimonio de un empresario que conoció de cerca esta operación, Miguel Silva había logrado cargar el buque MT Cecilia, para negociarlo en el mercado internacional mediante su firma Misil Group Ltd, pero una vez cargado, el buque fue bloqueado y posteriormente descargado porque aún no había pagado la comisión correspondiente al coronel Pérez Suárez.
Este evento fue uno de los detonantes que precipitó las investigaciones de la Policía Anticorrupción de la dictadura.
Los operadores Majed Khalil Majzoub y Arturo Sarmiento, protegidos de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, participaron en el esquema de corrupción a través de las firmas Montmagastre Ventures Limited y Five Oceans Ltd.
A través de Montmagastre Ventures LTD, Pdvsa contrató para cargar con Merey 16 –un crudo de alta calidad– una serie de buques de transporte de crudo. Uno de ellos es el MT Kelly, un tanquero VLCC con más de 250 mil toneladas de capacidad). También usaron el carguero MT Berlina (Suezmax, con capacidad para 1 millón de barriles de crudo), al cual, sin embargo, le cambiaron el nombre a Mars A, actualmente en aguas internacionales cerca de Venezuela, esperando para entrar a puerto. Finalmente, otro barco al que designaron como el MT Ndros (otro VLCC), un nombre falso para evitar que estos barcos que violan tratados y regulaciones internacionales, sean detenidos y confiscados en alta mar, una nueva modalidad en los negocios corruptos de Pdvsa.
El esquema del fraude
De hecho, el cambio de nombre de los buques que transportaron la carga fue parte esencial del esquema de corrupción.
El caso más notable fue el del tanquero operado por la firma de los hermanos Majzoub –protegidos de Delcy y Jorge Rodríguez– al que llamaron FortOne, un nombre falso de una embarcación que en realidad se lamada MT Nikel. Llamativamente, el buque tiene ahora otro nombre: Orbit I.
Cuando la Policía Anticorrupción lanzó la operación, el buque FortOne levantó anclas de forma “atropellada”. Para ese momento estaba cargado pero aún no tenía la autorización de zarpe, y un grupo de agentes venezolanos se encontraban todavía abordo. Sin esperar la autorización, el barco zarpó y cuando llegó a aguas internacionales, el capitán decidió bajar a los agentes venezolanos en una balsa y dejarlos a la deriva. Los agentes fueron más tarde rescatados por la Guardia Costera venezolana.
Los operadores del barco –Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal y George Moundreas– simplemente se apropiaron de la carga del buque, por un valor de varias decenas de millones de dólares.
Como parte del operativo anticorrupción, sin embargo, hasta ahora el régimen ha decomisado dos buques vinculados a la trama corrupta: los buques MT Rana y MT Oreo, de los cuales se sospecha que también son nombres falsos.
Un tercer buque, el MT Gent (otro nombre falso), se encuentra en la terminal de Jose cargado con 2 millones de barriles de Merey 16, pero se desconoce si logró zarpar. Este carguero es parte de la flotilla contorada por Alessandro Bazzoni.
Las pérdidas del esquema de corrupción se estiman ahora en unos US$21 mil millones, según papeles publicados por Reuters, una cifra sin precedentes.
La investigación federal en Estados Unidos está tratando de establecer con la ayuda de informantes y testigos, si parte de este dinero tocó el sistema financiero norteamericano, indicaron las fuentes.
El esquema de corrupción funcionaba con diversos actores y procedimientos que revelan la total impunidad con la cual operaron durante años.
Conjuntamente con el coronel Pérez Suárez, los operadores Bazzoni y Leal ordenaban cargar los primeros buques a los clientes ya contactados de forma expedita, agilizando el zarpe luego del pago de dinero en efectivo al militar.
Cuando los buques ya se encontraban en aguas internacionales, los operadores proponían al cliente a través del broker Erik Roveta para que contrataran más buques poniendo en garantía la carga de los primeros buques ya en aguas internacionales. Cuando esos nuevos buques alquilados llegaban a Venezuela, el coronel Pérez Suárez se encargaba de demorar la carga, generando esperas extraordinarias hasta que se justificaban quedarse con el producto del primer buque para cubrir las moras del segundo o el tercero.
La demora de un buque VLLC tenía un costo de hasta US$150.000 por día, dependiendo del tamaño del tanquero, y la demora podía durar hasta 40 días. Transcurrido ese tiempo, la deuda causada por la demora, que debía ser cubierta por Pdvsa, más el costo del flete que se llegaba a cobrar en unos US$20 millones, se “cancelaba” con el crudo que ya se encontraba en aguas internacionales.
Las ganancias de la venta del crudo se repartía entre los operadores y sus protectores, generando un esquema fraudulento que esquilmó decenas de millones de barriles de crudo de Pdvsa entre 2021 y 2022.
Hasta ahora, se desconoce exactamente adonde fueron a parar esos recursos obtenidos por los operadores vinculados a Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, aunque en las últimas horas se ha informado de la presunta recuperación de más de US$400 millones en dinero y propiedades de las personas incriminadas en el esquema, que se encuentran detenidos en Venezuela.
Pdvsa bajo la sombra de la corrupción
La ONG Transparencia Venezuela ha registrado 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en Pdvsa o alguna de sus filiales
La ONG Transparencia Venezuela ha registrado 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en Pdvsa o alguna de sus filiales
Con información de EFE
Caracas, 28 mar (EFE).- El Gobierno de Venezuela comenzó un proceso de investigación para depurar la responsabilidad de altos funcionarios en presuntos hechos de corrupción que involucran a la estatal petrolera Pdvsa, una situación que se ha repetido en diversas ocasiones desde, al menos, 2016.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó que hay disposición para "atacar" cualquier acto de corrupción que se presente en cualquier instancia del Ejecutivo, porque -sostuvo- nadie combate este flagelo como el oficialismo.
La corrupción dentro de la petrolera se ha venido investigando en el país, por distintos poderes, al margen del judicial, desde 2016, como la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), cuando fue de mayoría opositora.
Entonces, los parlamentarios antichavistas determinaron que hubo una serie de irregularidades en el manejo de fondos públicos entre 2004 y 2016, que involucran al expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo Rafael Ramírez, quien ocupó el cargo entre 2004 y 2014, por lo que aprobaron hacerle una investigación.
Pero el proceso fue anulado, posteriormente, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
RAFAEL RAMÍREZ Y SUS RAMIFICACIONES
Fue en 2017 cuando hubo un cambio de postura, y la Fiscalía General de Venezuela emprendió una serie de detenciones de gerentes de Pdvsa o de empresas filiales de la petrolera por corrupción.
Además, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció una "investigación penal" contra Ramírez, por unos documentos que lo incriminan "directamente" en "operaciones de intermediación de compra venta de petróleo".
Saab señaló entonces que las investigaciones forman parte de las pesquisas que lleva a cabo la Fiscalía sobre la utilización de la Banca Privada de Andorra (BPA) para blanqueo de dinero y que calcula en 4.200 millones de euros (alrededor de 4.554 millones de dólares)
Sobre este caso, el fiscal también señaló al exviceministro de Energía Nervis Villalobos, a Diego Salazar, primo de Ramírez, y a José Enrique Luongo, estos últimos detenidos en Venezuela desde 2017.
Posteriormente, en 2020, Venezuela emitió una solicitud de extradición a Ramírez -que fue rechazada por el Supremo de Italia en enero de 2021-, por el alquiler de un barco extranjero por un monto de 1.175 millones de dólares, para la explotación de gas, pero la nave trabajó a menos de la mitad de su capacidad operativa durante siete años, lo que produjo pérdidas a la nación.
En 2022, la Fiscalía hizo una nueva solicitud de extradición contra Ramírez, acusado de haber robado 4.850 millones de dólares mediante una línea de crédito fraudulenta con la que la estatal Pdvsa hizo 28 pagos a dos fondos en el exterior, sin haber recibido ningún préstamo.
El fiscal señaló que también se solicitaron órdenes de aprehensión contra el exasesor jurídico Juan Andrés Wallis; los empresarios Luis Alberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi y Leopoldo Betancourt López; Nervis Villalobos, y el exdirectivo de Pdvsa Abraham Ortega.
DENUNCIAS QUE NO CESAN
Eulogio del Pino, sucesor de Rafael Ramírez en el cargo, no escapó de las denuncias por corrupción y en 2017 fue detenido y acusado de los delitos de peculado doloso y obstrucción a la libertad de comercio.
En ese momento, de acuerdo a una fuente de la Fiscalía contactada por EFE, también pasaron a juicio otros 12 ex altos cargos de la petrolera que "admitieron los hechos" y declararon ser culpables en una trama de corrupción dentro de la empresa.
Junto a del Pino, fue detenido por los mismos delitos Nelson Martínez, otro expresidente de Pdvsa, quien falleció en diciembre de 2018 bajo custodia del Estado y "por complicaciones cardíacas", según informó entonces Diosdado Cabello.
La ONG Transparencia Venezuela ha registrado 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en Pdvsa o alguna de sus filiales, con lo que se comprometieron, de acuerdo a sus datos, más de 42.000 millones de dólares, en los últimos 20 años.
La Fiscalía, que no siempre anuncia el monto desfalcado, aseguró recientemente que, desde agosto de 2017, han sido descubiertas 31 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera, lo que ha dejado un saldo de 75 personas condenadas.
Renuncia Tareck el Aissami ministro de Petróleo por investigaciones sobre corrupción
Tareck el Aissami dijo ponerse "a disposición" del partido para "apoyar esta cruzada" emprendida por el presidente Nicolás Maduro contra los "antivalores" del chavismo
Tareck el Aissami dijo ponerse "a disposición" del partido para "apoyar esta cruzada" emprendida por el presidente Nicolás Maduro contra los "antivalores" del chavismo
Con información de VOA Noticias
El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck el Aissami, dijo el lunes en su cuenta de Twitter que renunciaba al cargo por las investigaciones sobre corrupción en la estatal petrolera PDVSA.
"En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso", dijo El Aissami, que ocupaba el cargo desde el 2020.
Asimismo, El Aissami aseguró que, en su "condición de militante revolucionario", se ponía "a disposición" de la dirección del partido en el gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) "para apoyar esta cruzada que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro contra los antivalores que estamos obligados a combatir, hasta con nuestras vidas".
El Aissami, de 48 años y sancionado en 2017 por Estados Unidos por narcotráfico y a quien se le atribuía haber ayudado a PDVSA a sortear las medidas de Washington, no dio detalles sobre esas investigaciones de corrupción en el seno de la petrolera.
Más temprano, tres fuentes con conocimiento del caso dijeron a Reuters que había sido detenido el coronel Antonio Pérez Suárez, ex vicepresidente de comercio y suministro de PDVSA. El también coronel Samuel Testamarck, gerente general de PDV Marina, filial marítima de la petrolera, fue otro de los capturados, según otras dos fuentes.
Las detenciones en PDVSA habrían sido por una investigación sobre el zarpe de barcos con cargamentos petroleros de exportación sin el pago de la debida compensación a la empresa. Otros funcionarios de la compañía han sido suspendidos de sus cargos por la misma pesquisa, dijo una de las fuentes.
Detuvieron a un ex congresista de Miami contratado por el régimen de Venezuela en 2017
David Rivera firmó un acuerdo de consultoría por un valor de 50 millones de dólares con Citgo, la filial norteamericana de Petróleos de Venezuela, con el objetivo de mejorar la imagen de esa corporación en Estados Unidos
David Rivera firmó un acuerdo de consultoría por un valor de 50 millones de dólares con Citgo, la filial norteamericana de Petróleos de Venezuela, con el objetivo de mejorar la imagen de esa corporación en Estados Unidos
Con información de EFE
El ex congresista de Miami (Florida, EEUU) David Rivera fue arrestado este lunes en Atlanta (Georgia) por cargos criminales tras una investigación federal sobre un contrato de asesoramiento por 50 millones de dólares que firmó con la estatal venezolana PDVSA.
Medios locales informan que la portavoz de la Oficina del Fiscal Federal en Miami, Marlene Rodríguez, indicó que el arresto de Rivera, de 57 años, en el Congreso en Washington entre 2011 y 2013, se llevó a cabo este lunes en el aeropuerto de Atlanta, aunque ya fue puesto en libertad.
El ex congresista, según medios de Florida, había firmado en 2017 un contrato de consultoría por valor de 50 millones de dólares con la filial en EEUU de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA), entidad llamada Citgo, con el objetivo de mejorar la imagen de esa corporación en Estados Unidos.
Rivera fue acusado el pasado 16 de noviembre por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida de Miami, pero el documento permanece sellado, por lo que de forma oficial no se conocen los cargos.
Rivera, durante años, había estado bajo investigación tras salir a la luz que, supuestamente, recibió esa cantidad millonaria a través de un contrato firmado con Citgo.
El contrato se firmó en el contexto de una primera etapa de las relaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la Administración de Donald Trump, en la que desde Caracas se trataba de conseguir un acercamiento con el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
La compañía de Rivera, Interamerican Consulting, fue demandada en 2020 por la filial de PDV en EEUU al alegar que el ex congresista no realizó ningún trabajo de consultoría como parte del contrato firmado en 2017.
Ese contrato es investigado por fiscales federales en Miami.
La demanda establece que Interamerican Consulting, propiedad de Rivera, debía desarrollar estrategias para mejorar la reputación y el posicionamiento de PDVSA en Estados Unidos, un trabajo que no llegó supuestamente a realizarse.
Rivera fue acusado el pasado 16 de noviembre por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida de Miami, pero el documento permanece sellado, por lo que de forma oficial no se conocen los cargos. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)
El acuerdo establecía que Interamerican cobraría 50 millones de dólares por sus servicios entre marzo y junio de 2017, los cuales serían cancelados en seis pagos por parte de la filial de PDV, según la demanda.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y líder opositor, nombró a un nuevo equipo directivo de PDV en Estados Unidos, que inició una auditoría realizada a Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos con sede en Delaware, que dio lugar a la demanda.
Rivera, por su parte, ha mantenido su inocencia y presentó una contrademanda contra PDV en EEUU alegando un supuesto incumplimiento de contrato por no pagarle 30 millones de dólares que aún le adeudan.
El contrato de Rivera era con una entidad estadounidense, por lo que cualquier trabajo que realizara en favor de intereses comerciales venezolanos habría requerido registrarse como cabildero extranjero, lo que según parece no realizó.
Rivera recibió solamente una parte de los 50 millones de dólares, pero la acusación denuncia que, supuestamente, desvió el dinero a un narcotraficante y a una compañía de yates a nombre de un magnate televisivo venezolano buscado por las autoridades estadounidenses.
El Aissami: Bajo investigación los contratos suscritos por Ramírez a la italiana ENI
“Se trata de una nueva solicitud fundamentada sobre una nueva trama de corrupción bastante sustentada con evidencias irrefutables de un desfalco”
“Se trata de una nueva solicitud fundamentada sobre una nueva trama de corrupción bastante sustentada con evidencias irrefutables de un desfalco”
Redacción
El vicepresidente de Petróleo, Tareck El Aissami, informó este lunes que desde su despacho investigan si durante la gestión al frente de PDVSA del exministro chavista, Rafael Ramírez, se otorgaron contratos irregulares a empresas transnacionales como la italiana ENI.
“Se entregaron concesiones de campos, contratos, sin el cumplimiento de la Constitución, la Ley de Hidrocarburos, como favores que fueron concertados, cocinados, fuera de las normas legales, y que además sabemos que fueron luego retribuidos en comisiones en cuentas en el exterior“, sostuvo El Aissami en declaraciones a los medios de comunicación, tras una reunión con el fiscal general impuesto por la constituyente chavista, Tarek William Saab.
Al ser consultado por el caso en particular de ENI, El Aissami indicó que no tienen información concreta aún, pero que están haciendo las averiguaciones.
“Estamos investigando. No tenemos datos ahora concretos. Hemos solicitado al MP que nos facilite el informe de la delación, para poder recabar la información asociada a este tipo de delitos, al favorecimiento de contratos a empresas trasnacionales con concesiones, licencias, contratos, al margen de la ley venezolana para favorecer los intereses de ciertos grupos y, además, el cobro de comisiones por ello por parte de estos bandidos de la mafia de Rafael Ramírez”, señaló.
El Aissami insistió en que las autoridades de Italia, a donde está asilado Ramírez, deben extraditarlo a Caracas, a pesar de que la Justicia de ese país ya rechazó el pedido del régimen de Nicolás Maduro.
“Se trata de una nueva solicitud fundamentada sobre una nueva trama de corrupción bastante sustentada con evidencias irrefutables de un desfalco”, argumentó.
Investigación al cuñado de Ramírez
El ministro chavista, además, detalló que durante el encuentro con Saab pidieron que también se investigue al cuñado de Ramírez, Baldo Sansó Rondón, por supuestamente estar involucrado en esta presunta trama.
“Hemos solicitado que sea incluido en la investigación al ciudadano Baldo Sansó Rondón, cuñado de Rafael Ramírez, quien es el operador financiero ,junto con Nervis Villalobos, de todas estas tramas de corrupción, tráfico de influencia y favorecimiento de empresas trasnacionales en detrimento de los intereses de la República”, dijo.
De acuerdo al portal Poderopedia, Sansó Rondón fue asesor de Rafael Ramírez durante su gestión al frente de PDVSA y del ministerio de Petróleo.
Condenan en EEUU a exejecutivo de Pdvsa por millonarios sobornos
Los pagos se realizaron a través de un informante, cuyo nombre no fue revelado y que grabó sus conversaciones con Ortega y sus cómplices a instrucción de los investigadores federales
Los pagos se realizaron a través de un informante, cuyo nombre no fue revelado y que grabó sus conversaciones con Ortega y sus cómplices a instrucción de los investigadores federales
Redacción
Un exejecutivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fue sentenciado a más de dos años de prisión por aceptar al menos 12 millones de dólares en sobornos de empresarios que supuestamente saquearon las arcas de la compañía estatal Pdvsa.
Abraham Ortega es el primer exfuncionario venezolano en ser sentenciado como parte de la Operación Money Flight, una investigación federal en Miami que ha descubierto más de 1.200 millones de dólares en hechos de corrupción en la compañía petrolera venezolana.
La investigación se centró en un grupo de empresarios conocidos como los «Bolichicos» por sus vínculos con la así llamada Revolución Bolivariana que inició el difunto mandatario Hugo Chávez, quienes utilizaban sobornos para orquestar acuerdos monetarios falsos y otras tretas financieras con Pdvsa que resultaban en enormes ganancias de la noche a la mañana.
La sentencia de 28 meses impuesta por la jueza Kathleen Williams fue menos de la mitad de lo que la fiscalía esperaba y fue resultado de su pronta rendición y cooperación con la investigación. Ortega se desempeñó como director de finanzas en Pdvsa entre 2014 y 2016.
Buscó “reparar el daño”
Intentando contener el llanto, Ortega se disculpó por sus acciones y dijo que estaba avergonzado por su participación en hechos de corrupción que han permeado a la sociedad venezolana.
“El señor Ortega está muy complacido con el resultado del caso“, dijo su abogada Lilly Ann Sánchez a The Associated Press. “Desde el momento en que supo de las acusaciones en su contra, inmediatamente buscó reparar el daño y hacer lo posible por ayudar a Estados Unidos”.
En su acuerdo de culpabilidad, aseguró que el empresario Francisco Convit, otro acusado radicado en Venezuela, le pagó 2 millones de dólares a cambio de dar prioridad a los pagos atrasados a un banco ruso que tenía una empresa conjunta con Pdvsa. El abogado de Convit en Estados Unidos se negó a comentar al respecto.
Los pagos se realizaron a través de un informante, cuyo nombre no fue revelado y que grabó sus conversaciones con Ortega y sus cómplices a instrucción de los investigadores federales.
Ortega también reconoció que aceptó 10 millones de dólares en sobornos por su participación en un plan para desfalcar a Pdvsa que involucraba un préstamo falso y un contrato de cambio de divisas.
Parte de los ingresos de Ortega derivados de sobornos fueron lavados a través de un fondo de inversiones con sede en Miami encabezado por Gustavo Hernández Frieri, a quien la jueza Williams sentenció la semana pasada a casi cuatro años en la cárcel por su participación en el plan.
Como parte del proceso en contra de Ortega, la fiscalía quiere confiscar cuentas bancarias en Bahamas y Suiza, así como una participación financiera de 2 millones de dólares en Domaine Select Wine & Spirits, una compañía importadora de vino italiano con sede en Manhattan en la que Hernández era inversionista. La empresa fue vendida y cambió de nombre después del arresto de Hernández. (AP)
Stefanelli: La pérdida de capacidad tecnológica, humana, la corrupción y el contrabando es la base de la crisis petrolera
“El tema de la gasolina lo hemos discutido desde el 2016. Desde 2015, denunciamos lo que ocurría en el complejo refinador de Paraguaná”
“El tema de la gasolina lo hemos discutido desde el 2016. Desde 2015, denunciamos lo que ocurría en el complejo refinador de Paraguaná”
Redacción
La legítima Asamblea Nacional de Venezuela discutió sobre la terrible crisis en la distribución de combustible en el país, la cual se ha visto profundizada durante las últimas semanas en el interior del país, donde los ciudadanos han tenido que hacer colas incluso varios días para poder surtir de gasolina sus vehículos.
A juicio del diputado de Voluntad Popular, Luis Stefanelli, las principales causas de esta terrible crisis se remontan a la pérdida del 80% de la capacidad tecnológica y humana, la corrupción desmedida y el contrabando generado por el régimen de Nicolás Maduro en el país. Además, aseguró que la situación empeoró tras la tragedia en la refinería de Amuay, la cual fue ocasionada precisamente por inobservancia de normas, negligencia criminal y desinversión en el sector.
“El tema de la gasolina lo hemos discutido desde el 2016. Desde 2015, denunciamos lo que ocurría en el complejo refinador de Paraguaná, pero la tragedia de Amuay acentúo la crisis. Alrededor de 30 mil barriles diarios que pasan por las fronteras bajo la mirada de los funcionarios de seguridad del Estado”.
Aseguró que así el régimen reactive la producción del combustible, no habría transporte para su distribución. “Los socios del régimen se niegan a despachar porque les pagaban con petróleo y la caída abrupta de la producción impide ese pago. Así garanticen la materia, no podrían transportar porque las gandolas de Pdvsa solo operan al 20%”.
El parlamentario reafirmó que la terrible emergencia humanitaria que viven los venezolanos solo se solventará cuando se logre concretar el cese definitivo de la usurpación de Maduro en la Presidencia de la República.