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Fundaredes denunció ante la CIDH las vulneraciones de los derechos de Javier Tarazona

El director de la ONG está en prisión desde hace más de 600 días, acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria

El director de la ONG está en prisión desde hace más de 600 días, acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria

Con información de EFE

La ONG Fundaredes denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) las vulneraciones de las que, aseguró, ha sido víctima su director, Javier Tarazona, en prisión desde hace más de 600 días, acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria, informó este martes la organización.

En un comunicado de prensa, la ONG indicó que, durante su participación en el 186 periodo de sesiones de audiencia pública de la CIDH, denunció que Tarazona “ha sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes posteriores a su detención”, de la que se cumplen 613 días.

Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar, denunció entonces Fundaredes.

Durante su participación en la audiencia, la directora encargada de Fundaredes, Clara Ramírez, recordó que, en 2020, Tarazona fue beneficiario de una medida cautelar de la CIDH por su alto riesgo al defender derechos humanos en la frontera venezolana.

“Por el riesgo en el que se desenvolvía el director de FundaRedes, Javier Tarazona, y por el contexto de riesgo en el país, la CIDH consideró otorgarle la medida cautelar, sin embargo esta fue omitida por el Estado, ya que continuaron los amedrentamientos y hostigamientos contra su persona, seguidos de su detención”, puntualizó.

La ONG recordó que su director debe recibir atención médica, pues padece de “hipertensión arterial, arritmia cardíaca, hiperinsulinismo, insuficiencia venosa grado 2, asma, alergia permanente, fibrosis pulmonar severa, colon irritable, tensión ocular, soriasis, blefaroespasmos, fisuras rectales y alopecia como consecuencia de la limitada exposición al sol”.

En este sentido, aseguró que el “Estado venezolano no ha cumplido” ninguna de medidas solicitadas por la CIDH en el caso de Tarazona, por lo que instó a que se respeten los derechos de este activista “detenido de forma arbitraria”.

El pasado 22 de febrero, Fundaredes pidió al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk -quien visitó Caracas a finales de enero- que califique como arbitraria la detención de Tarazona.

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Comisión Delegada remitirá informe sobre asesinato de Daniela Figueredo a Michelle Bachelet

Paralelamente, remitirán comunicaciones sobre el caso a la relatora para las personas detenidas de la Comisión Interamericanas de los DDHH

Paralelamente, remitirán comunicaciones sobre el caso a la relatora para las personas detenidas de la Comisión Interamericanas de los DDHH

Redacción 

Williams Dávila informó que están elaborando un informe sobre sobre el asesinato de la privada de libertad Daniela Geraldine Figueredo Salazar, de 19 años de edad, en los calabozos de la Policía Municipal de Zamora, en Guatire, estado Miranda, a manos de un funcionario de seguridad de ese organismo. Paralelamente, remitirán comunicaciones sobre el caso a la Alta Comisionada DDHH de la ONU Michelle Bachelet y la relatora para las personas detenidas de la Comisión Interamericanas de los DDHH para que se haga justicia.

Durante la sesión de la Comisión Delegada de Guaidó, Dávila señaló que en Venezuela no existe una política carcelaria y denunció que la exministra chavista Iris Varela destruyó por completo el sistema correccional a través de medidas arbitrarias.

“Son situaciones graves que ponen en evidencia a un sistema un sistema político de podredumbre en Venezuela, en donde cualquier persona con uniforme o un arma, se considera superior a un ciudadano. Han creado la cultura de la violencia, el lenguaje del odio y sobre todo, pisotear la condición de ciudadano por una supuesta jerarquía de funcionarios de las Fuerzas Armadas, que se creen superiores al ciudadano común. No lo podemos aceptar”, exclamó.

Hostigamiento y violencia

Dávila denunció que este hecho refleja la recurrente política hostigamiento y de violencia contra la mujer, por parte del chavismo y aseveró que el Estado venezolano está en la obligación de garantizar la protección y seguridad de la población reclusa.

A su vez, Marianela Fernández, de UNT, condenó el asesinato de Salazar, quien recibió un impacto de bala en la cara, en el momento que un funcionario de PoliZamora, la obligaba a mantener relaciones sexuales. En consecuencia, propuso designar una comisión parlamentaria para iniciar las investigaciones exhaustivas sobre el caso para que sea agregado a las nuevas actualizaciones de informes de DDHH de la ONU con respecto a Venezuela.

En ese sentido, la dirigente de PJ Yajaira Castro, repudió y calificó de “innegable el descontrol” que existen en los cuerpos policiales, la falta de ética profesional, disciplina, supervisión y control de los superiores, a lo cual se preguntó: “¿Qué hacia un funcionario policial armado en los calabozos de las mujeres detenidas?, cuando esto está totalmente prohibido; ¿Dónde están los superiores de estos policías que permiten que estos hechos ocurrieran?”.

En el debate, Deyalitza Aray, denunció que los privados de libertad mujeres y hombres, están sometidos “a una suerte de venganza social, pues mueren de hambre, mengua y enfermedad”; que refleja una flagrante violación a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y así como también, el derecho fundamental a la vida.

Entre tanto, Gilber Caro, de VP, pidió abrir una investigación a la Policía Municipal de Zamora, en Guatire, estado Miranda “para que aclare la situación” y exigió respeto a todos los privados de libertad.

Por último, Richard Blanco, de ABP, culpó a Nicolás Maduro de la crisis multidimensional que existe en el país, la cual afecta al sistema penitenciario, y sugirió tomar en cuenta las recomendaciones, y la implementación de políticas públicas plasmadas en un informe de 400 folios sobre los centros de reclusión del país, que entregó cuando estuvo al frente de la Comisión de Cultos de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional.

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CIDH realiza audiencia sobre la situación humanitaria y mecanismos de control social en Venezuela

Entre otro tema a abordar durante la mañana de hoy se encuentra la situación de personas privadas de libertad en contexto de la crisis política

Entre otro tema a abordar durante la mañana de hoy se encuentra la situación de personas privadas de libertad en contexto de la crisis política

Con información de EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza este jueves tres audiencias diferentes sobre la situación en Venezuela. Entre los temas a abordar durante la mañana de hoy se encuentran:

– Crisis y sus efectos sobre las personas mayores y comunidad LGBTI.
– Situación de personas privadas de libertad en contexto de la crisis política.
– Situación humanitaria y mecanismos de control social.

El pasado lunes el organismo internacional instaron al Gobierno de Venezuela a actuar de manera urgente para movilizar los recursos necesarios y disponibles, inclusive mediante la cooperación internacional, para restaurar el sistema de salud en el país.

Según reseñó EFE, en febrero la CIDH publicó un informe en el que llamaba la atención sobre el “profundo” deterioro de los derechos humanos en Venezuela y hacía 76 recomendaciones al Estado, al que urgía a acabar con las detenciones arbitrarias, las torturas y el uso de la violencia sexual contra los privados de libertad.


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CIDH pide a países desarrollar mecanismos migratorios ante crisis venezolana

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enumeró una serie de medidas que los estados deberían cumplir para acabar con este fenómeno

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enumeró una serie de medidas que los estados deberían cumplir para acabar con este fenómeno

Con información de EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este miércoles a los países americanos a que implementen medidas que permitan a los venezolanos desplazados acceder a sus territorios de manera segura y con garantías, reseñó.

La institución pidió a los Estados el desarrollo de una batería de medidas que faciliten la entrada, integración y regularización en los países de la región de la población venezolana forzada a salir de su país, según recogió una resolución del órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) firmada en Bogotá.

La resolución monográfica cita como causantes de este reclamo la “grave crisis política, económica y social que ha sufrido Venezuela durante los últimos años”, que tiene “impactos particulares” en ámbitos como “la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la libertad de circulación o la protección judicial”.

Según reza el documento, la CIDH considera que “las violaciones masivas de los derechos humanos”, unidos a la crisis alimentaria y sanitaria, han conllevado un crecimiento “exponencial de cientos de miles” de venezolanos forzados a migrar a otros países de la región.

En este sentido, cita los datos del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que cifran en 133.574 el número de solicitudes de asilos protagonizados por venezolanos y en 350.861 el de aquellos que optaron por otras vías migratorias de estancia legal.

Sin embargo, la Comisión reconoce que la escasez de canales legales y seguros ha provocado que “muchas personas han tenido otra opción que recurrir a canales clandestinos”.

Por esta razón, la CIDH enumeró una serie de medidas que los estados deberían cumplir para acabar con este fenómeno.

Entre los mecanismos, resalta garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado para aquellas personas que tengan un temor fundado de que serán víctimas de persecución en Venezuela, en base a la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, y considerar “respuestas colectivas” en caso de que se produzca un flujo masivo.

Además, implementar protocolos que permitan el principio de reunificación familiar, el derecho a la no devolución a territorio venezolano, expandir canales seguros y legales mediante la liberalización de visas de fácil acceso, también para las personas que no disponen de los documentos requeridos por cuestiones ajenas.

Otro de los aspectos que aborda el documento es el de garantizar el “derecho a la nacionalidad” a personas apátridas o en riesgo de serlo, además de la prevención y protección de las víctimas de trata de personas.

 

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