Carlin Rodríguez: "quiero justicia para todos"

A siete años del suceso que casi le quita la vida, la joven anzoatiguense que recibió un impacto de bala en el rostro durante una protesta en Lechería, todavía busca que su caso sea resuelto

Nota de prensa

Este domingo 9 de mayo se cumplen siete años del momento en que la entonces estudiante de Comunicación Social, Carlin Rodríguez, recibió un impacto de bala que casi le arrebata la vida, mientras protestaba en contra del régimen de Nicolás Maduro en el distribuidor Fabricio Ojeda de la ciudad de Lechería, en el estado Anzoátegui.

La ahora licenciada en Periodismo, afirma que, actualmente, los responsables del hecho ni siquiera han sido destituidos de sus cargos, por lo que exigió al Ministerio Público (MP) y al Circuito Judicial Penal de la entidad, darle celeridad al debido proceso. “Ha sido tanto el retraso que no sé si esas personas, incluyendo el que me disparó, aún están aquí en el país. Han pasado siete años y el caso aún sigue estacando”.

“Yo ese día estaba ejerciendo un derecho que tengo como venezolana, porque todo venezolano tiene derecho a la libre protesta, protesta pacífica. Yo ese día estaba con pancarta en mano, ejerciendo un derecho constitucional. Siete años después es un caso que no ha tenido justicia y los responsables siguen en libertad”, agregó Rodríguez.

Sostuvo que no sólo exige justicia para ella sino también para los casos que han estado impunes desde 2014. Manifestó sentirse satisfecha ante la noticia de que el pasado martes 4 de mayo, el exfuncionario de Polianzoátegui, Onán Pereira, fue condenado a 26 años de prisión por la muerte del estudiante de Publicidad, César Pereira, que fue herido mortalmente con balas de metras mientras protestaba en el sector Peñón de El Faro, en el municipio Urbaneja.

“Como venezolana y como estudiante que fui herida, me alegra que el responsable de eso pague por sus actos. Sin embargo, hay otras personas que también deben pagar. Quienes dieron las órdenes de disparar, también deben pagar. No sólo en el caso de César, también en mi caso, en el caso de muchísimos estudiantes a quienes sus derechos humanos les fueron violados. No sólo quiero justicia para mi, quiero justicia para todos”, expresó.

No procede

La abogada que lleva el caso, Alejandra Olivares, informó que hace casi seis años el MP presentó una acusación formal por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, uso indebido de armas orgánicas, simulación de hecho punible y quebrantamiento de pactos y tratados internacionales, en contra de los funcionarios de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui) que se encontraban en el lugar donde Carlin fue herida.

Sin embargo, acotó que una vez realizada la audiencia preliminar se acordó admitir la acusación y que se llevara a cabo el enjuiciamiento de los imputados, pero no se logró la medida privativa de libertad, a pesar de que la solicitud fue realizada tanto por el MP como por la víctima.

“Hoy en día estos funcionarios siguen estando activos trabajando con normalidad, mientras que Carlin estuvo a punto de perder su vida por la conducta delictiva de estos funcionarios policiales quienes la hirieron a nivel del rostro con sus armas de reglamento (no perdigones) cuyo uso está prohibido en caso de manifestaciones”, dijo Olivares.

Carlin Rodríguez aún no ve la luz de la justicia

A cinco años del suceso, todavía no hay detenidos por el caso de la joven anzoatiguense que recibió un impacto de bala en el rostro durante una protesta en Lechería

Con información de nota de prensa

Este jueves se cumplen cinco años de aquel 9 de mayo de 2014, donde la entonces estudiante de Comunicación Social, Carlin Rodríguez, recibió un impacto de bala en el rostro mientras protestaba en contra del régimen de Nicolás Maduro en el distribuidor Fabricio Ojeda de Lechería, estado Anzoátegui.

La actual licenciada en Periodismo afirma que continúa batallando por hacer valer sus derechos, pues aún no ha visto que la luz de la justicia resplandezca en su caso. “Me ha tocado “pelear” para hacerme sentir, ya que los responsables aún se encuentran en libertad”, comenta.

Mientras recuerda lo duro que ha sido enfrentar las consecuencias del terrible hecho donde casi pierde la vida, alega que todavía sigue de pie, y “con más fuerza que nunca”, para lograr que los responsables paguen por la atrocidad que cometieron en contra de quien exigió lo que, como ciudadana venezolana, le corresponde: libertad.

“Salir a manifestar no es un delito y nos han hecho creer que sí. Habrá quienes no recuerden, o quizás ni siquiera sepan lo que me pasó. Pero aquí sigo, luchando por el mismo objetivo de hace cinco años, que es la libertad de mi país”.

Carlín agradece el apoyo de quienes, sin interés alguno, le han extendido una mano amiga para  dar a conocer su historia. Sin embargo, también rechaza que algunos políticos no hagan eco de su situación por no pertenecer a las filas de un partido y no servirles de “propaganda”.

Sistema fallido

La abogada que lleva el caso de Rodríguez, Alejandra Olivares, asegura que el atraso del mismo es un ejemplo del sistema judicial que hay en Venezuela. “Cinco años han pasado, cinco años luchado porque se haga justicia, y todavía no existe ni un solo detenido”.

Afirma que a pesar de que se han ejercido los recursos, se ha apelado, se ha asistido a las convocatorias, siempre se terminan difiriendo las audiencias, lo que ha generado gran demora en el proceso.

Señala que actualmente se aproxima una audiencia preliminar en la cual, si el tribunal considera que hay elementos necesarios para continuar, se dará paso al juicio.

“En ese trámite llevamos cuatro años. Hay un retraso procesal evidente. Sin embargo, seguiremos trabajando por hacer justicia”. 

José Santoyo: Víctimas del régimen en Anzoátegui siguen esperando justicia

El defensor de los derechos humanos en la entidad dijo que en los casos de Rodríguez y Acosta no se ha avanzado en las investigaciones, a pesar de que existen testigos y pruebas que sostienen lo declarado por las víctimas

Con información de nota de prensa

Hoy se pudo conocer que está pautado para el próximo 25 de abril el juicio en el caso del asesinato de César Pereira, ocurrido el 28 de mayo de 2017 en Lechería, estado Anzoátegui, durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro y del que está acusado el exfuncionario policial Onán Pereira.

En el Palacio de Justicia de Barcelona, el abogado del caso, José Santoyo, estuvo acompañado por Carlin Rodríguez, otra víctima de violación de derechos humanos por parte del régimen chavista, y el concejal del municipio Urbaneja, Freddy Palomo, quien está prestando apoyo a las víctimas para que no haya impunidad en sus casos.

Como se recordará, Carlin Rodríguez recibió un impacto de bala en el rostro el 5 de mayo de 2014 cuando una comisión policial disparó contra una protesta antigubernamental en el Distribuidor Fabricio Ojeda, en Barcelona.

“En este caso, asistido por la colega Alejandra Olivares, ya han pasado casi 5 años, han sido innumerables las audiencias y los funcionarios implicados están en libertad y ejerciendo funciones en Polianzoátegui”, denunció el dirigente de Vente Venezuela.

El defensor de los DDHH precisó que otro caso es el de Félix Acosta, herido por un disparo que le provocó fractura de la clavícula y perforación de un pulmón, por lo que casi muere. El hecho ocurrió el pasado 23 de enero en el sector Boyacá de Barcelona. La herida fue infringida por un funcionario de la Policía Municipal de Barcelona, según denunció la víctima.

“Aun cuando hay evidencias para reconocer al funcionario y han transcurrido 60 días de investigaciones en el Cicpc, que además posee videos del hecho, no hay acusación formal de la Fiscalía. Todo indica que las autoridades están entorpeciendo para que no haya justicia en ninguno de los casos señalados”.

En los casos de Rodríguez y Acosta no se ha avanzado en las investigaciones, a pesar de que existen testigos y pruebas que sostienen lo declarado por las víctimas, aseguró Santoyo, quien reitera que hay retardo procesal en todos los casos de violaciones de derechos humanos en los que son señalados funcionarios policiales.