Unión Europea renueva sanciones individuales contra funcionarios venezolanos por seis meses

La Unión Europea prorrogó hasta el 14 de mayo de 2024 sanciones individuales y selectivas contra funcionarios y personas vinculadas al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las medidas no afectan a la población

Con información de VOA Noticias

CARACAS — La Unión Europea (UE) prorrogó sanciones individuales contra 54 personas vinculadas al gobierno del presidente Nicolás Maduro, por “acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos”, pero se muestra dispuesta a considerar la "flexibilización o revocación" de las medidas dependiendo de la evolución de la implementación del acuerdo de Barbados.

"El Consejo acoge con satisfacción el acuerdo político del 17 octubre, en Barbados, lo que representa un paso positivo y necesario en la continuación de un proceso de diálogo inclusivo hacia la restauración de la democracia en Venezuela. En este contexto y en el marco de la revisión anual de sus medidas, el Consejo ha decidido acortar la duración de la próxima renovación de 12 a 6 meses”, resalta un comunicado divulgado el lunes.

El gobierno y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron en Barbados un acuerdo sobre garantías electorales. Posteriormente el gobierno estadounidense anunció la flexibilización temporal de algunas sanciones en la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si no se evidencian pasos concretos orientados al levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.

“El Consejo ha revisado las medidas restrictivas vigentes. Habida cuenta de dicha revisión, las medidas restrictivas contra todas las personas de la lista, a excepción de una persona que ha fallecido (Tibisay Lucena, exministra de Educación Universitaria y expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), deben prorrogarse hasta el 14 de mayo de 2024”, detalla el Diario Oficial de la UE del lunes.

Además, precisa que se actualizan los motivos de inclusión en la lista de dieciséis personas y que las medidas “no afectan a la población en general y pueden revertirse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela”.

Entre los integrantes más visibles de la lista actualizada se encuentran Elvis Amoroso, presidente del CNE y excontralor general de la República; Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista; Tareck El Aissami, ex ministro de Petróleo y ex presidente de Petróleos de Venezuela.

También figuran Gustavo González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); (PDVSA); Iván Hernández Dala, director general de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); Alexander Granko, director de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM; Hannover Guerrero, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la 35 brigada de la Policía Militar.

Además, Sandra Oblitas, ministra de Educación Universitaria; Carlos Calderón, agente del comando de élite de la Policía Nacional de Venezuela (PNB/FAES); Rafael Franco Quintero, general de la Fuerza Armada Nacional (FANB) y jefe de seguridad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, entre otros.

Otros funcionarios sancionados son Remigio Ceballos Ichaso, ministro Interior y Justicia de Venezuela; Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica; Tarek William Saab, fiscal general de la República y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.

También, Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira; Maikel Moreno, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela; Alexis Escalona, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT) y Omar Fernández, ex gobernador del estado Zulia, entre otros.

En cada renglón de la lista, la UE especifica en qué manera los funcionarios han “apoyado y facilitado las acciones y políticas del Gobierno que han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.

Las primeras sanciones de la UE contra particulares venezolanos se dieron en 2017, luego de intensas manifestaciones antigubernamentales que fueron reprimidas por las fuerzas del Estado y en las que murieron decenas de personas.

En ese entonces, el Consejo prohibió la exportación de armas y equipos que puedan ser utilizados para la represión interna, equipos de vigilancia y la inmovilización de fondos y recursos económicos de determinadas personas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos de DDHH.

El mes pasado el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, había pedido a la UE levantar sanciones a Venezuela, tras la flexibilización de sanciones petroleras temporales por parte de EEUU, ante la “evolución positiva” del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición.

En junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, reanudar la investigación a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad argumentando que el Estado venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos”.

La semana pasada el Estado venezolano acudió ante la Sala de Apelaciones de la CPI, que celebró audiencias sobre el recurso de apelación del Estado venezolano contra la decisión de reanudar la investigación.

CNE abierto a la observación internacional pero sin "injerencia"

La asesora senior del Centro Carter para América Latina y el Caribe, Jennie Lincoln, dijo que, para la organización, "es un honor estar en Venezuela" y "acompañar al ente comicial, tal y como se acordó en Barbados

Con información de EFE

Caracas, 7 nov (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela dijo este martes que está abierto a la observación internacional en procesos comiciales, pero sin "injerencia", durante una reunión con representantes del Centro Carter, quienes se encuentran en Caracas desde el jueves para evaluar una posible visita de una misión técnica para las presidenciales de 2024.

"No deseamos injerencia. Mientras más imparcialidad exista, mayor participación habrá de los invitados internacionales", afirmó el presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien expresó su "complacencia" para que esta organización "acompañe el proceso electoral", según informó la propia institución en X (antes Twitter).

Minutos después, el funcionario dijo que se trató, "simplemente", de una "reunión de cortesía, aprovechando la visita" del Centro Carter, "solo eso", y que "no hay ningún acuerdo" suscrito por el momento, según declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV.

Por su parte, la asesora senior del Centro Carter para América Latina y el Caribe, Jennie Lincoln, dijo que, para la organización, "es un honor estar en Venezuela" y "acompañar al ente comicial, tal y como se acordó en Barbados, en donde se planteó la posibilidad de asistir como observadores en las elecciones de 2024", de acuerdo con la información difundida por el CNE en X.

Recientemente, el Centro Carter señaló que, durante su visita, se reunirá con el CNE, con los representantes del chavismo y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que firmaron en agosto el acuerdo en materia comicial en Barbados, miembros de partidos políticos, observadores electorales nacionales y grupos de la sociedad civil.

En un breve comunicado, la organización, que anunció en agosto de 2015 el cierre de sus oficinas y el cese de sus operaciones en Venezuela, agregó que las reuniones serán para "discutir la consideración de una invitación para desplegar una misión técnica de observación electoral para las elecciones presidenciales de 2024, de conformidad con el acuerdo".

El "acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos" prevé que los comicios cuenten con observación de la Unión Europea (UE), del Centro Carter y del panel de expertos de las Naciones Unidas, entre otras instancias.