Saab: Información de la CPI pudiera parecer "sesgada"
El fiscal general de la República desginado por la ANC aseguró que la Corte Penal Internacional “actúa de manera complementaria”
Con información de El Nacional
El fiscal general de la República designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, reaccionó ante las medidas anunciadas por la Corte Penal Internacional (CPI).
"La CPI actúa de manera complementaria cuando en un Estado los casos que pudieran ser evaluados no han sido investigados, judicializados o no han tenido una documentación. Debo decir que su información pudiera parecer sesgada, y no ha tenido la oportunidad de comunicarse con este Ministerio Público en relación con los casos", expresó el funcionario durante una rueda de prensa.
Este jueves, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar sobre Venezuela, por el uso de "fuerza excesiva" por los funcionarios del Estado para dispersar y reprimir manifestaciones, y graves abusos a detenidos durante las protestas ocurridas desde abril del 2017, informó la institución en un comunicado.
Tráfico de combustible
Por otra parte, Saab aseguró que altos directivos de la industria petrolera estarían vinculados con el presunto tráfico ilegal de combustible venezolano, con el uso de documentación falsa.
Destacó que se inició una investigación en el terminal de almacenamiento y embarque de Guaraguao, en Puerto la Cruz, estado Anzoátegui, "donde se detectó la presencia de dos buques extranjeros que se disponían a cargar crudo y diesel en condiciones irregulares".
"Uno de los buques tenía una bandera griega y pretendía cargar la cantidad de 300 mil barriles de crudo. El capitán presentó documentación falsa", detalló el funcionario durante una rueda de prensa realizada durante la mañana de este jueves.
Asimismo, precisó que las embarcaciones quedarán a la orden del Ministerio Público hasta que se logre aclarar la situación, donde estarían involucradas las empresas Latino Oil y Manta Internacional.
Saab informó que se emitieron órdenes de detención contra los directivos de las citadas compañías, quienes fueron identificados como Ugbor Modestus Amaechi y Carlos Smirt Pérez Gil. "Evitamos un daño patrimonial por 48 millones de dólares", agregó.
