Abuso sexual, torturas y retardo procesal: así sobreviven los presos del Cicpc El Hatillo

Los presos decidieron iniciar una huelga de hambre con la participación de algunos familiares también

Con información de La Patilla

Son múltiples las denuncias por violaciones contra los derechos humanos de los privados de libertad que permanecen en los calabozos de la División Nacional contra Extorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de El Hatillo. Presunto abuso sexual, torturas y retardo procesal son solo algunos de los casos recabados por el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Durante lo que va del mes de diciembre, los familiares reclamaron a puertas del Ministerio de Servicios Penitenciarios sin recibir respuestas, mientras que los presos decidieron iniciar una huelga de hambre con la participación de algunos familiares también, en un intento desesperado por ser escuchados y auxiliados ante tanta desidia.

A pesar que estos calabozos no dependen del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), los familiares decidieron llevar a cabo sus protestas a puertas de este organismo como medida para agotar todos los recursos hasta obtener una respuesta.

Asimismo lograron formular su denuncia ante el director general del CICPC, Douglas Rico, pero hasta hoy no ha sido tomada ninguna acción, tales como la remoción o reemplazo del funcionario responsable del

CICPC El Hatillo ante tantas irregularidades

Durante el 2021 el OVP recabó denuncias de estos calabozos que fueron hechas públicas en cuatro oportunidades. En los otros casos, se les hizo acompañamiento a los familiares que pidieron que no fueran publicadas por miedo a represalias.

Hasta la fecha ninguna de las denuncias realizadas han sido procesadas por algún organismo, así como tampoco han logrado el cese de la violencia dentro de este recinto policial.

Las presuntas torturas y vulneración de derechos fundamentales trasciende las rejas. En ese sentido, los familiares, quienes se negaron a revelar su identidad por temor a más represalias, aseguran que han sido amedrentados por funcionarios del CICPC, incluso algunos de ellos han sido detenidos como medida de presión.

“Mi hijo de 17 años y yo fuimos sacados hace unos meses de mi casa y procesados como delincuentes, mi otro hijo está preso en este lugar y ha sufrido múltiples hechos de violencia y tortura”, comentó la madre de un recluso.

El pasado 20 de diciembre, el mismo día que iniciaron la huelga de hambre, los familiares fueron convocados para reunirse en la Asamblea Nacional junto a diputados miembros de la comisión de familia, donde fueron recibidas sus denuncias y se les solicitó “mantener la calma por el mes de diciembre”, ya que la comisión asignada para asuntos penitenciarios no estará laborando en estas fechas.

Mientras que se espera por respuesta o acuerdo, los presos sobreviven presuntamente bajo amenazas, son guindados por los brazos a manera de tortura. En tanto, los denunciantes han reiterado en múltiples oportunidades que los reos que se encuentran dentro de estos calabozos son presuntamente violados con palos y otros objetos por sus genitales.

Sumado a esta grave situación está la escasez de alimentos. Al igual que la mayoría de las cárceles en todo el territorio nacional, son los familiares quienes deben entregar comida diariamente pero, según denunciaron, los mismos funcionarios que la reciben se encargan de sacarla de los envases y mezclarla con gusanos y vidrios.

Los presos del CICPC de El Hatillo tampoco reciben agua potable, solo la que pueden llevar los familiares y en muchas ocasiones limitan el líquido a unos cuantos litros nada más.

Cabe destacar que en este centro de detención se encuentran recluidos más de 60 presos, algunos con más de 3 a 5 años esperando por traslados. Esta también es una de las peticiones para que culmine la huelga de hambre: la agilización de los procesos judiciales y traslados a recintos penitenciarios.

En conclusión, los familiares exigen la presencia de un fiscal del Ministerio Público para que constate la situación In Situ y los ayude a dar solución. Hacen énfasis en que los derechos humanos no pueden esperar, temen por la vida y la integridad física del que sobrevive tras las rejas en este lugar, por eso seguirán denunciando y protestando hasta que les den una respuesta.