Giro conservador en América Latina: el temor al crimen impulsa medidas de seguridad inspiradas en el modelo de Bukele
Giro a la derecha en América Latina: el temor al crimen impulsa liderazgos conservadores y medidas de mano dura al estilo de Bukele, desafiando a las instituciones y promesas de la izquierda
Con información de AP
BOGOTÁ (AP) — Al inicio de esta década, América Latina registraba un marcado giro hacia la izquierda. Sectores progresistas, impulsados por la indignación pública ante las arraigadas desigualdades agravadas por la pandemia, llegaron al poder en varias de las principales economías de la región, entre ellas Brasil, Chile, Colombia y Perú.
Sin embargo, en la actualidad se gesta un cambio en la tendencia política. Aunque las tasas de homicidios han disminuido en términos generales en comparación con hace una década, los repuntes registrados en ciertos países y el incremento regional de otros delitos, especialmente la extorsión, han creado las condiciones para que líderes conservadores sumen apoyo con la promesa de tácticas de mano dura contra la delincuencia y un mayor control de la inmigración.
Los discursos electorales que vinculan la migración con la criminalidad y promueven estrategias de seguridad de fuerte control policial —popularizadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele— han conseguido el respaldo de figuras como el mandatario estadounidense, Donald Trump, movilizando a votantes desencantados, a pesar de las advertencias de diversos organismos sobre el riesgo de que este tipo de tácticas afecten los derechos humanos o las instituciones democráticas.
“Tenemos una derecha emergente que colabora mucho en toda la región y con Estados Unidos a través del movimiento MAGA, que también ha usado la seguridad como un eje central para la movilización política”, explicó Enrique Roig, vicepresidente de la organización Human Rights First y exfuncionario del Departamento de Estado estadounidense. “Es más sencillo proponer el encarcelamiento que abordar las razones estructurales por las cuales los jóvenes se unen a las pandillas en países como El Salvador”.
Las promesas de seguridad influyen en el voto
Aunque la política de corte populista ha arrojado resultados en todo el espectro ideológico, los sectores de derecha han enfatizado soluciones de seguridad a corto plazo que buscan ofrecer resultados rápidos a los votantes, aun cuando analistas señalan el riesgo de erosionar contrapesos democráticos.
Las propuestas de la izquierda, orientadas a programas comunitarios para la prevención de la violencia, la mejora de la formación policial y reformas judiciales y penitenciarias, suelen requerir más tiempo para dar frutos, señaló Adam Isacson, director de supervisión de defensa en la organización Washington Office on Latin America.
“Es un enfoque estructural, pero la paciencia de la ciudadanía se agota”, comentó Isacson acerca de las propuestas a largo plazo. “Entonces surgen liderazgos con el estilo de Bukele que ofrecen resolver el problema de manera inmediata”.
En Colombia, donde la conflictividad ha vuelto a repuntar en amplias zonas rurales, el empresario Abelardo de la Espriella, cercano a las posturas de Trump, lidera las encuestas antes del balotaje del domingo siguiendo una línea similar a la de Bukele.
En Perú, donde las denuncias por extorsión se han multiplicado por cinco en los últimos cinco años, Keiko Fujimori logró entrar al balotaje presidencial del 7 de junio con una campaña enfocada en el orden público, prometiendo desplegar al ejército en las cárceles y las fronteras, apoyándose en parte en el legado de autoridad de su fallecido padre, el expresidente Alberto Fujimori.
Por su parte, los costarricenses, alarmados por niveles récord de asesinatos vinculados al narcotráfico, eligieron en febrero a la conservadora Laura Fernández bajo una plataforma de mano dura. En Honduras, el empresario Nasry Asfura obtuvo una amplia victoria en los comicios de diciembre tras recibir el respaldo de Trump como un aliado clave en la lucha contra la criminalidad organizada.
El crimen organizado se expande y alimenta la violencia
América Latina y el Caribe registraron el año pasado una caída de más del 5% en su tasa promedio combinada de homicidios en comparación con 2024, con una media que rondó los 17,6 por cada 100.000 personas, según InSight Crime, un centro de estudios especializado en el crimen organizado en las Américas.
Sin embargo, existen excepciones importantes. Los asesinatos relacionados con el narcotráfico han aumentado en Perú y Colombia —los principales productores de cocaína del mundo—, así como en el vecino Ecuador, cuyos puertos estratégicos son utilizados por los traficantes como puntos de salida hacia los mercados europeos.
El año pasado, las autoridades contabilizaron 2.400 homicidios en Perú y 14.780 en Colombia, las cifras más altas en ambas naciones desde al menos 2020. En Ecuador, los asesinatos aumentaron un 31% interanual, alcanzando los 9.216.
A las organizaciones criminales se les atribuye gran parte de la violencia que comenzó a dispararse en Ecuador durante la pandemia de COVID-19, cuando delegados de agrupaciones de México, Colombia y los Balcanes ampliaron sus operaciones y reclutaron redes locales, desatando disputas por el control de las rutas del narcotráfico. Estos enfrentamientos territoriales se han extendido a las cárceles, donde cientos de internos han sido asesinados desde 2021. Asimismo, las autoridades ecuatorianas registraron más de 16.100 casos de extorsión el año pasado.
Liderazgos conservadores capitalizan el descontento
Hace cuatro años, los votantes chilenos optaron por el actual mandatario Gabriel Boric, un líder de izquierda enfocado en abordar las desigualdades sociales, frente al candidato conservador José Antonio Kast. Sin embargo, el año pasado, el temor ante el aumento de la delincuencia y su frecuente vinculación en el debate público con la creciente migración irregular beneficiaron políticamente a Kast, permitiendo el regreso de su sector al primer plano político.
A medida que organizaciones criminales transnacionales extendieron sus operaciones en la región tras la pandemia, Chile, históricamente uno de los países más seguros de América Latina, experimentó un incremento en delitos como robos de vehículos, secuestros y tiroteos. La tasa de homicidios aumentó un 30%, situándose en 6,7 por cada 100.000 personas entre 2021 y 2022, según el Ministerio del Interior chileno; aunque ha bajado desde entonces, se mantiene por encima de los niveles previos a 2021. Los secuestros, en tanto, crecieron casi un 180% en los últimos cuatro años.
Inspirándose en el modelo de infraestructura carcelaria de El Salvador, Kast se impuso con holgura a su rival en diciembre con promesas de construir barreras fronterizas, endurecer el régimen penitenciario para miembros de bandas criminales y acelerar la deportación de migrantes en situación irregular. Ante la demanda de seguridad, el electorado priorizó sus propuestas de orden público por encima de sus posiciones tradicionales en temas sociales o su postura respecto al periodo de Augusto Pinochet.
En Perú, la candidatura de Keiko Fujimori capitalizó el repunte de la violencia urbana, logrando la mayor votación en la primera vuelta de abril bajo el lema “Perú con orden”. Los resultados del balotaje del 7 de junio muestran un empate técnico entre Fujimori y el candidato de corte nacionalista Roberto Sánchez.
Los expertos señalan que la demanda ciudadana de tácticas de control estricto ha crecido a la par de la disminución de la confianza en las instituciones estatales y el escepticismo respecto a la eficacia de la gestión democrática tradicional.
“El razonamiento de una parte de la población suele ser que el sistema actual no ha logrado garantizar la seguridad familiar, lo que genera apertura hacia modelos más autoritarios”, sostuvo Eduardo Moncada, director del Institute of Latin American Studies de la Universidad de Columbia.
Este escenario representa un reto para la izquierda latinoamericana, que en varios países ha tenido que gestionar economías estancadas y hacer frente a cuestionamientos de gestión. Ante esto, incluso figuras progresistas como Jeannette Jara en Chile o el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, han señalado la necesidad de analizar aspectos del modelo de seguridad de El Salvador. Por su parte, el gobierno guatemalteco declaró este año el estado de emergencia para reprimir la violencia de las pandillas, coordinando esfuerzos de seguridad con la administración estadounidense.
El contraste entre las promesas de campaña y la gestión
Las ambiciones de los nuevos liderazgos conservadores, sin embargo, enfrentan la realidad práctica y las restricciones presupuestarias de gobernar estados con instituciones complejas, a diferencia de El Salvador, donde el partido gobernante cuenta con una amplia mayoría legislativa.
En Ecuador, las promesas de campaña del presidente Daniel Noboa incluyeron el uso de prisiones flotantes y la construcción de megacárceles. Tras asumir el cargo, la propuesta de las barcazas fue descartada y la primera prisión de gran escala comenzó sus operaciones hacia finales de año.
“La edificación de complejos penitenciarios masivos enfrenta complejidades financieras y logísticas debido a la situación económica del país”, manifestó Beatriz García Nice, analista del Stimson Center de Washington.
En Chile, a tres meses del inicio del mandato de Kast, los sondeos reflejan que la ciudadanía mantiene el escepticismo respecto a la velocidad de los resultados en seguridad en comparación con la gestión anterior. El gobierno ha coordinado un número limitado de vuelos de expulsión, enfrentando dificultades operativas para concretar la deportación masiva de migrantes en situación irregular prometida en campaña, lo que ha llevado al ejecutivo a moderar las expectativas públicas.
Durante la presentación de nuevas medidas de seguridad el pasado 1 de junio, Kast buscó matizar las demandas de sus seguidores: “Gobernar significa asumir la responsabilidad de la realidad, especialmente cuando es difícil. Estamos avanzando de manera gradual porque estos cambios estructurales no ocurren de la noche a la mañana”, afirmó.