¡Fraude disfrazado! Ley de Amnistía en Venezuela: mucho ruido, pocas liberaciones reales y cientos excluidos
Ley de Amnistía, Reconciliación y Reunificación Nacional promulgada por Delcy Rodríguez se presenta como un gran gesto de reconciliación, pero en la práctica resulta limitada, selectiva y con vacíos estructurales que mantienen intacto el núcleo del sistema represivo
Redacción El Mercurio Web
Principales críticas y limitaciones reales
- ¡Fraude disfrazado! Ley de Amnistía en Venezuela: mucho ruido, pocas liberaciones reales y cientos excluidos: Aunque abarca teóricamente desde 1999 hasta 2026, solo reconoce 13 momentos o coyunturas específicas (la mayoría periodos cortos de protestas entre 2002 y 2019). Esto deja fuera más de 14 años completos y excluye a cientos de casos, especialmente militares y civiles procesados por "rebelión" o conexos fuera de esas fechas puntuales. Foro Penal estima que alrededor de 400 presos políticos quedarían excluidos por esta razón.
- Exclusiones explícitas: No aplica a condenados por homicidio, tráfico de drogas, violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad ni rebelión militar. Expertos de la ONU insisten en que debe excluir a perpetradores de graves violaciones (incluidos actores estatales), pero en la práctica esto deja fuera a muchos opositores y militares disidentes sin beneficiar a víctimas de represión sistemática.
- Aplicación discrecional y lenta: Los tribunales que condenaron a las personas deciden si conceden la amnistía (con plazo de 15 días), lo que genera desconfianza por posible sesgo. No revoca inhabilitaciones políticas (como las de María Corina Machado u otros líderes), ni devuelve bienes confiscados, ni elimina todas las medidas cautelares.
- Liberaciones reales vs. anuncios oficiales: El gobierno habla de "cientos" de liberaciones inmediatas y más de 1.557 solicitudes atendidas. Sin embargo, Foro Penal (hasta el 22-23 de febrero) solo verifica alrededor de 40 casos confirmados con libertad plena tras la promulgación (sumando a las ~448 previas desde enero). Quedan más de 600 presos políticos según la ONG, y persisten huelgas de hambre en cárceles como Rodeo I exigiendo inclusión total.
En esencia, la ley avanza en liberar a algunos opositores (un logro parcial tras la caída de Maduro), pero no desmantela el aparato de justicia politizado ni garantiza una reconciliación plena. Organizaciones como Amnistía Internacional, Foro Penal y expertos de la ONU la ven como un paso "pequeño" o "insuficiente", más cosmético que transformador, y exigen supervisión internacional y liberación incondicional de todos los detenidos por motivos políticos para que sea genuina.
Si se mantiene esta dinámica, muchos ven en ella más "bomba" mediática que "chicle" real de cambio estructural.