La administración Trump despojó a los venezolanos del estatus de Estatus de Protección Temporal
Con información de Reuters
18 de noviembre (Reuters) - Un tribunal federal de apelaciones ha decidido mantener vigente por ahora la decisión de la administración del presidente Donald Trump de privar a cientos de miles de migrantes venezolanos en Estados Unidos de las protecciones de deportación humanitaria hasta después de que emita un fallo en una impugnación legal.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, actuó el miércoles horas después de que el Departamento de Justicia solicitara a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspendiera nuevamente el fallo de un juez federal que bloqueaba la política del gobierno, mientras continúa el proceso judicial. El juez determinó que los funcionarios del gobierno carecían de autoridad para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), otorgado a los migrantes durante la administración del expresidente Joe Biden.
El Tribunal Supremo había suspendido previamente la decisión del juez en octubre de 2025. Pero esa suspensión expiró este mes y la decisión que bloqueaba la política debía entrar en vigor el viernes.
El Departamento de Justicia había dicho que reactivar el TPS frustraría la deportación de cientos de personas con órdenes de expulsión definitivas y obligaría al gobierno a liberar de inmediato a unos 1.800 venezolanos que se encuentran actualmente detenidos.
Los demandantes que impugnaron las acciones de la administración, entre ellos beneficiarios del TPS y un grupo de defensa, afirmaron que, desde la anterior intervención de la Corte Suprema en el caso, los beneficiarios venezolanos del TPS han sido detenidos, separados de sus hijos que son ciudadanos estadounidenses, deportados a Venezuela e incluso enviados a los llamados "terceros países" con los que no tienen ningún vínculo.
En junio, la Corte Suprema respaldó las acciones separadas del gobierno que pusieron fin al TPS para cientos de miles de haitianos y sirios , lo que dio un impulso al enfoque de línea dura del presidente republicano hacia la inmigración.
El TPS es una designación que permite a los migrantes de países azotados por la guerra, desastres naturales u otras catástrofes vivir y trabajar en los Estados Unidos mientras no sea seguro para ellos regresar a sus países de origen.
El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte actualmente a la población que reconsidere viajar a Venezuela debido al riesgo de delincuencia, secuestro y deficiencias en la infraestructura sanitaria, entre otros problemas.
El gobierno estadounidense, bajo la presidencia de Biden, demócrata, designó a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2021 y 2023. Pocos días antes de que Trump regresara al poder, la administración Biden anunció una extensión de la designación de 2023 hasta octubre de 2026. La administración Biden citó la represión política, el colapso económico y las crisis sanitarias como algunas de las justificaciones para esta medida.
La exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, nombrada por Trump, revocó la prórroga y decidió poner fin a las designaciones de TPS. La administración Trump ha afirmado que dichas protecciones siempre tuvieron un carácter temporal.
El juez de distrito estadounidense Edward Chen, con sede en San Francisco, dictaminó el año pasado que Noem violó una ley federal que rige las acciones de las agencias federales. Posteriormente, el Noveno Circuito confirmó esa decisión.
Posteriormente, la Corte Suprema ordenó al Noveno Circuito que reconsiderara la decisión de Chen, aplicando su fallo en contra de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de origen haitiano y sirio. Dicha reconsideración está en curso.
Con el fallo de Chen que reactivaría las protecciones del TPS para los venezolanos, que entraría en vigor el viernes, el Departamento de Justicia solicitó la intervención de la Corte Suprema. Sin embargo, horas después, el Noveno Circuito actuó para suspender el fallo de Chen hasta siete días después de que emita un nuevo fallo en el caso.