Excongresista estadounidense condenado a 10 años de prisión por ejercer presión secreta a favor de Venezuela
La sentencia fue dictada por la jueza federal Melissa Damian en una audiencia celebrada en un tribunal federal de Miami
Con información de Reuters
2 de octubre (Reuters) - El excongresista estadounidense David Rivera fue sentenciado el viernes a 10 años de prisión por presionar ilegalmente a funcionarios estadounidenses para que redujeran la presión sobre el gobierno el gobierno de Nicolás Maduro, entonces en el poder.
Rivera, un republicano que representó al sur de Florida en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de 2011 a 2013, fue declarado culpable en un juicio en mayo de ejercer presión sobre funcionarios estadounidenses en nombre de Venezuela en 2017 sin registrarse como lobista extranjero como lo exige la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
La sentencia fue dictada por la jueza federal Melissa Damian en una audiencia celebrada en un tribunal federal de Miami.
Los fiscales de la oficina del fiscal federal de Miami habían instado a Damián a imponer una "pena de prisión significativa". Afirmaron que Rivera actuó en nombre de un "gobierno extranjero hostil" y que recibió 20 millones de dólares de la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana .
Rivera, de 61 años, se declaró inocente, y sus abogados argumentaron que debía evitar la cárcel. Sostuvieron que había estado trabajando para ayudar a la oposición venezolana a derrocar a Maduro, no para beneficiar a su gobierno.
Rivera fue acusado en 2022, durante la administración del presidente demócrata Joe Biden, y los abogados defensores señalaron que el presidente republicano Donald Trump ha restado importancia a los casos de FARA desde que asumió el cargo en enero de 2025.
La investigación se centró en una campaña de cabildeo realizada en 2017, durante el primer gobierno de Donald Trump, y el caso fue presentado en 2022. En el juicio, la fiscalía sostuvo que Rivera utilizó un contrato de consultoría con una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana para ocultar gestiones destinadas a influir en la política de Washington hacia Venezuela. La cobertura del caso menciona un contrato de 50 millones de dólares , mientras que Reuters informó que los fiscales dijeron que Rivera recibió 20 millones ; son cifras referidas de manera distinta en los informes, por lo que conviene no presentarlas como si fueran necesariamente el mismo monto.
La Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) no prohíbe por sí misma hacer cabildeo en nombre de un gobierno extranjero: exige revelar esa relación y registrar ciertas actividades políticas realizadas bajo su dirección o control. El jurado declaró culpables a Rivera ya su asociada Esther Nuhfer; ella recibió una condena de cinco años. Rivera, por su parte, sostuvo que buscaba favorecer a la oposición venezolana y anunció que apelaría.
