Despido injustificado de dos directivos sindicales en Vencemos Pertigalete: un nuevo golpe a la clase trabajadora
Las pruebas presentadas por la patronal carecen de sustento y demuestran una actuación dolosa, con la intención deliberada de cometer un acto ilícito, causando daño a los trabajadores con un desprecio temerario por la verdad
Redacción Con información de Nota de Prensa
La cementera Vencemos Pertigalete, en complicidad con la inspectora del trabajo de Puerto La Cruz, ha despedido a dos directivos sindicales, evidenciando un grave atentado contra los derechos laborales y humanos en Venezuela. Este caso, que lleva tres años sin resolverse, refleja cómo la justicia se doblega ante intereses patronales, dejando desprotegida a la clase trabajadora.
El proceso iniciado por la empresa contra José Sabino, secretario de Organización, y Héctor Acosta, secretario de Cultura, ambos del Sindicato Único de los Trabajadores del Cemento de Vencemos Pertigalete en Anzoátegui, se fundamenta en acusaciones falsas. Las pruebas presentadas por la patronal carecen de sustento y demuestran una actuación dolosa, con la intención deliberada de cometer un acto ilícito, causando daño a los trabajadores con un desprecio temerario por la verdad.
A esto se suma la desproporcionada medida cautelar emitida por la inspectora del trabajo, Abg. María Modesta Carbajal Zamora. Esta acción fue aprovechada por el departamento de Recursos Humanos de la empresa para impedir el acceso de los directivos a las instalaciones, incluida la sede sindical, suspender sus beneficios y obstaculizar un proceso electoral en curso. Tales medidas violan flagrantemente el derecho a la libre elección, así como los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Las irregularidades cometidas por la empresa, al basar su procedimiento en acusaciones fraudulentas, y por la inspectora del trabajo, al no garantizar un proceso objetivo, imparcial y expedito, evidencian una acumulación de injusticias marcadas por la mala fe. Estas acciones han causado daños irreparables a los trabajadores y representan un atropello continuo a sus derechos.
La clase trabajadora no puede seguir tolerando estas humillaciones ni los abusos de patronos y autoridades que, en lugar de velar por el cumplimiento de las leyes laborales, la CRBV y los derechos humanos, actúan en contra de la justicia. Es urgente rescatar el Estado de Derecho en Venezuela para garantizar la protección de los trabajadores y el respeto a sus derechos fundamentales.