Un grupo de expertos de la OEA acusó a Venezuela de atacar sistemáticamente a su población
Destacaron entre sus evidencias más relevantes “la desaparición forzada como política de Estado, la escalada sin precedentes de detenciones arbitrarias y las ejecuciones de manifestantes desarmados”
Con Información de EFE
Un informe del panel de expertos independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, publicado este lunes, acusó al régimen de Caracas de atacar sistemáticamente a su población.
De la detención a la tortura y la desaparición: la consolidación del terror de Estado en Venezuela, el cuarto estudio elaborado por ese grupo, fue presentado en la sede de la OEA con la presencia del secretario general saliente del organismo, Luis Almagro, y miembros del panel como Santiago Cantón, Joanna Frivet y Manuel Ventura Robles.
“El Panel concluye que la represión electoral marca un punto de inflexión crítico: el momento en el que el Estado venezolano avanzó desde la comisión sistemática de graves crímenes de lesa humanidad hasta la consolidación de una infraestructura autoritaria plenamente madura que mantiene el poder a través del miedo, la violencia y la supresión”, recoge el documento.
Los expertos destacaron “la desaparición forzada como política de Estado, la escalada sin precedentes de detenciones arbitrarias, que se haya ampliado el perfil de las víctimas con el objetivo de desarticular cualquier forma de organización social y las ejecuciones de manifestantes desarmados”, entre sus evidencias más relevantes.
Según dijeron, al menos 51 personas han sido desaparecidas por agentes estatales desde las elecciones de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas en un lapso de nueve días tras los comicios y al menos 25 civiles fueron asesinados durante las protestas postelectorales.
Por su parte, Almagro declaró su “compromiso ético”, y el de la organización, “con la víctimas de lesa humanidad”.
En esta imagen de archivo, manifestantes se enfrentan con la policía durante manifestaciones contra los resultados oficiales que declaran la reelección de Nicolas Maduro, un día después de los comicios, en Caracas, Venezuela, el 29 de julio de 2024 (AP Foto/Matias Delacroix, File)
“La voz que queda expresada en los informes es la de las víctimas y la de sus familias. Son las voces que gritan y nos interpelan. Son las voces que dicen que necesitamos justicia en este continente”, aseguró.
El Instituto Casla, organización que ha denunciado presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), también presentó la semana pasada en la OEA un nuevo informe sobre la situación en Venezuela.
Allí, el secretario general, que está a punto de concluir su mandato, acusó al dictador, Nicolás Maduro, de estar en el nivel más alto de “la cadena de mando de la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
Almagro instó a la CPI a que ordene la “detención del mandatario”.
“Una vez más queda aprobado el carácter totalitario del régimen. Un orden político en el que ninguna instancia estatal es autónoma del jefe o ejecutivo”, afirmó Almagro.
“La persecución, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada y la violencia sexual contra la población civil y militar son algunos de los crímenes que se están cometiendo en Venezuela”, completó Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla en la presentación.
“La actual configuración del poder en Venezuela no puede analizarse únicamente como un régimen autoritario tradicional, ni siquiera como un Estado fallido, es una Tiranía que además funciona como una estructura criminal transnacional, cuyas instituciones han sido capturadas y utilizadas sistemáticamente para la represión interna, el saqueo de recursos, el narcotráfico, el lavado de activos y la cooperación con actores ilícitos globales”, sostiene el Instituto CASLA.
Y añade: “Esta estructura no es producto de una fusión reciente entre el poder estatal y el crimen organizado: el propio aparato estatal ha sido moldeado deliberadamente como una red criminal vertical, bajo el control de una cúpula político-militar que utiliza los órganos judiciales, de inteligencia, policiales y militares para garantizar su impunidad y perpetuación en el poder”.