El secretario general de la ONU le manifestó a Maduro su preocupación por la “violencia poselectoral” en Venezuela

António Guterres, Secretario General de la ONU, enfatizó la necesidad de resolver disputas políticas pacíficamente, reiterando el compromiso de la ONU con soluciones pacíficas e inclusivas en situaciones tensas

Con información de AFP y EFE

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, mantuvo una conversación el viernes con Nicolás Maduro en la que expresó su preocupación por la violencia en Venezuela luego de los polémicos resultados de las recientes elecciones presidenciales del 28 de julio, en las cuales la oposición afirma haber salido victoriosa.

Guterres manifestó su inquietud por los informes de violencia posterior a las elecciones y las violaciones de los derechos humanos, además subrayó la importancia de resolver cualquier disputa política de manera pacífica, a través de un diálogo auténtico e inclusivo, según un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric.

Asimismo, el Secretario General tomó nota de las posturas de Maduro respecto a la crisis en Venezuela, según informó el portavoz de Guterres.

Durante su rueda de prensa diaria, Dujarric no especificó el contenido del mensaje transmitido por Maduro pero señaló que este habló con claridad y franqueza acerca de su percepción de la situación.

En declaraciones previas, Guterres ha instado a Venezuela a divulgar los resultados detallados de las actas electorales de los comicios del 28 de julio, lo cual aún no ha ocurrido, y ha lamentado la falta de transparencia por parte de las autoridades venezolanas. Sin embargo, recientemente también ha expresado que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos no contribuyen a la resolución de la situación.

Consultado unos días atrás sobre si el conflicto electoral impactaría en el reconocimiento de Venezuela ante las Naciones Unidas, dado que Maduro y Edmundo González disputan la victoria en las elecciones, Dujarric aclaró que la representación de los Estados miembros es competencia de dichos Estados y no del Secretario General.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador de un tercer mandato consecutivo de seis años (2025-2031), lo cual fue validado posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de no haber presentado aún las actas de votación que confirmarían su triunfo. Ambas instituciones han sido acusadas de servir al gobierno.

La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, ha denunciado un presunto fraude y ha difundido en un sitio web copias del 80% de las actas electorales, que según ellos demuestran la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Después de permanecer un mes en la clandestinidad y estar sujeto a una orden de captura, González Urrutia se exilió en España el pasado 8 de septiembre. El candidato presidencial opositor afirmó recientemente haber sido obligado por el régimen venezolano a suscribir un documento para "aceptar" la controvertida reelección de Nicolás Maduro, a cambio de permitirle salir del país.

En otro orden de ideas, la Misión de Establecimiento de los Hechos de la ONU para Venezuela advirtió el viernes que el riesgo de desintegración del Estado de derecho en el país es elevado, tras empeorar la situación de los derechos humanos y la reactivación de la maquinaria represiva del chavismo tras las elecciones del 28 de julio.

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, indicó que estas violaciones son resultado de un plan previamente diseñado y ejecutado mediante diversas formas de represión, con el objetivo de desanimar, silenciar y neutralizar a la oposición política y a las voces críticas hacia el gobierno de Maduro o quienes reclamen transparencia en los resultados electorales.

Valiñas mencionó que durante la campaña electoral, entre el 4 y el 25 de julio, la Misión registró hasta 121 detenciones de personas arrestadas simplemente por haber participado en actividades de campaña de la oposición. Las detenciones investigadas por el equipo de la ONU fueron arbitrarias y en algunos casos seguidas de actos de tortura y desapariciones forzadas de corta duración.

La jurista subrayó que la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad en detener esta persecución, para asegurar que no queden impunes las violaciones y crímenes cometidos, y brindar esperanza a las víctimas de que podrán obtener justicia.