El chavismo detuvo a 19 extranjeros acusados de planear un supuesto golpe contra Nicolás Maduro

Diosdado Cabello vinculó a los detenidos con gobiernos de Estados Unidos y España, señalando que las capturas están relacionadas con el supuesto intento de derrocamiento tras el fraude de las elecciones

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El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este jueves que suman 19 “mercenarios” extranjeros detenidos en el último mes por su supuesta vinculación con planes para derrocar a Nicolás Maduro tras las controversiales elecciones del 28 de julio.

Sin ofrecer detalles sobre las fechas, Cabello se refirió a “la captura de un nuevo grupo de mercenarios” a los que vinculó con los gobiernos de España y Estados Unidos: “Aquí entra el CNI (Centro Nacional de Inteligencia español) con la dirección de toda la operación, la CIA, la DEA, el gobierno de los Estados Unidos”.

Entre los arrestados están los estadounidenses Gregory David Weber, a quien el régimen de Nicolás Maduro vincula con operaciones de hackeo a instituciones estatales, así como el paramédico David Gutenberg Guillaume, quien según Cabello tenía la misión de “prestar ayuda en caso de heridos en las actividades terroristas”.

Jonathan Pagan González, otro estadounidense, “fue detenido en Zulia (oeste)” y es acusado de buscar “atentar” contra Maduro y otros altos funcionarios.

También identificó a Jorge Marcelo Vargas, de nacionalidad americana y boliviana, quien, aseguró, fue capturado tomando fotos en refinerías del país. En el grupo hay además “varios colombianos”, un peruano y un libanés.

“El plan es el derrocamiento de la revolución bolivariana”, apuntó en alusión a la reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo tras cometer fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

A los detenidos se les vincula también con el tráfico de armas desde Estados Unidos. Hasta ahora son más de 500 armas confiscadas.

Cabello ya había anunciado el pasado 14 de septiembre la detención de tres ciudadanos estadounidenses, dos españoles y un checo.

En esa oportunidad identificó a los detenidos como Wilbert Josep Castañeda, “militar activo” de Estados Unidos y “jefe” del plan, y otros dos estadounidenses, David Estrella y Aaron Barren Logan, así como los españoles José María Basoa y Andrés Martínez Adasme.

Dos días más tarde se confirmó el arresto de un cuarto estadounidense.

“Los estadounidenses detenidos en Venezuela están muy bien, están mejor que los que están en Guantánamo (…) a todos estos ciudadanos extranjeros se les respetan sus derechos”, afirmó Cabello este jueves.

El gobierno venezolano suele denunciar planes “terroristas” para forzar la salida de Maduro, cuya reelección desató protestas que dejaron 27 muertos y más de 2.400 detenidos.

Crímenes de lesa humanidad en las elecciones de 2024

Por otra parte, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela señaló que existen “motivos razonables” para creer que el régimen de Maduro incurrió en crímenes de lesa humanidad. Según la misión, estos hechos se habrían producido tanto antes como después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, las cuales estuvieron caracterizadas por la persecución de opositores y una fuerte represión de las protestas que siguieron a los comicios.

En un informe de 158 páginas, que cubre el período del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela acusa a las fuerzas de seguridad y a grupos civiles armados progubernamentales de cometer asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual y de género.

Las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

Organizaciones de derechos humanos advirtieron que las autoridades impiden el acceso a abogados de confianza y presionan a los presos para firmar confesiones bajo amenazas y maltratos