Roban 31 fusiles AK-103 en una Base Naval de Venezuela: 13 oficiales enjuiciados solo estaban de guardia

La sustracción del armamento involucra a la capitana de corbeta Johana García Chávez, quien habría permitido el ingreso de los ladrones al búnker de seguridad donde se almacenaba

Con información de Infobae / Sebastiana Barráez

La periodista venezolana Sebastiana Barráez, reseñó en Infobae, como se efectuó el robo de 31 fusiles AK-103 en una Base Naval de Venezuela. El domingo 8 de octubre 2023, del Batallón de Infantería de Marina “Contralmirante Renato Beluche” (BIM 842), de la Base Naval de Punto Fijo, desaparecieron 31 fusiles Ak-103 pertenecientes a la Fuerza Armada. Por ese caso fueron imputados 13 militares, que están siendo procesados en la justicia Penal Militar. Luego, la investigación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) revela que la capitana de corbeta Johana García Chávez fue la que facilitó que un grupo de civiles se llevaran los fusiles. Aun así, los 13 militares inicialmente detenidos siguen en juicio sin que hubiese pruebas que los relacionen al grave delito.

El jefe de esa Brigada, Contralmirante Augusto Che García Ferrer fue sustituido el 19 de enero 2024 por el Contralmirante José Rafael Morles Chirinos; también salió de la Base Naval “Juan Crisóstomo Falcón” el Contralmirante Uldren Alberto Gedde Díaz, quien entregó el cargo al Contralmirante Ovasky Elías Moreno Fuenmayor.

Lo que hizo posible la sustracción del armamento es que ese parque de armas no contaba con sistema de seguridad, ni iluminación, alarmas ni censores, narró a Infobae un oficial de esa unidad militar. Eso aunado a que en la Base Naval “Juan Crisóstomo Falcón”, donde funciona el Batallón de Infantería “Contralmirante Renato Beluche”, adscrito a la Cuarta Brigada de la Infantería Marina Anfibia, “Almirante Alejandro Petión”, hay una pared que se comunica al mar “y que se había caído sin haber sido reparada”.

Pasaron dos días y nadie se había percatado de la desaparición de los fusiles. A las 2 de la madrugada, del 11 de octubre, uno de los centinelas se da cuenta que hay personas extrañas dentro del búnker donde se guardan las armas. “Se activa el protocolo y se pone en conocimiento del jefe de la Brigada lo que está ocurriendo”.

“Lo más difícil para los centinelas y los oficiales de ese y los otros batallones era cómo enfrentar a quienes habían ingresado si podían hacer uso de los fusiles mientras ellos solo tenían armas de bajo calibre. Uno de los oficiales dispara al aire para tratar de lograr alguna reacción en los intrusos y en efecto los sujetos salen del búnker corriendo, sin llevarse nada consigo. Solo se pudo frustrar que se pudieran llevar armamento”.

Ya se lo habían robado

Después, en el inventario, se comprueba la desaparición de los 31 fusiles que se habían llevado dos días antes. De los 31 fusiles, tres aparecieron flotando en el mar y uno entre matorrales. Los oficiales presos no estaban de guardia el 8 de octubre cuando se robaron el armamento sino el 11 de octubre cuando el grupito regresó a llevarse más armas. La capitana de corbeta García Chávez dijo en su declaración que el armamento se lo llevaron el 8 de octubre”.

“Lo que imagino es que los civiles en complicidad con la capitana de corbeta, se dieron cuenta lo fácil que fue llevarse los 31 fusiles y regresaron dos días después a llevarse otro lote de 20 fusiles que en la huida dejaron amarrados y listos para llevarse”.

Ante la pregunta de cómo se explica que esas armas estuviesen tan vulnerables, responde “la grave crisis de personal afecta a toda la estructura de la institución, la escasez de tropa profesional y alistada, la baja moral del personal militar y el alto porcentaje de deserciones, conspiran contra la Fuerza Armada”.

“Esos muchachos oficiales se ven obligados a hacer guardias incluso de 24 horas y más por la escasez de personal. Los jóvenes infantes que hacen el servicio a veces ni siquiera han comido y presionados a que cuando sueltan la guardia deben agarrar otra para llenar las vacantes. Los presos son los que estaban de guardia del domingo 8 para el 9 de octubre y del martes 10 a miércoles 11 de octubre”.

Revela que “los infantes y los de ronda de guardia no tienen armamento, a excepto de uno de ellos. ¿Cómo se van a defender? Es una situación absurda y ahora esos muchachos detenidos por un problema que no es inherente a ellos”.

El Contralmirante Augusto Che García Ferrer es el jefe de la Cuarta Brigada de la Infantería Marina Anfibia, “Almirante Alejandro Petión”, adscrita a la Base Naval Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, ubicada en Punto Fijo, municipio Carirubana, Península de Paraguaná, estado Falcón. “Incluso te puedo decir que ese Contralmirante dio al Tribunal excelentes referencias de los oficiales que están presos”, dice finalmente.

13 imputados

Los militares de la Armada Bolivariana que están siendo enjuiciados por la desaparición de las armas son 13:

Capitán de Fragata (CF) José Argenis Ortega Ulacio.

Capitán de Fragata William José Segura Pérez.

Teniente de Navío (TN) Alejandro David Tovar Ledezma.

Teniente de Navío David Morales Reyes.

Teniente de Navío Néstor Daniel Fernández Ipuana.

Teniente de Fragata (TF) Yorman Ramón Parada Sánchez.

Teniente de Fragata Wilfredo Jesús Cordero Trujel.

Teniente de Fragata Luis Francisco Prado Parra.

Teniente de Fragata Wiston Jesús Contreras Pereira.

Teniente de Fragata Yoender Andrés González Rodríguez.

Sargento Segundo Aaron Ezequiel Infante Bracho.

Cabo Primero José Rafael Bulle Bulle.

Cabo primero José Luis Laya Palma.

Todos fueron imputados por los delitos de desobediencia y abandono de funciones en Perjuicio de la FANB; a los últimos cuatro le sumaron sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El 28 de diciembre 2023 se llevó a efecto la Audiencia Preliminar; como en muchos casos, en este también, el Ministerio Público les recomendó que asumieran los hechos, pero los militares se negaron y la Teniente de Navío Judith Reyes Ferrer, Juez Penal Militar Noveno de Control Punto Fijo, los envió a juicio, el cual se iniciaría durante el mes de enero en curso. Por ahora nueve de ellos permanecen en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda.

En el caso de los cuatro restantes, el 6 de diciembre 2023, el Tribunal Militar Noveno, por solicitud del Sargento Mayor de Segunda Richard Leal Rojas, Defensor Público Militar, acordó la solicitud de revisión de medida a los Capitanes de Fragata José Argenis Ortega Ulacio y William José Segura Pérez; al Teniente de Navío David Morales Reyes; y al Teniente de Fragata Wilfredo Jesús Cordero Trujel. Es así como ellos gozan ahora de la medida de presentación cada 15 días.