Qué es la kakistocracia y por qué está arruinando a Venezuela y parte de Latinoamérica

En “Kakistocracia depredadora”, el abogado Allan R. Brewer-Carías explica cómo este preocupante fenómeno se transformó en una tendencia creciente en la región. Una investigación con alarmantes casos concretos que denuncia las consecuencias del “populismo constitucional” y propone otras alternativas

Con información de Infobae

¿Cómo pasó Venezuela de ser “el país más próspero de nuestra América Latina” a “una masa dependiente de las migajas que reciben de subsidios cada vez más empobrecidos del gobierno”? ¿Cómo llegó su Gobierno a tener una Constitución “de plastilina” que no es más que un un “texto de papel mojado que se manipula y muta libremente”? ¿Qué tuvo que pasar en ese país para provocar “la más grande migración de población que ha ocurrido en toda la historia de Occidente”?

Estas preguntas, y muchas más, las responde el abogado y profesor universitario Allan R. Brewer-Carías en su nuevo libro, Kakistocracia depredadora e inhabilitaciones políticas: el falso Estado de derecho en Venezuela. Pero vayamos de a poco.

Primero, ¿qué es la kakistocracia? Este es un término utilizado en análisis y crítica política para designar un gobierno formado por los más ineptos, incompetentes y cínicos, así como los menos calificados, de un determinado grupo social. Y lo que le preocupa al autor -que enseñó en prestigiosas instituciones académicas como la Universidad de Cambridge, la Universidad Panthéon-Assas y la Columbia Law School- es la tendencia hacia este tipo de gobiernos en Latinoamérica en el siglo XXI.

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En esta investigación, editada por la Universidad Jurídica Venezolana y de la cual puede leerse el comienzo al final de esta nota, Brewer-Carías explica -a la vez que denuncia- los mecanismos por los cuales Venezuela y otros países latinoamericanos como Nicaragua lograron crear “democracias aparentes, falsas o engañosas” y “Estados de derecho de mentira”, algo que el autor llama “populismos constitucionales”.

Elecciones arregladas, jueces corruptos, Constituciones “de plastilina”, proscripción de candidatos de la oposición, desaparición y tortura de personas, faltas a los derechos humanos y a la libertad de expresión, control de los medios de comunicación y una “ilegalidad legalizada”. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué puede hacerse al respecto de cara al futuro? Leer Kakistocracia depredadora, de Allan R. Brewer-Carías, es un buen comienzo.

Así empieza “Kakistocracia depredadora”

El falseamiento del Estado de derecho y el surgimiento de las kakistocracias

En el mundo contemporáneo, ante nuestros ojos y utilizando inicialmente instituciones democráticas, han aparecido como una supuesta innovación histórica, nuevos “modelos” de Estado de derecho de mentira, falsos y fraudulentos, resultado precisamente de su falseamiento, que han degradado o degenerado las democracias, convirtiéndolas en pseudodemocracias, o en democracias aparentes, falsas o engañosas, como ha ocurrido en muchos de nuestros países latinoamericanos.

Es el caso de Venezuela, donde el régimen que se instaló en el mismo hace ya más de veinte años insiste en seguir un modelo autocrático ultra caduco como es el cubano, ahora repetido en Nicaragua, falseando todo.

Se trata de por supuesto de “Estados de derecho” nominales que incluso tienen una Constitución que los declara formalmente como “Estados democráticos y sociales de derecho” y aún “de justicia,” pero con una Constitución de plastilina que se cambia, modula y moldea libremente por los órganos del Estado, la cual, por tanto, no se respeta, ni se cumple.

En algunos casos, incluso, se trata de Constituciones que fueron producto de una Asamblea Nacional Constituyente, utilizada como mecanismo democrático, pero no para recomponer un sistema político en democracia, con base por ejemplo, en algún gran acuerdo político nacional como ocurrió en Colombia en 1991, y como ha estado ocurriendo en Chile, con los plebiscitos efectuados, la Convención Constitucional y ahora la Comisión Constitucional producto de consensos; sino para asegurarle a un grupo político específico tomar por asalto el poder para perpetuarse en el mismo, como expresión de populismo constitucional.

Y así, desde el poder, resultaron gobernantes que no solo no han respetado la supremacía de la Constitución, pues en todos estos países hicieron o han hecho de la Constitución un texto de “papel mojado” que se manipula y muta libremente; sino que no han respetado la separación de poderes y, al contrario, han establecido un sistema de concentración total del poder, donde no hay control ni independencia alguna, de ningún tipo entre ellos. Y lo más grave es que en ese proceso, quienes gobiernan, desde el inicio, han asaltado específicamente el Poder Judicial y lo han convertido en el principal instrumento del autoritarismo, con Jueces Constitucionales que nada controlan en materia de control de constitucionalidad, sino que más bien avala las inconstitucionalidades del gobierno.

Gobiernos que no garantizan el acceso al poder conforme a las reglas del Estado de Derecho, pues el órgano electoral es utilizado a mansalva a favor los mismos gobernantes; el registro electoral es manipulado, con el resultado de que, en esa forma, no hay ni puede haber elecciones limpias, ni justas ni confiables.

Sistemas en los cuales se inhabilita y se encarcela a los candidatos opositores como ha sucedido recientemente en Nicaragua y Venezuela; donde como también ocurrió en Venezuela en 2015, se suspendió por vía judicial, sine die, la proclamación de candidatos electos de la oposición para quitarle la mayoría calificada a la oposición; o como ocurrió en 2021, cuando sin cortapisas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo secuestró a todos los partidos políticos de oposición nombrando en sus sentencias nuevas autoridades partidistas, todas vinculadas al gobierno. Así, las elecciones efectuadas, en general, han resultado ser fraudulentas; lo más parecido a las supuestas elecciones cubanas donde solo se eligen los escogidos por el régimen.

Se trata, por supuesto, de regímenes donde no hay respeto a los derechos humanos, bastando solo mencionar los Informes recientes de los Comisionados de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre el caso de Venezuela, donde incluso se ha denunciado la comisión de crímenes de lesa humanidad que motivaron el inicio formal de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional; investigación que ha sido renovada recientemente como lo ha anunciado el Fiscal de la misma en la propia sede del gobierno de Venezuela, en el cual se involucra a toda la cadena de mando que va desde el Presidente de la República hacia abajo.

Sistemas, en fin, en los cuales se atenta contra la libertad de expresión y se confiscan y controlan todos los medios de comunicación; sistemas en los cuales se desaparece e incomunica a personas, se las tortura y donde, incluso, a los defensores de derechos humanos se los acusa de terroristas o de traidores a la patria, como tantas veces ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, apresándose incluso a quienes defienden derechos humanos, acusados por ello, de instigar al odio; cuando el odio ha sido, precisamente, la forma más burda de violencia institucional utilizada por el régimen.

En definitiva, se trata de sistemas donde se ha destruido a la democracia representativa, eliminando la representatividad política, con base de una supuesta y falaz “democracia participativa” que de participación no tiene nada, porque participar en política, aparte de realizarlo mediante el voto, solo es posible en sistemas de gobierno políticamente descentralizados. Recordemos: No hay, ni ha habido, ni puede haber democracias centralizadas y centralistas que estén basadas en la concentración del poder.

A la destrucción de la democracia se agrega como agravante la desigualdad social, al haberse destruido el aparato productivo del país, convirtiéndose a la población del que fue el país más próspero de nuestra América Latina en una masa dependiente de las migajas que reciben de subsidios cada vez más empobrecidos del gobierno, con el añadido de haber provocado en los últimos lustros la más grande migración de población que ha ocurrido en toda la historia de Occidente.

Ese es el “nuevo” Estado de Derecho fraudulento, producto del llamado “nuevo constitucionalismo” que se sembró en América Latina, y que debemos tener en cuenta cuando analizamos el Estado de Derecho, pues no es una mera “narrativa,” como al referirse al actual régimen de Venezuela lo consideró un Presidente de uno de los países del Continente. No. No es una narrativa o el producto de fake news, ni es consecuencia de sanciones internacionales que se hayan impuesto a los nefastos gobernantes que hemos sufrido.

No. Lo que ocurre es de verdad, y es lo más parecido a lo que el gran jurista Piero Calamandrei escribió en un libro póstumo que tiene por título Il fascismo come regime de la menzogna publicado en 2014, en el cual se refirió al régimen de la mentira, que es lo que son todos estos nuevos regímenes populistas autoritarios, de falsos Estados de derecho y falsas democracias.

Dijo Calamandrei en ese libro, refiriéndose al fascismo, que el mismo “fue algo más profundo y complicado que una obscura ilegalidad, fue –dijo– la simulación de la ilegalidad, el fraude legalmente organizado a la legalidad.” Por ello, a la tradicional clasificación de las formas de gobierno,” dijo Calamandrei que “cabría agregar ahora una palabra que lograse darle significado a este nuevo y distinto régimen: el gobierno de la indisciplina autoritaria, de la legalidad adulterada, de la ilegalidad legalizada, del fraude constitucional”.

Eso mismo es, precisamente, ese “nuevo” Estado de derecho falso, falseado y fraudulento que ha hecho aparición en nuestra América Latina en estos comienzos del siglo XXI, a luz de todo el mundo democrático, desmantelando todos los principios del Estado de derecho, comenzando por el falseamiento de la Constitución reflejado en la degradación de los principios mínimos esenciales que debe tener todo Estado de derecho.

Quién es Allan R. Brewer-Carías

♦ Nació en Caracas, Venezuela, en 1939.

♦ Es abogado y profesor en prestigiosas instituciones académicas como la Universidad de Cambridge, la Universidad Panthéon-Assas y la Columbia Law School, entre otras.

♦ Fue Miembro del Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica; fue Vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado, con sede en La Haya; es Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, de la cual fue su Presidente (1997-1999); y es Miembro Correspondiente Extranjero o Miembro Honorario de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina.

♦ Desde 1980 es el director de la Revista de Derecho Público de Venezuela, y tiene una extensa obra escrita en más de 170 libros y más de 850 estudios monográficos en temas de derecho público (constitucional y administrativo), administración pública e historia institucional y constitucional.