ONG denunció que familiares de presos políticos son víctimas de persecución por parte de la dictadura de Maduro

Los allegados de los privados de la libertad son sometidos a humillación, amenazas, amedrentamiento y “las más variadas afrentas contra su dignidad”, señaló la abogada Martha Tineo, coordinadora de Encuentro, Justicia y Perdón

Con información de EFE

Familiares de los considerados presos políticos en Venezuela “son sometidos a persecución, humillación y amenazas”, afirmó este martes la organización no gubernamental Encuentro, Justicia y Perdón, que estima que hay un millar de personas que sufren estos atropellos en el país.

“(Los) familiares de los presos políticos de este país constantemente son sometidos a persecución, humillación, amenazas, amedrentamiento (...) y las más variadas afrentas contra su dignidad”, denunció la coordinadora de esta ONG, la abogada Martha Tineo, durante un foro virtual organizado por Amnistía Internacional (AI).

En el encuentro aseguró que se trata de, “al menos, 1.000 venezolanos” que tienen sus “vidas detenidas” y padecen consecuencias como el “dolor emocional, quiebre de la fuerza moral y las secuelas psicosociales incalificables” que implica tener a un familiar tras las rejas siendo inocentes, como asegura la defensa.

“Hablo del dolor de las familias enteras de presos políticos (...) si contamos a sus familiares, hablaremos entonces de más de 1.000 venezolanos que sufren el rigor de la prisión política”, insistió, tras recordar que en el país hay cerca de 300 personas encarceladas por motivos políticos, según organizaciones de derechos humanos.

Aseveró que estos privados de libertad, quienes son “percibidos por el poder en Venezuela como opositores, disidentes e incluso enemigos internos”, sufren un patrón que “supone la extensión de la persecución a sus familiares, con el objetivo de convertirlos en seres cada vez más invisibles”.

Tras su denuncia, Tinedo solicitó, con “urgencia”, que se solicite desde instancias internacionales la liberación de estas personas.

Durante el foro, la ONG Foro Penal aseguró que los cuerpos de seguridad de Venezuela han practicado 15.803 arrestos arbitrarios, “todos por motivos políticos”, desde 2014.

El vicepresidente de esta organización, Gonzalo Himiob, explicó que actualmente hay 282 personas “materialmente privadas de su libertad” por estos motivos, de las cuales 156 no han sido condenadas y 126 ya fueron sentenciadas “en condiciones sumamente irregulares”.

Por otra parte, AI denunció que los “patrones de represión” empleados para detenciones por motivos políticos en Venezuela se han “agudizado”, y exigió “la liberación” de estos privados de libertad a través de su informe “Vidas Detenidas”, difundido este martes, en el que destacó nueve casos de personas criminalizadas por la dictadura de Nicolás Maduro, entre 2019 y 2023.

“Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela siguen siendo parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población en este país, principalmente, con el objetivo de silenciar a quienes disienten”, dice el informe.

Destacó que organizaciones que defienden derechos humanos han documentado que entre 2014 y 2023 alrededor de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país caribeño, y que, en la actualidad, “alrededor de 300 personas siguen privadas de libertad en estas condiciones”.

“En los últimos años (2019-2023) algunos patrones parecen haberse agudizado. En particular, es de suma preocupación para la organización cómo se ha consolidado la criminalización de las personas a través de tribunales especiales con competencia en terrorismo, aplicando este marco normativo de forma amplia y para agravar las consecuencias del procesamiento penal, y de las posibles penas”, detalló AI.

Explicó que los “patrones” que se han identificado para llevar a cabo estas acciones incluyen “detenciones sin órdenes judiciales con la supuesta justificación de flagrancia, períodos cortos de desaparición forzada seguidos al arresto, imputación de delitos con amplio margen de discrecionalidad” y “limitaciones” en el acceso a la defensa.

Además, señaló que se han observado el “uso de tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, dilaciones indebidas de períodos de investigación”, así como la “retaliación” y “la imputación del delito de asociación para delinquir bajo estándar de evidencia y la aplicación de penas severas”.

En el escrito, la organización destacó los casos de Emirlendris Benítez, madre y comerciante detenida en agosto de 2018; María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo, matrimonio detenido en marzo de 2019; Roland Carreño, periodista y activista político detenido en octubre de 2020; y Guillermo Zárraga, exsindicalista, apresado en noviembre de 2020.

Asimismo, mencionó a Darío Estrada, ingeniero y persona neurodiversa, y Robert Franco profesor y sindicalista, ambos privados de libertad en diciembre de 2020; el defensor de derechos humanos Javier Tarazona, apresado en julio de 2021; y el trabajador humanitario Gabriel Blanco, detenido en julio 2022.

“Se trata de casos emblemáticos, es la punta de un iceberg de una gravísima crisis en materia de detenciones arbitrarias”, dijo durante la presentación virtual del informe la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.

Guevara aseguró que AI “inicia acciones a nivel global para exigir la liberación, no solo de estos nueve casos, (...) sino de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela”, que incluyen la incidencia internacional, la movilización y una petición global que invitaron a firmar.