Las recompensas por Maduro, Cabello y El Aissami “aún están activas” en EEUU
Dos exfuncionarios acusados de narcoterrorismo en la misma causa penal que Maduro y Cabello ya enfrentan cargos en EEUU. Solamente el secretario de Estado tiene la autoridad de autorizar el pago de las recompensas, de acuerdo con un portavoz del Departamento de Estado.
Con información de VOA Noticias
“Aún están activas” las recompensas millonarias por información que permita las capturas y las acusaciones penales en Estados Unidos de líderes chavistas presuntamente involucrados en crímenes de narcoterrorismo, entre ellos el presidente venezolano Nicolás Maduro, confirmó este jueves el Departamento de Estado a la Voz de América.
Un portavoz del Departamento de Estado certificó a la VOA que las ofertas de dinero para los “objetivos” actualmente incluidos en la página web del Programa de Recompensas de Narcóticos “aún están activas”.
Hugo Carvajal y Clíver Alcalá, dos militares venezolanos señalados en ese programa de recompensas, con roles operativos y de inteligencia en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ya han sido detenidos, extraditados y procesados judicialmente en Estados Unidos.
Los nombres de ambos ex funcionarios forman parte de la misma acusación penal federal donde están incluidos Maduro y otros jerarcas del chavismo, como Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, presentada en marzo de 2020.
La Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado administra el Programa de Recompensas de Narcóticos en “estrecha coordinación” con las agencias federales de aplicación de la ley de Estados Unidos y otras agencias, precisó el portavoz.
Solo el Secretario de Estado de Estados Unidos, cargo ocupado por Antony Blinken, “tiene la autoridad para determinar si una recompensa será pagada, así como el monto que será pagado”, según el vocero estadounidense.
El Departamento de Estado ha pagado más de 155 millones de dólares en recompensas como las ofrecidas por Maduro, Cabello, El Aissami, Alcalá y Carvajal, este último extraditado la semana pasada desde Madrid, España.
“En casos donde exista una jurisdicción penal federal, el secretario de Estado debe obtener la autorización del fiscal general”, Merrick Garland, que ejerce el cargo desde marzo de 2021, añadió la fuente del Departamento de Estado.
En los últimos 3 años, también han sido procesados por corrupción en cortes de Estados Unidos los extesoreros Claudia Díaz Guillén y Alejandro Andrade; Adrián Velásquez Figueroa, el ex edecán de Hugo Chávez; y el empresario colombiano que Caracas defiende como su diplomático, Alex Saab.
La lista de funcionarios venezolanos vinculados al chavismo que han sido acusados por delitos varios en Estados Unidos, pero que aún no se encuentran detenidos ni han comparecido ante un juez, es amplia.
La Voz de América repasa los nombres de estas figuras con poder político militar, empresarial y judicial en Venezuela que, aún libres, tienen abiertas causas judiciales en su contra en los tribunales de Estados Unidos.
“Una acusación es meramente un alegato y todos los defendidos son presumidos inocentes hasta que se compruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en una corte de justicia” de Estados Unidos, han acotado las autoridades norteamericanas al informar sobre las imputaciones contra esos venezolanos.
Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, excanciller y exdiputado. William Barr, fiscal general de Estados Unidos, lo acusó en marzo de 2020 de presuntamente “conspirar” con la guerrilla de las FARC durante más de 20 años para enviar toneladas de cocaína con el fin de “devastar” a comunidades en Norteamérica.
Cuatro cargos se introdujeron en contra de Maduro en la corte del Distrito Sur de Nueva York: participación en conspiración de narcoterrorismo; conspiración para importar cocaína a Estados Unidos; uso y posesión de ametralladoras y explosivos relacionados al narcoterrorismo; y conspiración para el uso de ese tipo de armas.
Todas esas acusaciones involucran una sentencia máxima de prisión perpetua en Estados Unidos. El de Maduro es el mismo caso presentado contra 2 militares venezolanos que ya enfrentan acusaciones en Estados Unidos: Clíver Alcalá, extraditado desde Colombia en 2020, y Hugo “El Pollo” Carvajal, extraditado desde España este mes.
La DEA ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a la captura y acusación judicial de Maduro.
Diosdado Cabello
Diputado, primer vicepresidente del partido de gobierno, ex vicepresidente del gobierno y ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. Es considerado el segundo hombre más influyente del chavismo.
Las autoridades estadounidenses lo acusan de ayudar a Maduro a corromper las instituciones y proveer protección militar y política para crímenes de narcoterrorismo.
Al igual que el mandatario, Cabello está acusado de 4 cargos criminales en Nueva York: participación en conspiración de narcoterrorismo; conspiración para importar cocaína a Estados Unidos; uso y posesión de ametralladoras y explosivos relacionados al narcoterrorismo; y conspiración para el uso de ese tipo de armas. Asimismo, sus penas pueden incluir cadena perpetua.
La DEA ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura y acusación judicial de Cabello.
Tareck El Aissami
Fue vicepresidente del poder ejecutivo de Venezuela, ministro de Petróleo y gobernador del estado Aragua. Estaba encargado de asuntos económicos del gobierno de Nicolás Maduro. Fue separado de su cargo en la cartera petrolera venezolana al estallar un caso de desfalco multimillonario en la estatal PDVSA, por el que hay más de 60 detenidos en el país suramericano.
Fiscales estadounidenses lo acusaron formalmente en marzo de 2020 ante la corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente haber trabajado entre febrero de 2017 y marzo de 2019 con estadounidenses y empresas norteamericanas para proveer vuelos privados a beneficio de la campaña presidencial de Maduro en 2018.
Esos vuelos son considerados una violación de las sanciones de la OFAC contra Maduro por su promoción de la “ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente, en 2017.
La DEA ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura y acusación judicial de El Aissami, que no ha tenido intervenciones públicas en Venezuela tras el escándalo de marzo.
Su caso está siendo manejado por la unidad para asuntos de terrorismo y narcotráfico internacional de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Vladimir Padrino López
General en jefe, ministro de Defensa desde 2014. La Fiscalía del Distrito de Columbia lo acusó en marzo de 2020 de presuntamente “conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de aeronaves registradas en Estados Unidos”.
Según las autoridades judiciales norteamericanas, Padrino López recibió sobornos de organizaciones narcotraficantes para permitir que aviones “transitaran seguramente por el espacio aéreo venezolano”.
El Departamento del Tesoro incluyó en septiembre de 2018 a Padrino López en su lista especial de personas vinculadas a actividades del narcotráfico.
Según algunos voceros del gobierno del expresidente Donald Trump y el ex director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Padrino López había negociado su colaboración para la deposición de Maduro del poder, en 2019.
El chavismo acusó a Washington de mentir. Padrino dijo en mayo de 2020 que recibió “una oferta engañosa, estúpida, ridícula” para sumarse al golpe.
Maikel Moreno
Presidió el Tribunal Supremo de Justicia. Sigue siendo magistrado. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo acusó en 2020 de conspiración y comisión de lavado de capitales.
Según las autoridades, Moreno estaría involucrado en un sistema corrupto que incluía pagos y sobornos por decenas de millones de dólares para “arreglar” ilegalmente sentencias en casos criminales y penales en Venezuela.
Su caso incluye acusaciones por la presunta recepción de una comisión por autorizar la venta de una fábrica de automóviles de General Motors y un supuesto soborno por desestimar casos penales contra venezolanos por su participación en un esquema corrupto en la estatal PDVSA.
Néstor Reverol Torres
General en jefe, ex director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, ex comandante de la Guardia Nacional Boliviariana. Es ministro de Electricidad y encargado ejecutivo de obras y servicios públicos.
Fiscales estadounidenses lo acusaron en el Distrito Este de Nueva York de presuntamente participar en una conspiración internacional para distribuir cocaína y de asistir a narcotraficantes para importarla a Estados Unidos.
Raúl Gorrín
Abogado especialista en derecho penal, empresario, dueño del canal Globovisión y la aseguradora La Vitalicia. La ONG Transparencia Venezuela lo identifica como “broker” del chavismo.
Fiscales estadounidenses lo acusaron en dos casos en 2018 por presunta conspiración para violar la Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, conspiración para lavar dinero, lavado de dinero y sobornos.
Uno de esos casos incluye a los extesoreros de Venezuela Alejandro Andrade y Claudia Díaz Guillén, ambos ya sentenciados a cárcel en Estados Unidos. Andrade, apodado “El Tuerto”, está en libertad tras cumplir 65% de su pena.
Hubo órdenes de decomiso contra Gorrín que afectan 17 apartamentos en Florida y otros 7 en Nueva York, valorados en más de 44 millones de dólares, según investigaciones de Transparencia, en su proyecto Corruptómetro.
Nervis Villalobos Cárdenas
Ex viceministro de Electricidad. Fue acusado de 20 delitos vinculados al lavado de capitales en el Distrito Sur de Texas. Los fiscales lo acusan de presuntamente facilitar el pago de sobornos y contrataciones con sobreprecios, que involucran a estadounidenses y venezolanos.
Tiene 13 causas por corrupción pendientes en España, Andorra, Portugal, Estados Unidos y Venezuela, según la ONG Transparencia.
Luis Motta Dominguez
Militar retirado, ex ministro de Electricidad de Venezuela. Fue acusado en 2019 en el Distrito Sur de Florida por su presunto rol en un esquema de lavado de capitales y sobornos para otorgar contrataciones de la empresa estatal Corpoelec a al menos 3 firmas estadounidenses.
Rafael Ramírez
Ex ministro de Petróleo, ex presidente de la estatal petrolera PDVSA. Exiliado de Venezuela, donde dirigentes oficialistas lo han acusado de desfalcar más de 4.000 millones de dólares al Estado, está siendo investigado por Estados Unidos por presunta corrupción, según la agencia AP.
La justicia norteamericana investiga su presunta participación en la aceptación de sobornos a cambio de pagos rápidos y contratos en la industria petrolera.
Su nombre ha aparecido como figura clave en ese esquema de corrupción durante el juicio contra Rafael Reiter, exjefe de seguridad de PDVSA, detenido en España y solicitado en extradición por Venezuela.
Álvaro Pulido
Empresario colombiano, socio de Alex Saab -detenido en Estados Unidos bajo cargos de lavado de capitales-. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo acusó de pertenecer a una red de corrupción que pagó sobornos para obtener contratos con sobreprecios para importar comida y medicinas a Venezuela.
Pulido y algunos de sus socios movilizaron 180 millones de dólares a través o hacia los Estados Unidos. Fue detenido este año en Venezuela por su presunto rol en el esquema de corrupción conocido como PDVSA Cripto.
Otros solicitados desde Estados Unidos
La extensa lista de personas de interés en casos criminales formalizados por las autoridades en Estados Unidos incluye a varios militares y colaboradores del oficialismo venezolano, aunque de menor perfil público.
En expedientes vinculados al narcotráfico, existen acusaciones en Estados Unidos contra Vassyly Villarroel, alias “Mauro”, un capitán retirado de la Guardia Nacional; Rafael Villasana, militar retirado de la Guardia Nacional; y Oscar Colmenárez, un oficial retirado de la Aviación Militar en Venezuela.
El programa de recompensas de la DEA también incluye los nombres del ex jefe de Interpol en Venezuela, Rodolfo McTurk-Mora; Jesús Itriago, ex jefe de antinarcóticos de la policía científica (CICPC); y Pedro Luis Martín, exdirectivo de la policía política (DISIP).
