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Los derechos digitales están desconectados en Venezuela

Los derechos digitales están desconectados en Venezuela

El espacio de la libertad de expresión se ha ido estrechando en Venezuela, coinciden expertos. Consecuencia de “una política de Estado”, muchos medios tradicionales se fueron extinguiendo y, aunque surgieron decenas de medios digitales independientes y críticos, también debe enfrentar la censura

Con información de VOA Noticias

CARACAS — En 2022 persistieron “prácticas sistemáticas” de persecución, bloqueos, desinformación y vigilancia en Venezuela, lo que profundizó la “erosión” de las libertades fundamentales de la población, resalta el más reciente informe sobre derechos digitales del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela que registró 59 violaciones a lo largo del año.

“Incluyen el cierre y la suspensión arbitraria de cuentas en redes sociales, bloqueo selectivo de sitios web, ataques de denegación de servicio (DDoS), hackeos, suplantación de identidad, doxing (divulgación en línea de información personal de un periodista), acceso ilícito a medios o soportes digitales y phishing”, detalla.

De acuerdo a IPYS, organización que trabaja en la defensa, promoción y formación en libertad de expresión, en Venezuela se continúan utilizando “medidas discrecionales” para obstaculizar el acceso a sitios web de medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, y a las plataformas de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos.

“Estas medidas demuestran la persistencia de la política oficial de controlar el flujo de información”, subraya el reporte.

El sistema de monitoreo de libertades informativas de la organización expone que en 2022 las denuncias de ataques y restricciones en internet consistieron principalmente en bloqueos a portales de noticias y hechos de discurso estigmatizante contra periodistas y medios a través de las redes sociales.

Además, confirmó que al menos 40 medios digitales nacionales y extranjeros están siendo bloqueados desde los servicios de proveedores de internet privados y estatales.

Las restricciones a los medios digitales, según el informe “Derechos fuera de línea”, que expone la situación en 2022, “fueron aplicadas por los principales proveedores de internet en el país, como Cantv, Movistar y Digitel” y reporta que los bloqueos y ataques se han convertido en una “constante forma de censura”.

Algunos de los portales en los que se identificaron episodios de “censura selectiva”, según IPYS, son: Alberto News, Armando.Info,El Pitazo, El Tempo de Colombia, Punto de Corte, Runrunes y Sumarium.

“Otros medios bloqueados durante el segundo mes de 2022 fueron Efecto Cocuyo, Crónica Uno, EVTV y Primer Informe, los cuales fueron restringidos por Cantv, Digitel, Movistar, Inter, Supercable y NetUno. Ipys Venezuela confirmó que Digitel y Supercable aplicaron bloqueos de DNS a los dominios de estos sitios web, y en el caso de Efecto Cocuyo, se evidenció la modalidad de censura por HTTP a través de Cantv”, precisa.

El informe Libertad en la Red 2022 de la ONG Freedom House, dio una calificación de 30 puntos a la libertad de internet en Venezuela.

“Aunque esta puntuación muestra una ligera mejora en comparación con los 28 puntos de 2021, Venezuela todavía se encuentra entre los países con menor libertad en internet en la región, junto con Cuba (20) y Nicaragua (45)”, apunta IPYS.

El año pasado, el informe de Transparencia en las Comunicaciones 2021 de la multinacional española, Telefónica, reportó que al menos 1 millón 584 mil 547 líneas telefónicas de la compañía de telecomunicaciones Movistar, filial del grupo español que opera en Venezuela desde 2005, resultaron “afectadas” por solicitudes de “interceptación legal” por parte de “autoridades competentes” venezolanas.

Además, también precisó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo del Estado que regula las comunicaciones en el país, presentó solicitudes de “bloqueos y restricción de contenidos”.

Para IPYS, se trata de una confirmación de las denuncias de la sociedad civil sobre los bloqueos digitales.

La organización también resalta que la “mayor parte de la población venezolana” continúa padeciendo dificultades para acceder a servicios e internet de calidad, consecuencia de las frecuentes interrupciones y “deficiencias” en la velocidad de las conexiones, fijas y móviles, por la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones “deteriorada y vandalizada”.

Espacio Público, organización que también se dedica a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social, había subrayado en su más reciente informe que las interrupciones del servicio de internet forman parte de las violaciones más comunes registradas en 2022.

En este sentido, IPYS Venezuela recomienda eliminar las prácticas y regulaciones que deriven en bloqueos y censura de contenidos por parte del Estado, proveedores públicos y privados, e instancias de gestión de servicios de comunicación.

Además, sugiere considerar el acceso a internet como un derecho humano fundamental para el ejercicio de otros derechos civiles y políticos.

Desde hace varios años, diversas organizaciones dedicadas a monitorear la situación constantemente reportan restricciones, agresiones y criminalización contra periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación independientes, una práctica que se instauró durante el gobierno del ex presidente Hugo Chávez.

En varias ocasiones diversos funcionarios gubernamentales han asegurado que en el país la libertad de expresión e información está garantizada.

En marzo, durante su más reciente actualización oral sobre la situación en Venezuela en el 52 período de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU, Volker Türk, Alto Comisionado de la Oficina para DDHH, expuso su preocupación ante las “restricciones” a los medios de comunicación, el bloqueo de páginas webs y el cierre de emisoras y programas de radio.

“Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización”, precisó.

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