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La CIDH exhorta al régimen de Venezuela a no aprobar la ley que restringiría la labor de las ONGs

La CIDH exhorta al régimen de Venezuela a no aprobar la ley que restringiría la labor de las ONGs

El Organismo señaló que Maduro ha creado un ambiente desfavorable para las organizaciones de derechos humanos, que se han visto obligadas a recopilar información sobre la inflación y la pobreza debido a la falta de datos oficiales y transparencia en la información

Redacción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al régimen venezolano que no ratifique una ley que regulará el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y que, por el contrario, adopte medidas para “reconstruir la democracia”. La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) aseguran que la dictadura de Nicolás Maduro ha generado un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que en muchos casos, han asumido tareas como el levantamiento de datos sobre la inflación y los índices de pobreza ante la falta de cifras oficiales o la opacidad en la información.

La presentación del proyecto de ley ante la Asamblea se caracterizó por referencias estigmatizantes hacia 62 organizaciones, a las que se les calificó de “enemigas”, “traidoras de la patria” y “fachadas de partidos”, según la CIDH y la RELE. Además de “acotar las actividades que pueden ser desarrolladas por las organizaciones”, el proyecto de ley otorga a las autoridades la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen en lo que considere “actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”.

Tras la primera discusión del proyecto, 26 ONG venezolanas afirmaron que la propuesta que busca fiscalizar la actuación y financiación de las Organizaciones No Gubernamentales constituye una mordaza que se aplicará a las instituciones que señalen irregularidades” de representantes del Estado. El proyecto de ley, que todavía debe pasar por un segundo debate, propicia un “marco intimidatorio, que promueve el sometimiento de las organizaciones civiles a los antojos y pretensiones de un Gobierno que está señalado por buena parte de la comunidad democrática internacional por ejercer de facto las funciones del Ejecutivo nacional”.

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