Voluntad Popular denunció la detención de uno de sus militantes
El dirigente sindical Yovanni Yaguaracuto “venía haciendo importantes denuncias a favor de las reivindicaciones salariales de los trabajadores del sector salud y evidenciando las fallas” en centros sanitarios de la región
Con información de EFE y EP
El partido Voluntad Popular (VP) denunció este sábado la detención del dirigente sindical Yovanni Yaguaracuto, militante en el estado Anzoátegui (este) de esta formación, liderada desde el exilio por Leopoldo López.
”Denunciamos la detención de nuestro responsable regional de trabajadores en el estado Anzoátegui, el dirigente sindical Yovanni Yaguaracuto. Yovanni fue traslado a la sede del Servicio de Investigación Penal (SIP) este sábado, 2 de diciembre”, escribió el partido antichavista en la red social X (antes Twitter), donde pidió la “inmediata liberación” de su militante.
Aseguró que el sindicalista “venía haciendo importantes denuncias a favor de las reivindicaciones salariales de los trabajadores del sector salud y evidenciando las fallas” en centros sanitarios de la región.
Voluntad Popular alertó a los “organismos internacionales que velan por los derechos humanos y a los veedores internacionales del Acuerdo de Barbados” de que “el régimen”, en referencia al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, está “incumpliendo con lo firmado y continúa deteniendo activistas políticos de forma arbitraria”.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de la nación, condenó la “detención arbitraria” de Yaguaracuto, lo que considera “otra violación a los derechos humanos que se suma al largo prontuario de Maduro y sus funcionarios de seguridad”, y exigió su “inmediata liberación”.
”Yovanni tenía tiempo haciendo visibles las crisis salariales y de derechos laborales en el sector salud, uno de los más golpeados por el régimen de Nicolás Maduro”, señaló el bloque antichavista en un mensaje publicado en X.
Amnistía Internacional (AI) denunció recientemente que los “patrones de represión” empleados para detenciones por motivos políticos en el país caribeño se han “agudizado”.
El pasado 22 de noviembre, el partido opositor Encuentro Ciudadano denunció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo a su activista Nelson Piñero, quien publicó en X numerosas críticas al Gobierno, las más recientes contra el referendo consultivo -no vinculante- del 3 de diciembre sobre la disputa territorial con Guyana.
La formación alertó entonces por este caso, a través de la red social, a la Organización de Naciones Unidas, cuyo Alto Comisionado de Derechos Humanos tiene una amplia misión en el país.
Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, unas 275 personas están privadas de libertad por disentir o manifestarse en contra del Gobierno.
Candidatos opositores
La Embajada de Noruega en México, que actúa como mediadora entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, ha anunciado el pasado jueves que ambas partes han acordado revisar las inhabilitaciones de los políticos opositores, entre los que se encuentran la candidata de unidad, María Corina Machado, y de acuerdo a los acuerdos suscritos a mediados de octubre en Barbados.
“(El Gobierno venezolano y la oposición) acordaron que: se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”, reza un comunicado de la Embajada publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha asegurado que las autoridades venezolanas han dado “un paso más en la dirección correcta” al ratificar el acuerdo de Barbados, aunque ha insistido en que se debe respetar la Constitución del país.
“Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados, para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”, ha manifestado Rodríguez en su cuenta de X.
Los candidatos electorales inhabilitados deberán acudir en persona al Tribunal Supremo para presentar un recurso contra la decisión de no permitirles presentarse a las elecciones de 2024. Además, ninguno de los políticos podrá “incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado” en la demanda o en declaraciones públicas.
En ese sentido, el documento insiste en que los candidatos deben comprometerse a respetar la Constitución, a “honrar y defender a la patria sus símbolos y valores culturales”, a “resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”, a acatar la decisión judicial respecto al recurso presentado y rechazar cualquier tipo de violencia y acciones que “atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela”.
Sobre Machado pesa una orden de inhabilitación por 15 años dictada en junio por la Contraloría General a raíz de la petición de un diputado chavista y fundamentada, entre otras razones, en presuntas irregularidades de tipo administrativo y en su respaldo a las sanciones aprobadas por otros gobiernos contra Venezuela.
(con información de EFE y EP)
