Gobierno de Venezuela niega violación de derechos políticos por inhabilitaciones

El canciller de Venezuela negó que en el país se violen los derechos políticos a través de las inhabilitaciones. Un rector del Poder Electoral confirmó recientemente que no se permitirán inscripciones de candidatos inhabilitados para próximos eventos electorales.

Con información de VOA Noticias

CARACAS — El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, negó el miércoles que en Venezuela existan ciudadanos que hayan perdido el derecho político a elegir o a ser electos.

“No hay ni una persona en Venezuela que no sea por una decisión de un tribunal haya perdido el derecho político a elegir o a ser electo”, dijo el miércoles durante una sesión ante el Comité de DDHH de la ONU - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, organismo de expertos independientes que supervisa la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de sus Estados partes.

“Hemos visto caso el caso de algunos personeros políticos que han sido inhabilitados de cumplir funciones dentro de la administración pública, aquí no se está conculcando ningún derecho político, ellos pueden participar en una elección, pueden elegir, pueden ser electos, pero por hechos de corrupción debidamente documentado ante la Contraloría, han sido inhabilitados de la función pública”, continuó.

El canciller insistió en que los derechos políticos en Venezuela “están intactos” y que sólo pueden ser levantados por medida de un tribunal.

Gil aseguró que “no es una práctica selectiva” y que el tema de las inhabilitaciones es parte de un “discurso” utilizado por un sector político para “atacar” la institucionalidad venezolana.

Inhabilitaciones sin sentencia firme

Polémicas inhabilitaciones como la de la líder opositora y pre candidata a la primaria presidencial de la oposición, María Corina Machado, han sido administrativas, a través de la Contraloría General de la República (CGR) y no mediante un proceso judicial, según lo que se ha hecho público.

Consultado por la Voz de América, Ali Daniels, co director de Acceso a la Justicia, organización dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de derecho en el país, explica que el estándar internacional contempla inhabilitaciones a través de vía judicial.

“Las que existen por vía administrativa son contrarias al estándar internacional en materia de ejercicio de derechos políticos. Sí se viola el derecho político si se impide el ejercicio de derechos políticos porque el derecho del sufragio comporta dos elementos, el pasivo y el activo. La inhabilitación impide el ejercicio del derecho al sufragio de manera pasiva, es decir, el de ser electo”, precisa.

En junio fue divulgado un oficio de la CGR que precisa que Machado se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, por haber incurrido en “actos, hechos, omisiones e irregularidades administrativas”, entre ellas “errores” y “omisiones” en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas en el marco de la auditoría patrimonial.

Además, señala el oficio que la dirigente política ha solicitado “bloqueo” a Venezuela por parte de la comunidad internacional y “ha sido participe” de una “trama de corrupción” que, según expone, fue orquestado por Juan Guaidó, quien hasta inicios de este año fue considerado por decenas de países como presidente interino de Venezuela.

Sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.

En una entrevista concedida recientemente al canal Globovision, el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Conrado Pérez, dijo que quien esté inhabilitado “no se va a inscribir” como candidato en las próximas elecciones previstas para 2024.

Aunque la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) permitió a candidatos inhabilitados inscribirse para participar en la elección primaria que será celebrada el 22 de octubre, en el camino han surgido cuestionamientos sobre la estrategia a seguir en caso de que un candidato inhabilitado resulte ganador.

Esta semana el líder opositor venezolano, Henrique Capriles, puso a la orden su candidatura a la primaria presidencial, argumentando que sobre él pesa una “ilegal” inhabilitación para ejercer cargos públicos por quince años. Pero otros dos candidatos inhabilitados, Machado, favorita en la intención de voto según diversas encuestas y Freddy Superlano, siguen en la carrera.

Consultada en septiembre por la Voz de América sobre la estrategia a seguir para formalizar su candidatura ante el CNE en caso de ganar la primaria, Machado afirmó que se requiere un liderazgo “unificador y legitimado”, un país “organizado y movilizado”, alineado con intereses de diversos actores políticos, económicos, financieros e internacionales

“La presión será tal sobre el régimen que estarán obligados a aceptar los términos de una negociación seria, donde existirán incentivos y garantías para asegurar y facilitar la transición a la democracia en Venezuela, que comienza con un proceso de elecciones competitivas”, dijo.

El informe final de la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea (MOE UE) tras las elecciones regionales del 2021, observó “deficiencias estructurales” como la “falta de seguridad jurídica” y formuló varias recomendaciones, entre ellas el reforzamiento de la separación de poderes y “suprimir la prerrogativa” de la CGR de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones.

El Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), Volker Türk, llamó al gobierno de Venezuela a garantizar el debido proceso de procedimientos con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos y a levantar “todas las restricciones indebidas” al derecho a participar en asuntos públicos ante los venideros procesos electorales en el país, en su más reciente informe divulgado en julio.

Türk instó a “garantizar el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la CGR con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos”.