Tribunal carabobeño no permitió la designación de Joel García como defensa de Marino Alvarado y Alfredo Infante

”Nuestros representados no han cometido delito. Pero hay que acudir a los órganos jurisdiccionales nacionales, y luego internacionales, si es necesario”

Redacción

Tras conocerse la demanda por difamación interpuesta por el gobernador chavista de Carabobo, Rafael Lacava, contra los defensores de DDHH Marino Alvarado y el padre jesuita Alfredo Infante, el abogado Joel García denunció que no se le ha permitido designarse como abogado defensor de los acusados.

“A pesar que recibimos la notificación del tribunal 3ro en función de juicio del estado Carabobo, ellos (Alvarado e Infante) trataron designarme como abogado defensor en el Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas y eso no es posible. Desde ya comenzaron a cercenarnos el derecho a la defensa (…) Es un tribunal de Caracas el que debería de conocer la acusación, y no en Carabobo. Insistimos en que esta acusación del gobernador Rafael Lacava debió ventilarse por Caracas, porque aquí se realizó la presentación del informe, y no por Carabobo”, indicó García durante una rueda de prensa ofrecida este jueves por los acusados.

El abogado también calificó como “un ataque a la libertad de expresión, contra la vida, y contra la iglesia“, la denuncia presentada por el gobernador Lacava. “Estoy seguro que Marino Alvarado y Alfredo Infante son totalmente inocentes. Estamos dispuestos a enfrentar este proceso. Nuestros representados no han cometido delito. Pero hay que acudir a los órganos jurisdiccionales nacionales, y luego internacionales, si es necesario”.

“No tenemos nada personal con el gobernador Lacava”

Por su parte, el padre Infante destacó que el informe “es nacional, no regional ni focalizado en el estado Carabobo. En la página de Lupa por la Vida hay una georeferencia en el que se informa que hubo de 1414 presuntas ejecuciones extrajudiciales de personas a nivel nacional y que la Policía Carabobo registraba más de 221 presuntas ejecuciones extrajuciales”.

“Nuestro informe presentado en marzo de 2022 no es una campaña contra algún gobernador, sino una campaña a favor de la vida (…) La denuncia nuestra fue la propuesta de que se abran investigaciones para que las familias de las víctimas tengan acceso a la justicia y se identifiquen los culpables. El Estado tiene que identificar a los culpables e investigar las cadenas de mando. Las familias tienen derecho a la justicia“, insistió.

Recalcó que “solicitar la investigación de ejecuciones extrajudiciales no es un delito. Somos inocentes, solo ejercemos un derecho constitucional para que en nuestro país haya acceso a la justicia“.

Expresó también que “desde Lupa por la Vida, Centro Gumilla y Provea, estamos abiertos al diálogo y creemos que un gobernante debe favorecer a la investigación de los hechos (…) No tenemos nada personal con el gobernador Lacava (…) Le preciso nuevamente: nuestro informe no es contra su persona, sino a favor de la vida. Presione a la fiscalía para que abra investigaciones contra las ejecuciones extrajudiciales. Así sumaría votos en materia de defensa de los DDHH”.

Cerco a las ONG

Al respecto, el coordinador de exigibilidad de PROVEA Marino Alvarado expresó que “es la primera vez que el informe de Lupa por la Vida y Provea que se toma una iniciativa de esta naturaleza, la consideramos parte del cerco a las ONG para poder acompañar a los sectores populares en la demanda de derecho establecido en la constitución”.

Envió un mensaje al gobernador de Carabobo: “Nuestro informe no es contra algún gobernador, es para visibilizar el grave problema de las ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional. Le proponemos al gobernador Lacava, crear una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, Fiscal superior, Oficina de la Alta Comisionada, representante de gobernación de Carabobo, Centro Gumilla y Provea”.

“La responsabilidad de todo gobernador es facilitar las investigaciones. Nuestro propósito es velar por el derecho a la vida, acompañar a las familias de las víctimas. En lugar de criminalizar el trabajo de las ONG abra sus espacios para avanzar en conocer lo que ha pasado, los presuntos responsables y diseñar políticas públicas que permitan reducir la privación a la vida, no solo en Carabobo, sino en todo el país”, recalcó.