Al menos 123 reclusos murieron en calabozos policiales durante 2021, revela informe de UVL

Este informe anual de 2021 de Una Ventana a la Libertad refleja, por primera vez, cómo son las condiciones de reclusión en las comisarías policiales y militares en todos los estados de Venezuela

Redacción

Durante el año 2021 al menos 123 reclusos que estaban detenidos en 302 Centros de Detención Preventiva (CDP) fallecieron. La principal causa de muerte fueron las enfermedades, pues 95 personas que estaban privadas de libertad en estos espacios transitorios murieron por complicaciones de salud.

La segunda causa de muerte durante el año anterior se ve reflejada en 15 casos de personas que perdieron la vida en procedimientos policiales realizados para recapturar a privados de libertad fugados, mientras que cinco reclusos murieron en riñas, cuatro en motines, tres fallecieron por ser víctimas de abusos de funcionarios y, finalmente, se confirmó que un interno se suicidó.

El hacinamiento en los CDP se convirtió en la estrella del año con el nombramiento de la Comisión de la Revolución Judicial por orden de Nicolás Maduro. Su tarea principal e inmediata, que debía cumplirse en 60 días, era acabar con el hacinamiento en estas prisiones paralelas.

Aunque los investigadores de UVL, ubicados en toda Venezuela, confirmaron que con el plan presidencial se lograron liberaciones y traslados a cárceles en algunos calabozos policiales, el hacinamiento sigue siendo un problema. De acuerdo con el subregistro de Una Ventana a la Libertad, 16.595 reclusos están distribuidos en espacios que tienen capacidad para albergar a 10 mil 310 personas por lapsos de 48 horas. Estas cifras demuestran que, hasta el cierre de 2021, el hacinamiento era de 161 por ciento.

Los datos revisados en este informe, demuestran la violencia de la improvisación. Una problemática compleja como el hacinamiento al cual, durante muchos años nadie dentro del Gobierno, incluyendo al Ministerio para el Régimen Penitenciario, buscó una solución.

Y, la Comisión para la Reforma del Poder Judicial tampoco pudo, como era de esperar, resolverlo en 6 meses -junio a diciembre- y menos aún en los supuestos 60 días en los cuales debía lograrse el fin del hacinamiento en los CDP.

El coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, considera que: “Este informe tiene un punto a destacar, por primera vez el régimen de Maduro aceptó el desastre que se vivía en los centros de detención preventiva y eso lo lleva a crear el 21 de junio de 2021, una Comisión para solucionar el problema de caos de los centros de detención preventiva”.

Hacinados, mal alimentados, en una situación sanitaria repugnante y en espacios mínimos para la convivencia de más de 5 a 6 personas por celdas, además carecen de ventilación. Esto facilita el tránsito de las enfermedades infectas contagiosas y todas las enfermedades que hemos visto en este informe, pues la convivencia en estos pequeños espacios mantiene a las personas detenidas enfermas en estrecha cercanía con los sanos.

Esto sucede en el 66,56 por ciento de los CDP monitoreados y, es también una razón que nos hace preguntarnos si la baja incidencia de COVID-19 es real, en particular cuando solamente 13 Calabozos o CDP 4,30 por ciento- de los monitoreados disponen de personal médico interno y ocho -2,65 por ciento- tienen personal de enfermería.

Este informe anual de 2021 de Una Ventana a la Libertad refleja, por primera vez, cómo son las condiciones de reclusión en las comisarías policiales y militares en todos los estados de Venezuela, pues la organización logró incorporar investigadores de otros estados para poder abarcar todas las regiones del país. Un dato importante es que del total de la población reclusa el 92 por ciento son hombres y el ocho por ciento mujeres.

En el estudio están reseñados indicadores confirmados por los investigadores de UVL en 302 Centros de Detención Preventiva. El número de extorsiones es bastante alto: 229, es decir, el 75,83 por ciento de todos los calabozos monitoreados.

Como en ocasiones anteriores, Una Ventana a la Libertad reitera que es fundamental resolver el hacinamiento porque tiene una grave incidencia en las condiciones de salud de las y los detenidos y, aunque no lo parezca, sobre la salud del personal que trabaja en estos recintos. Mientras no haya la debida atención preventiva en salud el derecho a la vida está siendo violado. No es casualidad que las enfermedades constituyan la primera causa de muerte durante el año 2021. Así mismo es urgente intervenir en las condiciones de infraestructura que son un grave problema sanitario