Economistas: la asignación de los ‘bonos protectores’ es al azar

El Gobierno debe centrarse en generar estímulos a la economía para recuperar la moneda y la producción nacional que se traduzcan en el fortalecimiento de la remuneración que recibe cada venezolano por su trabajo

Con información de El Pitazo

Desde el 2017 la administración de Nicolás Maduro ha anunciado 88 bonos de protección social a través del Sistema Patria, depositados conjuntamente con las transferencias por concepto de mensualidades regulares otorgadas a los venezolanos inscritos en los programas de atención de la Misión Hogares de la Patria, diseñados para poblaciones específicas como personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

Aunque los economistas desconocen datos recientes sobre la inversión total que destina el chavismo para ejecutar el plan de transferencia monetaria; tienen certeza de que Maduro entregó más de 517 millones de bonos a 14 millones de venezolanos el año pasado, dato revelado el 2 de febrero por Delcy Rodríguez, durante la presentación de la Memoria y Cuenta del Poder Ejecutivo de 2020. Es decir, cada venezolano recibió en promedio 3,6 bonos de los 38 anunciados por Maduro el año pasado.

Christi Rangel, economista e investigadora de la ONG Transparencia Venezuela, señala que existen informes sobre exportaciones de petróleo «camufladas» realizadas por Maduro hacia países como China, por ejemplo, y cree que en esas operaciones consigue dinero, aunque desconoce la cantidad. “Son ventas que se hacen con descuentos, no solo por los precios actuales del petróleo, sino por las dificultades que traen las sanciones”, resalta.

Rangel indica que también obtiene ingresos por la explotación minera. “Pero no sabemos si con ese dinero se financian los bonos. Hemos revisado las Gacetas Oficiales del año pasado, que ahora están siendo publicadas, y no hemos identificado algún crédito adicional por concepto de pagos de bonificaciones sociales. También hay informaciones sobre estrategias del Gobierno con el sector privado, pero los alcances de esos acuerdos también son desconocidos”.

Por su parte, Ángel Alvarado, economista y exdiputado de la Asamblea Nacional, agrega que la administración chavista no puede conseguir, al menos por ahora, dinero por medio de endeudamientos con otros países debido a las sanciones.

Frente a las dudas, los economistas coinciden en que el dinero destinado para los bonos de protección social provienen de la sostenida aprobación de dinero inorgánico, sin respaldo en ganancias por producción interna, que el Banco Central de Venezuela (BCV), por directrices de propio Gobierno, le otorga al Ejecutivo para cubrir el déficit fiscal, a pesar de que en el artículo 320 de la Constitución vigente está prohibido.

La creación de moneda no generada por la actividad productiva, casi nula en el país por la crisis, resalta como una de las causas del acelerado incremento de costos en bienes y servicios que ocurre en el país, incluso, mucho antes de 2013 cuando comenzó la recesión por la disminución de los precios del petróleo.

“El Gobierno ha financiado el gasto con ingresos extraordinarios que obtiene, debido a unos bonos que emite Pdvsa en dólares y el BCV luego los paga en bolívares. Si bien eso luce como una deuda de Pdvsa, en realidad es una monetización del déficit. La compañía está muy comprometida para pagar esa deuda a corto plazo, debido a que la debilidad de la petrolera agudizó con las sanciones de Estados Unidos en 2019, aunque la crisis de la empresa comenzó realmente a mediados de 2011 con la falta de inversión y la caída de la industria que, luego, coincidió con la baja de los precios del petróleo”, esboza Rangel.

Suerte de azar

Los bonos, identificados con distintos nombres alusivos a fechas patrias y coyunturas específicas como la pandemia del COVID-19, se dan sobre la base de una estrategia que, coinciden los economistas, no goza de criterios de selección de los beneficiados, no está focalizada en poblaciones que realmente lo requieren y se pagan a discreción, al punto en que a algunos ciudadanos les llega el bono y a otros no.

En octubre de 2020, a las puertas de las elecciones parlamentarias, Nicolás Maduro aprobó cuatro bonos sociales a través del Sistema Patria, pero 87% de las personas que respondieron la encuesta hecha por El Pitazo, a través de Twitter, aseguraron que no recibieron el dinero. Otro sondeo que realizó el medio en enero de 2012 asomó que 91,5% de los que respondieron la encuesta no recibieron las dos bonificaciones anunciadas por el gobernante para ese mes.

Rangel explica que estas iniciativas de ayuda económica deben estar focalizadas y justificadas en un estudio socioeconómico previo. “Deben estar dirigidas a un grupo de personas específico con necesidades puntuales, porque si no ocurre lo que llamamos filtraciones: el bono lo cobran las personas que no lo deben recibir; y los que sí lo necesitan urgentemente, no reciben nada. Este funcionamiento se convierte en un incentivo perverso, porque, por ejemplo, pone sobre relieve a una población que gana salario mínimo que no alcanza y otra que recibe un bono mayor al sueldo que, al final, tampoco cubre. Eso es absurdo”.

Considera que, en el fondo, el Ejecutivo pone a los beneficiarios en una suerte de juego de azar. “El Gobierno ha pretendido crear el escenario de una lotería con los bonos en el que cada persona espera si le toca o no”, resalta. La economista sostiene que la variación de los montos de los bonos tampoco permite un control efectivo de la política.

La administración de Maduro no informa los montos de los bonos que aprueba. Son los venezolanos que logran cobrar el dinero los que informan en sus redes sociales la cantidad. El seguimiento realizado por El Pitazo evidencia, por ejemplo, que las bonificaciones superan el salario mínimo.

El proceso hiperinflacionario disminuyó el valor del salario mínimo y, pese a lo sostenido por Nicolás Maduro, las bonificaciones no representan una mejora sustancial al problema de fondo que es la crisis económica del país que, en consecuencia, incrementó el desempleo.

La economista Tamara Herrera explica que el alza en el gasto público del Gobierno, en paralelo con la emisión monetaria, produjo una deserción de la masa laboral, la cual se ha retirado de sus puestos de trabajo para conseguir sustento en el mercado informal o toma la decisión de irse del país.

“El Gobierno incrementó el gasto y lo comenzó a manejar con discreción y sin aumentos salariales y ahora lo usa para dar bonos como compensaciones a personas formales e informales, entregados a discreción cada 15 días, se ajustan cuando sean conveniente y los montos, a pesar de que crecen, muestran un empuje del gasto público que, según las estimaciones que manejamos, ha aumentado entre 50% y 60%”, dice Herrera.

Las economistas Rangel y Herrera destacan que el Gobierno debe centrarse en generar estímulos a la economía para recuperar la moneda y la producción nacional que se traduzcan en el fortalecimiento de la remuneración que recibe cada venezolano por su trabajo. Coinciden en que las políticas erradas del gobierno chavista, sin un plan de recuperación económica, terminaron por despreciar la figura del salario mínimo.