Pedro Galvis: La protesta ciudadana es un ejercicio de legítima defensa ante el abuso de los funcionarios públicos
Lechería no es ejemplo de transparencia y esto contribuye a elevar la desconfianza de las personas en las instituciones y funcionarios públicos
Nota de prensa
Lechería, 14 enero 2021.- El coordinador general del partido Vente Venezuela en el municipio Lic Diego Bautista Urbaneja de Anzoátegui, Pedro Galvis, durante una protesta pacífica llevada a cabo por los vecinos en la sede de la alcaldía de Lechería, fijó su posición ante lo que considera abusos por parte de las autoridades, para establecer las tarifas del servicio de aseo urbano y domiciliario en la ciudad.
El dirigente del partido de la libertad, destaca que todo funcionario público está obligado a ceñir su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia de su gestión. Agrega que Venezuela marcha en contra vía en relación a las mejores prácticas llevadas a cabo por las ciudades con mejores índices de transparencia y desarrollo humano, lamentablemente Lechería no es una excepción.
Pedro Galvis destaca la importancia la participación ciudadana en los asuntos públicos, así como tambien la necesidad de implantar una política de gestión transparente, para contribuir a superar la creciente desconfianza y desafección política e institucional por parte de los ciudadanos, que se ha hecho presente en Venezuela desde hace muchos años, y que constituyó un ingrediente importante para la llegada del régimen que ejerce el poder en el país desde hace 22 años. Considera que la desconfianza política beneficia al régimen mas corrupto de la historia del país, que a su juicio no tiene intenciones de cambiar las cosas, pero propone a los gobernantes que dicen oponerse al sistema, a adoptar las prácticas del modelo de Gobierno Abierto para reducir los indices de corrupción administrativa y que además representa una oportunidad de cambio para reconciliar a los ciudadanos con la política y las instituciones públicas.
En relación a la protesta llevada a cabo por los vecinos de la ciudad en repudio al manejo e implementación de las tarifas de aseo urbano y domiciliario, realizo una serie de planteamientos para resumir la situación que dieron origen a la acción ciudadana, de la cual se hizo parte:
La contratación de Tachitec se produce por una cesión de derechos de la empresa Satea a Tachitec, cuando debió haberse producido a través de una licitación pública, que no se hizo. Desde el principio todo este proceso ha sido oscuro.
La ordenanza no cumplió con las formalidades de la ley orgánica del poder público municipal, que contempla que en materia como la de la basura, debe ser sometida a consulta ciudadana. Y no podemos decir que el proceso de consulta se realizó de manera transparente, y encima en tiempos de pandemia que dificultaba el proceso aún más y en lugar de ampliar el tiempo de realización de la misma, lo limitaron y no hubo la participación requerida. Por esta irregularidad la ordenanza está viciada de nulidad absoluta.
El anclaje al Petro aludiendo una sentencia del TSJ no es necesario porque en la pretendida sentencia que alegan los legisladores municipales, no está incluida la materia ambiental y de aseo urbano, a los efectos del tema de armonización de tarifas, del que se ocupa la sentencia.
La alcaldía y la empresa no han presentado el catastro que es necesario para establecer la estructura de costos del servicio, esta información es de carácter público y la alcaldía debería entregarla a solicitud de parte interesada, el hecho de no hacerlo genera dudas respecto a la base para calcular los costos, de donde se derivan las tarifas. Los ciudadanos tienen todo el derecho a saber de donde vienen esos costos que inciden en la determinación del precio público por concepto de aseo domiciliario, pero tanto la alcaldía como la contratista no dan respuesta al principal componente de la estructura de costos como lo es el catastro.
Otra irregularidad es la amortización de los equipos, antes de depreciaban los camiones en 5 a 7 años y quedaban en propiedad de la alcaldía. Ahora se deprecian en 3 y los equipos quedan en propiedad de la contratista. Esto implica un costo importante, no solo por la depreciación, sino también porque para la alcaldía no representa la erogación una inversión sino un gasto y por lo tanto incrementan las cuotas que terminamos pagando los contribuyentes.
En general el proceso ha sido muy oscuro, y los aumentos exhorbitantes. Confunden en una misma partida dos servicios diferentes, una cosa es el aseo urbano, que debe ser parte del presupuesto de la alcaldía; y otra diferente es la recolección del aseo domiciliario que es un precio público (otros consideran una tasa) que es susceptible de tarifar. Aquí podríamos estar en presencia de una doble tributación.
Finalmente nadie está obligado a pagar un impuesto ilegal, establecer este tipo de cobros acarrean responsabilidades de índole administrativa, civil e incluso penales. Ejercer las acciones ciudadanas para defender los derechos individuales de cada vecino y los difusos de la ciudad es una acción de legítima defensa contra la eventual colusión de funcionarios públicos (alcaldía y concejo municipal) con la contratista, para atentar contra los intereses de los ciudadanos.
