La Fracción 16 de Julio, mediante un comunicado público, invoca la aplicación inmediata del artículo 187 numeral 11 de la Constitución
Ratifican que no hay acuerdo posible para pactar una tregua con quienes no tienen idea de cómo manejar una crisis sanitaria y de salud de estas proporciones
Redacción
La fracción parlamentaria 16 de Julio emitió un comunicado a la opinión pública donde ratifican la solicitud a la Asamblea Nacional, invocar la aplicación del artículo 187 numeral 11 de la constitución nacional.
Comunicado completo
Fracción Parlamentaria 16J solicita que la Asamblea Nacional facilite la ayuda humanitaria que los venezolanos necesitan mediante la invocación del artículo 187.11 de la Constitución.
Los diputados a la Asamblea Nacional, integrantes de la Fracción Parlamentaria 16J, quieren reconocer el coraje y la determinación de los ciudadanos venezolanos, ahora sometidos a los efectos de una pandemia mundial que nos ha conseguido en las peores condiciones posibles, con un régimen usurpador al frente del manejo de la crisis, y teniendo que sufrir la arbitrariedad compulsiva del socialismo del siglo XXI, que saqueó al país y se olvidó hace mucho tiempo de que el primer compromiso del servicio público es tener capacidad para atender emergencias.
Por eso, en ningún otro lugar del mundo puede ser más heroico el desempeño, el valor y el compromiso patrio de todos aquellos que desde su puesto de trabajo encaran una lucha muy desigual para garantizarnos atención médica, proveernos de alimentos y garantizarnos bienes esenciales. Esto, a pesar de que somos un país arruinado y víctimas de un ecosistema criminal que no tiene aprecio por la vida ni se atiene a la verdad. A todos aquellos que, sin importar los costos, salen todos los días a combatir la pandemia, nuestro reconocimiento y respaldo.
Los ciudadanos venezolanos viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad extremas. Somos el país con un desempeño entre los peores del mundo, el que tiene mayores índices de corrupción, el que cuenta con menos abundancia institucional y el que tiene las peores condiciones para producir. Por eso es moralmente inaceptable y políticamente repudiable que buena parte de nuestra población esté en el difícil dilema de exponerse o morirse de hambre. Ninguna familia cuenta con la posibilidad de tener un inventario de alimentos suficiente como para optar por el resguardo. Por eso, en los sectores populares muchos siguen arriesgándose porque no tienen otra opción que poner en riesgo sus vidas para conseguir los medios de tener algún alimento.
La mayoría de los venezolanos no pueden darles tregua a sus esfuerzos por sobrevivir. Son varias las crisis que tenemos que encarar en simultáneo. La pandemia es solo la más contingente y la que provoca mayor ansiedad. Pero no podemos olvidarnos del inmenso esfuerzo que significa para todos nosotros el tratar de vencer todos los días los efectos perversos del colapso económico, la crisis política y la lenidad con la que algunos factores de la oposición quieren tratarlo. Nosotros ratificamos que no hay acuerdo posible para pactar una tregua con quienes no tienen idea de cómo manejar una crisis sanitaria y de salud de estas proporciones, pero que además nos han traído hasta aquí con sus malas decisiones y esa indiferencia atroz con la suerte del país que nosotros denunciamos como un crimen de lesa humanidad: una situación atroz, de desventaja absoluta, que nos expone a todos a la muerte, la represión, el hambre, la pobreza y la pérdida de esperanza.
Aplaudimos y reconocemos la solidaridad que ha aflorado entre los venezolanos. Los barrios comparten sus pocos bienes para darle alivio a los ancianos, a las madres solas que tienen niños pequeños y a las familias que no tienen recursos. Los venezolanos sabemos que solo podemos contar con nosotros mismos, y con la ayuda que venga del exterior, no solamente para liberarnos de veinte años de totalitarismo criminal, sino para evitar que nuestra sociedad, exhausta por tantas privaciones, sea diezmada por el coronavirus.
Mientras nuestro país recibe los embates del contagio masivo, el colapso del país se sigue acelerando. Venezuela no tiene gasolina. Los venezolanos estamos no solamente inmovilizados por la cuarentena, sino por las imprevisiones de un régimen criminal que quebró a la industria petrolera, desguazó sus activos y nos hizo perder cualquier ventaja imaginable como país petrolero. No tener gasolina condena a los enfermos crónicos a la muerte, imposibilita el ciclo agroindustrial y hace más difícil la provisión de alimentos y bienes esenciales. ¿Dónde está la gasolina? es el clamor que se repite por todo el país, sin encontrar respuesta ni responsables.
La respuesta no es otra que el saqueo de nuestros recursos por parte de un ecosistema criminal cuya dedicación nunca fue el servicio público sino la constitución de un inmenso cartel para practicar el delito, el narcotráfico y el terrorismo. Lo hemos dicho sistemáticamente, y ahora nuestra versión se hace mundialmente oficial con la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos que, después de largas y profundas investigaciones, dirigidas por fiscales de los estados de New York y Florida, llevará a los tribunales a la cúpula del régimen usurpador. Las acusaciones son el resultado de más de tres lustros de investigaciones que engrosaron un expediente que luce irrefutable. El mundo no puede seguir evadiendo la responsabilidad de ayudarnos efectivamente a liberarnos de una buena vez del cartel que rige ilegítimamente a país y nos mantiene en condiciones de servidumbre.
Hemos dicho que con el mal no se transige. Con el mal no se pacta ni se negocia. Que la política tiene que cumplir con requisitos de ética pública y probidad que tienen que expresarse en cada una de las decisiones que se tomen. Como servidores públicos debemos rendir cuentas y dar todas las explicaciones necesarias para garantizar a los ciudadanos que estamos a la altura de su dignidad y fortaleza.
Como miembros de la Fracción Parlamentaria 16J hemos insistido en que nuestro país no puede liberarse de la terrible tragedia política, social y económica sin ayuda explícita. Y que por eso el parlamento venezolano debía pedir ayuda, activar el S.O.S. y facilitar la deliberación institucional de países amigos para la organización de lo que haya que hacer para comenzar a resolver de manera irreversible esta tragedia, que no solo es producto de la pandemia, sino que sobre todo es la expresión de un régimen de facto, usurpador y delincuente, que abandonó a los ciudadanos y se concentró en la expoliación de nuestros recursos. Por eso, ahora más que nunca, es importante que la Asamblea Nacional de las señales adecuadas y active el 187.11 para que se abran todas las posibilidades a la opción de la injerencia humanitaria. No hacer todo lo que está en nuestras manos nos convertiría en cómplices pasivos de la destrucción de Venezuela.
Caracas, 29 de marzo 2020
