Abogados y familiares de imputados piden intervención del Circuito Judicial de Anzoátegui
Consideran que está entramado
Los profesionales del derecho alegan que no existe la autonomía de los jueces. Se necesita con urgencia que el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Justicia llamen a botón a las autoridades judiciales de este estado
William Miquelena
Barcelona, 23 octubre 2020.- Los abogados Wolgfang Caraballo, Carlos Navas, Carlos Caraballo, Eliseo Morfe, Valentín Guaicara, Luzmary Benites, Roman José Sarrameda, Fabricio López, Liliana Alvarez, así como familiares de los imputados entre ellos Deivis Zafra se apostaron este miércoles frente al Palacio de Justicia de Barcelona para protestar la falta de empatía y el maltrato que reciben los profesionales por parte de los tribunales de violencia contra la mujer, Juez Rectora y la presidenta del Circuito Judicial Penal, Adriana López.
“No nos están dando acceso a la justicia y muchos familiares tienen detenidos que han sido dado de libertad por parte del Ministerio Público porque no se le han encontrado indicios suficientes para presentar un acto conclusivo de acusación y sin embargo todavía están en los calabozos dado a que la justicia en el estado Anzoátegui se encuentra enmarañada o entramada”, denunciaron.
Los profesionales del derecho alegan que no existe la autonomía de los jueces motivo por la cual se necesita con urgencia que el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Justicia llamen a botón a las autoridades judiciales de este estado para poder solventar el problema de justicia que afecta tanto a los abogados como a los familiares de los imputados, destacó Fabricio López al tiempo que solicitó, una vez más, la intervención por parte de las autoridades judiciales nacionales.
Deivis Zafra dijo que su hermano se encuentra detenido en los calabozos del CICPC de Puerto La Cruz. “Tiene diez meses en esa situación muy a pesar que tiene graves problemas de respiración y no lo han trasladado al centro de salud para descartar un posible contagio con Covid-19".
“No encontramos respuestas del juez de la causa para darle libertad a mi hermano a pesar que su salud está corriendo un grave riesgo por lo que hacemos un llamado al defensor del pueblo Rafael Vega para que se aboque al llamado que estamos haciendo tanto los abogados como los familiares de los imputados para que realmente se imparta justicia de una forma equilibrada y transparente”, dijo.
Por su parte el doctor Wolgfang Caraballo denunció que los derechos de los profesionales del derecho han sido cercenados y limitados por las autoridades judiciales de turno.
“Desde que asumió el cargo de presidente del Circuito Judicial Penal de Anzoátegui, la doctora Adriana López, ha generado una especie de terrorismo judicial tanto interno como externamente lo cual se convertido en un elemento condicionante a las decisiones que toman los jueces.
“Ya no existe autonomía judicial en Anzoátegui violándose así el artículo número 4 del Código Orgánico Procesal Penal”, acusó Caraballo tras asegurar que las decisiones de los jueces son tomadas bajo el acondicionamiento de la presidente del Circuito Judicial Penal, Adriana López, lo cual es una fragante violación al debido proceso y a la autonomía de los jueces en ejercicio.
En este sentido, Wolgfang Caraballo señaló que un grupo de agogados litigantes, al igual que los familiares de los imputados, le están pidiendo la renuncia a la presidente del Circuito Judicial Penal de Anzoátegui, Adriana López, porque de lo contrario se van a dirigir ante el Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio de Interior y Presidencia de la República a los fines de solicitar su destitución inmediata porque ha ejercido un cargo incompetentemente.
Caraballo propuso la creación de una comisión mixta conformada en primer lugar por la Defensoría del Pueblo, Fiscalía del Ministerio Público, tribunales, representación del CEMDNA, directores de los distintos cuerpos policiales y una representación del gremio de abogados para tratar el problema de hacinamiento y enfermedades en los distintos calabozos, así como la violación de los derechos humanos, retardos procesales, libertad por medidas humanitarias, libertades para imputados con plenas cumplidas y con medidas cautelares bajo la figura de fiadores ello en aras del buen funcionamiento del sistema judicial en el estado Anzoátegui.
Piden respeto y protección para los abogados que son amenazados y perseguidos por algunos cuerpos policiales y los jefes de las nuevas tribus judiciales.
