Gobierno de Brasil pide a la Corte Suprema suspender norma que limita derechos a venezolanos
La suspensión del reglamento fue solicitado por la AGU. El estado Roraima, fronterizo con Venezuela, recibe a más de 500 inmigrantes por día
Con información de El Universal
El gobierno brasileño pidió a la Corte Suprema que suspenda inmediatamente una medida dictada por la administración regional de Roraima, estado en la frontera con Venezuela, que restringe el acceso de los inmigrantes y refugiados venezolanos a servicios como la salud y la educación.
La suspensión de la norma fue solicitada por la Abogacía General de la Unión (AGU), el órgano de asesoría legal de la Presidencia y que considera las restricciones inconstitucionales por negarle derechos fundamentales a los inmigrantes aceptados por Brasil, como la humanidad y la dignidad.
El gobierno alega que Brasil, como signatario de diversos tratados y acuerdos internacionales que garantizan principios y derechos a los extranjeros en el país, tiene la obligación de contribuir en la universalización de los derechos humanos.
“Teniendo en cuenta lo expuesto, el gobierno pide la inmediata suspensión del decreto referido, así como la declaración de esta medida como un acto atentatorio a la dignidad de la Justicia”, según el recurso que la titular de la Abogacía General de la Unión, Grace María Fernandes Mendonça, envió este viernes al Supremo Tribunal Federal.
Roraima, el estado del norte de Brasil por el que entran todos los venezolanos que solicitan refugio en el país, publicó esta semana un decreto que restringe el acceso de los inmigrantes a algunos servicios públicos.
El decreto de la gobernadora de Roraima, Suely Campos, determina que el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ofrecidos por el gobierno regional, como salud y educación, pasarán a control de las fuerzas de seguridad.
La medida establece que los venezolanos que busquen acceso al Hospital General de Roraima, la mayor unidad de emergencia de la región, sean instruidos a acudir a puestos médicos abiertos por el Ejército para atender a los inmigrantes.
Igualmente condiciona la prestación de servicios a que el inmigrante presente su pasaporte, pese a que la gran mayoría no lo tiene, y autoriza a las fuerzas regionales de seguridad a restringir la movilización de los venezolanos.
