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Denuncian desorden en pago de nómina a trabajadores de la gobernación de Anzoátegui

Denuncian desorden en pago de nómina a trabajadores de la gobernación de Anzoátegui

El exdirector de recursos humanos de la gobernación, Pancho Aguilarte, pidió a diputados del Cleanz investigar cómo y en que se están utilizando los recursos

Jackelyn Pinto 

El exdirector de Recursos Humanos de la Gobernación de Anzoategui, Pancho Aguilarte, denunció que desde la dirección de recursos humanos reina el desorden y la ineptitud para la cancelación de pasivos a los más de 23 trabajadores dependientes del ente público. 

Manifestó que los trabajadores tienen más de seis meses siendo engañados en el pago de sus salarios. “A diario recibo llamadas, mensajes de trabajadores activos y jubilados porque no les pagan lo correcto profundizando su miseria, eso no es justo. Por eso decidí fijar posición ante el atropello que sufren activos y jubilados”, dijo.

Aguilarte destacó que ya había advertido al secretario de gobierno Sergio Padrón y al gobernador del estado Antonio Barreto Sita, sobre los desórdenes que se iban a presentar en las arcas del ente por el mal manejo de los recursos; sin embargo, “no fui escuchado”.

Agregó que a pesar de haberse aprobado hace unos meses por el Ejecutivo nacional los recursos para pagos por concepto de aumentos salariales y homologación de sueldos, hasta la fecha muchos trabajadores no lo están percibiendo, otros en cambio, recibieron la cancelación de sueldos muy por debajo de lo establecido. 

“Es necesario que el Consejo Legislativo Estadal como órgano de control, interpele a las autoridades del estado para determinar cómo y en que se están utilizando los recursos aprobados para los pagos de la nómina de la Gobernación”, pidió. 

Instó a los diputados del Cleanz solicitar a la Contraloría General del estado Anzoátegui una auditoría en “caliente” a toda la nómina para precisar a qué se debe el enorme desorden que  “pulula” en la Dirección de Recursos Humanos, determinar las responsabilidades a que haya lugar y remitir las actuaciones al Ministerio Público para individualizar las culpabilidades de los funcionarios “antes que sigan extendiendo el daño a los trabajadores”.

 

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