"Las llamadas Zonas de Paz solo buscan frenar la protesta popular por el gran descontento y el rechazo que tiene este gobierno"

Redacción

Como un nuevo atropello a los ciudadanos calificaron los diputados del Táchira Juan Requesens y Laidy Gómez la decisión de “partidizar la seguridad” en la entidad al pretender que sea controlada por los miembros del PSUV y de las UBCH, lo cual evidencia una vez más el miedo que le tienen al pueblo. “Pretenden poner la seguridad en manos de una minoría discriminando el ejercicio de un derecho constitucional”, dijo Requesens.

La declaración fue dada en respuesta al anuncio hecho por funcionarios de la Gobernación del Táchira, quienes informaron que se instaló una Zona de Paz en los alrededores del Edificio Nacional en San Cristóbal, y que si alguna comunidad requiere de mayor presencia policial o militar en su área, deberá tramitarla ante el Partido Socialista Unido de Venezuela y las Unidades Bolívar Chávez.

Dijo Requesens que las llamadas Zonas de Paz solo buscan frenar la protesta popular por el gran descontento y el rechazo que tiene este gobierno. “Estamos frente a un gobierno nacional y regional asustado, porque saben que los tachirenses y los venezolanos están absolutamente en su contra, y que es manifiesta la voluntad de que se vayan de Miraflores y la Gobernación”.

Señaló que el gobierno solo busca métodos para, de la manera más vil y miserable, someter a la gente. “Primero ponen un carnet de la patria para doblegar a la población a cambio de alimentos y otros beneficios, ahora quieren chantajearla llevando el control de la seguridad a las discreción de unos cuantos en una sede del PSUV. Ya basta de tanta humillación y sometimiento”.

Por su parte Laidy Gómez, también parlamentaria por el estado fronterizo, indicó que se trata de una nueva irresponsabilidad del gobierno pretender que los ciudadanos deban acudir a las sedes del PSUV y de las UBCH y dejan en indefensión a todas las personas que quieren exigir seguridad para sus comunidades, al desnaturalizar la institucionalidad de los poderes públicos.

Además, indicó Gómez que esta es una nueva evidencia de que Venezuela se encuentra bajo un régimen dictatorial, y de esta manera incrementa las estadísticas del delito. “Quisiera saber si las sedes del PSUV en la frontera donde, de forma permanente la gente denuncia la relación entre los cuerpos de seguridad y los grupos subversivos, van a recibir estas solicitudes y van a actuar en contra de esos grupos irregulares que actúan bajo su amparo”.

Los parlamentarios dijeron que ante este nuevo mecanismo de discriminación política que establece el gobierno, “iremos a donde tengamos que ir a exigir el respeto a los derechos que tiene el pueblo. Este gobierno no nos intimidará con sus abusos, ni amilanará la decisión que tiene la gente de un cambio para el país, ni mucho menos cambiará el hecho de que Vielma Mora ya está de salida de la Gobernación”.