Kadary Rondón, Concejal de Libertador denunció que para tener acceso a los alimentos deben pasar por un filtro político

Redacción

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), para la distribución casa por casa de los alimentos de la cesta básica, anunciadas por el Presidente Maduro, constituyen otra medida gubernamental para el control y la manipulación política en Venezuela. Así lo afirmó la concejal (UNT) del Municipio Libertador, Kadary Rondón.

Rondón estima que esta modalidad para la obtención de la comida en el país no resolverá los problemas de fondo como son: el abastecimiento, la producción nacional, la inflación y la escasez, generados por las pésimas políticas del gobierno revolucionario. “Este sistema implica una nueva forma de controlar a la población, es discriminatorio y en realidad no va a la raíz del problema, sino que busca paliativos a las consecuencias de las malas políticas económicas. Lo que necesitamos es producción nacional y que los anaqueles estén llenos para que los ciudadanos podamos comprar los alimentos que necesitemos, en el momento que queramos”. Planteó la edil.

Kadary Rondón afirma que se realizaron varias reuniones en diversos concejos comunales de Caracas “donde se evidenció el manejo y tinte político de esta distribución de alimentos, al punto de que si una persona no se encuentra en las listas de las misiones, o no es del denominado “proceso”, simplemente no podrá obtener o comprar los alimentos y las bolsas casa por casa no le llegará”.

Rondón afirma que la información suministrada por los dirigentes del PSUV a nivel parroquial y comunitario es que “simplemente si no eres de ese partido no podrás comprar; incluso se han amenazados algunas personas por criticar la actitud y la intención de esta medida. A quienes son críticos por las condiciones que exigen, le contestan que vayan a la Asamblea Nacional para que el presidente de esa institución, Ramos Allup, les de comida”.

Reiteró que se trata de una medida de control político “porque este Gobierno sabe que perdió el apoyo de la gente y no encuentra cómo resolver los problemas generados por sus políticas erradas, por este modelo que debe cambiar”.

Advirtió que “es cierto que son alimentos subsidiados, pero el pueblo tiene derecho a comprarlos porque la inflación, la crisis económica, los aumentos en tarifas de servicios y la crisis en general disminuyen aún más el poder adquisitivo de los venezolanos. Al venezolano no le alcanza el dinero para comprar la comida ni medicinas. Y por tanto todos entramos en calidad de necesitados y por ello no podemos permitir que se vuelva a establecer, de manera discriminatoria, casi como la lista de Tascòn. Con el hambre y estómago del pueblo no se juega.

La concejal afirmó que se trata de un llamado de alerta, porque “no podemos jugar con la necesidad del pueblo, no podemos vulnerar los derechos constitucionales del venezolano", como el de la alimentación; ni podemos condicionar la compra de la comida, porque, entiéndase que la distribución de alimentos en centros o casa por casa no es una regalo, porque el pueblo tiene que pagar.