Ley de Autismo abrirá un abanico de posibilidades a una población desvalida
El instrumento que este año logró el milagro de la unanimidad en un Parlamento polarizado, busca hacer justicia con ciudadanos con trastornos del espectro autista, pero además colocar a Venezuela a la altura de los países del primer mundo
Niurka Franco
Pese a la grave crisis que la sacude, Venezuela está entre los 10 países del mundo preocupados por ofrecer a las personas con Trastornos del Espectro Autista la debida protección mediante un instrumento legal que tuvo la fuerza para alcanzar la unanimidad en un Parlamento totalmente dividido, pero además tener el impulso de miles de padres y representantes que aspiran una protección integral para sus seres queridos. Se trata de la Ley de Autismo.
El diputado Julio Montoya (Primero Justicia), ha sido el padre de esta iniciativa que durante todo el año 2016, fue objeto de un arduo trabajo de carpintería parlamentaria y de discusión por todos el país, para dar lugar a un instrumento que proteja a la población autista y con trastornos similares, de manera integral, cuidando cada uno de los aspectos de su vida.
“Queremos que la Ley de Autismo sea el instrumento sólido y fuerte que la población desea, que no sea letra muerta como la Ley para personas con discapacidad, la cual no se cumple, por eso se ha ido nutriendo de la discusión y el aporte de las familias que conocen las vicisitudes de una persona con TEA”.
El instrumento toma en cuenta además de la inclusión, lo concerniente a la alimentación, la educación y el empleo, entre otros aspectos importantes en la vida de todo ciudadano, pasando por la necesidad de incluir en los pensum de estudio todo lo concerniente a esta condición.
Montoya junto con el equipo de trabajo que le acompaña, ha enfatizado en cada discusión, el aspecto integral que tiene la ley, porque servirá no solo para regular o castigar a quienes cometan faltas en contra de las personas que presenten trastorno del espectro autista, sino también para formar a educadores, médicos e incluso funcionarios de organismos de seguridad en cuanto al TEA.
El parlamentario recordó un hecho ocurrido durante los sucesos de 2014, cuando un funcionario propinó una golpiza a un joven autista, a quien no identificó como tal. Entre tanto, el abogado Pedro Galvis, quien forma parte del equipo multidisciplinario que trabaja en el instrumento legal, asevera que más del 80 por ciento de las personas con autismo que prestan servicio en las empresas existentes en el país, son despedidas y la causa común para justificar esta acción, no es otra que la incapacidad para poder lidiar con la inteligencia que suelen desarrollar.
