UNT: El beneficio de casa por cárcel no forma parte de negociaciones con el gobierno
“La libertad de Rosales tiene que ver con su inocencia, no tiene que ver con ningún proceso de negociación”
Evely Orta
El partido Un Nuevo Tiempo (UNT) aseguró este jueves que la medida de arresto domiciliario concedido el miércoles al dirigente opositor Manuel Rosales, exgobernador del estado Zulia, no está relacionado con supuestas negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro.
“La libertad de Rosales tiene que ver con su inocencia, no tiene que ver con ningún proceso de negociación”, dijo este jueves en conferencia de prensa el diputado Enrique Márquez, presidente de UNT, la organización política que fundó Rosales.
Márquez aseveró que las gestiones para un posible diálogo político en Venezuela, auspiciadas por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano, “no han logrado aterrizar”.
“Eso es un proceso complejo, esperamos que aterrice, y con la incorporación del Vaticano esperamos que ese aterrizaje sea productivo, y afirmó que no hay ningún proceso de negociación abierto”, sostuvo.
El presidente de UNT consideró como un gesto positivo pero insuficiente la medida de casa por cárcel y reiteró que el exgobernador es inocente, por lo que, afirmó, “nunca debió ir preso, no hay absolutamente nada que apunte su culpabilidad”.
“Lo que estamos viendo hoy es un avance de la Justicia, ojalá no se detenga ese avance y toque a todos los presos políticos que hay en Venezuela y es lo que nosotros estamos buscando y construyendo desde la unidad”, señaló.
Márquez agregó que Rosales goza de perfecta salud e insistió en su completa inocencia, por lo que exigió que le sea concedida la libertad plena.
El opositor tiene desde la noche de este miércoles como sitio de reclusión su residencia en el municipio Chacao, donde está siendo custodiado por funcionarios policiales que tienen restringidas las visitas de familiares, casi todos con residencia en el estado Zulia.
Rosales fue imputado en 2008 por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, como parte de un informe presentado por la Contraloría General de la República el 19 de julio de 2007.
