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La ONU insta al Gobierno a garantizar un juicio justo a la jueza Afiuni

Afiuni  fue detenida en diciembre de 2009 por poner en libertad a un empresario crítico con el Gobierno que ya había cumplido el máximo de prisión preventiva

Afiuni  fue detenida en diciembre de 2009 por poner en libertad a un empresario crítico con el Gobierno que ya había cumplido el máximo de prisión preventiva

Con información de EFE

Venezuela debe garantizar la autonomía e independencia de los jueces y fiscales y, específicamente, resolver la situación de la jueza María Lourdes Afiuni en un juicio justo, independiente e imparcial, según solicitó el jueves el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Venezuela se sometió los pasados 29 de junio y 30 de julio al escrutinio del Comité, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el jueves el organismo ha presentado sus conclusiones.

La jueza fue detenida en diciembre de 2009 por poner en libertad a un empresario crítico con el Gobierno que ya había cumplido el máximo de prisión preventiva.

Hasta ahora, su juicio no se ha celebrado y sigue sometida a medidas restrictivas de libertad, situación que ha sido criticada en reiteradas ocasiones por múltiples órganos de las Naciones Unidas.

Afiuni ha denunciado que durante el tiempo de reclusión fue violada y que fue objeto de otros abusos sexuales.

“Venezuela debe garantizar que se resuelva la situación judicial de la jueza Afiuni a la mayor brevedad posible en un juicio justo, independiente e imparcial y que se investiguen de manera pronta y exhaustiva las alegaciones relativas a los malos tratos y agresión sexual que habría sufrido durante su detención”.

“El Comité continúa preocupado por la situación del poder judicial” en Venezuela, “particularmente en lo que atañe a su autonomía, independencia e imparcialidad”, según relator del informe de Venezuela, Víctor Manuel Rodríguez Rescia.

“Observa con preocupación que sólo el 34 % de los jueces son titulares, lo que significa que el resto está en situación de provisionalidad y que tanto sus nombramientos como remociones pueden realizarse de manera discrecional”, añade.

“Los problemas de la falta de independencia en el sistema judicial son estructurales. La gran interinidad reinante implica automáticamente la falta de independencia y autonomía de sus representantes”, deliberó en rueda de prensa el.

Asimismo, los expertos lamentan no haber recibido información sobre el porcentaje de fiscales del Ministerio Público que son titulares, “y le preocupan los informes que indican que ese porcentaje sería muy bajo”.

Venezuela “debe tomar medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias”, instan los expertos.

Por otra parte, el Comité se refiere a la suerte de los políticos opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, y recuerda que su encarcelamiento “ha sido declarado arbitrario por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria”.

“Venezuela debe garantizar que ningún agente estatal adopte medidas o realice actos que pudieran constituir intimidación, persecución, descalificación o una injerencia indebida en el trabajo de los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales, los abogados y los miembros de la oposición política”, afirma.

Rodríguez Rescia explicó que dada su gravedad, han pedido al Estado parte que, en un año, de respuesta a cuatro preocupaciones del Comité: la independencia de jueces y fiscales; y las violaciones a los derechos humanos cometidos en el contexto de manifestaciones.

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Unión Internacional de Magistrados exige respetar derechos de jueza Afiuni

A cinco años de su detención, María Lourdes Afiuni tiene prohibido "realizar cualquier actividad remunerada"

Foto: Archivo

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A cinco años de su detención, María Lourdes Afiuni tiene prohibido "realizar cualquier actividad remunerada"

Caracas. Evely Orta

La comunidad internacional se pronuncia con relación al juicio que se le sigue a la jueza María Lourdes Afiuni, a quien se le han violentado todos sus derechos fundamentales.

La Unión Internacional de Magistrados rechazó la demora en el proceso que se le sigue a la jueza Afiuni, en vista de que durante todo ese tiempo ha tenido que "vivir del auxilio familiar" como consecuencia de medidas que le impiden "realizar cualquier actividad remunerada".
El comunicado recordó que este miércoles 10 diciembre de 2014, se cumplen cinco años de su detención bajo diversas imputaciones penales, no aclaradas en sede judicial alguna.

El texto reseña que se tiene previsto para este miércoles la nueva citación a la jueza para que comparezca al Juzgado de Caracas, pero "es de prever una nueva suspensión de audiencia, dado que la jueza titular de la Sede judicial encargada se encuentra aún de licencia".

La organización señaló que Afiuni conserva su estatuto de magistrada y que "por motivos inexplicables", no se ha hecho los procedimientos correspondientes para separarla de su cargo, dejándola imposibilitada para realizar cualquier actividad remunerada.

"La Unión Internacional de Magistrados reitera su preocupación e insta a las autoridades judiciales de la República Bolivariana de Venezuela a respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos y así, asegurar al derecho de la Jueza Afiuni a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales y darle amparo contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley", advierte la misiva. 

El 10 de diciembre de 2009, la vida de la jueza María Lourdes Afiuni cambiaría su rumbo al ser detenida por dejar en libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, siguiendo una resolución de Naciones Unidas.

La detención de Afiuni marcó un hito en la historia al ser fue la primera magistrada "condenada" a pena máxima (30 años de prisión) por el presidente fallecido Hugo Chávez Frías en cadena de radio y televisión.

Esto fue una muestra irrefutable de la falta de separaciones de poderes. El caso de la magistrada se encuentra en un "limbo legal".

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