"La salud en Anzoátegui está en terapia intensiva"

Oneida Guaipe, secretaria de organización del Sindicato de Empleados  Públicos, Sunepsas: Se está condenando a muerte a las personas que sufren accidentes en carreteras, porque los hospitales son instalaciones fantasmales, carentes de todo

Niurka Franco

La salud está en terapia intensiva en el estado Anzoátegui, mientras Aristóbulo Istúriz, primera autoridad regional se dedica a hacer campaña electoral y a repetir donde quiera que va, la amenaza de que ganarán las elecciones parlamentarias como sea, cosa que nadie le cree,  en lugar de trabajar por el bienestar de la comunidad.

El planteamiento corresponde a Oneida Guaipe, secretaria de organización del Sindicato Único de Empleados Públicos de la Salud (Sunepsas), quien  expresó que los hospitales del estado, especialmente los que se encuentran cercanos a carreteras carecen de todo, incluso de médicos, lo que significa que se está condenando a muerte a las personas que puedan sufrir accidentes mientras se movilizan por vías  regionales.

Citó por ejemplo, que el hospital doctor Antonio José Rondón Lugo de Clarines no cuenta con ambulancias, insumos ni personal médico porque la mayoría se ha ido debido a las precarias condiciones que privan  y encima, ha sido objeto de reiterados ataques por parte de delincuentes.

Señala que están prácticamente condenando a muerte a los ciudadanos, porque hay que ver cuánto tiempo tardan en trasladar desde Clarines hasta Barcelona a un paciente. “Eso es inhumano, sobre todo si tomamos en cuenta que cuando se trata de una vida, un minuto cuenta”.

Precisó la dirigente gremial que la situación que vive el hospital de Clarines es realmente preocupante, porque no es de ahora, sino lleva muchos años y nada se ha hecho.

Recordó el lamentable accidente ocurrido en 2009, cuando una  gandola cargada con láminas de acero, impactó contra un transporte de cilindros con gas cloro, dejando  14 fallecidos y 84 afectados, realmente lo que se vivió fue un infierno.

Hoy a seis años de la tragedia, las condiciones no son las mismas, son peores. De ahí que según Guyaipe, tanto el gobernador Istúriz, como el Ministro de Salud, Henry Ventura, deberían reconocer su ineficiencia y poner sus cargos a la orden.

Subrayó la dirigente de Sunepsas, que el hospital de Clarines fue tomado como ejemplo, pero la situación de precariedad se repite en todos los centros de salud pública de la entidad, donde lejos de proveer a los ciudadanos confort, se les complica la situación.

Citó que en el caso del Hospital Luis Razetti de Barcelona, se han prometido villas y castillas, pero todos los días se veja y humilla a las familias que por necesidad deben permanecer en ese centro asistencial y a la hora del almuerzo, les sirven la comida en cualquier envase que ellos mismos deben suministrar.

“Eso es una vergüenza, yo emplazo al Ministro Ventura a que me desmienta si lo que digo es falso, él fue diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, con qué cara puede la gente del  gobierno de Maduro pedir el voto si esto está ocurriendo en el principal hospital del estado, donde a los pacientes y familiares les sirven las comidas en tapa de potes, sin el más mínimo control sanitario, al Ministro Ventura le digo que no merece ser Ministro”, dijo al tiempo que fustigó la gestión del gobernador de la entidad por considerarla extremadamente pobre.

Clínicas solicitan actualización de sus tarifas y alertan sobre inminente colapso del sector ( I )

Clínicas en peligro de colapso por des actualización de tarifas

A dos años de la regulación de sus servicios, las clínicas lanzan un SOS a las autoridades nacionales ante el impacto generado por los controles, la inflación y la fuga de personal hacia distintas  actividades económicas

Redacción

Frente al caos que arropa a las instituciones públicas de salud, las clínicas privadas  son una alternativa confiable, sin embargo,  en la actualidad y a dos años de haber sido establecidas las regulaciones a sus servicios, estos centros lanzan un SOS a las autoridades nacionales, ante el impacto generado por las camisas de fuerza impuestas por el Gobierno para regular el costo de sus servicios, lo que las mantiene al borde del colapso.

A través de un documento escrito, enviado a la redacción de este medio por las clínicas de Anzoátegui, se explica que la regulación impuesta en Junio de 2013, con precios de  2011, les mantiene atados, por lo que plantean una actualización de la metodología que reguló su funcionamiento asistencial  por intermedio de un mecanismo rígido como lo es la Providencia Administrativa No. 294.

Esta Providencia impide la consulta a la propia estructura de costos de los sujetos regulados (las clínicas) y  violenta la Ley Orgánica de Precios Justos, la cual afirman,  establece en su artículo primero,  que dicho instrumento legal tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, y determina un Sistema de Adecuación Continua de Precios Justos.    

Advierten que cuando en la Providencia No. 294 se fijaron los precios de los servicios de las clínicas, no se tomaron en cuenta  los costos de las mismas; los cuales se incrementaron no sólo por la inflación, sino además por las incidencias salariales a raíz de los sucesivos ajustes por Decereto, pero limitando toda posibilidad de incremento en los costos afectados por la inflación y la inestabilidad cambiaria. Es por todos conocidos que los insumos quirúrgicos y material clínico es importado en su totalidad.

Vista la realidad, señalan que se  impide que los precios reflejen una verdadera relación justa y equitativa, conllevando a que los mismos estén por debajo de lo que cuesta realmente prestar el servicio, lo que conlleva a una desmejora en  la calidad del servicio y, en no pocos casos, a la posibilidad de desaparición, por resultar inviable la operatividad para el sector.

Añaden que la desmejora del servicio o su desaparición no es el objetivo que busca la Ley, cuando habla de desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, de la cual las clínicas privadas forman parte.

“En definitiva la implementación de la metodología regulatoria debe estar sustentada en concordancia con  la estructura de costos de las clínicas de acuerdo a su complejidad, y no por procedimientos de promediación de facturas de instituciones de diferentes niveles de servicio, hecho que direcciona un cuantioso ahorro por parte de las Aseguradoras y de las Instituciones que manejan Fondos Auto Administrados de Salud (FAS), en detrimento de la calidad de los insumos y servicios, y de la operatividad misma de las clínicas”.

Entre  los elementos citados que conspiran contra la permanencia de estas instituciones prestadoras de servicios de salud por parte de particulares,  destacan  las  regulaciones con imposición de precios que amenazan su  sustentabilidad y permanencia, así como  la  inflación no reconocida desde el año 2011.

Según detallan, sólo en el renglón de Recursos Humanos,  se han realizado ocho ajustes salariales, mientras  el noveno está por darse  en los próximos días, sin que hayan podido realizar  los consecuentes ajustes debido a la vigencia de la regulación ya referida.

La fuga del personal especializado hacía otras actividades económicas, es otro de los elementos citados, debido a que los salarios no satisfacen las necesidades básicas. A ello  se suma a  la falta de interés, comprensión y voluntad en el reconocimiento de la  problemática por parte de  las autoridades nacionales para que comprender  cómo funcionan y cuál es la estructura de costos  que tiene que asumir el sector para poder operar debidamente.

Otros aspectos que indican conspiran directamente contra el funcionamiento de las clínicas privadas como aliados del ente oficial prestador de servicios de salud, son el retraso de 2 años en la actualización de las tarifas y el contínuo atraso y ajuste en el reconocimiento y pago de las deudas generadas por la prestación de los servicios asistenciales, lo que afecta directamente la capacidad operativa dentro de los estándares exigidos.

En una segunda entrega ofreceremos mayor información acerca de la posición en la que se encuentran las clínicas privadas del estado Anzoátegui, frente a los controles y regulaciones impuestos por el Gobierno nacional, en detrimento de estas iniciativas empresariales en el área de salud que tanto apoyo brindan a las comunidades en momentos en los que la salud pública atraviesa una crisis sin parangón.