Comienza la carrera para renovar al Poder Ciudadano
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Seis diputados del oficialismo y cinco de la oposición decidirán cómo elegir al nuevo fiscal, contralor y defensor del pueblo
Caracas. Evely Orta
La Asamblea Nacional (AN), en su sesión ordinaria, nombrará la Comisión Especial Parlamentaria para la renovación del Poder Ciudadano, conformado por la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.
La comisión estará integrada por seis diputados del oficialismo y cinco de la bancada de la Unidad Democrática, quienes serán los responsables de diseñar la metodología para la escogencia del Poder Ciudadano.
Los diputados de la oposición que integrarán esta instancia parlamentaria serán Dinorah Figuera, Liz María Márquez, Homero Ruiz, Stalin González y José Sánchez Mazuco, este último según transcendió sería el vicepresidente de la comisión.
Por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aún no se ha dado a conocer los nombres de los parlamentarios que se incorporarán a la comisión especial.
Este procedimiento está contemplado en la ley, pero aún así es excepcional y solo se activa cuando el Consejo Moral Republicano incurre en omisión e incumple el mandato de convocar a la conformación del Comité de Evaluación de Postulaciones 60 días antes del vencimiento de los tres cargos.
Cabe destacar que la Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece, en su artículo 23, que en caso de que no se hubiera convocado al comité de postulaciones, la AN procederá a la designación de los tres miembros del Poder Ciudadano en un plazo no mayor de 30 días.
De cumplirse el plazo la comisión parlamentaria, la escogencia del contralor, fiscal, y defensor del Pueblo, los nombramientos serán el próximo 2 de enero.
Para no perder la costumbre este martes la AN, con la mayoría de la bancada del psuv aprobará seis créditos adicionales.
Igualmente el oficialismo intentará abrir un debate sobre el ahora exdiputado Juan Carlos Caldera, quien renunció a su curul una vez que el TSJ decidiera abrirle juicio por presuntos hechos de corrupción.
