Nuevamente distintos factores políticos y fuerzas vivas de la oposición en Venezuela encuentran un terreno común y coinciden para rechazar la farsa electoral convocada para diciembre, de manera irrita y sin cumplir con los estándares legales, constitucionales o los generalmente aceptados internacionalmente para considerar un evento electoral, como libre, competitivo y democrático. Dios nos ayude y permita allanar el camino para que transiten en la única alternativa real, que permitirá resolver la crisis política, que mantiene al país sometido bajo el yugo de un complejo ecosistema criminal.

Sorprende que a pesar del repudio generalizado de la legítima Asamblea Nacional y los verdaderos representantes de los partidos políticos de oposición en Venezuela, de organismos diversos que van desde la comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), y de países aliados de la causa a favor de la restauración de la libertad y democracia en nuestro país. Todavía existan actores políticos que de buena fe pretendan presentarse a la farsa electoral y ser reconocidos como opositores al régimen que usurpa el poder en Venezuela. Ellos no logran explicar el proceso de re-democratización nacional a partir de su estrategia. Consciente o inconscientemente son o colaboradores o cómplices del régimen y merecen al menos una sanción moral por parte de los ciudadanos del país.

El tiempo avanza y el margen para maniobras se reduce, desde hace más de un año la fracción 16 de Julio ha solicitado reiteradamente a la Asamblea Nacional, apelar a los instrumentos institucionales, que nos permita legalmente gestionar la conformación de una coalición internacional liberadora, para que nos acompañe a restituir la libertad y democracia para Venezuela, pero hasta el presente no se ha considerado o debatido con la seriedad que amerita este planteamiento en el seno del Parlamento. No se le puede seguir dando largas a esta discusión.

Llegó el momento de combinar las fuerzas ciudadanas, con las fuerzas institucionales y las fuerzas de nuestros aliados internacionales, para avanzar en el proceso de liberación nacional. Es tiempo para definiciones. La Asamblea Nacional no puede limitar su actuación a declarar la continuidad administrativa de su gestión y cruzarse de brazos a esperar un desenlace que no se producirá a no ser que sea provocado por la actuación decidida de los venezolanos, acompañados por una coalición internacional liberadora. El parlamento debe dejar de obstaculizar y facilitar el proceso de restauración democrática, y autorizar al presidente legitimo del país y del parlamento Juan Guaidó, para que actuando en el marco de las atribuciones derivadas del artículo 187, numeral 11; en concordancia con el Tratado Interamericano de asistencia recíproca,  instruya a todo el cuerpo diplomático reconocido por la comunidad internacional a gestionar la organización de una operación de paz y estabilización democrática para liberar a Venezuela.  

Mientras esto se produce ¿Qué debemos hacer los ciudadanos?, pues presionar a nuestros representantes en la Asamblea Nacional, para que rindan cuentas, y autoricen al presidente legítimo de Venezuela, y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó para convocar, gestionar, negociar y convencer a todas las fuerzas posibles para cerrar el ciclo, y poder iniciar un gobierno de transición y salvación nacional. Es imperativo desplegar una operación de paz y estabilización como la que ha propuesto María Corina Machado, porqué la OPE es libertad.