No estoy particularmente interesado en introducir (o revivir) un tema que se aleje de nuestra acostumbrada posición sobre los derroteros políticos del país. Pero me ha llamado la atención un reciente intercambio por twitter (¿De qué otra forma nos enteraríamos?) entre el Cardenal Wilfrid Napier de Sudáfrica y un sacerdote jesuita de nombre James Martin. Este último acuñó la frase "Católicos LGTB"  (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) para referirse a cierto grupo de su congregación, a lo cual se opone abiertamente el Cardenal Napier. ¡" O tempora o mores!" Habría dicho Cicerón (el romano de antes de Cristo, no el pérfido de la quinta), para referirse a la perversidad de las costumbres actuales.

Lo cierto es que, en lo personal, me opongo radicalmente a que ninguna persona sea discriminada en función de su religión, su sexo, sus preferencias sexuales, su origen socio-económico, su nivel educativo, su apariencia o condiciones físicas, su color de piel o sus creencias políticas. Pero también me opongo a que se introduzcan en la legislación, sea nacional, local o internacional, disposiciones que obliguen a ningún tipo de preferencia o ventajas en función de las mismas características. Siempre he creído que este tipo de legislación es una discriminación a la inversa. Por ejemplo, el introducir normas que obliguen a un patrono a mantener un determinado porcentaje de su nomina para cierto grupo (por ejemplo: negros, indios, discapacitados, mujeres, etc.), termina siendo contraproducente para esos mismos grupos. El darles un trato preferencial a las mujeres, solo resulta en un tratamiento despectivo y discriminatorio para ellas. Otro tanto sucede con los demás grupos considerados como "minorías".

Por otra parte, la cuestión de la libertad de preferencias y escogencias, permanece como un ícono de todas las libertades. Quiero decir que si hay alguien que decide montar un Club y reservarse el derecho de admisión de los aspirantes a ser miembros del mismo, ese es su problema. No el de los demás. Al tratarse de un club ( discoteca, restaurante, universidad, etc.) privado, se debería respetar el derecho que tienen los propietarios a seleccionar, mediante ciertos parámetros, aquellas personas que vayan a ser admitidas. En mi caso, yo diría como Groucho Marx: "No deseo pertenecer a ningún club que acepte como socio a alguien como yo."

Sin embargo, hay que tener bien claro que en todo esto me refiero exclusivamente al ámbito de lo privado: solo recibo en mi casa a quién yo quiera recibir y no acepto imposiciones de ningún tipo. La esfera de lo público es otra cosa absolutamente distinta y diferente. Todas las instituciones del dominio público sí que deben y tienen que estar obligadas, por ley, a recibir y atender a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Lo contrario sería aberrante y condenable y debería ser denunciado públicamente. Por ejemplo, el Estado venezolano está obligado constitucionalmente a prestar servicios a todos los ciudadanos por igual, sin ningún tipo de distinción. Y la razón es muy simple: el Estado nos pertenece a todos por igual, sin excepciones.

De modo que pretender dividir a la población en grupos de preferencia resulta absurdo e ilegal poranticonstitucional. Todos tenemos derecho a la misma moneda, a comprar los bienes y servicios que provee el Estado (gasolina, gas, electricidad, telefonía, etc.) y a recibir el mismo trato en cualquier gestión que se realice frente a las autoridades de gobierno (pasaportes, cédulas, partidas de nacimiento, etc.) sin que haya diferencias para nadie. Esa es la razón porque a la justicia la presentan como una dama ciega.