Era evidente que cuando el oficialismo designó -ilegalmente y a última hora- a pusilánimes e inescrupulosos militantes del PSUV en el TSJ, tenía la intención de liquidar a la Asamblea Nacional, desconocer la voluntad expresada el 6D y frustrar los anhelos de cambio del país, hoy inmerso en una crisis social y económica sin precedentes. Siendo tan obvia tal pretensión, jamás entendimos porque el parlamento no se avocó desde el primer día -aprovechando su legitimidad- a desmontar esa macabra maniobra contra la democracia. Quizás era conveniente desmontar los cuadros del insepulto pero sin duda, no era la prioridad del país.  Tal vez fue un error aceptar que se excluyera a los diputados de Amazonas pues era darle reconocimiento a ese TSJ y legitimar las tropelías que estaban por venir.  Entiendo que se quiso evitar un “choque de trenes” pero perdimos tiempo y aún estamos ante esa colisión, ella era y es inevitable. Ahora el hamponato judicial del TSJ pasó de declarar la nulidad de todas las leyes que aprobó el parlamento en beneficio del pueblo, a hacer comparsa con el CNE y la Narco-revolución para frustrar cualquier salida pacífica y democrática. 

En su momento compartí esta preocupación con importantes líderes y en varias instancias. No es -como diría un amigo hípico- que "los lunes cualquiera pega seis".  Pero en fin, se hizo lo que se hizo y ya!  Nuestra intención no es cuestionar las decisiones tomadas pues conozco el contexto y la complejidad de las mismas. Traigo el tema como punto de partida de una necesaria reflexión sobre el rol del parlamento en esta encrucijada dramática que atraviesa la Nación. ¿Tiene sentido seguir produciendo leyes que son declaradas nulas por las bandas del TSJ y son inaplicables porque el gobierno no tiene disposición de resolver los ingentes problemas que sufre la población?  La gente empieza a sentir que la AN es inútil frente a un gobierno déspota e indolente, eso comienza a reflejarse en las encuestas y es el objetivo del régimen: desalentar al mundo opositor.  Pareciera que ya pasó el tiempo de legislar o de interpelar a Ministros que no asisten para que progresivamente el parlamento pierda autoridad política ante el país.  Eso tuvo su momento y golpeó duro al gobierno pero ahora carece de sentido, la gente voto por esa AN para que se produzca un cambio en Venezuela y eso inexorablemente pasa por sacar del poder a los responsables de la crisis, quienes han demostrado su incapacidad para superarla. Ahora que el país ha decantado por fin en la ruta más viable: el revocatorio, la agenda de la AN debe orientarse a construirle viabilidad política. Se trata de apoyar acciones y promover iniciativas destinadas a elevar la presión social pero sobre todo, de actuar formalmente ante los escenarios internacionales para forzar a este gobierno forajido a cumplir con la Constitución y garantizar los derechos que ella consagra.  No es Ramos Allup a título personal o la oposición como actor político sino el parlamento venezolano, solicitando ante la OEA la activación de la Carta Democrática –por ejemplo- y acudiendo a otros organismos que puedan poner freno al hampa desatada que se enconcha en Miraflores. Las últimas actuaciones del gobierno contra la mayoría del país que promueve el revocatorio y exige una respuesta del CNE, obligan a la Asamblea Nacional a replantear su estrategia ante este militarismo truculento e inmoral. No hay tiempo que perder ¡Pa'lante, Venezuela! 

Twitter: @richcasanova

(*) Dirigente progresista / Vicepresidente ANR del Colegio de Ingenieros de Vzla.